COMISIÓN DE ECONOMÍA DE ANTICAPITALISTAS
https://www.anticapitalistas.org/comunicados/analisis-de-las-medidas-ante-la-crisis-sanitaria-laboral-social-y-economica-del-coronavirus/
19/03/2020
Análisis del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
168 países del mundo están siendo
golpeados por la extensión de la pandemia del COVID-19, causando una crisis
sanitaria de una extensión y simultaneidad sin precedentes que tiene, asimismo,
una enorme repercusión socioeconómica y laboral. Las restricciones a la
movilidad, al derecho de reunión, y el cierre de fronteras, paraliza gran parte
de la actividad económica, ante las necesidades de seguir medidas de
aislamiento y cuarentena, y de atención y cuidado masivo de una oleada de
personas enfermas de diferente gravedad.
La actual crisis tiene varias dimensiones
La primera, de salud pública. La
rapidez de los contagios y la menguada estructura de la sanidad pública está
causando un colapso de los sistemas sanitarios, generando una incapacidad de
atención de todas las patologías habituales, incluso las de mayor gravedad,
ante la oleada de personas enfermas que hay que atender o aislar.
El estado español, con un sistema
sanitario disminuido tras una década de recortes, está cerca de colapsar, y en
pocos días puede tener que enfrentarse a que los médicos deban adoptar
criterios de atención propios de una situación de guerra, tal y como ya
anticipa la situación sanitaria de Italia.
El gobierno ha actuado tarde,
como sucedió en Italia. Urge que el gobierno español rectifique y generalice
pruebas a todas las personas potencialmente contagiadas, con un sistema de
detección en bola de nieve. Urge la contratación de personal adicional,
incluidos personal estudiante o jubilado, de manera temporal, del ámbito de la
enfermería y la medicina, así como de limpieza y celadores, para esta situación
extraordinaria.
La puesta a disposición del
Ministerio de Sanidad del sistema privado, de la sanidad militar y la puesta a
disposición de los hoteles son medidas positivas y necesarias. Debe hacerse sin
indemnización alguna, empleando todos estos recursos para el bien común.
Pero esta crisis, que se está cobrando
miles de muertos, y que suma varios centenares en España, es también una crisis
humanitaria, laboral y económica.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
El gobierno español ha puesto en
marcha medidas económicas, laborales y sociales importantes en términos históricos,
pero quedan lejos de un modelo que reparta justamente los esfuerzos, y también
de las medidas que estarían a la altura de la crisis que atravesamos.
En primer lugar, el gobierno
español ha decidido descargar al empresariado los costes de esta crisis, para
hacer recaer su peso sobre el mundo del trabajo y, especialmente, sobre el
gasto público. Este último se empleará como mecanismo de amortiguación,
incrementando la deuda pública que lastrará el futuro de nuestra economía. La
previsión de las medidas positivas del programa de coalición va a ser
definitivamente frustrada. Dicho programa, estaba muy en entredicho por el
compromiso del cumplimiento de las directrices europeas en materia de
equilibrio presupuestario, de las que Nadia Calviño es paladín aventajada. Esas
directrices son un impedimento para la financiación de proyectos concretos que
puedan aplicar cualquier mejora normativa.
Lamentablemente, las primeras
medidas adoptadas en la gestión de esta crisis sanitaria descargan en la esfera
reproductiva el grueso de la política de intervención. Por una parte, resulta
descarado, que mientras se justifica la asistencia a los centros de trabajo
(sin importar su tamaño), se pretende un control férreo del confinamiento en
los hogares, así como la regulación del consumo. La necesidad de controlar la
propagación del Covid-19 se queda a las puertas de las empresas. En su
interior, la salud pública no parece asunto suyo.
También resulta lamentable que
apenas una semana tras la jornada de lucha del 8 de marzo por los derechos de
la mujer trabajadora, el gobierno español adopte unas medidas de cuarentena que
refuerzan, por una parte, el aislamiento y la individualización de parte de la
población, y por el otro el hecho de que se traslada la casi totalidad de la
gestión los cuidados al ámbito físico del hogar, cuidados que recaen en su aplastante
mayoría en las mujeres. Estos dos pilares, tan funcionales al capitalismo
neoliberal, como son la individualización y el trabajo invisibilizado, junto
con la continuidad en los ámbitos productivos, muestran claramente qué clase se
está encargando de pagar tanto la crisis sanitaria como los primeros ecos de la
crisis financiera.
No se ha formulado ninguna medida
fiscal extraordinaria que obtuviese del gran capital, de las grandes fortunas,
de la banca o de los terratenientes una parte de los recursos necesarios para
afrontar esta crisis. Al contrario, se ha decretado el aplazamiento de
compromisos fiscales, y se han movilizado créditos financieros y avales que,
combinando recursos públicos (117.000 millones de euros) y privados (83.000
millones en forma de financiación privada, con una garantía pública del 50%),
que supone una movilización de recursos (no una creación de ellos, sino en
forma de carga de deuda sobre la espalda de lo público) equivalente al 20% del
PIB. Unos recursos que adoptan la forma de deuda hoy, para, al no modificarse
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, traducirse en duros recortes una vez
pasada la crisis sanitaria.
Con este tipo de intervención se
vehicula la mayor parte de los recursos movilizados a las grandes empresas, como
si ellos fuesen los campeones de la generación de riqueza y no los que se apropian del valor creado por las clases
trabajadoras. No hay tratamiento suficientemente diferenciado entre empresas
productivas e independientes, de las grandes y todo el elenco de entidades
periféricas que las empresas-red han constituido para diversificar y
desresponsabilizarse de sus riesgos de mercado y de sus compromisos laborales.
Una vez más, el Estado entra en
socorro del capital, que libera a las empresas de sus obligaciones salariales,
y socializa pérdidas, costes y deudas privadas a la espalda de lo público y de
los derechos de los y las trabajadoras. El Estado protegerá de OPAs hostiles a
las empresas que cotizan en bolsa, tras la fortísima caída del valor de sus
acciones. Este gran esfuerzo que recaerá fundamentalmente sobre el sector
público y sobre los trabajadores, esto es, una fuerte detracción de los
derechos sociales y de salarios indirectos, que amortiguarán parcial y
temporalmente a los y las trabajadoras afectadas y sus familias, así como de
los salarios directos cubiertos por el Estado o perdidos por el paro o la falta
de actividad. No es, por tanto, extraño el aplauso que estas medidas han tenido
por parte del IBEX35, la CEOE y la banca. Sus críticas al Decreto son menores y
sus apoyos mayúsculos.
Esta liberación de cargas
salariales al empresariado se fragua en medidas que facilitan los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo y reducción de jornadas de hasta el 100%, con el
consiguiente perjuicio salarial, para que los trabajadores puedan asumir los
cuidados de personas dependientes. Incluye la cobertura de desempleo, sin
detracción de periodo de derecho posterior, y la posibilidad de no pagar las
cotizaciones a la seguridad social, si no se destruye empleo. No se han
incluido medidas de prohibición de despidos en empresas con beneficios, y
tampoco medidas siquiera, como en Alemania, Dinamarca o Italia, con la que las
empresas asuman buena parte del salario, aunque la actividad se paralice.
La recesión, fruto de la guerra
comercial, el cierre de fronteras, y el nuevo paradigma de reglobalización a la
americana o a la china, impedirá una situación económica que recupere el empleo
perdido. Y no se han contemplado políticas de inversión pública que impulsen la
economía, menos aún se podrá financiar proyectos significativos para la
transición ecológica justa que necesitamos o el impulso de una industria farmacéutica
y biosanitaria públicas, siendo las ayudas a la investigación –por cierto, sólo
centradas en el COVID-19 como si se pudiera separar del resto de investigación
básica biomédica- muy insuficientes, teniendo en cuenta el estado de abandono
del que se parte. Y no tenemos información de qué costes a cargo delas arcas
públicas, en caso de haberlos, puede suponer la participación de la sanidad
privada o la hostelería en la lucha contra la epidemia. Como tampoco tenemos
noticia de los planes de habilitación de las instalaciones públicas que
pudieran ser utilizadas para albergar personas contagiadas no graves.
Las medidas del gobierno incluyen
medidas humanitarias, propias de una estrategia socialiberal, que amortiguarán
la situación de los casos más extremos, de manera temporal. Destinará 17.000
millones a financiar políticas a favor de los colectivos de familias y empresas
más vulnerables. Habrá moratoria de créditos hipotecarios para personas vulnerables,
y se garantizará el suministro de agua, luz y gas para las personas que no
puedan pagarlo. Queda pendiente una moratoria del pago de la renta al colectivo
de inquilinos en régimen de alquiler que acabe en paro en este periodo,
precisamente el que más desahucios sufre, y no contempla las necesarias medidas
contra la actuación de los fondos buitres. También quedará pendiente el cubrir
a las personas sin hogar en espacios públicos vacíos, así como recurrir a pisos
en desuso por largo tiempo.
En definitiva, nos encontramos con un nuevo episodio
de lo que podemos llamar neoliberalismo de Estado, un modelo de desarrollo en
el que el Estado, al que contribuyen sobre todo las clases productivas y
trabajadoras, en descargo relativo de los beneficios de las grandes empresas y
de las grandes fortunas y capital rentista, entra al rescate del capital y
socializa los costes y asume las cargas que, al final, adelgazarán la capacidad
pública para emprender políticas sociales e inversiones necesarias en un
futuro.
La respuesta a
favor de las clases populares debiera haber sido otra
·
Una respuesta más general, temprana, de
realización de pruebas, para atajar los focos de contagio, de proveer de
mayores recursos al personal sanitario, movilizar recursos privados para el
interés general sin indemnización. No puede ser que en algunas CCAA esto no se
esté desarrollando, ni esté claro el coste de esta operación. Una respuesta, en
suma, de fortalecimiento del sistema sanitario público, sus medios y de su
personal. Tengamos en cuenta que la crisis del coronavirus puede ser el
antecedente de otras venideras causadas por superbacterias y otros patógenos semejantes.
- · Paralización de toda producción que no sea estrictamente esencial sin que conlleve una pérdida de salario a las y los trabajadores.
- · Una respuesta de establecimiento de nuevos ingresos fiscales a cargo de beneficios, grandes fortunas, capital rentista, banca y rentas de la tierra, exigiendo también la devolución de los rescates bancarios.
- · Una presión sobre la UE para romper con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y promover la financiación directo al sector público desde el BCE para promover grandes inversiones sociosanitarias y socioecológicas. En su defecto, saltarse sus reglas, no sólo temporalmente, sino de manera definitiva.
- · Una respuesta en lo laboral que prohibiese despidos, que admitiese el cese de actividad temporal, para poder estar en casa cuidando y protegiéndose del contagio, de aquellas labores no esenciales o sin posibilidad de teletrabajo, quizá con un acuerdo de cesión parcial de vacaciones como en Dinamarca, garantizando el salario íntegro. Existe un vacío en la planificación de la prevención de la salud laboral en todos los puestos de trabajo en lo referente a la epidemia y la obligación, de que las empresas doten a sus plantillas de medidas preventivas colectivas y también de EPIs. Si ello es ya urgente en la sanidad y en los servicios de cuidados a las personas mayores, va a ser necesario para todas las personas expuestas (comercio, transporte público, etc.)
- · Una suspensión en el pago de alquileres y los demás gastos esenciales para aquellas personas, asalariadas o autónomas, que sufran una pérdida de ingresos, y queden por debajo del SMI. Suspensión de alquileres para pymes.
- · Suspensión del pago de la deuda.
- · Una limitación de los ERTEs a las pequeñas empresas independientes.
- · Y una protección a los autónomos en su protección por desempleo, que no sean profesionales liberales de grandes ingresos, equivalente al trabajo asalariado del régimen general.
- · También una respuesta humanitaria para generar empleo logístico de provisión a domicilio de bienes esenciales, farmacéuticos y alimentarios para personas mayores, en riesgo, en cuarentena o enfermas.
- · Poner a disposición de aquellos Ayuntamientos que lo demanden, líneas de ayuda financiera para hacer frente a los gastos extraordinarios que la gestión de la crisis está suponiendo y va a suponer, independientemente de si no tienen superávit.
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