Comisión de economistas de Izquierda Anticapitalista
Octubre de 2010
La izquierda anticapitalista reivindica la construcción de un nuevo modelo socioeconómico y político que pueda atender los desafíos sociales y ecológicos que hoy día enfrenta la humanidad, pero ¿qué estrategia de transformación social debe ponerse en pie para avanzar en dicha construcción? Cualquier intento de formular una estrategia de transformación social en clave socialista debe partir de los siguientes elementos del contexto económico y sociopolítico actual:
a) Nos hayamos inmersos en una durísima crisis económica. Esta crisis está siendo gestionada por aquellos que la causaron, imponiendo medidas de ajuste neoliberal contra las condiciones de vida, las conquistas laborales y los derechos sociales, con el fin de socializar las pérdidas causadas y de defender la tasa de beneficio. En definitiva, el capital responde a la crisis con una suerte de huida hacia delante, profundizando los principios neoliberales de gestión capitalista que la propiciaron.
b) La socialdemocracia ha vaciado su espacio político, abrazando el social-liberalismo: los grandes partidos socialdemócratas que agrupaban a la mayoría de la clase trabajadora no tienen ya un programa económico distinto al de la derecha. Su complicidad con una gestión neoliberal durante estas últimas décadas abre un espacio enorme a su izquierda.
c) La debilidad de las organizaciones sindicales y la fortaleza de la crisis económica nos sitúa en un contexto de luchas sumamente defensivas, y generalmente fragmentadas. La subordinación de las direcciones de estas organizaciones a la ideología neoliberal sitúa su marco de intervención en la búsqueda de una “salida de la crisis” que da por bueno el ABC de la orientación liberal: necesidad de apostar por la competitividad de nuestra economía, renuncia al conflicto social como motor de la acción sindical, etc.
Otra lógica es posible: trabajar por la ruptura
Sin embargo, una salida de la crisis en beneficio de los y las trabajadoras y de las mayorías sociales sí es posible. Para que ello sea viable es necesario romper con los principios fundamentales que la generaron; es decir, formular una alternativa realista de ruptura con la lógica capitalista. Es necesario plantear debates y propuestas que supongan una alternativa frente a las soluciones gestionarias, situando en la agenda de la discusión y en el discurso medidas que respondan a las necesidades sociales y que promuevan el control democrático de la economía de los y las que trabajan. Para ello es preciso invertir el discurso dominante, evidenciando el carácter parasitario de las relaciones económicas capitalistas.
Quienes a priori afirman que ello no es posible dada la correlación de fuerzas adolecen de dos males: ni tienen voluntad de modificarla ni tienen ideas de cómo hacerlo. La necesidad de nuevas propuestas es evidente, la posibilidad de implementarlas depende de la práctica social, sindical y política que se emprenda. Una profunda reorientación del quehacer va de la mano de una apertura de los horizontes programáticos y viceversa. La suerte no está echada.
En el camino de la discusión sobre la “viabilidad económica” de un programa alternativo hay que comenzar por orientar y extender reivindicaciones y luchas sociopolíticas ampliamente aceptadas por los y las de abajo y que supongan un escudo social. A la vez, han de promover el cuestionamiento del sistema de poder establecido. Es decir, se trata de formular medidas de resistencia social que estén orientadas y sean coherentes con un horizonte de ruptura, de democratización económica y de socialización del poder y la riqueza. En suma, a la hora de construir un programa económico alternativo sería necesario reconocer la utilidad de las medidas que se proponen en función de tres criterios:
- Ubicación de la satisfacción de las necesidades sociales (más allá de si son rentables o no) en el centro de las estrategias de transformación social.
- Las reformas han de ser un punto de apoyo para avanzar en una acumulación de fuerzas, organización y hegemonía ideológica para la izquierda política, social y sindical.
- Han de poner las bases para un avance en el control y democratización de la economía.
Reorientar la mirada
Para avanzar en esa estrategia de reformas transformadoras es necesario situar como vectores fundamentales del programa el reparto de la riqueza, el control democrático del poder, la igualdad entre géneros y la sostenibilidad ambiental de la actividad productiva.
En primer lugar, como punto de partida, hay que comenzar por blindarse con un escudo social contra las políticas de ajuste. Entre estas medidas “de urgencia” defendemos la necesidad de las siguientes:
- Prohibición de despidos en empresas con márgenes de explotación positivos.
- Fin de situaciones laborales al margen del estatuto de los trabajadores: integración de las trabajadoras domésticas y de las “cuidadoras” de la Ley de la Dependencia en el Régimen General de la Seguridad Social.
- Establecimiento del subsidio de desempleo indefinido.
- Más y mejores servicios públicos
- La creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible al tiempo que la redefinición de los contratos de hipoteca de primeras viviendas.
A partir de ahí, y tomando ese escudo social como punto de apoyo, sería necesario centrarse en la reivindicación de un nuevo modelo de distribución de la renta que supusiese un fuerte incremento de la masa salarial (especialmente del empleo y los derechos sociales, no sólo de los salarios). Hay que oponerse frontalmente a los planes de austeridad desarrollados por los gobiernos, pero no con la simple consigna de “producir más” y “crear empleo”, sino con la consigna de producir lo socialmente necesario, con el mínimo coste social y ecológico –materiales, energía y residuos-, creando empleos socialmente útiles y sostenibles, reclamando que nuestras vidas y derechos valen más que sus beneficios y privilegios. Es vital (para el planeta, y por tanto para las posibilidades de construir el socialismo en él) frenar el carácter ecológicamente destructivo del productivismo que impulsa la lógica de la rentabilidad.
16 hitos para la acción
Para impulsar este nuevo modelo de distribución de la renta, sería necesario avanzar determinadas medidas económicas, luchando por el control de ciertos instrumentos que embriden las rentas del excedente –fiscalizando y orientando su uso– expropiado al trabajo. Para ello habrá que dotarse de instrumentos de autogestión pública, que se orienten al reparto de la riqueza y a la socialización de los medios productivos y sociales estratégicos:
1) Creación de empleos útiles y sostenibles por la vía de una reducción general de la jornada laboral –sin reducción salarial– y por la vía de una importante dotación de empleo público en aquellos servicios sociales menos desarrollados y más necesarios (educación de todas las edades, sanidad y atención a personas dependientes, y trabajos que contribuyan a la reconversión ecológicamente sostenible de la industria y el conjunto de la economía).
2) La reducción de la jornada laboral debe ser efectiva para todos y todas las trabajadoras. Deben eliminarse las fórmulas de contratación a tiempo parcial, de forma que se implante una jornada laboral única generalizada para hombres y mujeres. Sólo así es posible una inserción equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral, así como una corresponsabilidad al 50% de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados que se lleva a cabo en los hogares.
3) Fijación de una pauta de crecimiento salarial equivalente, como mínimo, al ritmo del crecimiento de la productividad empresarial, de forma que se invierta la tendencia decreciente de los salarios en la renta nacional de estos últimos treinta años.
4) Se deben establecer mecanismos de regulación y de criterios que pauten la distribución de dividendos en las empresas, con reservas y provisiones obligatorias destinadas a financiar la renovación sostenible y tecnológica del aparato productivo. Debe definirse la responsabilidad de las matrices transnacionales con la situación económica y laboral de la red de empresas filiales, auxiliares, y proveedores en origen. Para ello debemos reclamar más participación sindical internacional en el control empresarial en visos de ganar experiencia y capacidad de gestión para el control de la economía por parte de los trabajadores.
5) Reforma fiscal progresiva: Luchar por un desarrollo fiscal a escala europea para poder construir un espacio económico solidario en la UE, o en su defecto, en el Estado español; incrementar la presión fiscal como mínimo hasta el máximo de los países del área económica en la que nos situamos. La proporción de impuestos directos y progresivos debe componer la mayoría holgada de los ingresos fiscales. Hay que recuperar figuras impositivas y fortalecer la progresividad del Impuesto de Patrimonio (hasta convertirlo en Impuesto de las grandes fortunas) y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones con un importante mínimo de exención para que sólo paguen las rentas más altas. En los impuestos directos se han de establecer los tipos y progresividad impositiva máxima de los países de nuestro entorno. Las rentas del capital (dividendos, rentas de la propiedad) deben gravarse por encima de las rentas salariales, por lo que deben alcanzar al menos el 35%. Para ello hay que eliminar las deducciones en el Impuesto de Sociedades, elevar el tipo nominal hasta el 35% en las grandes empresas, que el IRPF sólo grave rentas derivadas del salario –pudiendo permanecer los tipos actuales, o si acaso sólo añadir algún tramo más para rentas muy altas-, y establecer una figura propia, con tipos como mínimo del 35% para las rentas derivadas de la propiedad. Los impuestos indirectos deben determinarse con criterios selectivos de fiscalidad ecológica y de salud pública, con tipos que castiguen severamente ciertas prácticas de producción, gasto de energía y materiales, y consumo, al tiempo de reducir los tipos en bienes de consumo básicos. Debe articularse una batería de inspección fiscal más amplia y eficaz para acabar con el fraude.
6) De igual modo deben gravarse las transacciones financieras que no se orienten a inversiones duraderas (gravando las desinversiones realizadas antes de tres años), reestableciendo mecanismos de control de capitales que identifiquen los contenidos de la inversión realizada en los mercados financieros (y estableciendo tipos diferenciales según su orientación y utilidad social). Los grupos de empresas con beneficios de explotación que relocalicen centros viables, deberán devolver cualquier subvención obtenida en su periodo de funcionamiento.
7) La ampliación de recursos públicos disponibles derivada de las medidas anteriores, permitiría financiar un importante aumento del gasto, inversión y creación de empleo público y, en particular, equiparar el gasto social (un 12,8% del PIB) con la media de la UE-15 (18,5% del PIB). Estas políticas se orientarían a garantizar la cobertura de las principales necesidades sociales por la vía pública, extirpando del mercado aquellos ámbitos dedicados a la cobertura de las necesidades sociales básicas (salud, educación, dependencia, vivienda, etc.) y con el propósito de lograr que el sector público aumente su protagonismo en sectores económicos estratégicos (energía, telecomunicaciones, transportes, sistema financiero, etc.).
8) Fuerte inversión pública encaminada a permitir la reconversión ecológica de la economía. Se trata de reducir el consumo de materiales y energías no renovables del aparato productivo, así como de reordenar el espacio urbano, el territorio y la movilidad sostenibles, e impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios encaminada al ahorro y la eficiencia energética y del agua, entre otras materias primas. Estas medidas no sólo permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, así como contener el cambio climático, sino que además crearían un importante número de empleos, mitigando el fuerte desempleo de la economía española en el terreno de la construcción.
9) Poner en práctica de forma urgente una política de transición energética, en la que las energías no renovables estén al servicio de construir infraestructuras sostenibles para las renovables del futuro, al tiempo que se sigue investigando en nuevos materiales más ecoeficientes. Es necesario que las empresas energéticas estén bajo control público, de forma que pueda orientarse su actividad en términos de planificación indicativa racional hacia la sostenibilidad, abandonando progresivamente el empleo de la energía nuclear y las centrales térmicas de ciclo combinado.
10) No sólo debe pararse la actual reforma laboral, sino que debe re-regularse el mercado de trabajo para volver a garantizar la estabilidad laboral y eliminar la precariedad y la subcontratación.
11) Frenar la privatización de las cajas de ahorros y avanzar en la constitución de una banca pública que garantice que el dinero público que se ha facilitado al sector sirva para dar crédito a los proyectos económicos que atienden necesidades sociales. Avanzar en una fuerte regulación del sector bancario: mayores ratios de capitalización de la banca; provisiones y reservas obligatorias; regulación de sistemas de tipos de interés no usureros –acabar con el sistema de amortización francés- en función del producto; delimitar los espacios de la banca universal; fiscalizar y controlar la banca de inversión.
12) Potenciar aquellos servicios públicos más vinculados con las tareas reproductivas que hasta ahora vienen llevando a cabo, de forma predominante, las mujeres: escuelas infantiles públicas, comedores escolares, residencias para la tercera edad, servicios de atención a situaciones de dependencia, etc.
13) El acortamiento de las jornadas laborales para todas las personas, junto con el establecimiento de una red de servicios públicos de calidad que cubran buena parte del trabajo de cuidados, ha de combinarse con medidas activas orientadas a fomentar la corresponsabilidad al 50% de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados. Sólo de esa manera avanzaremos hacia una sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad.
14) Una apuesta fuerte por una financiación pública basada en los impuestos es la primera medida para atajar los problemas de deuda pública. Al mismo tiempo, el BCE en su política de tipos de interés al 1%, debe condicionar el uso de estos préstamos para su circulación en la economía, y no para apropiarse de deuda soberana de los Estados y luego obtener réditos en torno al 3% o, en su defecto, exigir a los bancos que se financian del BCE la compra obligada de deuda pública a tipo tasado. Mientras, los Estados endeudados en condiciones abusivas impuestas por la gran banca están legitimados para renegociar los tipos a la baja, posponer los pagos o repudiar parte de la deuda.
15) La deuda privada es una losa que estrangula la economía, de mucha mayor envergadura que la deuda pública. Para la deuda hipotecaria debería regularse un cambio en los sistemas de cálculo de cuotas y tipos de interés, de forma que la amortización del montante se reduzca de manera proporcional a lo largo de la vida útil del préstamo, y no se acabe pagando dos o tres veces el valor de la vivienda. Al mismo tiempo que se desarrolla un potente parque de vivienda social en alquiler, el comprador de la primera vivienda con rentas mensuales inferiores a 1.200 euros, debería poder optar a canjear su propiedad por un régimen de alquiler a un precio tasado públicamente. En su defecto, en casos de embargo el desahuciado, sea cual sea el precio de la venta en subasta, debe desprenderse de cualquier compromiso de deuda con el banco.
16) La configuración de un parque de vivienda social en alquiler se favorecerá mediante un trato fiscal muy severo a las viviendas deshabitadas y en desuso que no se presten. En cuanto al activo inmobiliario detentado por la banca, cuyo precio ha de corregirse previamente un mínimo de un 30%, debe pasar a ser regulado y gestionado por una entidad pública para su alquiler en términos asequibles al nivel de renta de las personas.
Más allá de las fronteras
Por último, un elemento central de la construcción de una alternativa anticapitalista es su dimensión internacional. ¿Es posible que avance una experiencia de transformación social como la aquí propuesta a partir de su comienzo en un solo país? No hay respuesta clara, lógicamente. En los procesos de lucha emancipatoria hemos comprobado que no hay simultaneidad ni tampoco islas, y también hemos verificado que los procesos se retroalimentan. Por ello hay que preparar las luchas para obtener logros locales a la par que se prepara la extensión de combates y conquistas. No hay otra salida, afrontemos la realidad.
Para la economía española, además, el debate se ve completamente atravesado por su pertenencia a la UE y a la eurozona. La cuestión principal en el marco europeo son el carácter de las instituciones y la orientación de las políticas de la UE.
Es necesario explorar e impulsar vías de extensión a escala europea de esta estrategia de transformación social: a partir de medidas de urgencia, como las aquí planteadas, tomadas en alguno de los países de la UE, estas deberían prolongarse con medidas de protección y control legislativo –seguramente en abierta contradicción con Bruselas–. De forma simultánea a esta defensa, deberá afrontarse su extensión a escala europea como la única garantía de su supervivencia. Por tanto, es preciso avanzar en la transformación del contenido de las políticas en Europa, con movimientos sociales, sindicales y políticos que sostengan estas reivindicaciones. La construcción de una política fiscal redistributiva y más capaz, de un Estado del Bienestar Europeo, la homogeneización de las relaciones laborales al alza, y una auténtica política de cooperación e integración, son aspectos básicos.
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