http://colectivonovecento.org/2014/03/18/devaluacion-salarial-y-salida-de-la-crisis/
Publicado en Revista de Estudios y Cultura, nº 59 (Fundación 1º de Mayo).
Si algo hemos comprobado a
lo largo de la presente crisis es la capacidad que las élites
económicas y políticas tienen para imponer una lectura de la realidad
contraria a los hechos. Así, la crisis del Euro –determinada
fundamentalmente por la dinámica de sobreendeudamiento y
desreglamentación financiera, por las fuertes asimetrías estructurales
existentes entre las distintas economías que comparten la moneda común y
por la ausencia de un poder político que respalde dicha moneda– ha
sido presentada como la consecuencia lógica de que las economías
periféricas (Grecia, Portugal, Italia o España) hayan vivido por “encima
de sus posibilidades” durante el periodo 1996-2007.
En concreto, y para el caso de la
economía española, las autoridades de Bruselas han trasladado la idea de
que el déficit externo de nuestra economía durante los años previos a
la crisis (vinculado fundamentalmente a la intensa demanda interna del
momento) era el reflejo de una creciente pérdida de competitividad,
explicada a su vez por un excesivo crecimiento salarial. Esta
argumentación es la que ha llevado a la Troika a imponer una estrategia
generalizada de devaluación salarial una vez que la economía española
firma el Memorando y se acoge al mecanismo de rescate de la Unión
Europea.
Con el supuesto objetivo de recuperar la
competitividad externa y de que las exportaciones actúen como motor del
crecimiento, las autoridades de Bruselas han presionado para que se
acometiesen reformas laborales que permitiesen reducir los costes
laborales unitarios. Así, en 2012 el gobierno de Rajoy impone una
reforma laboral que tendrá un impacto letal sobre la negociación
colectiva, vaciándola de contenido y abriendo la puerta a un sustantivo
proceso de devaluación salarial.
La reforma laboral ha posibilitado la
devaluación salarial mediante dos vías: en primer lugar, gracias al
incremento sustancial del poder unilateral de la parte empresarial, la
reforma ha reforzado la capacidad del empresario para modificar las
condiciones laborales, ha facilitado la posibilidad de recurrir a
descuelgues del convenio colectivo y ha priorizado los acuerdos de
empresa frente a los sectoriales. Pero además, y en segundo lugar, los
recortes en los derechos de los trabajadores –el abaratamiento y la
flexibilización del despido, o la supresión de los salarios de
tramitación– también han colaborado en esta dinámica.
La variación salarial media pactada en la
negociación colectiva se situó en el 2,6% para el periodo 2008-2011,
después de considerar el efecto de las cláusulas de garantía salarial.
Tras la reforma laboral dicho valor ha pasado a ser del 0,6% para el año
2013. En 2013 el 43% de los convenios, según la estadística del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, registran estancamientos o
caídas salariales.
No obstante, el indicador agregado de
evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva no
termina de dar cuenta correctamente de lo que está sucediendo en las
empresas. La posibilidad de inaplicación de los convenios colectivos
facilitada por la última reforma laboral ha llevado a que durante 2013
las subidas salariales previstas en estos no se cumplieran en más de
2500 empresas, afectando a casi 160.000 trabajadores según los datos
oficiales. Como la estadística de los convenios colectivos elaborada por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no corrige la subida
salarial teniendo en cuenta esta inaplicación, los datos están
sobrevalorados. Además, esta subida media está calculada únicamente
sobre los aproximadamente 5 millones de trabajadores que tenían un
convenio en vigor a finales de 2013.
De este modo, cuando consultamos la
Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el INE, que incluye a
todos los cotizantes a la Seguridad Social, observamos cómo los
salarios brutos llevan tiempo reduciéndose intensamente: el coste
salarial total por trabajador pasó de un crecimiento interanual del 4,3%
en el primer trimestre de 2007, antes de la crisis, al -3,6% del último
trimestre de 2012, y al -0,2% en el tercer trimestre de 2013. De hecho,
cuando comparamos la evolución del coste salarial total por trabajador
con la del índice de precios de consumo (gráfico 1) observamos cómo
desde principios de 2010 se produce una importante pérdida de capacidad
adquisitiva, que alcanza el 8,4% para el periodo 2010-2013 (tabla 1).
Gráfico 1: Evolución comparada del coste salarial por trabajador y la inflación (variación interanual, %)
Tabla 1: Coste salarial por trabajador e inflación (variación de las medias anuales, %)
Coste salarial por trabajador |
IPC |
Capacidad adquisitiva |
|
2010 |
0,9
|
2
|
-1,1
|
2011 |
1,1
|
3,1
|
-2
|
2012 |
-0,5
|
2,4
|
-2,9
|
2013 TIII* |
-0,9
|
1,5
|
-2,4
|
Recientemente el Banco de España señalaba
que la Encuesta Trimestral de Coste Laboral infravalora la caída
salarial que se está produciendo en nuestra economía. En la medida en
que la estadística oficial no tiene en cuenta que la destrucción del
empleo de menor cualificación y antigüedad ha sido más intensa que la
del resto de puestos de trabajo, la evolución salarial agregada se ve
inflada de forma espuria. Cuando se elimina este efecto composición la
devaluación salarial, según el BdE, llega a duplicarse.
La redistribución del poder en las
empresas a favor de los empresarios facilitada por la reforma laboral no
ha sido el único mecanismo de devaluación salarial. La erosión de la
capacidad de negociación de los asalariados obedece también al fuerte
incremento experimentado por la tasas de desempleo y al consiguiente
contexto de debilidad que de ello se deriva. Valga como ejemplo la
evolución de la horas extras no pagadas: mientras que las horas extras
pagadas, según datos de la Encuesta de Población Activa, han descendido
en 1,3 millones entre 2009 y 2013, las horas extras no pagadas se han
comportado inversamente, aumentando en 680.000, hasta llegar a los 3,8
millones.
Otros mecanismos han colaborado a la hora
de extender este proceso de devaluación salarial al conjunto de la
población. En el sector público, además de la rebaja del 5% del salario
en 2010 y la retirada de la paga extra en 2012, los sueldos experimentan
una congelación por cuarto año consecutivo. Las pensiones en 2013
subieron un 1%, y en 2014 está previsto que lo hagan únicamente un
0,25%, acumulando nuevas pérdidas de capacidad adquisitiva. Del mismo
modo, el salario mínimo interprofesional en 2014 permanecerá, al igual
que en 2013, congelado en 645 euros. Finalmente, también los parados
verán recortarse las cuantías medias de sus prestaciones (al prolongarse
la proporción de los de larga duración). En 2014 el Ministerio de
Empleo espera que dicha cuantía media se reduzca un 1,4%.
Ahora bien, ¿podemos decir que la
devaluación interna está cumpliendo sus objetivos? Entre 2010 y 2013 los
costes laborales unitarios en nuestra economía –relación entre la
evolución nominal de los salarios y la productividad real– se han
reducido un 5%. Esta supuesta mejora de la competitividad externa de las
empresas españolas explicaría, según los defensores de la devaluación
interna, la buena marcha de las exportaciones, que contribuyeron en 2013
con un 1,6% al crecimiento económico.
Las debilidades de esta argumentación son
diversas no obstante. Los defensores de utilizar la devaluación interna
como mecanismo para propiciar la transición de la economía española
hacia un crecimiento dirigido por las exportaciones tienden a desatender
dos hechos.
En primer lugar, el incremento de las
exportaciones experimentado por nuestra economía está vinculado no sólo,
ni principalmente, a la devaluación salarial, sino especialmente al
hundimiento de la demanda interna y a la necesidad de muchas empresas de
reorientar sus mercados.
En segundo lugar, incluso si fuese la
reducción de los costes laborales unitarios la que estuviese impulsando
el crecimiento de las exportaciones, el proceso de devaluación salarial
no estaría siendo capaz de compensar por la vía de la demanda externa el
hundimiento que genera dicha devaluación en el consumo privado y, con
ello, en la inversión y la demanda interna. Así, en 2013 la contribución
de las exportaciones al crecimiento, del 1,6%, habría sido superada y
con signo contrario por la evolución de la demanda interna (-2,8%). La
doble dimensión del salario –coste de las empresas y, simultáneamente,
factor determinante de la demanda agregada– conlleva que las políticas
de devaluación salarial socaven el crecimiento e impidan la salida de la
crisis.
A la hora de juzgar esta estrategia deben tenerse en cuenta además dos cuestiones adicionales[1].
En primer lugar, la competitividad externa de una economía no depende
únicamente de la evolución de los precios, sino también de otros
factores (como la calidad o la gama) que difícilmente pueden mejorar con
reducciones en los salarios. Pero además, los salarios no son la única
variable que impacta sobre la competitividad precio de una economía;
también los márgenes de beneficio determinan la evolución de los precios
de exportación. Y precisamente lo que comprobamos cuando analizamos el
efecto de salarios y beneficios sobre la inflación es que partir de 2011
son fundamentalmente estos últimos los explican la evolución de los
precios. Así, si los recortes salariales no se han trasladado a una
reducción paralela de los precios, a una depreciación del tipo de cambio
efectivo real y, con ello, a una mayor ganancia de competitividad, es
en buena medida debido a que estás bajadas están siendo compensadas con
aumentos de los márgenes empresariales.
Incluso en el caso de que los márgenes de
beneficios se reduzcan durante los próximos trimestres y eso permita
que la devaluación salarial tenga un mayor impacto en la reducción de la
inflación y en los precios de exportación, el escenario no sería desde
luego esperanzador. En un contexto, como es el de la zona euro, en el
que todas las economías intentan devaluar sus salarios para ganar
competitividad, dicha estrategia no puede resultar exitosa a nivel
continental (al limitarse la demanda externa de unas economías hacia
otras en una región en la que el comercio intracomunitario sigue siendo
ampliamente mayoritario).
Además, el riesgo de deflación de la
economía ha pasado a ser notable dado el desmantelamiento que han
sufrido las instituciones vinculadas a la negociación colectiva. Con
ello, han desaparecido los controles que permitieron en el pasado que
los salarios y los precios no se deslizasen por la senda de la deflación
ante la llegada de las crisis.
La política de devaluación salarial,
además de prolongar la recesión e incrementar el riesgo de deflación,
está teniendo otras consecuencias negativas. Por un lado, se está
incrementando la desigualdad entre las rentas salariales, puesto que el
proceso de devaluación se está concentrando sobre todo en el 40% de
asalariados con menores ingresos. Así, según un reciente informe de
Fedea, la variación de los salarios experimentada entre 2008 y 2012 por
el 10% de trabajadores de menores ingresos ha sido del -17%, y del -9% y
-4,5% para las siguientes dos decilas respectivamente. Para las decilas
de mayores ingresos apenas se constata retroceso salarial.
Por otro lado, el retroceso salarial ha
incrementado también la desigualdad en la distribución funcional del
ingreso entre las rentas del trabajo y las del capital, a favor de estas
últimas. Entre el último trimestre de 2009 y el de 2013 el peso de las
rentas salariales sobre el PIB se ha reducido en 4,4 puntos
porcentuales, pasando del 50,1% al 45,7%. Esta transferencia de rentas
desde el trabajo hacia el capital, junto con la ausencia de regulación
en los mercados financieros internacionales y las fuertes inyecciones de
liquidez del Banco Central Europeo, siguen alimentando dinámicas de
sobredimensión y especulación en los mercados de capitales.
Concluimos constatando por tanto que el
avanzado proceso de devaluación salarial en la economía española no sólo
no está contribuyendo a propiciar una salida de la crisis en beneficio
de la mayoría social, sino que además está ahondando problemas
anteriores, como la intensa desigualdad en el reparto de la renta. El
balance de esta estrategia de política económica debe no obstante ir más
allá. A pesar de su fracaso para propiciar el crecimiento económico y
la creación de empleo, está resultando exitosa en su objetivo último:
modificar sustancialmente las reglas del juego sociopolítico,
erosionando la capacidad de interlocución de las organizaciones
sindicales para facilitar con ello el establecimiento de un nuevo modelo
económico caracterizado por la ausencia de derechos sociales y
laborales.
[1] Véase en este sentido el interesante trabajo de Bruno Estrada, Mª José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó (Qué hacemos con la competitividad, Ed. Akal).
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