Daniel Albarracín 16-5-09
Apreciados/as lectores/as,
Con las siguientes palabras manifiesto mi total repulsa contra la decisión de ilegalizar una candidatura a las próximas elecciones europeas, como es la que constituye II-SP. Una vez más la Ley antidemocrática denominada Ley de Partidos se pone en ejecución para prohibir la defensa de las ideas. En particular, de asimilar defensa del derecho a la autodeterminación y defensa del derecho a la secesión con la pertenencia a una banda terrorista. Cosas, naturalmente, muy distintas.
El internacionalismo y la solidaridad de clase, que uno suscribe, debe defender y promover la plena soberanía de los pueblos para colaborar o actuar autónoma o independientemente según su libre decisión en el marco de relaciones entre diferentes comunidades. Así que no podemos comprender ni podemos dejar de repudiar el marco antidemocrático de las instituciones burguesas y nacionalistas de este Estado que ha venido en llamarse Reino de España. Unas instituciones, que con su Ley de Partidos y con este juicio del Supremo aplica una Ley de Partido que supone una abominación y una aberración completamente antidemocrática y encuadrable en un marco autoritario prefascista.
La Ley de Partidos exige el pronunciamiento reiterado y público de la condena de cualquier acto atribuido al terrorismo. Nosotros, como cualquier político que defiende la solidaridad de clase internacional, condenamos tajantemente el terrorismo. Pero no podemos dejar en manos de parte la atribución o no a cada acto del márchamo o no de terrorista. Tampoco podemos admitir, porque es un insulto a la inteligencia y a la democracia, identificar la defensa de la autodeterminación o de la independencia con una práctica terrorista, aunque nosotros no consideremos que sea una prioridad su defensa (que habría que ver en cada caso). En cualquier caso, si se trata de condenar un acto de violencia terrorista también cabría incluir como ilegalizable al Partido Popular por no condenar la guerra de Irak que en su día promovió, o considerar ilegal al Estado de Israel por practicar terrorismo de Estado contra los palestinos y otras naciones árabes próximas. Y podría continuarse así el argumento.
En suma, no es admisible en un Estado de Derecho que se condene a personas u organizaciones por no expresar determinadas cuestiones, porque un Estado de Derecho debe juzgar únicamente los hechos probados, y no puede basarse en juicios de intenciones y mucho menos de intenciones ni siquiera declaradas.
En España, o este Estado español que malreune y malintegra a diferentes pueblos, ya no se puede defender la soberanía de los pueblos, cosa que choca de raíz con unos planteamientos mínimos progresistas. Sólo una defensa internacionalista y basada en la solidaridad de clase, que incluya en la agenda política la libertad de adhesión, colaboración o secesión en la reforma institucional, constituye una salida digna. Sin libertades e igualdad entre pueblos, no podrán superarse las desigualdades entre clases. Esa opción la defiende Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos. Y por eso manifiesto mi solidaridad con esta candidatura, manifiesto la plena legitimidad de sus propuestas, de su candidatura. Una candidatura de personas que, en muchos frentes, van a encontrarse colaborando con muchos de nosotros. No es una nuestra opción hoy, pero son compañeros de futuro en muchos campos de batalla y, esperamos, algún día podamos converger más allá incluso que en las prácticas, cuando las condiciones, del entorno y las que nosotros construyamos mutuamente, sean propicias.
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