Daniel Albarracín
6-10-09
Caracterización de las cajas de ahorros
El sistema financiero español tiene con las cajas de ahorros una peculiaridad. Entre las 46 entidades que hay en España ocupan la mitad del negocio bancario. Y estas entidades cuentan con rasgos diferenciales a los bancos porque ni tienen accionistas, no reparten dividendos. Son desde el plano jurídico entidades sin ánimo de lucro y en su gobierno participan diferentes representantes de poderes públicos regionales –ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos), de agentes sociales y de los propios impositores (los depositantes que cuentan con derechos políticos en su gobierno). Desde estos puntos de vista no son estrictamente banca privada, aunque, tanto por su modelo de gestión, como por su titularidad jurídica, tampoco lo es pública, y comúnmente se les refiere como banca semipública.
Las cajas de ahorros en las últimas décadas han fortalecido su presencia en el sistema financiero español hasta el punto de superar a la banca privada, con unas cuotas de mercado más amplias y ratios de solvencia en algunas de ellas tan sólidos o más que en la banca. IberCaja, La Caixa o Caja Madrid son algunas de esas entidades con gran solidez económica y gran capacidad expansiva. Sin embargo, una parte de las cajas de ahorros se encuentran en una situación frágil dentro del sistema financiero español, como ha sido el caso de Caja Castilla-La Mancha, porque son las principales afectadas por la crisis y, en particular, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que contribuyeron decididamente no sólo los mercados financieros, la ley del suelo del PP, sino también el modelo municipal español –dependiente de la obtención de ingresos a través de la recalificación del suelo- y de manera instrumental y diferenciada las propias Cajas de Ahorro.
Los bancos y las cajas han incurrido en una deuda exterior que se estima en un 75% del PIB español con vencimientos de entorno a un 20% para 2009 y 2011, y para enfrentarlas las ayudas públicas (en forma de concesión de avales y compra de “activos no tóxicos”) comportan un volumen que sólo cubren la mitad de los mismos. En el caso de las cajas, la morosidad ha alcanzado cerca del 5%, algo por encima que en los bancos, sobre todo por la insolvencia de los promotores de viviendas, por encima del impago de hipotecados. Dicho de otro modo, si no fluye el crédito, ni hay confianza, es porque detrás de la crisis de liquidez se esconde una crisis de solvencia., fuerte, pero en cualquier caso menos acusada que en otros países del entorno. Debilidad que afecta a ambos segmentos financieros, pero algo más a una parte de las cajas. Sobre todo en las entidades expuestas a la insolvencia del sector inmobiliario.
Está claro que en su día, los favores, el clientelismo y un modelo dependiente del ladrillo puso en peligro las cuentas económicas de algunas Cajas de Ahorros. De un tiempo a esta parte, la situación crítica de éstas ha conllevado un proceso de concentración importante para tratar de sobrevivir y, para otras, alcanzar volúmenes de activos que les permitía dar un salto cualitativo en su competencia con la banca privada. Las cajas de ahorro, en su conjunto, con esta estrategia, suponen el más serio competidor del sistema financiero privado, y, también un objeto de deseo formidable.
Una mala gestión y un mal uso del capital financiero
El modelo de gestión de las cajas es semejante al de los bancos, obtener máximo excedente, mediante el negocio de la financiación, de gestionar el ahorro para orientarlo a la inversión, mediante el crédito, y ganar dinero en los márgenes de intermediación y otras fórmulas de ingreso. Algo realmente importante, más allá de ese negocio bancario en sí, es contar con la “savia” de la financiación, y diversos grupos de presión tratan de obtenerla para sus negocios privados, mediante la incidencia en los miembros de los gobiernos de las cajas. Esto es, se trata de banca semipública, con gestión interna privada, pero los intereses a los que puede responder no sólo son los de la entidad y la sociedad, sino de grupos particulares y partidistas.
Todo el sistema financiero en este país se ha orientado de manera extrema a la consecución de mayores masas de beneficio, y ganar más tamaño y más mercado, no necesariamente de máximas tasas de rentabilidad, en un contexto de márgenes de intermediación extraordinariamente bajos. Se ha perseguido aumentar la cuota de mercado, y ganar más beneficios aún a costa de los márgenes, que sólo se compensaban en parte con las comisiones cobradas. Este contexto, y aquí participa como factor el clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican algunas Cajas, explican la política de arriesgarse en la concesión del crédito, aún peligrando la devolución.
En efecto, los recursos que movilizan las Cajas de ahorros para hacer fluir desde al ahorro al crédito una capacidad de financiación son muy importantes, y los criterios de su canalización no responden a las necesidades socioeconómicas básicas o generales, y en algunos casos conocidos tampoco de manera siempre prudente a criterios de solvencia o viabilidad –véase el tema inmobiliarias-. No es el futuro y función socioeconómica de la caja lo que se prima, que debería tener una orientación al interés general, sino el interés de los grupos sociales y económicos, o facciones de gobierno, a los que representan los miembros en el gobierno de las cajas.
En este sentido, la composición del gobierno de las cajas resulta decisiva para movilizar y disponer de un recurso que confiere poder económico a diferentes grupos de presión, a veces representados por los mismos partidos políticos o facciones de los mismos en los consejos rectores de las cajas. Desde este punto de vista el papel que juega la ley Aguirre es el de tratar de recomponer y reordenar la composición del gobierno de Caja Madrid para que su facción y los intereses que representa cuenten con mayor poder y recursos para sus propósitos económicos y de proyección política en la escena estatal. Al dar un mayor peso a la asamblea de Madrid sobre el ayuntamiento, y al haber planteado una dirección afín a Aguirre, se perseguía más poder. Aguirre tuvo que pactar con CCOO-Comfia e IU un mayor espacio para ellos, a cambio de que los criterios de gestión y dirección queden en manos del PP, y así al final la “supuesta oposición” ha quedado conforme. Luego el conflicto en el PP ha situado a Rodrigo Rato sobre el candidato de Aguirre, una consecuencia no esperada por la lideresa.
Gobierno de las Cajas ¿es esto democracia?.
El gobierno de las cajas de ahorro está ocupado por representantes de diferentes poderes públicos y sociales y, sin embargo, eso no es garantía de que se responda al interés universal.
Como organización de clase el control social de las cajas debería ser triple: por parte de los impositores, por parte de los y las trabajadoras de la comunidad autónoma a la que está vinculada y de la propia plantilla de la caja de ahorros, y por parte de representantes de la ciudadanía. Sin olvidar el control técnico y la supervisión del banco central y otras figuras de control público. Alguien podría pensar, ¡pero sí ya están diseñadas así!. El problema no es la formalidad sino la sustancia en este caso. Y el problema de que no se representen los intereses reales de los grupos en cuestión se debe a la propia calidad y el modelo de democracia representativa en vigor. La forma de elección, representación y control social alteran profundamente un modelo de democracia sustantivo, con demasiadas derivadas que disuelven su sentido. El problema no es sólo el modelo de democracia representativa, sino su deformación en delegativa en individuos sobre los que apenas se vigila su acción y que pocas veces rinden cuentas de manera clara, salvo a los grupos con los que se relacionan y guardan complicidades.
El modelo de gobierno democrático debería basarse en parámetros como los siguientes:
- Participación de representantes de los diferentes grupos de la sociedad (impositores, ciudadanía, sindicatos del territorio, plantilla de las cajas, etc…).
- Control social cruzado. Por parte de los diferentes grupos entre sí. Control ciudadano rindiendo públicamente las cuentas e informes de gestión.
- En la gestión del capital: Los y las miembro de los órganos de gobierno deben atenerse a un mandato orientado por criterios definidos a los que sujetarse, y dando cuenta transparentemente de su gestión y toma de decisiones y resultados de manera periódica.
- Con una movilización del crédito basada en el interés general: solvencia y viabilidad de la caja, satisfacción de costes, definición de criterios de responsabilidad social de las inversiones, priorización de áreas de actividad, política de tipos y comisiones de carácter popular, etc…
- Control técnico. Por parte del banco central.
El régimen jurídico de las Cajas: peligro de plena privatización.
No obstante, la cuestión en litigio más importante no es ni siquiera todo esto, aunque por aquí se vehiculen muchas disputas. El debate de fondo se encuentra en qué modelo se persigue para las cajas, y el peligro de que la banca privada sea un depredador al acecho. Las cajas suponen un suculento tesoro ansiado por el capital, para fortalecer el espacio del sistema financiero privado. En efecto, lo que está detrás del nuevo sistema control está el intento de privatizar definitivamente las cajas de ahorros. Para ello están en la recámara las denominadas Cuotas Participativas –una especie de acciones sin derechos políticos- que se pretende generalizar y, finalmente darle un peso así a suscriptores y tomadores en la toma de decisiones de la gestión de las cajas de ahorros, otorgándoles derechos políticos. El propósito de la derecha es convertir las cajas en bancos mediante su reconversión a sociedades anónimas.
Por el contrario nosotros debemos defender un modelo de titularidad pública, una banca pública, bajo una gestión con criterios de gestión solvente y que responda a la financiación de proyectos viables de interés general, y que esté controlada social y democráticamente por personas que se atengan a criterios técnicos de eficiencia y que persigan objetivos y prioridades políticamente definidos (obtención del ahorro minorista, crédito a la inversión con perspectivas de desarrollo endógeno e iniciativas socioeconómicas innovadoras y de redistribución social, apoyo al consumo de bienes socialmente necesarios, etcétera).
En suma, las cajas de ahorro deberían cumplir otra función socioeconómica. Facilitar el crédito al tejido productivo social y territorialmente útil, con criterios de desarrollo endógeno e interés universal, sostenibilidad, solvencia y viabilidad económica, derivando responsablemente el ahorro de los impositores hacia actividades que merezcan la pena y se decidan de manera auténticamente democrática. Su función debería garantizar la fluidificación del crédito y su orientación hacia una inversión social y económicamente responsable y útil, y un uso social del excedente, dedicando una gran parte de éste no sólo a fortalecer la solvencia de la caja sino a ampliar la obra social dirigida por criterios políticos adoptados pública, democráticamente y bajo control social.
Caracterización de las cajas de ahorros
El sistema financiero español tiene con las cajas de ahorros una peculiaridad. Entre las 46 entidades que hay en España ocupan la mitad del negocio bancario. Y estas entidades cuentan con rasgos diferenciales a los bancos porque ni tienen accionistas, no reparten dividendos. Son desde el plano jurídico entidades sin ánimo de lucro y en su gobierno participan diferentes representantes de poderes públicos regionales –ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos), de agentes sociales y de los propios impositores (los depositantes que cuentan con derechos políticos en su gobierno). Desde estos puntos de vista no son estrictamente banca privada, aunque, tanto por su modelo de gestión, como por su titularidad jurídica, tampoco lo es pública, y comúnmente se les refiere como banca semipública.
Las cajas de ahorros en las últimas décadas han fortalecido su presencia en el sistema financiero español hasta el punto de superar a la banca privada, con unas cuotas de mercado más amplias y ratios de solvencia en algunas de ellas tan sólidos o más que en la banca. IberCaja, La Caixa o Caja Madrid son algunas de esas entidades con gran solidez económica y gran capacidad expansiva. Sin embargo, una parte de las cajas de ahorros se encuentran en una situación frágil dentro del sistema financiero español, como ha sido el caso de Caja Castilla-La Mancha, porque son las principales afectadas por la crisis y, en particular, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que contribuyeron decididamente no sólo los mercados financieros, la ley del suelo del PP, sino también el modelo municipal español –dependiente de la obtención de ingresos a través de la recalificación del suelo- y de manera instrumental y diferenciada las propias Cajas de Ahorro.
Los bancos y las cajas han incurrido en una deuda exterior que se estima en un 75% del PIB español con vencimientos de entorno a un 20% para 2009 y 2011, y para enfrentarlas las ayudas públicas (en forma de concesión de avales y compra de “activos no tóxicos”) comportan un volumen que sólo cubren la mitad de los mismos. En el caso de las cajas, la morosidad ha alcanzado cerca del 5%, algo por encima que en los bancos, sobre todo por la insolvencia de los promotores de viviendas, por encima del impago de hipotecados. Dicho de otro modo, si no fluye el crédito, ni hay confianza, es porque detrás de la crisis de liquidez se esconde una crisis de solvencia., fuerte, pero en cualquier caso menos acusada que en otros países del entorno. Debilidad que afecta a ambos segmentos financieros, pero algo más a una parte de las cajas. Sobre todo en las entidades expuestas a la insolvencia del sector inmobiliario.
Está claro que en su día, los favores, el clientelismo y un modelo dependiente del ladrillo puso en peligro las cuentas económicas de algunas Cajas de Ahorros. De un tiempo a esta parte, la situación crítica de éstas ha conllevado un proceso de concentración importante para tratar de sobrevivir y, para otras, alcanzar volúmenes de activos que les permitía dar un salto cualitativo en su competencia con la banca privada. Las cajas de ahorro, en su conjunto, con esta estrategia, suponen el más serio competidor del sistema financiero privado, y, también un objeto de deseo formidable.
Una mala gestión y un mal uso del capital financiero
El modelo de gestión de las cajas es semejante al de los bancos, obtener máximo excedente, mediante el negocio de la financiación, de gestionar el ahorro para orientarlo a la inversión, mediante el crédito, y ganar dinero en los márgenes de intermediación y otras fórmulas de ingreso. Algo realmente importante, más allá de ese negocio bancario en sí, es contar con la “savia” de la financiación, y diversos grupos de presión tratan de obtenerla para sus negocios privados, mediante la incidencia en los miembros de los gobiernos de las cajas. Esto es, se trata de banca semipública, con gestión interna privada, pero los intereses a los que puede responder no sólo son los de la entidad y la sociedad, sino de grupos particulares y partidistas.
Todo el sistema financiero en este país se ha orientado de manera extrema a la consecución de mayores masas de beneficio, y ganar más tamaño y más mercado, no necesariamente de máximas tasas de rentabilidad, en un contexto de márgenes de intermediación extraordinariamente bajos. Se ha perseguido aumentar la cuota de mercado, y ganar más beneficios aún a costa de los márgenes, que sólo se compensaban en parte con las comisiones cobradas. Este contexto, y aquí participa como factor el clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican algunas Cajas, explican la política de arriesgarse en la concesión del crédito, aún peligrando la devolución.
En efecto, los recursos que movilizan las Cajas de ahorros para hacer fluir desde al ahorro al crédito una capacidad de financiación son muy importantes, y los criterios de su canalización no responden a las necesidades socioeconómicas básicas o generales, y en algunos casos conocidos tampoco de manera siempre prudente a criterios de solvencia o viabilidad –véase el tema inmobiliarias-. No es el futuro y función socioeconómica de la caja lo que se prima, que debería tener una orientación al interés general, sino el interés de los grupos sociales y económicos, o facciones de gobierno, a los que representan los miembros en el gobierno de las cajas.
En este sentido, la composición del gobierno de las cajas resulta decisiva para movilizar y disponer de un recurso que confiere poder económico a diferentes grupos de presión, a veces representados por los mismos partidos políticos o facciones de los mismos en los consejos rectores de las cajas. Desde este punto de vista el papel que juega la ley Aguirre es el de tratar de recomponer y reordenar la composición del gobierno de Caja Madrid para que su facción y los intereses que representa cuenten con mayor poder y recursos para sus propósitos económicos y de proyección política en la escena estatal. Al dar un mayor peso a la asamblea de Madrid sobre el ayuntamiento, y al haber planteado una dirección afín a Aguirre, se perseguía más poder. Aguirre tuvo que pactar con CCOO-Comfia e IU un mayor espacio para ellos, a cambio de que los criterios de gestión y dirección queden en manos del PP, y así al final la “supuesta oposición” ha quedado conforme. Luego el conflicto en el PP ha situado a Rodrigo Rato sobre el candidato de Aguirre, una consecuencia no esperada por la lideresa.
Gobierno de las Cajas ¿es esto democracia?.
El gobierno de las cajas de ahorro está ocupado por representantes de diferentes poderes públicos y sociales y, sin embargo, eso no es garantía de que se responda al interés universal.
Como organización de clase el control social de las cajas debería ser triple: por parte de los impositores, por parte de los y las trabajadoras de la comunidad autónoma a la que está vinculada y de la propia plantilla de la caja de ahorros, y por parte de representantes de la ciudadanía. Sin olvidar el control técnico y la supervisión del banco central y otras figuras de control público. Alguien podría pensar, ¡pero sí ya están diseñadas así!. El problema no es la formalidad sino la sustancia en este caso. Y el problema de que no se representen los intereses reales de los grupos en cuestión se debe a la propia calidad y el modelo de democracia representativa en vigor. La forma de elección, representación y control social alteran profundamente un modelo de democracia sustantivo, con demasiadas derivadas que disuelven su sentido. El problema no es sólo el modelo de democracia representativa, sino su deformación en delegativa en individuos sobre los que apenas se vigila su acción y que pocas veces rinden cuentas de manera clara, salvo a los grupos con los que se relacionan y guardan complicidades.
El modelo de gobierno democrático debería basarse en parámetros como los siguientes:
- Participación de representantes de los diferentes grupos de la sociedad (impositores, ciudadanía, sindicatos del territorio, plantilla de las cajas, etc…).
- Control social cruzado. Por parte de los diferentes grupos entre sí. Control ciudadano rindiendo públicamente las cuentas e informes de gestión.
- En la gestión del capital: Los y las miembro de los órganos de gobierno deben atenerse a un mandato orientado por criterios definidos a los que sujetarse, y dando cuenta transparentemente de su gestión y toma de decisiones y resultados de manera periódica.
- Con una movilización del crédito basada en el interés general: solvencia y viabilidad de la caja, satisfacción de costes, definición de criterios de responsabilidad social de las inversiones, priorización de áreas de actividad, política de tipos y comisiones de carácter popular, etc…
- Control técnico. Por parte del banco central.
El régimen jurídico de las Cajas: peligro de plena privatización.
No obstante, la cuestión en litigio más importante no es ni siquiera todo esto, aunque por aquí se vehiculen muchas disputas. El debate de fondo se encuentra en qué modelo se persigue para las cajas, y el peligro de que la banca privada sea un depredador al acecho. Las cajas suponen un suculento tesoro ansiado por el capital, para fortalecer el espacio del sistema financiero privado. En efecto, lo que está detrás del nuevo sistema control está el intento de privatizar definitivamente las cajas de ahorros. Para ello están en la recámara las denominadas Cuotas Participativas –una especie de acciones sin derechos políticos- que se pretende generalizar y, finalmente darle un peso así a suscriptores y tomadores en la toma de decisiones de la gestión de las cajas de ahorros, otorgándoles derechos políticos. El propósito de la derecha es convertir las cajas en bancos mediante su reconversión a sociedades anónimas.
Por el contrario nosotros debemos defender un modelo de titularidad pública, una banca pública, bajo una gestión con criterios de gestión solvente y que responda a la financiación de proyectos viables de interés general, y que esté controlada social y democráticamente por personas que se atengan a criterios técnicos de eficiencia y que persigan objetivos y prioridades políticamente definidos (obtención del ahorro minorista, crédito a la inversión con perspectivas de desarrollo endógeno e iniciativas socioeconómicas innovadoras y de redistribución social, apoyo al consumo de bienes socialmente necesarios, etcétera).
En suma, las cajas de ahorro deberían cumplir otra función socioeconómica. Facilitar el crédito al tejido productivo social y territorialmente útil, con criterios de desarrollo endógeno e interés universal, sostenibilidad, solvencia y viabilidad económica, derivando responsablemente el ahorro de los impositores hacia actividades que merezcan la pena y se decidan de manera auténticamente democrática. Su función debería garantizar la fluidificación del crédito y su orientación hacia una inversión social y económicamente responsable y útil, y un uso social del excedente, dedicando una gran parte de éste no sólo a fortalecer la solvencia de la caja sino a ampliar la obra social dirigida por criterios políticos adoptados pública, democráticamente y bajo control social.
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