Comisión de Economía de IzquierdaAnticapitalista
Junio de 2012
Últimamente
nos asomamos y asombramos con un juego mediático propio de trileros que va
desde la negación de la evidencia hasta la filosofía del lenguaje mediante la
manipulación del significado de las palabras, siguiendo esa vieja táctica del
poder según la cual “si no se puede convencer al menos hay que tratar de
confundirles”. Pero, a pesar de que la economía sea una dimensión de nuestras
vidas a veces un tanto compleja, la experiencia de la gente habla cada vez más
por sí sola y los cristales deformados de las gafas con las que nos hacen mirar
la realidad cada vez resisten menos la prueba de los hechos. No obstante,
conviene recordar algunos elementos (de los conocidos, porque en el terreno
financiero hay otros tantos que se continúan ocultando) de lo que sucede para
que la confusión no dure más de la cuenta, y tratar de esclarecer lo que sucede
y echar abajo todo el ejercicio del gobierno de imponernos una neolengua para calificar esta
intervención.
“Lo de ayer” fue un rescate
¿Qué
es en realidad un rescate? Según un economista del Colectivo Novecento:
“La expresión “rescate” hace referencia, ni más ni menos, al aumento del
crédito exterior para sostener las finanzas de un país (es decir, la deuda
aumenta) a condición de que su estado aumente su capacidad de pago a corto
plazo de esa deuda por encima de cualquier otra consideración (es decir, con
condiciones como contrapartida). Se pretende evitar un colapso financiero a
través de la entrada de fondos exteriores y del desvío de recursos de otros
fines (de ahí los recortes) para apuntalar las finanzas.”
Para el
gobierno no ha habido rescate sino un crédito blando en buenas condiciones.
Pero nada de esto se corresponde con la realidad, si la observamos con
atención. No sólo lo que ha sido aprobado es un “rescate” con todas las letras,
sino que entraña una intervención al Estado español con el objeto de darle
oxígeno a las oligarquías financieras. En resumen, se trata de dar una patada hacia el próximo año al grave
problema que los aqueja. Pero dentro de un año la situación será incluso peor.
Y a costa de la ciudadanía.
No sólo no
hay dudas de que esto haya sido un rescate, sino que conviene recordar que hace
tiempo que el Estado español está siendo rescatado e intervenido, cuanto menos
desde Mayo de 2010 cuando Zapatero sucumbió ante la presión de sus socios
europeos e inició un giro radical en su política económica que le llevaría a
imponer recortes en todas las funciones de bienestar social de nuestro Estado,
a recortar las condiciones de trabajo (reforma laboral de Septiembre de 2010 y
reforma de la negociación colectiva), a recortar las pensiones (julio de 2011) y
congelarlas, a recortar los salarios de los funcionarios y a inaugurar un proceso
interesado de bancarización y privatización de las Cajas de Ahorro que abarcan la
mitad del sistema financiero español. Sin embargo, estas medidas no sirvieron
para evitar presiones de los mercados todavía mayores y ante éstas el gobierno de
Zapatero se vio obligado a recurrir a la ayuda del BCE a través de su programa
de compras de deuda pública. Se trataba de evitar que los tipos de interés sobre la deuda
española se disparasen hasta niveles que harían insostenible la financiación de
la deuda del gobierno a través del mercado. A partir de agosto del 2011, la
compra de deuda pública española e italiana por parte del Programa de Mercado
de Valores (SMP en sus siglas en inglés) del BCE ha venido acompañada de
condiciones adicionales de ajuste fiscal, más recortes en gasto público, reformas
del mercado de trabajo más agresivas y más medidas liberalizadoras.
Durante todo
este tiempo la dependencia de la banca española de la financiación del BCE ha
ido aumentando vertiginosamente, conforme las entidades españolas iban
perdiendo acceso a los mercados privados de financiación mayorista debido a las
preocupaciones del mercado sobre la exposición de las Cajas al sector
inmobiliario y al estigma aparejado a ser entidades expuestas al riesgo soberano
español. El acceso de las entidades españolas a la financiación del BCE, al
contrario que la disponibilidad del BCE a comprar deuda pública española a través
del SMP, ha sido un recurso que ha estado siempre disponible para la banca
española (al igual que las entidades de cualquier otro país de la zona euro) siempre
y cuando tuviesen bastante colateral elegible que depositar en el BCE a cambio
de la financiación recibida. Si el BCE nunca ha puesto en duda su papel de
prestamista de última instancia para los bancos solventes con problemas de
liquidez, siempre se ha opuesto a asumir el papel de prestamista de última
instancia para los Estados (prohibido en sus propios estatutos) al considerar
que esto equivale a subordinar los objetivos de la política monetaria
(objetivos como la estabilidad de precios) a la monetización de los déficits
publicos. Es por esto por lo que el BCE lanzó el programa SMP de compras de
deuda pública en el 2010 a
regañadientes, y lo trato siempre de condicionar a la imposición de una mayor
disciplina fiscal y reformas estructurales por parte de los gobiernos cuya
deuda se beneficiaba de estas intervenciones (es decir, la intervención es una
contrapartida inexcusable). El SMP fue siempre considerado por el BCE una
medida excepcional y temporal, limitado a las compras en el mercado secundario
y ligado a una estricta condicionalidad en materia de políticas neoliberales.
Esta autocontención del SMP obtuvo un fuerte respaldo del gobierno alemán que
se niega a que la política monetaria común de la zona euro se use para
subvencionar la “indisciplina fiscal” de los países “periféricos”, que al
contrario que Alemania, “no hacen sus deberes en materia de responsabilidad
fiscal”.
Las condiciones del rescate español
Los
principales beneficiados y auténticos rescatados de esta operación de crédito
son los acreedores, sobre todo centroeuropeos, que ven garantizado la
devolución de las deudas ingentes de los bancos españoles. Pero si adoptamos la
perspectiva no de los acreedores, sino de la economía en su conjunto y la mayoría social
del Estado español, lo apropiado sería caracterizar esta operación como un
secuestro, fundamentalmente por las condiciones que vienen aparejadas a esta
financiación.
Cierto es
que hay que diferenciar entre tipos de rescate. No es lo mismo hacerlo a un
Estado en bancarrota que no puede devolver su deuda –dándole más tiempo,
realizando una quita parcial condicionada, o dando un nuevo préstamo-, que
rescatar a la banca incapaz de devolver la suya. En el caso español o italiano, si fuera el
primer caso, sencillamente el rescate sería impracticable, porque en la
actualidad no habría recursos suficientes para poder enfrentarlo. Pero en este
caso se trata de cubrir un problema del sistema financiero privado, eso sí, a
cargo de la mayoría social. No han sido exactamente iguales los modelos de
intervención de Grecia, Portugal (en el caso italiano la intervención no adopta
todavía forma de rescate, pero sí de imposición tácita de un gobierno
tecnócrata, encabezado por Monti) y el caso irlandés, realmente el más parejo a
nuestro caso, si no fuera por la mayor magnitud del montante concedido a una
economía tan grande como la española. Tampoco es lo mismo que el dinero
provenga de un tipo de fondo u otro, o que supervise y vigile unos organismos u
otros. ¿Cuál es el caso del rescate en este caso?
Nos
encontramos con un crédito concedido al Estado indirectamente a traves de su
agente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se
suministrará por tramos, por un montante de hasta 100.000 millones de euros, el
equivalente al 10% del PIB español, a un tipo de interés entre el 3-4% (según
las informaciones que tenemos hasta el momento). El Estado español, a través
del FROB, debe hacerse cargo de devolver la deuda y los intereses. El pago de
los intereses contribuiría directamente al déficit del Estado, correría a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado e implicaría nuevos ajustes fiscales
en otras partidas para compensar este gasto adicional y poder cumplir con los
objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Si el objetivo de déficit se
mantiene, y los gastos aumentan (con el pago de intereses del rescate), resulta
evidente que harán recortes no previstos. Decir que no hay condicionalidad
macro, por tanto, no es más que una burda mentira.
El Estado español,
a través del FROB, utilizaría la financiación proveniente de uno de los dos
mecanismos y fondos de financiación europeos (EFSF, Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera o ESM, Mecanismo de Estabilidad Financiera) para aumentar
su participación en el capital de las entidades incapaces de generar (ya sea a
través del mercado, mediante la retención de beneficios o mediante la
integración en entidades mejor capitalizadas) los niveles de capital exigidos
por el regulador y por los Reales Decretos de febrero y mayo de 2012.
Es
importante aclarar que cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a los
recursos o fondos propios de las entidades (accionariado, reservas y
provisiones) y todos aquellos valores, como las famosas paticipaciones
preferentes convertibles en acciones y los valores Convertibles
Contingentes (CoCos) que a efectos
regulatorios computan también como recursos propios de la entidad. A cargo de
estos fondos propios corren todas las posibles pérdidas de la entidad antes de
que éstas puedan suponer un impago de la deuda (los recursos ajenos que ha
tomado en empréstito la entidad) a los acreedores de la entidad. Es decir, el
capital es el colchón de recursos financieros de los que dispone la entidad
para garantizarle a sus acreedores la devolución de la deuda y el pago de los
intereses sobre ésta en caso de perdidas. Solo cuando la entidad ha satisfecho
todos los pagos a sus acreedores es cuando puede repartir el excedente a los
que participan en su capital. En el caso de los accionistas que participan en
el capital de la entidad (y la controlan) este reparto constituirían los
dividendos.
Es fundamental
comprender estas definiciones para poder entender los tres tipos de
instrumentos a través de los cuales el FROB (el Estado) entra en el capital de
las entidades intervenidas (preferentes convertibles, acciones ordinarias y
CoCos) y sus diferentes implicaciones para las arcas públicas y el control
público de las entidades intervenidas. Las preferentes (FROB I) y los CoCos
(FROB III) computan como capital pero, a diferencia de las acciones, no le
otorgan el control al FROB sobre la gestión de la entidad. El FROB
emite deuda sobre la que tiene que pagar intereses para recaudar los fondos con
los que después entra en el capital de las entidades, y el pago de estos
intereses implica un gasto para las arcas públicas. Sin embargo, el dinero que
invierte el FROB en preferentes y CoCos no computa como un gasto público, ya
que se supone que le tiene que ser devuelto y que el FROB además obtiene pagos
a modo de intereses (8-10% en el caso de los CoCos y 7,5% en el caso de las
preferentes) de la entidad intervenida con los que puede compensar el gasto en
intereses sobre la deuda que emite el FROB. El problema surge cuando las
necesidades de provisiones contra pérdidas por parte de la entidad intervenida
hace del todo improbable que ésta le pueda devolver el dinero invertido en
preferentes o CoCos y mucho menos continuar pagándole intereses al FROB. En
estas situaciones es cuando el FROB convierte el dinero que ha invertido en
preferentes o CoCos en acciones ordinarias (FROB II) que le otorgan el control
sobre la gestión de la entidad, como ha pasado con BFA-BANKIA. Pero esta
conversión también implica que el dinero invertido en acciones ya no le tiene
que ser devuelto al FROB. A efectos contables y estadísticos, si la participación
del FROB en el accionariado de la entidad es considerado como una inversión
realizada en condiciones de mercado y de acuerdo con el “valor económico” de la
entidad, de la cual el Estado espera obtener un rendimiento futuro, entonces
esta inversión en acciones por parte del FROB es clasificada como una
transacción financiera y no computa como parte del déficit del Estado en los
presupuestos generales. Pero si se considera que dicha “inversión” en realidad
no es tal porque su verdadero objetivo desde el principio es cubrir las
perdidas de la entidad, entonces esta “inversión” en acciones por parte del
FROB es clasificada como un gasto o una transferencia de capital del Estado a
la entidad en cuyo capital participa. En este caso sí computa como parte del
déficit del Estado. Quien decide al final es Eurostat, la agencia estadistica
de la UE encargada
de computar con parámetros cómunes para todos los países de la UE los déficits fiscales de los
gobiernos para controlar que cumplen con los techos de déficit del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. Si cuando el FROB decida finalmente a que precio convertir en
acciones ordinarias de BFA-BANKIA sus participaciones preferentes en esta
entidad, valoradas en 4.500 millones,
Eurostat decide que va a clasificar esta transacción como una transferencia de
capital y un gasto a cargo de los presupuestos del Estado, esto puede suponerle
un problema mayúsculo al gobierno de Rajoy ya que inmediatamente pondría en
entredicho su habilidad de alcanzar el objetivo de déficit del 3% del PIB
comprometido con Bruselas.
La historia
de las intervenciones del FROB en el proceso de reestructuración de la banca
española es la historia de como el FROB ha ido teniendo que convertir
gradualmente sus participaciones en el capital de las entidades a través de
preferentes en acciones puras y duras conforme se deterioraban las perspectivas
de las entidades y el FROB reconocía que las entidades participadas seguramente
no iban ni a poder recomprarle las preferentes ni a pagarle los intereses sobre
ellas. Una de las posibilidades abiertas tras el anuncio del “rescate”es que el
gobierno intente utilizar los 100.000 millones del EFSF/ESM para recapitalizar
las entidades todo lo que pueda mediante CoCos (que pagarían el famoso 8,5% que
citaba Almunia en la prensa) pero, como se ha visto, la conversion de muchas de
estas participaciones en acciones, con impacto directo sobre el déficit del Estado,
parece bastante probable.
El 80% de las
necesidades adicionales de capital de la banca española está concentrado en seis
entidades bancarias surgidas de las viejas Cajas de Ahorro, entre las que está la
ya nacionalizada BFA-Bankia, y el Banco de Valencia. Entre las seis entidades
ligadas a las Cajas también destacan otras entidades ya controladas por el FROB
como Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia. El objetivo de que el Estado pase a
controlar todas estas entidades a través del FROB, por supuesto, no es crear
una futura banca pública que anteponga objetivos sociales y públicos a
maximizar la
rentabilidad. Sino sanear los balances de estas entidades con
fondos públicos y arriesgando capital público para venderlas luego a la banca
comercial privada para que sus accionistas se beneficien de su rentabilidad
futura. Ejemplos recientes de este proceso son las ventas por parte del FROB de
la CAM por un
euro a Banco Sabadell o la venta de Unnim, por el mismo, importe al BBVA. Es
cierto que en el caso de estos dos procesos de venta, el FROB obligó al FGD –
Fondo de Garantía de Depósitos- (financiado con las contribuciones de los
bancos) a devolverle el valor del capital que el FROB había invertido
inicialmente en las acciones de la
CAM y Unnim y a asumir las pérdidas que implica la
transferencia posterior por valor de un euro de estas entidades a Sabadell y
BBVA. Pero el hecho es que el pago de intereses sobre la deuda que el FROB había
tenido que emitir para recaudar los fondos necesarios para comprar las acciones
de CAM y Unnim sigue suponiendo un coste a fondo perdido para el Estado que
además ha cedido el control de una entidad previamente nacionalizada para
beneficio de otra privada. La contribución del Fondo de Garantía de Depósitos a
los gastos de reestructuración de las entidades ya subastadas, además, ha
dejado prácticamente sin fondos al FGD para cumplir con su otra función
esencial: la de garantizar los depósitos minoristas.
A día de hoy
no está claro, de los dos mecanismos de financiación existentes en la Unión Europea, si va
a ser el EFSF o el ESM el que aporte los 100.000 millones. El ESM tiene
prioridad a la hora de recuperar el préstamo sobre los demás acreedores en caso
de impago (el EFSF no). Con lo cual en teoría si es el ESM, que comienza su
funcionamiento el próximo mes, es el que finalmente financiará el rescate, podría presionar aun más al alza los
tipos de interés sobre los bonos españoles. Esto es precisamente lo que se
empezó a ver ya el primer día laborable después del anuncio del rescate cuando
los intereses de la deuda española se volvieron
a disparar. Los inversores huían de la deuda española por temor a quedar
subordinados en el orden de pago al futuro acreedor gigante del ESM en caso de
que aumentase la posibilidad de impago de la deuda como ya ha sucedido en
Grecia.
Conviene poner
de relieve, como vemos, que no es cierto que no haya otras condiciones. Las
hay: no sólo en términos de lo que se le va a exigir a la banca (¡¡incluidos
los bancos nacionalizados, que recordemos que no son privados, sino
públicos!!), sino también en términos fiscales. El propio documento del
Eurogrupo el día del rescate lo dejaba claro: "revisaremos de cerca y
regularmente los progresos en estas áreas [area fiscal], en paralelo con la
asistencia financiera".
Entonces…. ¿sí hay condicionalidad? ¿Y los hombres de
negro?.
No acaban
ahí las condiciones. El margen del gobierno para contradecir a Bruselas
desaparece: el crédito se va a liberar (como en los casos de Grecia,
Portugal...) por tramos. Eso quiere decir que la liberación de los siguientes
tramos se hará únicamente si se garantiza la continuidad de la política actual
del gobierno. Y Bruselas hace unos días dijo ya cuales deben ser las siguientes
medidas: aumento del IVA, acelerar la reforma de las pensiones, recortar más
salarios al funcionariado, rebajar la protección del desempleo y endurecer la reforma
laboral. No se debe dejar pasar la presencia del FMI en el acuerdo. En suma, sí
hay hombres de negro. La Troika
(BCE, Comisión y FMI) ya están aquí, vigilándonos. Y si no se acata, no hay más crédito. Puro
chantaje.
Si teníamos
dudas del alcance de nuestra soberanía popular, o incluso la nacional, ya no
las hay: somos un protectorado europeo. No obstante, es posible que el gobierno
alemán actual no quiera ahogar al gobierno español por su proximidad
ideológica, pero sólo con la consideración de que las agresiones sean llevadas
con la dosis adecuada que permita su admisión por la población española, cosa
que en cualquier escenario va a ser más difícil.
De todas
formas, faltan detalles por concretar que solo conoceremos cuando se publique
el Memorándum of Understanding (MoU)
que contendrá las condiciones ligadas al préstamo. Está claro que la
condicionalidad va a referirse solo a la reestructuración financiera, aunque
esto no quiere decir que lo que haga el gobierno en lo que respecta a sus
políticas fiscales y reformas no vaya a influir en la predisposición del
Eurogrupo a financiar la recapitalizacion bancaria española. En ese terreno, en
estos momentos el debate se centra en qué condiciones adicionales se le debería
imponer a España para permitirles alcanzar el objetivo del 3% de déficit en el
2014 en vez del 2013.
En ningún
caso deberíamos subestimar la enorme transcendencia que puede llegar a tener la
condicionalidad ligada al sector financiero. Por ejemplo: ¿Será una de las
condiciones que sectores importantes de la banca española nacionalizada sean
vendidos a entidades extranjeras una vez finalizado el proceso de
reestructuración y saneamiento? ¿Pedirán que el mercado minorista bancario
español se abra más a la entrada de entidades extranjeras (alemanas, chinas,
rusas, turcas, brasileñas, de oriente medio, etc…)? ¿Vetarán cualquier intento
de mantener una banca pública a largo plazo en base a las entidades nacionalizadas?
¿Obstaculizarán cualquier intento de aplicar medidas como la dación en pago,
moratorias en las ejecuciones hipotecarias o desahucios, en imponerles quitas a
los tenedores de deuda senior (a la irlandesa) o decidir cuánto debería
contribuir la banca privada a salvar el sistema financiero (por, ejemplo
limitando las contribuciones del Fondo de Garantía de Depósitos, que financian
los bancos, a las recapitalizaciones y a lo Esquemas de Protección de Activos
(EPAs)? ¿Exigirán medidas para diluir en favor de nuevos accionistas, como los
bancos comerciales o los fondos de inversión, el control indirecto que todavía
ejercen muchas Cajas de Ahorro sobre los bancos surgidos de ellas a los que han
transferido la mayor parte de su negocio bancario? Precisamente el último
informe del FMI sobre las Cajas de Ahorro denota una obsesión con este tema
dado que se teme que “los políticos” y “otros agentes sociales” sigan
influyendo indirectamente en las decisiones de los bancos surgidos de la Cajas en detrimento de los
nuevos accionistas privados externos, que son los auténticos expertos en
priorizar criterios de rentabilidad y beneficio sobre objetivos sociales o
públicos.
¿Y hasta qué
punto este rescate puede ser útil para resolver los agujeros bancarios?
Según el propio Banco de España, la exposición problemática de las
instituciones financieras españolas a la actividad inmobiliaria ascendía a
184.000 millones de euros al término de 2011. Este agujero de insolvencia se
está enfrentando con una política de provisiones, que conduzcan a un ajuste del
valor de dichos activos, hasta ahora extraordinariamente sobrevalorados.
El
interrogante en torno a si será suficiente esta medida está por ver. Hay
diferentes estimaciones.
Según
reconocidos analistas internacionales, el techo de los 100.000 millones para
recapitalizaciones debería de ser suficiente para cumplir las necesidades de provisiones
y capital adicional de la banca, en previsión de posibles futuras pérdidas impuestas
por las reformas financieras de febrero y mayo de 2012. Recordemos que estas
dos reformas del PP exigían a la banca recaudar 82.000 millones en provisiones
y capital adicional durante el 2012 para poder cubrir posibles pérdidas futuras
relacionadas con activos inmobiliarios (tanto los problemáticos como los sanos)
ligados a préstamos a promotores. Estos 82.000 millones se sumaban a los 54.000
millones que los bancos ya habían provisionado a fecha de finales de 2011
sumando un total de 137.000 millones de provisiones y capital para cubrir una
cartera de préstamos a promotores equivalente a 307.000 millones (entre los que
184.000 millones están clasificados como activos problemáticos). Este nivel de provisiones,
según estas fuentes, es ultraconservador ya que cubriría el 50% de las pérdidas
provenientes de los créditos a promotores en el supuesto de que el 90% de estos
préstamos sufriesen pérdidas, algo bastante improbable incluso en un escenario
muy adverso. Pero el objetivo de estas exigencias es precisamente recuperar la
confianza del mercado en los balances de las entidades españolas exagerando al
alza el nivel de provisionamiento de éstas.
De acuerdo
al último informe de junio del FMI la mayor parte de las estimaciones de los
analistas privados de las necesidades de capital adicional están entre los
60.000-90.000 millones y las pruebas de esfuerzo del FMI publicadas en los
últimos días estiman las necesidades adicionales en 37.000 millones. Estas
estimaciones por supuesto están basadas en distintos supuestos y con distintos
objetivos de capitalizacion en mente (el objetivo de las estimaciones del FMI, por
ejemplo, es que los bancos alcancen un ratio de capital principal del 7%
despues de sufrir un shock macroeconómico muy adverso) pero abarcan a la
cartera global de los bancos y no solo los préstamos a promotores.
Según la
prensa, las consultoras Wyman y Berger, contratadas por el gobierno para
valorar de manera independiente las carteras de las entidades españolas,
podrían anunciar el próximo 18 de Junio que las necesidades de capital
adicional rondan los 60.000-70.000 millones de euros, de los cuales 40.000
millones serían solo para las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa y Nova
Caixa Galicia.
En cualquier
caso, todo depende como se valoren los activos tóxicos en balance. Y el marco
de previsiones escogido. El RBS (Real Banco de Escocia) dice que el riesgo en
activos derivados del ladrillo, de la banca española, en nuestro país, alcanza
los 1,7 billones de euros. Otros analistas, hablan de una horquilla de entre
100.000 y 300.000 millones. Este no es el único problema. previsiblemente
España no cumplirá los objetivos de déficit para este año, los mercados
seguirán presionando, la recesión se profundizara en 2013, y a medio plazo
podremos estar enfrentándonos a un "full rescate", comparado a la
situación de Grecia. En este escenario, no inmediato pero si en la frontera de
un año, el Estado español podría necesitar hasta 500.000 millones en tres años.
Posiblemente se condicionaría a medidas tales como una reducción mayor de sueldos
de funcionarios, despidos de los interinos o al menos una parte -hay 700.000 en
las administraciones publicas-, recortes en los subsidios de desempleo, copago
sanitario y mayor reducción en las pensiones, siguiendo el modelo de Grecia.
Las
previsiones están repletas de incertidumbres, ante la falta de información y
confianza en la que se proporciona, pero el hecho que sí conocemos es que la
devolución y el coste de este inmenso crédito va a correr a cargo de la
ciudadanía, suponiendo mayores recortes en gasto público para asegurar el pago
de la deuda y, a pesar de ello, con la depresión a la que estas medidas
conducen la nueva situación puede acabar convirtiendo en insostenible el pago
de la deuda pública española.
¿Quién paga
los platos rotos?: consecuencias del rescate
Una vez más
el Estado sale al rescate de la banca, haciendo con ella lo que no hace con la
ciudadanía y la clase trabajadora: garantizar sus intereses. El Estado se sigue
endeudando para apuntalar los intereses del capital financiero, para lo cual
(ya sea con los mercados o con la
UE) se verá obligado a seguir recortando partidas del gasto
público que le permitan afrontar el pago de dicha deuda sin que el déficit se
incremente: esto es, una socialización de pérdidas pura y dura.
Debe
observarse que nos están vendiendo la solución como un milagro que repartirá el
maná crediticio y reactivará nuestra economía. No será así. No habrá más
crédito, pues la economía española, debido a que los fundamentales (la
rentabilidad económica) siguen maltrechos y no hay donde invertir, sólo se
tapará los agujeros de sus balances, engrosando las provisiones exigidas.
Nos
encontramos ante un nuevo golpe de las finanzas contra la democracia y las
necesidades de la
sociedad. Con esta intervención se produce una mayor pérdida
de soberanía económica, popular y nacional. Además, tal y como la experiencia
de los años 80 en América Latina nos dice, se aumentará la dependencia y
reforzará la espiral viciosa de la recesión y del aumento de la deuda, en un
contexto que conducirá a una oligopolización y a un modelo de economía que
intensificará las conductas de adquisición rentista, donde el capital español,
con la salvedad de BSCH, BBVA y La
Caixa, que están simplemente “regular”, también saldrá
perdiendo porque otros capitales comprarán lo que haya de interés entre
nuestros recursos.
Pero además,
vamos a asistir, si no lo paramos, a un agravamiento de la política económica
de ajuste, por el lado de los gastos y de los ingresos. Por el lado de los
ingresos aumentarán impuestos como el IVA y quizá desaparezca la desgravación
fiscal por compra vivienda, no porque el gobierno esté en contra de esta medida
patrimonialista, sino porque necesita ingresos fiscales. El incremento brusco
del IVA, también en bienes de primera necesidad, tendrá graves consecuencias
sobre el consumo. Pero lo que vendrá a ser más grave será, en un contexto de
desempleo a niveles históricos, el recorte de las prestaciones de desempleo o
el ajuste de las pensiones (sea alargando la vida laboral, acelerando las
medidas de la última reforma, o recortando incluso las pensiones ahora en
vigor). Si se toca aquí la previsible rebelión popular y quizá electoral nos
conduzca a medidas de involución democrática por parte del poder para
conservarlo.
Volviendo al
capítulo de vivienda, la histeria por provisionar y recapitalizar al máximo y aprisa
contra posibles futuras pérdidas a la banca juega a favor de una aceleración de
los desahucios y ejecuciones hipotecarias. Los bancos van a querer quitarse
cuanto antes de encima hipotecas morosas (mediante más ejecuciones y menos
renegociaciones de los términos del préstamo) para evitar tener que provisionar
contra ellas a costa de sus beneficios. En este sentido, el saneamiento de la
banca tal como está planteado va en contra de los intereses de las familias
hipotecadas con dificultades crecientes para pagar sus hipotecas. Si se quisiese,
por ejemplo, plantear una moratoria en todas las ejecuciones hipotecarias (como
se hizo en Irlanda o se debate en EE.UU) esto va también directamente en contra
de la lógica intrínseca del proceso de saneamiento bancario tal y como está
planteado.
Lo que se
podría plantear, como alternativa menor, sería la creación de un mecanismo de
liquidez mediante el cual el Estado puede continuar pagando las hipotecas
morosas al igual que ha creado un mecanismo como el Fondo de Financiación de Pago
a Proveedores (FFPP) para financiar los pagos atrasados de las administraciones
a miles de empresas proveedoras indirectamente a través del BCE. Esto permitiría
a las familias quedarse en su casa hipotecada y reduciría la presión de las
provisiones por lo menos sobre los bancos nacionalizados (Bankia, Cataluya
Caixa, Nova Caixa Galicia) donde estas provisiones salen de las arcas públicas
y donde también están concentradas la mayor parte de las necesidades de
provisiones y capital del sistema bancario.
Lo que es
muy previsible es que las medidas adicionales de ajuste neoliberal erosionen
fuertemente la credibilidad y el respaldo al gobierno. La encuesta de
demoscopia que publicaba recientemente El País es demoledora: refleja una
pérdida de legitimidad del gobierno enorme, que no es además capitalizada por la oposición. Es una
verdadera quiebra de legitimidad del "régimen" (que,
además, y si las cosas van a peor, podría preparar un posible gobierno de
"unidad nacional"). El 78% de la población desconfía en Rajoy
(incluso los votantes del PP); todos los ministros suspenden y el 70% de la
población piensa que una intervención de la economía por parte de la UE es nefasta.
Siempre hay
alternativas
En estas
condiciones ha llegado el momento de exigir la dimisión del gobierno y reclamar
elecciones anticipadas, porque en ningún lugar estaban previstas estas medidas,
porque ha incumplido sus promesas, y por su responsabilidad, junto con la del
anterior gobierno, de meternos en esta nefasta situación.
Desde
nuestro punto de vista, esto pone al orden día una serie de medidas sobre las
que venimos insistiendo. Estas suponen confrontar con las políticas de la UE, desarrollar una auditoría
ciudadana sobre las deudas que conduzca a establecer las condiciones del impago
de todas las deudas ilegítimas y odiosas, la nacionalización de la banca bajo
control social, una reforma fiscal progresiva, el control del movimiento de
capitales para evitar más fugas y el establecimiento de nuevos criterios de
gestión y objetivos de funcionamiento financiero para la nueva entidad pública.
Las previsiones para los próximos años pasan por asumir que es necesario que se
adelgace el capital ficticio acumulado en todas estas décadas de endeudamiento
y especulación, a cargo de los acreedores y accionariado, y hacer que el
sistema financiero este gobernado por los y las trabajadoras a favor de las
necesidades sociales.
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