11/12/09

Capitalismo Tardío ¿Quo Vadis?



Esta contribución se propone identificar algunos debates sobre la aplicabilidad de la teoría de las ondas largas, que enunció Ernst Mandel (1972), a la luz de la evolución y nuevas formas del desarrollo de la acumulación capitalista. Se origina en la discusión en la que participamos en el IIRE (http://www.iire.org/content/view/179/1/lang,es/), en el Seminario sobre la Crisis Económica, que organizó la IV Internacional entre el 2 y el 4 de Octubre de 2009, en Amsterdam. Tratamos de plantear nuevas problemáticas, recoger constataciones del desarrollo capitalista desde un punto de vista empírico a escala mundial, y sugerir nuevas hipótesis e interrogantes para intentar caracterizar adecuadamente la situación objetiva actual del capitalismo a nivel mundial.

(...)

Para encontrar soluciones y respuestas muchas veces debe partirse no sólo de un buen procedimiento de contestación analítica, sino de problematizar nuestro enfoque y de aprender abiertamente de los procesos reales en su desarrollo concreto. Sin problematizar los modelos teóricos, y diseñar adecuadamente las preguntas, no podremos comprender la realidad, ni operar sobre ella. Resulta fundamental cuestionar nuestro modelo de aproximación a la realidad, antes de caer en la tentación de tratar de adaptar la realidad a la teoría.


Para leer el artículo completo:
http://www.vientosur.info/documentos/Quo%20Vadis.pdf

Notas:
El artículo mantiene un diálogo y polémica, desde la proximidad analítica, con planteamientos suscitados por Claudio Katz (http://katz.lahaine.org/) al que recomiendo seguir en este punto.

Este artículo se ha presentado a las XII Jornadas de Economía Crítica que se celebrarán en 2010, en Zaragoza (http://www.ucm.es/info/ec/jec12/index.htm).

3/12/09

Por una Reforma Laboral a la Ofensiva: El 12 del 12 a las 12 Movilización General (Atocha-Puerta de Alcalá, Madrid)



Nos felicitamos por el inicio de la activación de los sindicatos mayoritarios de este 12 de diciembre. Ahora bien, ante las provocaciones de la patronal, las políticas neoliberales o timoratas del gobierno, ESTA MOVILIZACIÓN GENERAL ha de ser, más que una llamada de atención, UN PUNTO DE PARTIDA.

La MOVILIZACIÓN NO PUEDE SER UN SUBPRODUCTO DE NEGOCIACIONES FALLIDAS, SINO LA FORMA DE SER Y HACER DEL SINDICALISMO.
El verbo Movilizar se conjuga primero con análisis y propuestas; se sigue conjugando con planes periódicos de información y consulta en asambleas, con debates y formación para la afiliación; Y se continua conjugando, con fines de denuncia, protesta y con objetivos de conquista concretos, con campañas de propaganda, difusión de documentos, convocatoria de concentraciones, manifestaciones y, porqué no, Huelgas Generales, preparadas debidamente. Movilizar no es sólo hacer ruido y molestar puntualmente, consiste en enraizar, poco a poco, un discurso y cultivar una actitud entre los nuestros y en la sociedad. Con movilización y fuerza social se llega mejor a la negociación y al diálogo social. Y eso es responsabilidad del sindicato.

Se trata de una crisis del capitalismo global, y a una crisis mundial hay que responderle con una CONTESTACIÓN INTERNACIONALISTA. Los sindicatos deben ser conscientes que el primer corsé para las políticas a favor de los y las trabajadores es el modelo de Unión Europea realmente en construcción. Sin otro modelo de Europa, sin una regulación laboral y fiscal europea, sin expectativas de un Estado del bienestar europeo, sin una Europa solidaria, no hay futuro para los y las trabajadoras.

La crisis es económica, ecológica, de materias primas, alimentaria, es una crisis social y de desempleo masivo, de depauperación de las rentas salariales directas e indirectas. Pero es, en este caso, una crisis financiera. No basta una mera revisión del sistema, es imprescindible la RECUPERACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA, LA EXPROPIACIÓN DE BANCOS INCUMPLIDORES, Y UNA REGULACIÓN CONTUNDENTE DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO.

Con la crisis campando a sus anchas, sin tocar nada, con el modelo laboral ultraflexible vigente, el desempleo seguirá en ascenso. No basta con medidas de apaño paliativas y transitorias. No son suficientes medidas como la compatibilidad de la reducción de jornada con la prestación de desempleo, porque eso no es otra cosa que repartir el paro y la miseria. HAY QUE GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO, EN EL MARCO DE UNA ECONOMÍA ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE, Y DE REPARTO DEL TRABAJO Y DEL EMPLEO, SIN REDUCCIÓN SALARIAL. Ante una crisis como esta, no vale con plantear medidas defensivas. RESULTA IMPRESCINDIBLE RECLAMAR Y LUCHAR POR UNA REFORMA LABORAL A LA OFENSIVA. Por eso debemos ir más allá de los 12 motivos expresados por los sindicatos mayoritarios, invitándoles a continuar el combate y amplificar los objetivos:

- Por las 35 horas por ley y por negociación colectiva, sin reducción salarial.
- Por la formación de un fondo para la creación de empleo público directo financiado con el conjunto de las ineficaces bonificaciones y subvenciones a la contratación.
- Por un incremento del SMI hasta los 1000 euros mensuales en cinco años.
- Por un crecimiento salarial mínimo según la productividad sectorial más el deflactor del PIB pasado (un indicador más apropiado que el IPC).
- Por la prohibición de despidos en empresas con beneficios.
- Por la causalidad de la contratación temporal. Revisión y concreción casuística de las modalidades contractuales de obra y servicio, y de circunstancias eventuales de la producción. Definir estrechamente empleo temporal justificado.
- Por incrementar las cuotas a la seguridad social del empleo temporal sensiblemente por encima de las de la contratación indefinida, para desempleo y accidentalidad laboral.
- Por la elevación del coste del despido del contrato temporal a 60 días por año trabajado y por la generalización de 45 para el empleo indefinido.
- Por un sistema de pensiones público que se consolide no sólo con cuotas, sino también que se apoye financieramente en impuestos directos procedentes de rentas y patrimonio.
- Por una Ley de Igualdad que exija parámetros mínimos para la erradicación de la segregación horizontal y vertical o cualquier tipo de discriminación directa o indirecta, y el establecimiento de medidas para acabar con la desigualdad salarial. Desarrollo de sistemas de selección y de promoción de personal y de sistemas de clasificación profesional objetivos y transparentes.
- Por la configuración de una red de escuelas infantiles y guarderías, y de agencias de ayuda a domicilio, de carácter público, financiadas con impuestos directos.
- Por una equiparación de trato del colectivo inmigrante sea comunitario o extracomunitario, con el autóctono.
- Por un cambio del régimen fiscal para incrementar la proporción de impuestos directos y progresivos en los ingresos del Estado.
- Por una inversión pública orientada por una planificación favorable a la reactivación económica, la regeneración y sostenibilidad ecológica del modelo productivo, la redistribución social y regional, y que apueste por áreas estratégicas que respondan a las necesidades sociales.

1/12/09

¿Por qué hombres y mujeres obtienen salarios desiguales?

Daniel Albarracín
28-11-2009

La modernización de la sociedad no puede ser completa sin alcanzar cotas de relación y trato equivalente entre todas las personas. En este sentido, aunque con transformaciones nada desdeñables, pero que en modo alguno debemos mitificar y sin ninguna concesión a la complacencia, la división sexual del trabajo de nuestros días hereda aún jerarquías, estereotipos, roles y desigualdades que no se corresponden ni radican en las similitudes ni en las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Su razón consiste en la pervivencia histórico-cultural de relaciones patriarcales en la familia, en las instituciones sociales y en el mundo de la empresa que no responden más que a una injusticia racionalizada por justificaciones basadas en prejuicios y la tradición conservadora, y que aún presenta en algunas cuestiones rasgos precivilizatorios.

Desde la familia a las instituciones educativas, hasta la propia publicidad y la industria del entretenimiento, todavía se vuelcan expectativas e inculcan actitudes hacia ciertas responsabilidades, y para otras no, que van asignando roles diferenciados y de diferente reconocimiento y aprobación social a hombres y mujeres.

Las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte. Pero no siempre hacia una mayor emancipación.

La mujer se ha incorporado en gran medida al empleo. Pero no se ha librado de asumir las principales cargas del trabajo doméstico y de crianza. Las mujeres han entrado en el mercado de trabajo. Sí, pero, por desgracia, por la puerta de atrás y siempre con la obligación de atender el espacio del hogar. Aunque los varones se han sumado a apoyar en las tareas domésticas y de crianza todavía dedican un tiempo muy inferior al de las mujeres a ese cometido. Son frecuentemente otras mujeres de extracción social o situación legal más vulnerable las que suelen cubrir el servicio doméstico. Y muchas veces son las abuelas las que sustituyen a los varones en las tareas de crianza, cuando la mujer trabaja, apareciendo nuevos fenómenos de sobrecarga, que sumados a la doble tarea de las madres, se suma a la que cubren las mujeres más mayores.

Ellas estudian más, y cada vez sobre materias más diversas, y acumulan una cualificación más capaz, pero sin embargo no se les reconoce sus capacidades y preparación. En cualquier caso, también, los estudios que se prefieren para ellas, y que ellas acaban escogiendo, siguen reproduciendo estereotipos y roles. Por un lado, estudios cuyas ocupaciones corresponden al modelo femenino tradicional; por otro, estudios que no tienen demasiadas salidas profesionales en el mercado de trabajo; y finalmente, continúan estudiando, prolongando su dependencia económica, porque sencillamente el mundo laboral no emplea a las mujeres y las desaprovecha. En suma, estudian más y no se las valora en el ámbito empresarial, y acaban estudiando más debido a que no se les brindan oportunidades laborales dignas.

Ni la entrada al empleo de las mujeres ha sido en empleos remunerados de manera pareja al de los varones ni son empleos más estables, ni han sido en ocupaciones más reconocidas e interesantes –puesto que ciertas áreas están vedadas a la mujer, y algunas, no siempre las mejores, se reservan sólo para ellas-, ni en puestos de responsabilidad equiparables a los varones. Esto es especialmente visible en algunos sectores económicos, entre los que están el comercio y la hostelería. A este respecto, se ha producido un proceso de incorporación al mundo del trabajo asalariado que ha sido una auténtica extensión de los trabajos de cuidados, de administración del espacio y, en suma, de reproducción social. Tareas que han sido tradicionalmente atribuidas a la mujer, y que guardan enormes similitudes competenciales a los que han sido propias del espacio doméstico (trato agradable, actitudes y habilidades relacionales y afectivas, atención y disponibilidad constante, etc…). Así, son ellas las que ocupan principalmente los trabajos de servicios a las personas –servicio doméstico, hostelería, comercio, educación, sanidad, etc…- y de administración –en oficinas, en centros de trabajo, etc…-.

Una consecuencia de todo lo anterior es que los ingresos de las mujeres difícilmente permiten la autonomía económica, porque con las nuevas circunstancias sociales y pautas salariales la asunción de ciertos gastos (vivienda, transporte, normas sociales de consumo, etc…) ya no se puede afrontar a menudo con ellos un estilo de vida socialmente integrado y suficiente. El viejo patrón del salario familiar (obtenido por el varón) no se ha superado por el de dos salarios suficientes, sino que han devenido en el de “salario y medio” para alcanzar una cuantía adecuada. Salarios que se ven achicados, más aún en una sociedad de consumo, y en un contexto laboral que impide o dificulta enormemente una disponibilidad idónea de tiempo para la dedicación a la familia, para las tareas del hogar y de cuidados. Incluso puede afirmarse, en términos globales, que las condiciones de vida, a pesar de las apariencias, pueden estar volviéndose peores que en tiempos pretéritos. Y para la mujer, más de las veces, con ingresos sólo pueden ser complementarios, el panorama no mejora, a pesar de haber abierto puertas en nuevos espacios sociales históricamente reservados a varones.

Además, las interrupciones de la biografía laboral, sobre todo en épocas de crianza, coarta sus aspiraciones. Sólo excepcionalmente los varones asumen, o el mercado de trabajo y las empresas les dejan asumir, de igual forma dicha responsabilidad. Son ellas las que en gran medida piden permiso parental, reducciones de jornada y consiguientes disminuciones de sus ingresos. Tanto porque las familias estiman que son ellas las que deben hacerlo, como porque las empresas no permiten que los varones dispongan sus tiempos para otras esferas de la vida más que para el trabajo. Concediendo las empresas mejores trayectorias laborales y mayores ingresos para ellos terminan por hacer “racional económicamente” esa toma de decisión, que relega a la mujer, total o parcialmente, duradera o temporalmente, del espacio laboral.

Los derechos formales crecientes para compensar esta situación son aún al día de hoy insuficientes. Además, el fenómeno que realmente contribuiría a superarlo, la corresponsabilidad de los varones –y los servicios públicos en esta materia-, también está siendo obstaculizado por diferentes instituciones, inercias y culturas, en la que no es menor la dinámica y pautas construidas socialmente en el mercado de trabajo y en las empresas. Las empresas reproducen y se adaptan a las tradiciones, porque no pretenden modificarlas. Su objetivo fundamental es el rendimiento económico y plantean como dados las disponibilidades, perfiles, habilidades, actitudes y expectativas de la fuerza de trabajo disponible en base a lo que consideran dispuesto por la sociedad y dado de antemano. Así, de paso, declinan su papel de agentes sociales en sí mismos, y participan de perpetuar lo existente. Y es muy frecuente que se laven las manos diciendo que el problema está en otro lugar, un universo sin caracterizar llamado abstractamente sociedad.

Sin embargo, las empresas forman parte de la sociedad y contribuyen a su configuración. Ni que decir tiene que perseguir los objetivos de alcanzar la igualdad y reconocer la diversidad no es sólo tarea del empresariado, pero pueden contribuir decisivamente a su consecución o bien obstaculizarlo.


Dicho todo lo anterior, que pone en su contexto los factores de desigualdad entre hombres y mujeres, y que caracterizan las nuevas formas patriarcales del mundo del trabajo, podemos entrar a analizar un aspecto concreto, como es la desigualdad salarial, para tratar de diagnosticar sus causas, sus aspectos y formas, sus dimensiones, y tratar de encontrar medidas proporcionadas a la realidad para su superación.

El criterio básico de igualdad salarial parte del objetivo de alcanzar una retribución igual para empleos de valor equivalente. Los últimos estudios dimensionan las diferencias salariales globales entre hombres y mujeres en torno al 25%-30%. Pero estos datos esconden algunos elementos que merece la pena poner de relieve.

Las causas de esas diferencias salariales no responden en la práctica, o sería un factor menor e insignificante, a factores de discriminación directa relacionados con que para un mismo puesto de trabajo a un hombre y a una mujer se les paguen remuneraciones finales distintas. Los convenios han conseguido eliminar en gran parte las discriminaciones directas. Las razones, por el contrario, son principalmente otras, como pueden ser:

- La primera de todas ellas es que las ocupaciones que desempeñan hombres y mujeres no son las mismas, y estas ocupaciones no están igualmente reconocidas en el mercado de trabajo, aún suponiendo un valor social semejante. El valor de mercado, aunque frecuentemente no es más que el valor subjetivo atribuido por la empresa, de estos empleos es desigual y eso se traduce en las retribuciones diferenciadas de cada persona. Factores educacionales, culturales, pero también de políticas de selección de personal en el acceso a las profesiones determinan esta segregación horizontal en las ocupaciones que realizan hombres y mujeres.

- La segunda es que las trayectorias laborales de las mujeres son más cortas, las salidas del mercado de trabajo más frecuentes, y que, las sitúan en peores condiciones de promoción y ascenso en las empresas, así como de conseguir puestos de dirección y responsabilidad. Por otro lado, al igual que pasa en los procesos de selección, los sistemas de promoción están caracterizados por seguir la libre designación de la empresa, sin sujetarse a criterios e indicadores de cualificación, experiencia y resultados objetivos, transparentes y acreditados, sin contraste con representantes de los y las trabajadoras. Se trata de la denominada segregación vertical. Por consiguiente, las categorías y grupos profesionales de las mujeres suelen ser de una jerarquía inferior y por tanto les corresponde unos ingresos más reducidos en media que el de los varones.

- La tercera, es la discriminación indirecta.


La discriminación indirecta es frecuentemente mal comprendida. Eso es así porque refiere a medidas que siendo homogéneas para todos tienen consecuencias desiguales. Y no porque las personas tengan aptitudes, cualificación y actitudes de mayor o menor mérito, sino porque sus circunstancias sociales por razón de su género, generación, identidad, etcétera, les condicionan seriamente. El punto de partida de cada persona (género, generación, extracción social, origen étnico, etc…) no es el mismo.

En la negociación colectiva la composición de la retribución o el reconocimiento se compone de diferentes dimensiones: salarios base, retribuciones variables, complementos de diferente naturaleza, dietas, salarios en especie, formación y beneficios sociales. Algunos complementos obedecen a razones de antigüedad, lo que perjudica a jóvenes y mujeres, con menores trayectorias, o trayectorias más interrumpidas. Otras responden a complementos arbitrarios o basados en estereotipos desligados de las funciones y responsabilidades realizadas, que impiden retribuir igualmente dos trabajos de valor equivalente (aunque sean distintos en tanto que puestos y áreas de desempeño).

En algunas circunstancias un porcentaje del salario está ligado a las condiciones de objetivos de producción por persona, de disponibilidad para la empresa, o las propias horas extras, todas ellas ligadas a la disposición de tiempo para el empleo de las personas. En la sociedad contemporánea este tiempo, desde el punto de vista global, está mal repartido, puesto que las mujeres al tener que asumir responsabilidades extraprofesionales, sobre todo las domésticas, en mayor medida que los hombres debido a una cultura y relación patriarcal dominante, no pueden satisfacer estos criterios de igual modo. Con lo cuál se les discrimina en caso de retribuir por motivos que ellas no pueden cumplir de igual manera en sus circunstancias. El tiempo extra de dedicación o de disponibilidad, y los objetivos exigidos que sólo se obtendrán si se dispone de más tiempo, es de más difícil asunción femenina, en el actual contexto histórico-social, y amenaza la conciliación familiar, que suele comportar mayor esfuerzo y dificultades para ellas, siempre y cuando no cambie la división sexual del trabajo doméstico y de crianza. Una de dos, en el marco de la empresa, o se promueve la corresponsabilidad masculina o el sistema de promoción o de la atribución de los complementos de disponibilidad, productividad extra por persona, etcétera, deben sustituirse por complementos por objetivos productivos cumplidos por hora trabajada, por responsabilidad asumida, o por la calidad del trabajo, sin que se premie en ningún caso el trabajar más tiempo o la disponibilidad.

Determinadas cualificaciones, dada la distribución educacional y de expectativas atribuidas socialmente, exigirlas a mujeres supone impedir su acceso a ciertos puestos de trabajo. De modo que debe compensarse la oferta de plazas con una oferta formativa para mujeres destinadas a la preparación para aquellos puestos de trabajo donde socialmente las mujeres no han tenido las oportunidades, estímulos, expectativas y roles asignados por la sociedad, aparte del establecimiento de cuotas siempre de naturaleza transitoria. Consecuentemente, también algunos puestos de trabajo “feminizados” deberían estar abiertos y facilitarlos igualmente a varones. Pero esta iniciativa, sólo en una segunda fase temporal, porque si no las mujeres pueden quedarse sin empleo incluso en donde hasta ahora lo habían conseguido.

Ni que decir tiene, que cualquier alusión a la complexión física es discriminatoria. Si para algún trabajo es requisito la fuerza física, a las mujeres debe proporcionársele la opción sea de herramientas e instrumental adecuado para poder desempeñarlo y, en su caso, entrenamiento apropiado y técnicas de prevención. Para eso está la tecnología...

21/11/09

Decrecer es anticapitalista: Conferencia de Carlos Taibo

Una magnífica reflexión sobre el consumo en el mundo capitalista, el sentido de la calidad de vida, la relación entre el dinero y la felicidad, cómo aprovechamos el tiempo, y la cuestión ecológica.

Imprescindible.

Conferencia de Carlos Taibo en las II Jornadas sobre Decrecimiento de Málaga, organizadas por Ecologistas en Acción los días 3 y 4 de noviembre de 2009. Taibo considera que el decrecimiento debe ser anticapitalista, “no podemos preocuparnos en exclusiva por los dramáticos problemas medioambientales y alejarnos de la contestación económica y social tradicional al capitalismo, que es el causante del problema. Hoy en el norte desarrollado, a principios del siglo XXI, no es imaginable un proyecto anticapitalista que no sea al mismo tiempo un proyecto decrecimentalista, autogestionado y antipatriarcal”.

Consumehastamorir:

http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=3255

18/11/09

Sobre una regulación del derecho a la reproducción, a la adopción y la interrupción del embarazo, y el derecho a la vida digna: tan sólo una opinión



Daniel Albarracín. 18-Nov-2009

Recientemente algunos sectores de derecha han planteado en España la posibilidad de regular la adopción de fetos, como alternativa al aborto, cuya recurso en tanto que derecho no admiten. Creo que resulta bastante claro lo problemático ética y procedimentalmente así como lo improvisado del planteamiento. Porque esto ocasionará una nueva desigualdad ante el hecho y el derecho a la crianza y a la libertad de opción, en función de la extracción social. Posiblemente causaría más de un caso en el que indirectamente se invitaría con ello a alguna madre y, consiguientemente, a su posible vástago, a una situación penosa y desesperada, de separación. Y, lo que es socialmente más indigno, una conversión del cuerpo de personas en ser susceptibles de trato como mercancía. La derecha con esto, está diciendo que quien no tiene recursos, queda embarazada sin desearlo, o sus circunstancias no brindan las opciones (entorno favorable, preparación suficiente, etc…), deba o bien asumir una crianza que no está en condiciones de desarrollar adecuadamente o bien dar curso y fin a un embarazo y dar a su hijo o hija, si consigue culminar el proceso con vida, al Estado para que, incluso antes de nacer, lo asigne a una familia que ostente presumiblemente las condiciones para poder criar a ese nuevo ser.

La propuesta, siendo paradójica, es también retorcida, porque compartiendo que un aborto nunca es una solución satisfactoria –pues es un síntoma de que algo falló (la educación sexual, la prevención, la relación de pareja, o la escasez de recursos de todo tipo de la madre, o sencillamente la natureleza), y es en sí una tragedia dolorosa física y anímicamente-, no prevé situaciones tan extrañas y peligrosas como que la futura familia de adopción, que suele seguir trámites para ser aceptados como tales mucho más duraderos que un embarazo- puedan verse animados a estimular a la madre biológica a culminar adecuadamente su embarazo, o a que el feto previsto aborte inesperadamente y se vean en la tesitura de ser padres sin niño nacido o de ser padres de finalmente un feto que no ha nacido.

Además, no contempla que admitiendo que un aborto es una desgracia, puede ser también enormemente trágico dar en adopción –o que te arranquen de tí- a un ser con el que hay vínculo afectivo y que lo fue físico, por no poder asumir materialmente su crianza. O, lo que es peor, verse abocado a malcriar, en el sentido de cuidar y atender con penuria, o sin voluntad ni deseo, o sin conocimiento de causa, a un ser que se vería desprotegido y no suficiente o adecuadamente atendido.

En fin, más allá de estas reflexiones, hay una consideración que sí me merece un respeto y nosdebemos parar a estudiar, y, aunque resulte sorprendente, procede de algunas aportaciones de ciertos grupos católicos. Sí, porque la propuesta del Partido Popular, es una deformación estúpida de una alternativa coherente, aunque intransigente, de cierto sector cristiano. En efecto, la alternativa católica, entiendo que parcialmente progresista, defiende que, en contraposición a cualquier derecho al aborto -he aquí lo de intolerante-, hay que defender consecuentemente el derecho de la madre a contar con todo el apoyo para la crianza o en su caso propiciar la adopción. Esta nueva reflexión del catolicismo conllevaría a que la sociedad y, en su caso, el Estado en su nombre, debería de proporcionar un ingreso, recursos médicos, educación y todo lo preciso para que la mujer pueda cumplir su “función social de madre” y, se proteja a “la vida”. Esta propuesta, muy distinta a la del PP, entraña un salto cualitativo a la tradicional actitud de rechazar a las madres solteras, las madres con padre desconocido, a las madres no casadas, etcétera que se las estigmatizaba y que, muchas veces, ocasionaban abortos terribles, sin tratamiento adecuado y en secreto, con riesgo para la propia vida para evitar el San Benito. Una vieja y mala costumbre que ignoraba el papel de la sociedad, de la familia, del padre y del Estado como garante de derechos básicos, y que sólo les empujaba a una conducta reprobatoria y excluyente de aquello que consideraban "fuera del curso normal". A esta alternativa se le suma en paralelo el planteamiento intransigente respecto al derecho al aborto que para ellos es un atentado contra una ley divina. Y es aquí donde deja el planteamiento de ser progresista, para pasar a ser paternalista respecto a las mujeres.

En mi opinión, creo que la actitud contra el derecho al aborto responde a varias cosas. La primera, a la confusión del rechazo comprensible a un aborto –como un acontecimiento espantoso y duro, bien por el dolor, la pérdida involuntaria, o la pérdida voluntaria que supone tener que poner en la balanza dos o más vidas por circunstancias ajenas a uno mismo- con el derecho al aborto, como una opción legítima regulada y realizada con garantías. Responde, así, más bien y más de las veces a un sentimiento primario de rechazo a algo trágico como es el hecho de la interrupción del embarazo. Es cierto que este sentimiento se ha racionalizado con la justificación, sin demasiado fundamento científico o filosófico, de que si un cigoto, un embrión o un feto son un ser humano desde la concepción. Está muy claro que todo esto es muy discutible, porque no se sabe si un ser humano nace cuando lo dicta Dios, cuando se produce la concepción, o con el alumbramiento. Esta última disquisición queda dentro de lo opinable, discutible pero quizá también de lo irresoluble. Más si aceptamos que la vida es un continuo, y que si bien un ser humano es un ser vivo no toda forma biológica viva es un ser humano. Además, si nos ponemos a buscar puntos de partida, podríamos remontarnos a cada menstruación o cada óvulo y espermatozoide perdidos, porque fueron un potencial ser humano, pero está claro que no es esto lo que se discute.


Un ser humano no lo puede ser hasta que no está en condiciones de desplegar su potencial desarrollo de sus facultades de manera físicamente autónoma y suficientemente madura, y de asumir una relación con el mundo, con los demás y consigo mismo plenamente consciente y libre. Y un cigoto, embrión o feto no es independiente ni física ni mucho menos psicológicamente de su madre, ni tienen conciencia ni madurez para ser libres. Eso no impide que haya que proteger y cuidar la vida, pero hay que tener claro que va antes y que va después, si es que se nos obliga a elegir. El ser humano, por otro lado y de manera más filosófica, se define más como una vida con una base consciente capaz de madurar marcándose un horizonte libre desarrollando plenamente sus facultades, un camino y una meta, un proceso vivo, social, consciente y relacional de maduración que algo caracterizable a priori. Pero una vez aquí, entremos en disquisiciones que difícilmente pueden concluirse de manera definitiva.

Quede claro que el aborto, cuando deviene o se decide, es siempre una desgracia. Para cualquiera. Tengamos presente que también es una desgracia la desinformación, la falta de educación sexual, la no apuesta por la prevención ante embarazos no deseados, que hace enfrentar a las personas a dilemas sin más solución que la tragedia. También causa enormes tragedias el moralismo hipócrita intransigente de algún sector católico trasnochado, y que considera que la mujer no es más que un instrumento de Dios, una pecadora digna de castigo y penitencia, y un ser inmaduro por el cual hay que decidir en su lugar. Como decíamos, también es una tragedia tener que desprenderse dando en adopción a un ser engendrado porque no te queda más remedio por tus circunstancias personales, económicas o sociales. Pero es doble tragedia una vida con unos padres que no pueden asumir la responsabilidad de la paternidad, y un vástago que no recibe la atención debida.

Resulta perfectamente compatible defender el derecho a la vida y defender el derecho al aborto. Es más, si entendemos la vida y la dignidad como dos factores a combinar, es necesario. El derecho al aborto, entiéndase, no exige una preferencia por el aborto en todos los casos. El derecho al aborto debe permitir resolver un escenario no decidido de antemano pero devenido en la que se pone en juego muchas cosas, y en el que hay que plantear opciones y salidas. En ocasiones el dilema se plantea quién está antes, si la mujer que puede ser madre, o si el cigoto, el embrión o el feto que constituyen diferentes estadios de un ser aún no plenamente formado –aunque en cierta fase el feto podría ser viable-, que no son más que una potencia de vida humana.

Desde este punto de vista, partimos de la prevalencia del derecho de la vida digna de la madre, una persona hecha y derecha, sobre lo que no es otra cosa una potencia de vida, una potencia indisoluble de la madre hasta poco después de nacer, pues en el embarazo es una y son dos (o más), pero antes de nada es una persona (la mujer embarazada), que aún no es madre, pudiendo llegar a serlo.

Se trata de defender el derecho a una vida digna de ser vivida, que incluya el respeto a los demás y a sí misma. Lo que comporta, complementariamente, también comprender que sea necesario reconocer el derecho a una muerte digna, regulado con garantías de plena información comprensible, y constatación de diagnóstico y pronóstico inequívoco, como último capítulo de la vida de una persona. Defender la vida a toda costa, como reconocen ciertos grupos de cristianos, por entender que es Dios quien decide nuestro comienzo y final como seres humanos, aboca a aceptar situaciones físicas y de enfermedad irreversibles incompatibles con la dignidad corporal, social y ética, empujando al dolor y la humillación en situaciones innecesarias y que, a veces con conocimiento certero del pronóstico, no tienen vuelta atrás, ni siquiera admita un balance que compense el sacrificio con algún tipo de recompensa parcial o puntual.

Ahora bien, y aquí coincido en algún sentido con el planteamiento de ciertos colectivos católicos, la opción de no querer abortar también entiendo que debe plantearse como un derecho. Y, si la madre opta por ello, como un derecho preferente especialmente respaldado. La diferencia es que el colectivo católico que defiende esto lo plantea como una obligación, tanto de la madre como de la sociedad a plantear como única opción la crianza o, en su defecto, la adopción. Yo planteo que este derecho a la crianza no sea sólo formal, sino sustancial, con apoyo material suficiente y adaptado a cada caso, con apoyo psicológico y educacional. Quizá algún sector católico quiera respaldar materialmente y sinceramente a la mujer, sólo en tanto que decida ser madre, para dar salida a la vida del no nacido. Pero la mujer, antes de ser madre, que es una opción en ciertas circunstancias, es persona y debe presumirse madurez y reconocersele libertad de decisión, como a toda persona.

De modo que este derecho a la crianza debiera ser un derecho equivalente al de poder dar en adopción o el de abortar, planteados todo estos derechos dentro de una superior que sería el derecho prevalente de la madre a decidir sobre su cuerpo –admitiendo el derecho a opinar del padre, pero sólo a opinar-.

Para tomar una decisión libre, las opciones deben tener un recorrido válido y protegido en todos los casos, cuando todas ellas son legítimas. Criar, dar en adopción y abortar, son opciones legítimas, aunque, en mi opinión y sin pretender sugerir esto como criterio a universalizar, son preferibles las dos primeras. Pero debe entenderse que la última también es legítima, la de abortar, aunque presumiblemente no sea una solución feliz ni cómoda. Para que la decisión de criar sea responsable, libre y capaz requiere de dotarse a la población de educación e información, de medidas de prevención, de condiciones socioeconómicas, de un futuro (derechos de ciudadanía, empleo en su caso, protección social y servicios públicos, etcétera) y de facilitar que asuman conscientemente su libertad. Y, si no queda más remedio brindar las opciones más adecuadas al caso, las condiciones y la voluntad de las personas afectadas: de recibir apoyo para la crianza –un empleo compatible con el cuidado del o la hija, una renta de ciudadanía, etc…- ; la posibilidad de dar en adopción, si así lo estima la madre, con garantías de no convertir el cuerpo –ni de la madre ni del bebé- en mercancía, y protegiendo que la familia que adopte reúna las condiciones y actitud adecuadas; o para abortar, como último recurso, pero como decisión libre de la madre, siempre y cuando el hecho no comporte riesgo grave para la madre que no aconseje otra opción. Sólo cuando existen estas opciones, respaldadas por unos pasos coherentes dotados con recursos, la libertad es real y las decisiones serán sensatas en cualquier caso.

En mi opinión, con soluciones regulatorias que permitan articular el derecho prevalente de la madre a decidir, con el derecho material a la crianza y la posibilidad regulada de dar en adopción con garantías, o de abortar de manera libre y en la sanidad pública, se podría encontrar un amplio consenso social. ¿No creen?.

12/11/09

Cajas de Ahorros: ¿Privatización clientelar o Banca Pública?.


Daniel Albarracín

6-10-09

Caracterización de las cajas de ahorros


El sistema financiero español tiene con las cajas de ahorros una peculiaridad. Entre las 46 entidades que hay en España ocupan la mitad del negocio bancario. Y estas entidades cuentan con rasgos diferenciales a los bancos porque ni tienen accionistas, no reparten dividendos. Son desde el plano jurídico entidades sin ánimo de lucro y en su gobierno participan diferentes representantes de poderes públicos regionales –ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos), de agentes sociales y de los propios impositores (los depositantes que cuentan con derechos políticos en su gobierno). Desde estos puntos de vista no son estrictamente banca privada, aunque, tanto por su modelo de gestión, como por su titularidad jurídica, tampoco lo es pública, y comúnmente se les refiere como banca semipública.

Las cajas de ahorros en las últimas décadas han fortalecido su presencia en el sistema financiero español hasta el punto de superar a la banca privada, con unas cuotas de mercado más amplias y ratios de solvencia en algunas de ellas tan sólidos o más que en la banca. IberCaja, La Caixa o Caja Madrid son algunas de esas entidades con gran solidez económica y gran capacidad expansiva. Sin embargo, una parte de las cajas de ahorros se encuentran en una situación frágil dentro del sistema financiero español, como ha sido el caso de Caja Castilla-La Mancha, porque son las principales afectadas por la crisis y, en particular, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que contribuyeron decididamente no sólo los mercados financieros, la ley del suelo del PP, sino también el modelo municipal español –dependiente de la obtención de ingresos a través de la recalificación del suelo- y de manera instrumental y diferenciada las propias Cajas de Ahorro.

Los bancos y las cajas han incurrido en una deuda exterior que se estima en un 75% del PIB español con vencimientos de entorno a un 20% para 2009 y 2011, y para enfrentarlas las ayudas públicas (en forma de concesión de avales y compra de “activos no tóxicos”) comportan un volumen que sólo cubren la mitad de los mismos. En el caso de las cajas, la morosidad ha alcanzado cerca del 5%, algo por encima que en los bancos, sobre todo por la insolvencia de los promotores de viviendas, por encima del impago de hipotecados. Dicho de otro modo, si no fluye el crédito, ni hay confianza, es porque detrás de la crisis de liquidez se esconde una crisis de solvencia., fuerte, pero en cualquier caso menos acusada que en otros países del entorno. Debilidad que afecta a ambos segmentos financieros, pero algo más a una parte de las cajas. Sobre todo en las entidades expuestas a la insolvencia del sector inmobiliario.

Está claro que en su día, los favores, el clientelismo y un modelo dependiente del ladrillo puso en peligro las cuentas económicas de algunas Cajas de Ahorros. De un tiempo a esta parte, la situación crítica de éstas ha conllevado un proceso de concentración importante para tratar de sobrevivir y, para otras, alcanzar volúmenes de activos que les permitía dar un salto cualitativo en su competencia con la banca privada. Las cajas de ahorro, en su conjunto, con esta estrategia, suponen el más serio competidor del sistema financiero privado, y, también un objeto de deseo formidable.


Una mala gestión y un mal uso del capital financiero

El modelo de gestión de las cajas es semejante al de los bancos, obtener máximo excedente, mediante el negocio de la financiación, de gestionar el ahorro para orientarlo a la inversión, mediante el crédito, y ganar dinero en los márgenes de intermediación y otras fórmulas de ingreso. Algo realmente importante, más allá de ese negocio bancario en sí, es contar con la “savia” de la financiación, y diversos grupos de presión tratan de obtenerla para sus negocios privados, mediante la incidencia en los miembros de los gobiernos de las cajas. Esto es, se trata de banca semipública, con gestión interna privada, pero los intereses a los que puede responder no sólo son los de la entidad y la sociedad, sino de grupos particulares y partidistas.

Todo el sistema financiero en este país se ha orientado de manera extrema a la consecución de mayores masas de beneficio, y ganar más tamaño y más mercado, no necesariamente de máximas tasas de rentabilidad, en un contexto de márgenes de intermediación extraordinariamente bajos. Se ha perseguido aumentar la cuota de mercado, y ganar más beneficios aún a costa de los márgenes, que sólo se compensaban en parte con las comisiones cobradas. Este contexto, y aquí participa como factor el clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican algunas Cajas, explican la política de arriesgarse en la concesión del crédito, aún peligrando la devolución.

En efecto, los recursos que movilizan las Cajas de ahorros para hacer fluir desde al ahorro al crédito una capacidad de financiación son muy importantes, y los criterios de su canalización no responden a las necesidades socioeconómicas básicas o generales, y en algunos casos conocidos tampoco de manera siempre prudente a criterios de solvencia o viabilidad –véase el tema inmobiliarias-. No es el futuro y función socioeconómica de la caja lo que se prima, que debería tener una orientación al interés general, sino el interés de los grupos sociales y económicos, o facciones de gobierno, a los que representan los miembros en el gobierno de las cajas.

En este sentido, la composición del gobierno de las cajas resulta decisiva para movilizar y disponer de un recurso que confiere poder económico a diferentes grupos de presión, a veces representados por los mismos partidos políticos o facciones de los mismos en los consejos rectores de las cajas. Desde este punto de vista el papel que juega la ley Aguirre es el de tratar de recomponer y reordenar la composición del gobierno de Caja Madrid para que su facción y los intereses que representa cuenten con mayor poder y recursos para sus propósitos económicos y de proyección política en la escena estatal. Al dar un mayor peso a la asamblea de Madrid sobre el ayuntamiento, y al haber planteado una dirección afín a Aguirre, se perseguía más poder. Aguirre tuvo que pactar con CCOO-Comfia e IU un mayor espacio para ellos, a cambio de que los criterios de gestión y dirección queden en manos del PP, y así al final la “supuesta oposición” ha quedado conforme. Luego el conflicto en el PP ha situado a Rodrigo Rato sobre el candidato de Aguirre, una consecuencia no esperada por la lideresa.


Gobierno de las Cajas ¿es esto democracia?.

El gobierno de las cajas de ahorro está ocupado por representantes de diferentes poderes públicos y sociales y, sin embargo, eso no es garantía de que se responda al interés universal.

Como organización de clase el control social de las cajas debería ser triple: por parte de los impositores, por parte de los y las trabajadoras de la comunidad autónoma a la que está vinculada y de la propia plantilla de la caja de ahorros, y por parte de representantes de la ciudadanía. Sin olvidar el control técnico y la supervisión del banco central y otras figuras de control público. Alguien podría pensar, ¡pero sí ya están diseñadas así!. El problema no es la formalidad sino la sustancia en este caso. Y el problema de que no se representen los intereses reales de los grupos en cuestión se debe a la propia calidad y el modelo de democracia representativa en vigor. La forma de elección, representación y control social alteran profundamente un modelo de democracia sustantivo, con demasiadas derivadas que disuelven su sentido. El problema no es sólo el modelo de democracia representativa, sino su deformación en delegativa en individuos sobre los que apenas se vigila su acción y que pocas veces rinden cuentas de manera clara, salvo a los grupos con los que se relacionan y guardan complicidades.

El modelo de gobierno democrático debería basarse en parámetros como los siguientes:

- Participación de representantes de los diferentes grupos de la sociedad (impositores, ciudadanía, sindicatos del territorio, plantilla de las cajas, etc…).
- Control social cruzado. Por parte de los diferentes grupos entre sí. Control ciudadano rindiendo públicamente las cuentas e informes de gestión.
- En la gestión del capital: Los y las miembro de los órganos de gobierno deben atenerse a un mandato orientado por criterios definidos a los que sujetarse, y dando cuenta transparentemente de su gestión y toma de decisiones y resultados de manera periódica.
- Con una movilización del crédito basada en el interés general: solvencia y viabilidad de la caja, satisfacción de costes, definición de criterios de responsabilidad social de las inversiones, priorización de áreas de actividad, política de tipos y comisiones de carácter popular, etc…
- Control técnico. Por parte del banco central.


El régimen jurídico de las Cajas: peligro de plena privatización.

No obstante, la cuestión en litigio más importante no es ni siquiera todo esto, aunque por aquí se vehiculen muchas disputas. El debate de fondo se encuentra en qué modelo se persigue para las cajas, y el peligro de que la banca privada sea un depredador al acecho. Las cajas suponen un suculento tesoro ansiado por el capital, para fortalecer el espacio del sistema financiero privado. En efecto, lo que está detrás del nuevo sistema control está el intento de privatizar definitivamente las cajas de ahorros. Para ello están en la recámara las denominadas Cuotas Participativas –una especie de acciones sin derechos políticos- que se pretende generalizar y, finalmente darle un peso así a suscriptores y tomadores en la toma de decisiones de la gestión de las cajas de ahorros, otorgándoles derechos políticos. El propósito de la derecha es convertir las cajas en bancos mediante su reconversión a sociedades anónimas.

Por el contrario nosotros debemos defender un modelo de titularidad pública, una banca pública, bajo una gestión con criterios de gestión solvente y que responda a la financiación de proyectos viables de interés general, y que esté controlada social y democráticamente por personas que se atengan a criterios técnicos de eficiencia y que persigan objetivos y prioridades políticamente definidos (obtención del ahorro minorista, crédito a la inversión con perspectivas de desarrollo endógeno e iniciativas socioeconómicas innovadoras y de redistribución social, apoyo al consumo de bienes socialmente necesarios, etcétera).

En suma, las cajas de ahorro deberían cumplir otra función socioeconómica. Facilitar el crédito al tejido productivo social y territorialmente útil, con criterios de desarrollo endógeno e interés universal, sostenibilidad, solvencia y viabilidad económica, derivando responsablemente el ahorro de los impositores hacia actividades que merezcan la pena y se decidan de manera auténticamente democrática. Su función debería garantizar la fluidificación del crédito y su orientación hacia una inversión social y económicamente responsable y útil, y un uso social del excedente, dedicando una gran parte de éste no sólo a fortalecer la solvencia de la caja sino a ampliar la obra social dirigida por criterios políticos adoptados pública, democráticamente y bajo control social.

8/11/09

2009: año de la crisis ¿año del conflicto?. El diálogo social y la negociación colectiva en cuestión.



Daniel Albarracín

6-10-09




El año 2009 está fraguando tras mucho tiempo de paz social una nueva etapa en la relación entre patronal y sindicatos. Estamos asistiendo a la quiebra del diálogo social, vemos cómo la negociación colectiva sobre salarios fracasa y el conflicto laboral por la crisis sólo empieza a descollar, de manera tardía y poco firme. Mientras, los pagaderos siguen siendo los y las trabajadoras con más desempleo y congelaciones salariales en muchos casos.

La actual situación de profunda crisis económica coincide con el cambio de pauta en las organizaciones patronales y sindicales con reconocimiento institucional para operar en el diálogo social. CEOE ha cambiado de director de orquesta. Díaz Ferrán representa sin pudor a las grandes compañías, al gran capital en primer lugar, sin las más mínimas consideraciones diplomáticas que, por lo menos en alguna medida, su antecesor Cuevas sostenía. La CEOE ya no representa a todo el tejido empresarial español, y si bien nunca lo hizo, ahora ni lo intenta. En el contexto de crisis, las pequeñas empresas pierden espacio, y, naturalmente, las grandes empresas lo ocupan y son las principales beneficiarias.

Mientras la UGT actúa cómplice de las políticas socialiberales del PSOE, conformándose con alguna medida compasiva y declaraciones que luego en muy poco se cumplen (reforma fiscal, por ejemplo), CCOO se ha resituado en su proyecto estratégico con un nuevo equipo de dirección que se distancia de la línea socialiberal de Fidalgo, anterior secretario general. CCOO ha girado parcialmente hacia postulados simplemente socialdemócratas, pero con la necesidad de convivir, ante una victoria por la mínima en el último congreso de este año, con el modelo ideológico y el modus operandi de décadas de un sindicalismo que en aras de la negociación por la negociación, huía del combate. El sindicalismo mayoritario en este país consolidó en todo ese tiempo la transacción histórica de la Transición Política en la que se intercambiaba desmovilización por fortalecimiento organizativo y reconocimiento institucional. Sin embargo, con el cambio actual el conflicto ocupa un lugar diferente. Si con Fidalgo plantear el conflicto constituía algo anacrónico, ahora se prima el diálogo y la negociación a toda costa, y si ésta fracasa, puede abrirse camino a enfrentar el conflicto.

No es que sea lo ideal, pues lo suyo es afrontar la negociación asumiendo y encarando el conflicto, movilizando en todos los planos que eso significa, desde el inicio del mismo. La Movilización debería constituir el vehículo principal del sindicalismo de clase. Entendiendo por tal un amplio abanico de actuaciones:
- estudiar y diagnosticar adecuadamente las situaciones,
- informar cotidianamente a la afiliación, consultar las decisiones a ésta,
- plantear propuestas alternativas,
- y expresar protestar para ganar fuerza y legitimidad social así como buscar conquistas específicas como objetivos a lograr, mediante, en su caso, concentraciones, campañas públicas, manifestaciones y huelgas a todos sus niveles, de manera proporcionada a dichos fines.

El conflicto este año conviene contextualizarlo. Y tiene que ver con la crisis. La disputa aquí se sitúa principalmente en el marco de la política salarial. Desde los años ochenta, los salarios nominales han pasado a crecer igual o incluso menos que la inflación lo que ha supuesto un estancamiento de los salarios reales. El sindicalismo en todo ese tiempo estaba dispuesto a aceptar una teórica, pero mal fundamentada, transacción de moderación salarial por mantenimiento del empleo. Pero esa transacción ni se sostenía en la teoría ni en la práctica, y su traducción derivaba en el engrosamiento de los excedentes. La diferencia ahora es que, al menos en el discurso, no se admite que sigan siendo los salarios ni las políticas sociales las que sigan pagando los platos rotos causados por otros.

Con todo, a finales del año pasado, la patronal prosiguió y profundizó su línea de provocaciones y agresiones. Primero, abandonando los ya tímidos y moderados Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, que, por otra parte, planteaban que los salarios debían crecer manteniendo el poder adquisitivo según la previsión de inflación gubernamental, mediante la activación de cláusulas de revisión a final de cada año para garantizarla, más el crecimiento de la productividad. El cumplimiento de estos acuerdos fue desigual, pero cierto, y se traducía en que al menos los y las trabajadoras cubiertos por la negociación colectiva, cuya cobertura debe estar en torno al 70% -por lo que el resto queda fuera- sostenían crecimientos salariales que aguantaban los salarios reales. Aunque las ganancias de productividad ni se calculaban ni se exigían, engrosando las masas de beneficios sin compromisos ni siquiera de reinversión. La pérdida del salario relativo, del peso de los salarios en el PIB, se debía a que la rotación del empleo suponía que los y las nuevas contratadas entraban siempre en las escalas salariales más bajas, extendiendo el fenómeno del mileurismo y, en suma, la precariedad salarial y en el empleo.


No fue suficiente, y en Julio pasado la patronal volvió a romper todos los protocolos del diálogo social, y el más mínimo respeto a un proceso leal de negociación. Y exigió, como todavía exige, reducciones en las cuotas a la seguridad social, una reducción de impuestos al capital, así como un nuevo modelo de contrato indefinido con sólo 20 días por año trabajado como indemnización, lo que supondría generalizar la precariedad absoluta en el empleo para toda la clase trabajadora.

Desde entonces los sindicatos mayoritarios titubean. Protestan, y proponen cosas diferentes, como si con propuestas técnicas se pudiese convencer a quien no entiende otra cosa que las relaciones de poder y de fuerza. Primero fue la propuesta de que, en un contexto de deflación, los salarios creciesen el 2% como se acostumbraba mediante la “previsión de inflación del gobierno”, para estimular el consumo. A falta de una respuesta más contundente, los sindicatos mayoritarios, por ejemplo CCOO, plantearon después, y vuelven a proponer ahora, un pacto salarial para todo el periodo previsto de crisis, con unos acuerdos que abarcasen 2010-2012 en virtud de los cuales se establecería un crecimiento moderado de los salarios, para que “las empresas no se asfixiasen con la crisis”, que lo serían menos moderados para los bajos salarios, a cambio de una cláusula de revisión tras esos tres años que considerase el mantenimiento del poder adquisitivo, las ganancias de productividad, y el compromiso de que en la próxima legislatura el SMI subiese a los 800 euros.

Pero es que llegados a la altura de este año nos encontramos que un gran número de convenios colectivos están bloqueados en su cumplimiento o en su negociación por parte de la patronal. Esta es otra agresión más. Se estima que hay 135 conflictos abiertos y la resolución de estos convenios afecta a 1,2 millones de personas.

Erre que erre con la vana esperanza en la negociación y el diálogo social han seguido los sindicatos mayoritarios su trabajo para, al menos, desbloquear estos convenios. Comprobado está que la movilización tiene sus frutos con el sector del metal. Es allí, donde los sindicatos se han puesto algo más firmes, por ejemplo el pasado día 28 en el sector del metal, donde se han conseguido firmar 13 convenios pendientes de hacerlo.

Pero la CEOE ahora dice que algunas organizaciones patronales, especialmente las de Andalucía y Construcción, y en parte la del Metal, bajo su manto puede que no quieran cumplir un compromiso en ese sentido, y que no puede por tanto firmar algo así. Hoy mismo CCOO y UGT anuncian sus propuestas alternativas, y ya se propone una manifestación para Diciembre contra la patronal y por el desbloqueo de los convenios.

Esas propuestas se centran en el mencionado acuerdo plurianual, con un crecimiento mientras se compensa a final del periodo de los salarios entre el 1%-2% anual, el desbloqueo de los convenios, así como en un acuerdo basado en el empleo, reducir “la temporalidad injustificada”, los salarios, y la moderación de los beneficios empresariales y los salarios de la alta dirección y los consejos de administración, orientando el excedente para aumentar la estabilidad en el empleo y la formación para los y las trabajadoras.

El inicio del conflicto directo debería haber venido desde hace tiempo, pero mejor tarde que nunca. El 12 de diciembre tendremos, en cualquier caso, una “movilización general” convocada, al menos, por CCOO y UGT. También es una pena que se renuncie a preparar una más contundente huelga general, aunque hay que trabajar por que esta opinión cambie. No obstante, dada la envergadura de la crisis y de las agresiones, es imprescindible incluir en el saco de los responsables al propio gobierno, a la política europea, y las políticas económicas que ni son capaces de superar la crisis y que además hacen soportar sobre los y las trabajadores todos los sacrificios. Parece inaceptable que, aunque entendemos que por la falta de autonomía de UGT respecto del PSOE éstos sean seguidistas, no se planteen cuestionar en toda su amplitud no sólo a la patronal, sino la propia política económica, el recurso a la crisis para justificar el ajuste sobre el empleo y sobre los salarios, y que por tanto, se enfrenten al gobierno y sus políticas, y al propio modelo capitalista que está originando este desaguisado.

Porque de lo que se trata no es sólo de que los salarios mantengan el poder adquisitivo, repartir las ganancias de productividad, para sostener su peso en la producción, o de que la negociación colectiva mantenga y mejore las condiciones laborales y se aplique, o gobernar el excedente, que sólo serían medidas de mera resistencia, si no de cuestionar las relaciones de poder y la propia relación salarial que está en el centro de las injusticias y desórdenes globales.

9/9/09

Reseña sobre"Ajuste y Salario: Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos"


Daniel Albarracín Sánchez
Agosto de 2009

Ajuste y Neoliberalismo

“La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos” (A. Gramsci)

Desde los años 70, al menos, el capitalismo entró en decadencia. En muchos países del Norte ha podido sostenerse el sabor dulce de la opulencia durante algunas décadas. Si bien para cada vez menos capas sociales y a costa de los países del Sur y de las clases subordinadas en general. Desde entonces, la crisis de acumulación e inversión se ha instalado como un rasgo definitorio. Las contradicciones sistémicas son claramente visibles. Entramos en una etapa de creciente embarrancamiento y deslegitimación del capitalismo.

Mucho se ha dicho sobre el periodo inaugurado en los años 80 con las políticas iniciadas por Reagan y Thatcher, amplificadas en el Consenso de Washington, y que venían a definir el neoliberalismo con medidas de ajuste como característica singular. Los y las autoras[1] demuestran, para casos nacionales americanos, tanto en países periféricos como centrales, como las políticas de ajuste no son un hecho transitorio ni particular. Singularmente las de retroceso salarial (relativo, real, directo e indirecto) en forma de derechos y de ingresos y políticas sociales. Se han instalado estructuralmente y de manera global en el modelo de desarrollo capitalista, como línea de gestión económica de la burguesía para recuperar la tasa de ganancia por la vía del incremento de la tasa de explotación. Es decir, cargando el sacrificio sobre la espalda de los y las trabajadoras, destruyendo las clases medias, y generalizando la miseria en los países del Sur. Y que esta tensión de clase es mucho más importante y general que la pertenencia a un país u otro. Lo que permite afirmar que “las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población mundial han empeorado en los últimos lustros”. Constatando este proceso, los y las autoras, siguiendo la máxima de que “la verdad es revolucionaria”, se comprometen con la denuncia de la ineficiencia e injusticia del sistema, contribuyen a la toma de conciencia y estimulan las prácticas orientadas a la transformación social.

Objeto de estudio: el ajuste salarial en América

Este estudio empírico, desde parámetros de la economía política crítica y de la crítica al capitalismo, se centra en países de gran significación en América. Nos permite conocer de manera profunda y actualizada la realidad económica de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Guatemala y EEUU, con especial énfasis en los procesos de apropiación capitalista del producto social y de la configuración de las condiciones de vida del salariado.

Se trata de un estudio sobre casos nacionales, contextualizado en el marco mundial capitalista, en el que se realiza una caracterización de sus actores e instituciones concretas y de su orientación histórica. En este sentido, para comprender la política de ajuste estructural generalizada, sólo una definición internacional del modelo económico como la que se realiza (instituciones financieras y comerciales internacionales, relaciones y resultados comerciales, de endeudamiento, etcétera) permite encontrar las causas de las tendencias comunes en muchos países, así como de las razones del desarrollo desigual. De este modo comprendemos mejor como algunos gobiernos, incluso sin la injerencia directa de estas instituciones económicas internacionales, han adoptado su línea para ganar “credibilidad en los mercados globales”.

No podemos esquematizar la realidad americana sin una revisión en lo concreto de la situación de cada nación. Todo lector despierto no dejará de advertir que los procesos históricos no paran de moverse y que el cambio acontece de manera propia en la realidad inesquivable de cada país.

El análisis concreto de la situación concreta dilucida así el curso económico de países que, también por constituir formaciones histórico-social concretas, adoptan rasgos singulares debiendo estudiarse en sí mismas desde su propia historia política y su situación internacional. En este sentido, cobran especial interés los casos de Venezuela y Bolivia que, frente a los sesgos y estereotipos creados por los medios de comunicación afines al poder establecido, nos sitúan en su contexto histórico –con sus sujetos y actores sociales, procesos y conflictos políticos, etc.-, y en las medidas concretas que allí se aplican, la política económica –fiscal, monetaria, mercantil-societaria, de servicios y políticas sociales públicas, de establecimiento de marcos laborales concretos, y de relaciones con el exterior, o con el capital extranjero- y los resultados que allí se han producido, sin concesiones ni a la demagogia manipuladora ni a la complacencia.

Los gobiernos de Chavez y de Morales son, en sus singulares y diferenciadas políticas económicas unos desconocidos si nos alejamos de las noticias manipuladas procedente de los mass media dominantes. Suponen un cambio, un antes y un después, de una larga trayectoria neoliberal, introduciendo reformas favorables a sus pueblos. La especificidad petrolera de Venezuela y la polarización social son los rasgos idiosincrásicos de este país. Un país que había sufrido el neoliberalismo así, encuentra los límites en la propia contestación social y en la configuración de un nuevo gobierno y reforma constituyente, que sin abandonar el capitalismo, ni sin extravagancias populistas, emprende una serie de reformas populares positivas en materia de salario indirecto, programas públicos y políticas sociales, de participación democrática, así como una nueva línea de política internacional alternativa. Esta situación abierta no impide que se encuentre en un punto de duda entre la regresión y concesión a las nuevas oligarquías, bajo la insidia internacional y la amenaza de golpe de Estado, y la posibilidad de ruptura con las relaciones capitalistas a favor de un socialismo del siglo XXI que aún está más en el terreno de los proyectos que de las prácticas.

El caso del débil país boliviano, dependiente de otros hidrocarburos, encierra una extrema y compleja polarización social (de clase, territorial y étnica), que contribuye a explicar el cambio político realizado, como sucedió en Venezuela, a través de un proceso electoral, algo casi inédito en el contexto internacional. Con el cambio por primera vez se pone en cuestión el papel explotador y subalterno del Estado al servicio del capital transnacional, emprendiendo una reapropiación pública de la riqueza natural de su suelo y de su producto con fines de desarrollo nacional y popular. Su proceso constituyente formal ahora depende de la resolución de los conflictos con los territorios y oligarquías aliadas con el capital extranjero, y de que una alternativa internacional ofrezca las condiciones para profundizar reformas y cambios más profundos en la práctica.

El caso argentino nos muestra los efectos del proceso de financiarización internacional, cómo los vaivenes políticos han determinado el desarrollo concreto de su gestión económica, de la losa de la deuda pública, y como han supuesto una degradación de las condiciones de negociación de los y las trabajadoras, el empotramiento cómplice de los sindicatos en el aparato del Estado y de sus gobiernos, y del empeoramiento de las condiciones laborales y de vida. Un auténtico experimento drástico de las políticas neoliberales, en el que la reactivación se hace a costa del endurecimiento de las condiciones de empleo y trabajo, aún sin ser este factor el causante de la crisis precedente, y situando como víctimas a los y las trabajadoras.

De igual modo, se analiza Brasil poniendo en su lugar la última trayectoria. Muy lejos de su buena imagen social, el gobierno de Lula se erige en paladín y discípulo ejemplar de las políticas de ajuste salarial, laboral, social y fiscal, aún sin el concurso directo del FMI; ahora bien, dentro de un neoliberalismo compasivo.

Guatemala es un país en el que, sin embargo, las políticas de ajuste han sido menos extremas dadas las condiciones paupérrimas de partida de una nación muy empobrecida, donde la informalidad y la desestructuración son la norma, y donde los conflictos bélicos han destruido durante tiempo sus posibilidades de desarrollo. Aún cuando las reformas formales en algún caso no siempre apuntan a una línea neoliberal, en la práctica, en un país sin instituciones ni normas instituidas que se apliquen, también se ha producido un ajuste precarizador muy severo.

EEUU no va a estar fuera de la regla, y, ya en una situación de crisis que tiene como prueba la propia realidad de estos años, también asiste a una aplicación de ajuste salarial sin ambages. El proceso de endeudamiento y la exportación de la crisis a otros países –gozando de las ventajas de ser una superpotencia militar y política, de disponer el dólar como moneda de reserva internacional y de no sufrir el castigo de los mercados internacional a pesar de desarrollar políticas fiscales y monetarias anticíclicas-, han permitido prolongar una prosperidad para ciertos grupos sociales que ha llegado en 2007 a su cenit. Esto no impide que gran parte de la población sufra un inequívoco proceso de depauperación. El proceso de financiarización, siendo de los pocos países beneficiados en las últimas décadas, y las nuevas prácticas propias de la corporate governance empresarial tienen en EEUU uno de los casos de despliegue más paradigmático.

Relación salarial: una crítica desde la sociología.

El concepto central que manejan los autores es el de ajuste salarial. Brindan un enfoque económico de uno de los vínculos centrales de nuestro modelo social contemporáneo: la relación salarial. La relación salarial se configura dentro de un entramado de relaciones sociales e institucionales como son las relaciones de propiedad, mercantiles, financieras, estatales, que vienen a determinar unas relaciones de dominio de los medios de producción y de clase. En este sentido, el concepto empleado se plantea en su dimensión económica tanto en lo que configura el salario directo, sea formal o informal, como el indirecto (que incluyen los servicios públicos y políticas sociales) y diferido (en forma de prestaciones, subsidios y pensiones), y que tiene su expresión agregada en el salario relativo, lo que en términos convencionales se conoce como “distribución funcional” entre el excedente y la masa de salarios. Se trata de una concepción en la que, de fondo, se trata el fenómeno de la explotación, de la apropiación del producto social. En suma, del ingreso y de la orientación de las políticas públicas de cara a la provisión de bienes y servicios públicos, una vez dadas esas relaciones de clase.

Esta aproximación central se complementa con otras de orientación sociolaboral y de política económica, que permiten comprobar cómo se produce la explotación y la apropiación del producto social, en ámbitos que condicionan la formación del salario en sus diversos planos. El papel de las disputas de clase, la forma Estado, y las políticas –fiscales, mercantil-financieras, privatizaciones, laborales y financieras, en su marco nacional e internacional- son específicas de un período y de un contexto.

La relación salarial, diríamos por nuestra parte como apunte crítico, no sólo comporta un conjunto de indicadores económicos resultantes, sino que forma parte de la matriz sociopolítica constitutiva del capitalismo. Dicho vínculo salarial[2] precede en su dimensión de dominación social, en la misma base reproductiva de la sociedad, desde el punto de vista de la misma socialización –generando un conjunto de dependencias, subjetividades construidas, y complicidades-, como –en el plano que es examinado en este trabajo- en su plano económico-material de apropiación y distribución del producto. En efecto, la importancia sociopolítica de la relación salarial antecede dado que para la mayoría social, las clases trabajadoras y subordinadas, supone prácticamente la única vía de acceso al ingreso, y el problema no es tanto una mala situación de empleo y trabajo particular sino una trayectoria y vínculo social de las clases dominadas permanente mientras la relación salarial –entendida como un fenómeno social total- persista. Con lo cual los proyectos biográficos y las diversas estrategias familiares se orientan a disponer, formar, adaptar y adecuar su fuerza de trabajo potencial para ser empleadas para la extracción de valor, con el objeto de conseguir un modo de vida integrado mínimo en el contexto capitalista. La dominación social se basa en esta dependencia que es previa a la propia explotación y explica la enorme tensión que viven las mayorías reproduciendo o resistiendo el orden dominante. Tensión que adopta grados y formas diferenciadas, en tanto que la relación salarial cubre diferentes dimensiones institucionalizadas y adopta formatos distintos en cada país y cada época.

Asimismo conviene diferenciar otros dos diferentes planos de despliegue de la relación salarial, aparte de su dimensión “reproductivo-dominadora”: en tanto en su plano institucional de regulación del empleo –que en el estudio se examina con cuidado y rigor-; y en la propia organización del trabajo, donde se pone en juego la tensión de la potencial conversión de la fuerza de trabajo en trabajo valorizable, y que en el estudio se examine en menor profundidad.

Dicho de otro modo, el concepto “relación salarial” es examinado en planos fundamentales en esta obra, pero advertimos que algunas dimensiones sociológicas complementarias quedan por completar.

Relevancia y oportunidad de la obra

En el actual contexto es difícil encontrarse con elaboraciones como es esta ejemplar y magnífica obra de economía política. El trabajo va dirigido a analistas de la situación económico-política de América latina, estudiantes que se aproximan a realidades nacionales a través de un marco teórico que se aplica, con solvencia, a situaciones concretas, a librepensadores críticos que anhelan comprender los procesos socioeconómicos contemporáneos, y a economistas en general que emplean, o incluso discuten, los paradigmas heterodoxos.

Se trata de un trabajo muy importante. Primero, por su laborioso y concienzudo trabajo colectivo. Es rara avis encontrarse con libros que, siendo un conjunto de artículos, se armen con coherencia y mantengan una complementariedad así como estructura de contenidos homogénea y en gran medida comparable, y que sigan una metodología compartida y consensuada. Al contrario de los usos de la academia, no se trata de un sumatorio desarticulado de contribuciones. Todas sus piezas encajan entre sí. Además, la arquitectura del trabajo facilita al lector interpretar los estudios de caso nacionales con un marco teórico explícito y común, acompañando con unas conclusiones globales resultado de un trabajo empírico teórica y sólidamente bien informado.

Segundo, porque en los tiempos que corren los análisis de clase han estado en extremo marginados, y los intelectuales de izquierda han estado demasiado dispersos o bien en claro enfrentamiento, sin dar pie a muchas colaboraciones colectivas en el trabajo intelectual. Sin lugar a dudas, es visible la necesidad de este tipo de aproximaciones sin concesiones al armonicismo funcionalista neoliberal, sobre todo cuando se trata de comprender el modelo vigente, conflictivo y en crisis permanente. Asimismo, nos brinda un examen más realista que el que nos ofrece la ortodoxia y la academia cómplice con el status quo.

En tercer lugar, por el objeto en el que se centran. La realidad de la crisis económica internacional y el análisis específico del desarrollo complejo y conflictivo de países de América en dicho contexto. Precisamente, por el singular proceso abierto en algunos países latinoamericanos; por la ejemplificación que representa el proceso de ajuste neoliberal en estos estados; por el estudio y contraste con la superpotencia estadounidense; y por la inédita respuesta de algunos países y por su papel en el concierto internacional, hace de esta investigación una obra imprescindible para entender el capitalismo global contemporáneo y reflexionar sobre sus posibles futuros o superaciones.



Conclusiones generales y específicas del proceso de ajuste estructural.

Una de las conclusiones más nítidas del estudio consiste en confirmar el final definitivo de la evolución positiva conjunta de acumulación y salarios relativos, reales e indirectos. El hecho evidenciado es la regresión de los salarios relativos en las últimas décadas, lo que confirma estudios recientes sobre este fenómeno propio del declinar del capitalismo tardío (Maximiliá Nieto; 2005)[3], que advierten cómo en la fase de crisis en la que hemos entrado se compatibiliza una acumulación rampante y un retroceso en el salario relativo, rompiendo la tendencia de la fase de prosperidad, años 50-70, de esta última onda larga. De nuevo se constata que ni la acumulación, desde los años 70, es tan vigorosa, ahora incluso en recesión, ni mucho menos los salarios directos e indirectos progresan, sino más bien todo lo contrario.

La burguesía vendría a apostar por sacrificar los salarios y bienes públicos de interés general, ante la dificultad o ante el final de expectativas favorables para remontar el ciclo (la aparición de nuevos mercados que se han mostrado insuficientes –países del Este europeo-, la promesa de algunos países emergentes –como China, Sudeste asiático o Brasil…- que se han mostrado igualmente dependientes de los ciclos económicos capitalistas mundiales-, o que los resultados de la tercera revolución tecnológica están siendo limitados por las condiciones de rentabilidad de la inversión, y siendo aplicados exclusivamente para racionalizar costes en los procesos productivos), esta vez ya al desnudo. Dicho de otro modo, ya no habría subterfugios, elementos distractores o postergatorios, sino que el conflicto no encontraría mediaciones mitigadoras, y en el que la lucha de clases tendría un papel primordial para dirimir cualquier salida.

Ni que decir tiene que tenemos que felicitar a este magnífico equipo de analistas por la consistencia de su trabajo. También, desde aquí queremos seguir animándoles a continuar su elaboración colectiva, profundizando análisis con otras series de transformaciones recientes, apuntadas en este trabajo, y en las que nos consta que se están ocupando actualmente de manera brillante, como son el papel determinante actual de formas empresariales determinadas –la empresa-red y las redes de subcontrataciones, las sociedades anónimas corporativas transnacionales, la subordinación del derecho laboral al mercantil, y la consiguiente disolución de la responsabilidad social y tuteladora como empleador y empresario del capital-; la exhuberancia y papel estructural de la financiarización y de los mercados financieros; o la movilidad del capital –tanto de la inversión financiera, como el fenómeno de las re y deslocalizaciones empresariales-; o los cambios estructurales en la gestión mundial de la disponibilidad y empleabilidad de la población, que incluyen en la agenda los procesos migratorios; o las posibles relaciones entre este conjunto de tensiones y la conformación de subjetividad antagonista y transformadora. Nuevos trabajos colectivos como éste en torno a estas cuestiones son ahora imprescindibles y necesitamos a personas con el talento y compromiso de los y las autoras.


[1] Los y las economistas Nacho Álvarez, Luis Buendía, Juan Pablo Mateo, Bibiana Medialdea, Ricardo Molero, Miguel Montanyà, Mª José Paz y Antonio Sanabria. El libro ha sido publicado en Fondo de Cultura Económica (2009)
[2] Ver El trabajo como relación social en Cuadernos de Relaciones Laborales (2003) nº21, nº2. Se trata de un número que reúne aportaciones también elaboradas y coordinadas colectivamente en torno a la sociología de las relaciones salariales, promovido por los sociólogos Jorge García López y Carlos Castillo Mendoza.
[3] Tendencias en la distribución y dinámica salarial durante la onda larga del capitalismo español en la segunda mitad del siglo XX (1954-2003). (2005). Universidad de Alicante.