http://vientosur.info/IMG/pdf/VS144_D_Albarracin_A_Refundacion_de_Europa__El_informe_de_los_cinco_presidentes.pdf
Daniel Albarracín
El episodio griego de 2015 puso en jaque al Sistema Euro.
Se ha agotado la eficacia de la política monetaria del BCE, llevada hasta sus
extremos en lo que se ha denominado flexibilidad cuantitativa y el programa de
adquisición de activos. Reina la inestabilidad financiera, el estancamiento
económico y tendencias deflacionistas. Esto está empujando a las principales
instituciones de la UE a lanzar una política económica para que los Estados
estén en condiciones de hacer frente a una probable y nueva gran crisis
bancaria. Aprovechando el paso, se busca afianzar el proyecto de ajuste para
una Europa del capital. El Informe de los 5 presidentes parece que viene a
desempeñar este papel.
Este informe, redactado por el Presidente de la Comisión
Europea (Jean-Claude Juncker) con la colaboración del presidente de la Cumbre
del Euro (Donald Tusk), el del Eurogrupo (Jeroen Dijsselbloem), del BCE (Mario
Draghi) y del Parlamento Europeo (Martin Schulz), consiste en un plan con tres
fases (la primera en marcha desde Octubre y hasta 2017) que se prevé para 10
años, con el objeto de “dar coherencia al proyecto europeo”.
El Informe propone un modelo más desarrollado de
Neoliberalismo de Estado, esta vez recentralizando y federalizando competencias
adicionales en Bruselas. Con el objetivo soterrado de hacer frente a una
próxima bancarrota financiera, y con el fin explícito de revitalizar el espacio
y acumulación económica europea, procura completar los instrumentos de política
económica para las instituciones europeas –articulando un proyecto fiscal y de
supervisión bancaria que respalde la política monetaria ahora en manos del
BCE-, e integrar acuerdos e instrumentos intergubernamentales de gran importancia
en los Tratados europeos. Este proyecto, junto al TTIP –que sería el proyecto
mercantil hacia el exterior que refundaría la estrategia mercantil de Europa en
el mundo-, conformaría una auténtica refundación al interno de la UE, de una
relevancia igual o superior al Tratado de Maastricht. Si el TTIP y el CETA
representan la política comercial hacia el exterior, el Informe liderado por
Juncker (2015) perfila la política económica que viene hacia el interior de la
UE.
El proyecto plantea desprenderse de la falta de agilidad
y eficiencia de una institucionalidad lastrada por el peso excesivo de los
Estados Nación. Se trata de dar un salto favorable a la acumulación capitalista
y la recuperación de la tasa de rentabilidad mediante la subordinación del papel
de los Estados Miembros. Con una institución europea más reforzada y engrasada,
se gestionaría mejor el aprovechamiento de los mercados disponibles, se incrementaría
la tasa de explotación del trabajo y se reduciría la interposición de la
soberanía popular o la democracia nacional que dificulta tal desarrollo. De
modo que trata de prevenir el riesgo de aparición de gobiernos desobedientes,
con medidas públicas pero neoliberales -Neoliberalismo de Estado (Albarracín,
D.: 2012)- que tratan de dar respuesta a la fortísima crisis financiera que
atraviesa a Europa.
En fin, a la consagrada política monetaria (moneda única,
un banco central proclive al control de la inflación[1],
que soporta primordialmente al sistema financiero privado), y a la gobernanza
económica (control del déficit público, diferentes tratados
intergubernamentales), se le van a complementar otras esferas de intervención
recentralizadas en Bruselas.
Así, procura racionalizar las políticas europeas para
potenciar la competitividad y rentabilidad, recentralizando diferentes
iniciativas intergubernamentales en los Tratados e Instituciones Europeas,
afianzando su orientación neoliberal. Vale decir, reduciría las asincronías o
diferencias de gestión en los diferentes países en referencia a la gobernanza
económica establecida hasta ahora, orientada principalmente por los acuerdos y
pactos posteriores al Tratado de Maastricht y de Lisboa, que establecían el
control del déficit público, como pretexto para aminorar el peso de los
servicios públicos, los derechos sociales y las garantías sociolaborales.
Al informe no se le escapa la tarea de racionalizar la
arquitectura de la política económica europea, hasta ahora coja de competencias
y siempre dependiente de la gestión de los gobiernos. Hasta la fecha ostentaba
la política monetaria, la gestión del limitado presupuesto europeo y la
regulación mercantil supranacional. Con este informe trata de dotarse a la UE
de instrumentos más eficaces para coordinar la política fiscal, de gestión
macroeconómica, de supervisión bancaria, y de regulación de los mercados de
capitales.
No se le escapa tampoco incluir medidas para gestionar la
austeridad laboral y de derechos. Para ello incluye un sistema de autoridades
de Competitividad nacionales, coordinado a escala europea, no sólo encargado de
hacer cumplir los objetivos de déficit público y “equilibrio
macroeconómico", sino también de establecer pautas para la política
salarial -lo que dejará el principal aspecto de la negociación colectiva fuera
del alcance de los actores sociales-. Detrás de ello, juega la hipótesis de
primar la estabilización del sistema financiero, como vehículo de la inversión.
El proyecto aborda así diferentes campos e instrumentos
que se refuerzan entre sí. Los principales consisten en un refuerzo de las
políticas de ajuste, tratando de dotar a la Unión Europea de mecanismos que
agilicen la eficacia de la gobernanza económica, con mecanismos de coordinación
y regulación efectiva de la política fiscal, presupuestaria y salarial a nivel
nacional. Hasta ahora la política macroeconómica ha estado orientada en una
línea parecida. El marco del Sistema Euro empuja estructuralmente a una
devaluación fiscal y salarial (Gutiérrez, E. et al., 2012), el control del
déficit aboca a una moderación de las políticas sociales, los servicios
públicos y la protección sociolaboral, y la política monetaria y de rescates
amparaban al sistema financiero privado. Pero la gestión de esta política
estaba siendo asincrónica, aplicada en grado diferente e incumpliendo los ritmos
que se habían exigido, en tanto que la mayor parte de las competencias se
encuentran en los Estados Miembros. El capítulo de Unión Económica del informe persigue dotar de refuerzo a la
política del Banco Central con una particular modalidad de unión fiscal. Este
esquema no prevé inmediatamente un Tesoro único, aunque sí para la última fase
de su desarrollo. Si bien, como vemos, plantea abiertamente una armonización de
reglas bajo el manto de una política macroeconómica neoliberal. Las reglas de
esa unión fiscal no implican un incremento de la presión fiscal en Europa, sino
una reordenación de los recursos propios de la Unión, para que al mismo tiempo
que se incrementan los recursos del presupuesto europeo, se reduzca la presión
fiscal en la misma medida en los Estados.
La Unión
Presupuestaria intenta centralizar en Bruselas mayores recursos en
detrimento de los presupuestos nacionales. Plantea, asimismo, un mayor control
presupuestario de los países miembros. Si alguien estuvo tentado de reducir los
déficits públicos por la vía de incrementar los ingresos públicos mediante un
esquema progresivo, se verá frustrado. Se impedirá un incremento de la
progresividad y cualquier presión fiscal redistributiva, que sólo podrá
aprobarse desde el Consejo, a tal punto que el eje central para minorar los
déficits públicos se focalizará en el lado del gasto. Este control supone
restar competencias a los parlamentos y gobiernos nacionales, centralizando
paulatinamente en Bruselas la determinación de la política fiscal y presupuestaria.
Esta unión presupuestaria, podría conducir finalmente al establecimiento de un
Tesoro Único, en el que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, establecido
en 2012, y que sucedería al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera,
movilizando hasta 700.000 millones de euros, mediante apenas 80.000 euros de
capital desembolsado) sería su precursor. También se reforzaría el papel
director del Eurogrupo (hasta ahora intergubernamental, y que tenía un carácter
no oficial) y entraría como institución dentro de la UE.
Debemos relacionar el anterior capítulo con el que viene
a denominarse Unión Financiera. Este
incluye diferentes iniciativas. Una de las más relevantes, como hemos apuntado,
es la introducción en los Tratados europeos del MEDE. Este fondo de rescate
bancario se constituyó como un fondo-instrumento intergubernamental para
intervenir en economías periféricas insolventes. Se las exige a cambio de
liquidez duras condicionalidades en su política macroeconómica que garanticen
tanto la devolución sostenible de su deuda como el cumplimiento de las
políticas de ajuste, bajo la amenaza de cortocircuitar a economías que, como la
griega, estaba -y seguirá estando- asfixiada por el Sistema Euro y su
dependencia financiera del Banco Central Europeo. Este fondo-látigo, quiere
introducirse en los Tratados con el fin de emplearlo a cualquier país de la UE
en el que se considere oportuno aplicar. Se trata de un instrumento financiero
de gran envergadura, complementario al presupuesto europeo.
El MEDE emplea, como otros numerosos fondos establecidos
a escala europea –por ejemplo, el Plan de Inversiones para Europa, conocido
como Plan Juncker-, los llamados instrumentos
financieros. Estos fondos aprovechan fondos iniciales para el
apalancamiento financiero. Se financian con la emisión de bonos titulizados
destinados a los mercados financieros y que cuentan con garantías y avales
públicos. Una aportación limitada de recursos públicos, que tratan de dar
seguridad a las inversiones privadas en caso de fracaso, permite incrementar el
fondo varias veces. En el caso del Plan Juncker las inversiones privadas a
largo plazo cuentan con protección pública contra el riesgo –con origen en el
presupuesto de la UE y el Banco Europeo de Inversiones-, contribuyen a dar
viabilidad conjunta a aportaciones financieras fragmentadas, y proporcionan una
rentabilidad facilitando al ahorro (y el capital) privado derecho al
rendimiento de bienes raíces e infraestructuras en un proceso de acumulación
por desposesión donde lo público da cobertura a la iniciativa privada. En el
caso del MEDE se emplea directamente el mismo esquema para que se rescaten
entidades financieras nacionales y se comprometa a los Estados a devolver su
coste con los intereses correspondientes, más la aplicación de duros programas
de ajuste macroeconómico, laboral y social, selladas en condicionalidades
consagradas en Memorandos de Entendimiento. En suma, con la cobertura de
garantías públicas, el capital privado puede obtener una nueva fuente de
excedente en base a la explotación de países enteros, en general y en principio
de las periferias europeas.
Para completar esta Unión Financiera, se desarrolla la
regulación de la Unión de Mercados de
Capitales que incluirá medidas que faciliten las transacciones a este nivel
(titularización, regulación de instrumentos financieros, etc....). Se deriva de
la necesidad de dotar a esos fondos de cierta capacidad financiera el
establecer mecanismos que dinamice la conversión de recursos de ahorro hacia la
financiación e inversión en estos esquemas de titularización y apalancamiento.
Dentro de este capítulo también se desarrolla la Unión
Bancaria
(que incluye instrumentos o iniciativas como el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS), el Fondo de Único de Resolución, o un futurible Sistema común de
Garantía de depósitos). Entraña un proceso de
transferencia de la competencia de supervisión de los Bancos Centrales
nacionales al Banco Central Europeo. Mediante el MUS, el BCE y otras entidades
próximas con las que coopera (Junta Europea de Riesgo Sistémico, Autoridad
Bancaria Europea, Mecanismo Único de Resolución) ejercen directamente la
supervisión sobre 120 grupos financieros. Lo que supone un total de 4.700
entidades financieras de los Estados miembros participantes y un 85% de los
activos bancarios de la zona euro. Las Autoridades Nacionales Competentes (los
bancos centrales nacionales) seguirán supervisando el resto, unas 3.500
entidades bancarias. El MUS focaliza la supervisión sobre las denominadas
entidades significativas. Lo cual excluye a buena parte de entidades pequeñas y
medianas, especialmente de países grandes como Alemania, que seguirán siendo
supervisadas por el Bundesbank. Dicho de otra forma, su perímetro de
supervisión es el sistema financiero situado en la zona euro, dejando aparte
especialmente a buena parte de las entidades financieras medianas y pequeñas de
los países económicamente más potentes. En suma, el BCE, en cuyo gobierno tiene
una gran ascendencia las principales superpotencias centroeuropeas,
centralizará más competencias de supervisión, respondiendo a ese diagnóstico
que reina prejuiciosamente entre los analistas de las grandes multinacionales y
gobiernos centroeuropeos: son los actores periféricos los culpables y no las
instituciones creadas o las políticas convencionales hasta ahora ejecutadas.
El esquema exige parámetros de capitalización para que
las entidades de cierto tamaño alcancen un nivel de solvencia que garantice su
viabilidad. En caso de dificultad, tras la realización de test de stress[2],
estas son las pautas a seguir:
1) En primer lugar recurrir a emisiones de capital.
2) Si no es así se plantea la venta de activos, o la
provisión de riesgos y deducciones de capital extraordinarias (ventas de activo
de carteras y venta de filiales), como medidas de desapalancamiento y
reestructuración.
3) Compensaciones con beneficios no distribuidos.
4) Como última solución se recurrirá a rescates públicos.
Esto supone exigir un mayor esfuerzo al accionariado
(ampliando capital, no distribuyendo dividendos, o destinando beneficio a fortalecer
el capital social), o plantear una reducción del tamaño de las entidades. Sigue
sin atribuírsele adecuadamente la responsabilidad apropiada a determinados
acreedores -que obteniendo réditos iguales que los del accionariado, no asumen
el riesgo igualmente, cuando en ocasiones juegan un papel parecido, incluso en
el orden de las decisiones, aunque lo hagan de manera indirecta-. No se propone
una intervención de carácter global (que implicase una regulación del
funcionamiento bancario –coeficiente de reserva, regulación de productos
bancarios, mayor responsabilidad de determinado tipo de acreedores en tanto que
accionariado encubierto, etc…), que condujese a fusiones ordenadas, e inclusive
plantease la configuración de un polo bancario público para casos de
incumplimiento de la regulación financiera establecida. En cambio, se plantea
un esquema de ajuste individual de cada banco, para propiciar la caída de
bancos insolventes, mayormente de la periferia europea, para que no contagie a
bancos centroeuropeos ni se tenga que emplear el MEDE en determinados casos.
Sin embargo, es posible que en más de un caso, y puede que en varios bancos
sistémicos, acabará recurriéndose al MEDE, como fórmula de rescate público
europeo, ejecutándose a escala europea una operación conocida y practicada a
nivel nacional –la socialización de pérdidas y deudas privadas-, que ahora se
multiplicará a escala continental, pero ya sin tener que asumir el coste
íntegro de rescatar bancos que no se encuentran en los países centrales.
Así, las medidas aplicadas tienen varios propósitos:
a) que los actores económicos de los países más fuertes
determinen las condiciones de funcionamiento del resto, parte del sistema
bancario intermedio, en especial las cajas alemanas, queda al margen de la supervisión,
b) Que en caso de bancarrota en la banca periférica, se
establezcan cortafuegos para evitar el contagio a la banca de centroeuropea,
haciendo caer primero a los bancos menos viables, y minimizando la actuación
mediante el MEDE.
c) Tratar de tranquilizar a los mercados financieros, dando
condiciones de confianza para que se aporte capital a los bancos con cuentas
maltrechas,
d) y legitimar un eventual macrorescate bancario europeo
bajo unas condiciones ordenadas, que podría producirse si uno o varios bancos
sistémicos caen, pero ya sin el sobrecoste de una parte de la banca periférica
que, con las reglas establecidas, ya se habría sometido anteriormente a
adquisiciones, reestructuraciones, concentraciones o cierres. Esto volvería a
sacrificar al erario público y recaería sobre la espalda de los y las
trabajadoras y demás contribuyentes efectivos, a una mayor escala que la hasta
ahora conocida. Y sosteniendo a banca en riesgo de los países centrales, alguna
de ella probablemente de carácter sistémico.
Para refinar el papel de la política monetaria y dar
mayor vigor al euro en el mundo se establecería, a su vez, una representación exterior única de la zona
euro, a tal punto de poder competir en los foros internacionales con otras
divisas.
El informe, como colofón, habla de "responsabilidad democrática". Esto equivale a que una vez que
se haya desarrollado económicamente el modelo que se propone se culminaría con
una recentralización de la legitimación política en el Parlamento Europeo, y
una coordinación de los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo. Esto
supone, a sabiendas del papel subalterno del Parlamento respecto del Consejo y
la Comisión –y quizá a partir de ahora del Eurogrupo como líder de todos ellos-,
una degradación de la democracia económica y la quiebra de la soberanía
nacional o popular.
La alternativa es
posible
La burocracia de Bruselas está impulsando una
recentralización en el gobierno económico del continente, con un gran proyecto
antipopular y antidemocrático. La experiencia griega y el Informe de los 5
presidentes rompen cualquier ilusión de margen de maniobra -hasta la fecha
parte de la izquierda estimaba que, por ejemplo, el límite de déficit del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, podía sortearse con una hipotética reforma fiscal,
que redujese los déficits, o, en otros casos, confiaba en que Bruselas le
permita a hipotéticos gobiernos populares postergar el cumplimiento de sus
reglas (como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento)-. Estas experiencias y
nuevo proyecto de refundación europea dejan meridianamente claro que los
modelos fiscales estarán pautados para no incrementar la presión fiscal al
capital (si bien, merece la duda qué se hará con los impuestos al consumo y el
trabajo). El lado en el que, de seguir en el Sistema Euro, se permitirá ajustar
será el del gasto (especialmente social). Mientras, a los gobiernos de las clases
dominantes se les admitirá su generosidad con el rescate a las grandes
corporaciones privadas (financieras, energéticas, etc...). Esto es, los déficits
perdurarán, y las deudas seguirán creciendo, para servir intereses
particulares. Para eso está previsto un esquema de socialización de las deudas privadas
acumuladas en públicas al incorporar el MEDE en los tratados. Un proyecto
alternativo, como vemos, no cabe en la actual Unión Europea y su Sistema Euro
(Husson, 2012).
La experiencia helena ha sido y será muy dolorosa, tanto
en el terreno material como en el político, y anticipa el laboratorio que se
quiere extender a todas las periferias. No surgió a tiempo una solidaridad
internacional que abrigase una iniciativa de desobediencia. No se previó con
tiempo una alternativa y el miedo apresó a los líderes griegos. Para prevenir
nuevas derrotas hemos de preparar una iniciativa política supranacional organizada,
una alianza de las clases populares, en los diferentes "sures"
existentes (en la periferia y en el centro) con el objeto de poner en pie
alternativas y abrir senderos hasta ahora apenas explorados. Una que comience
por una estrategia antiausteritaria, y que ponga en pie un modelo cooperativo
internacional, de convergencia real, de integración y puesta en común de
recursos. Dado el caso, en caso de fracasar un cambio en la UE, algo muy
probable, el siguiente paso sería la conformación de una nueva área económica y
monetaria -sea con algunos países o regiones de la UE, con otros de fuera, o
una combinación-.
Así, conviene evitar dos extremos. La idealización de
Europa o el de confiarlo todo a una reforma política prácticamente improbable dentro
de la regulación europea dadas las reglas de unanimidad establecidas y la
preminencia del Consejo -y, prácticamente desde ya, el Eurogrupo- en el
liderazgo de la construcción europea. Otro, el de la adaptación socialiberal al
modelo.
Las alternativas políticas se han agotado en el marco de
la UE, un marco que perjudica a las clases trabajadoras y las periferias
europeas. El viejo proyecto socialdemócrata de reformar la UE no es viable, y
ningún cambio favorable a las clases populares y trabajadoras se logrará sin tensión
social y sin una estrategia política de ruptura.
La izquierda clásica, ingenuamente europeista, ve
arrebatados sus argumentos por los adversarios. Por la extrema derecha
-políticas sociales, proteccionismo, soberanismo-, y por la derecha liberal -recentralización
de competencias en Europa y mayor peso del presupuesto europeo-. Ha quedado
encerrada en una denuncia abstracta del capitalismo, una política que se
refugia en el "declaracionismo grandilocuente", la defensa de
organizaciones ensimismadas e incomunicadas de las mayorías, una alusión a
alianzas que se piensan como agregados de siglas sin articular concretamente, en
una práctica meramente resistencialista o de una solidaridad que refiere
meramente al alivio de las consecuencias del sistema, sin encontrar iniciativas
prácticas de ruptura que desencadenen las grandes transformaciones.
Frente a la impotencia, urge un sujeto antagonista -un sujeto internacional popular- que propicie
la construcción de una alternativa, que apueste por la emancipación frente a
grandes corporaciones privadas y las instituciones y gobiernos oligárquicos a
su servicio, y que desarrolle la democracia radical tanto a escala política,
económica como laboral. Son necesarios horizontes y relatos que escuchen, que
protagonicen el diálogo hegemónico, partiendo de lo existente para que, en una
nueva relación, originen algo radicalmente nuevo.
En suma, es preciso, un nuevo sujeto plural, basado en aquellos
que proveen sosteniblemente la vida -productiva y reproductivamente- y practican
el cuidado de la biosfera (las clases productivas, las personas que cuidan los
hogares y comunidades y el bien común, las personas empleadas por los sistemas
públicos educativos, sanitarios, de atención a las personas dependientes, que
protegen el medio ambiente, que investigan en torno a nuevos modelos
productivos basados en tecnologías innovadoras y energías renovables, en nuevas
formas de organización social, etc...). Se trata de iniciar un proyecto
favorable a un desarrollo pleno de lo público al servicio de lo social -un
sistema productivo energéticamente sostenible, el derecho a techo, una reforma
que democratice las relaciones laborales, el gobierno social de las inversiones
socialmente estratégicas, la educación, la sanidad y los cuidados para todas
las personas, la soberanía alimentaria, etc...-, que abra espacio a la
autogestión popular. Un proyecto que promueva la solidaridad entre los pueblos
-la cooperación financiera, comercial y de inversión, o incluso la construcción
de un sector público supranacional en toda regla en el medio plazo, desde los
municipios llegando hasta las regiones, pueblos, países y continentes-.
Ya se han abierto varias iniciativas para un plan
alternativo, sea un austerexit[3]
o plan B[4], para
hacer posible materialmente la democracia, con diferentes conferencias
iniciales en París, Madrid[5] o
Berlín, que han obtenido un extraordinario apoyo popular y de prestigiosos
intelectuales, activistas y político. Ni que decir tiene que estas iniciativas
tienen la responsabilidad múltiple de promover un movimiento supranacional organizado desde abajo hacia arriba, desde lo
internacional a los territorios concretos, abriendo un debate sobre modelos de
política económica contra la austeridad. Pero este no se consolidará sino se
traduce en propuestas concretas que materialicen prácticas solidarias.
Abordar los debates sobre la deuda (reestructuración,
impago selectivo, etcétera); regular e intervenir el sistema financiero para
ponerlo al servicio de un modelo productivo social y sostenible; cuestionar los
pactos fiscales, y desarrollar una convergencia fiscal, laboral y social al
alza que habilite un plan de inversión socioecológico altamente creador de
empleo (con las reformas laborales de carácter garantista que sean precisas,
que incluyan plenos derechos, una reducción del tiempo de trabajo y su reparto,
nuevas capacitaciones, o democracia laboral), o una mayor integración de
instrumentos económicos que garanticen redistribución y democracia económica,
política y social, debiera formar parte de su agenda de discusión.
Los sujetos y territorios desde los que tejer un
archipiélago de desobediencia que construya solidaridades, así como las medidas
y caminos para hacer avanzar estos objetivos emancipatorios serán sumamente
relevantes en este debate. La red de municipios por el cambio es una base en la
que apoyarse para trabajar solidaridades y confianza prácticas, así como para
lanzar procesos constituyentes de mayor alcance. Deben contemplarse formas e
iniciativas prácticas y materiales a todas las escalas -de lo local a lo
global, de lo general a lo concreto- de desobediencia y autoorganización para
romper los corsés creados por el Sistema Euro y los regímenes políticos que lo
sostienen. La tarea es organizar materialmente la solidaridad y la colaboración
entre los sujetos de cambio.
Daniel Albarracín es economista y sociólogo, formó parte de la Comisión de
la Verdad de la Deuda Pública griega, y trabaja como asesor político en el
Parlamento Europeo.
Bibliografía:
Albarracín, D. (2012) "¿De qué Estado y Mercado
me hablas?". Nuestra Bandera Nº231.
Ali, Tariq (2015) El extremo centro. Alianza Editorial
Gutiérrez E. (coord.) Qué hacemos con el euro. Editorial Akal.
Husson, M. (2012) "Economía política del
sistema euro". Viento Sur. Núm. 124. http://www.vientosur.info/IMG/pdf/VS125_M_Husson_Economia_politica_del_sistema_euro.pdf
Husson, M. (2013) , El capitalismo en 10 lecciones, Los
libros de Viento Sur-La Oveja Roja, Madrid, 2013.
Juncker J.P. et al (2015) "Realizar la Unión
Económica y Monetaria Europea". http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf
Roberts, M. (2015) “¿Entrará la economía mundial en
una próxima recesión el próximo año?.” Revista Sin Permiso. http://www.sinpermiso.info/textos/entrara-la-economia-mundial-en-una-nueva-recesion-el-proximo-ano
Toussaint, E. (2015) Bancocracia.
Icaria.
Toussaint, E. (coord.) (2015) La
verdad sobre la deuda griega. Informe
de la Comisión para la verdad sobre la deuda pública griega. Icaria.
[1] Según la OCDE en Junio de 2015
la inflación en la Eurozona era nula y para Octubre el FMI la estimaba en
apenas el 0,2%, con datos recogidos por el Parlamento Europeo (“Key
macreoconomic indicator in the Euro Area and the United States). Noviembre
2015.
[2] En base al último test de
stress hasta 10 bancos no lo superaron, especialmente de países periféricos,
como Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y Chipre; y hasta cuatro más casi no lo
hicieron. Steffen, S.
(2015:11)
[3]
http://blogs.publico.es/dominiopublico/14507/austerexit/
[4]
http://melenchon.fr/2015/09/11/pour-un-plan-b-en-europe/
[5] http://planbeuropa.es/llamamiento/
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