Daniel Albarracín 10/01/2018. Secretaría de
Europa de Podemos.
Puede encontrarse publicado en Viento Sur aquí.
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La Unión Europea,
tras varias conmociones económicas, geopolíticas e institucionales serias,
cuyas consecuencias no se han cerrado, y tras un periodo de bloqueo y
parálisis, puede estar pasando a una nueva fase de revisión de su modelo de
gobernanza económica. La parálisis institucional de la UE podría estar
desbloqueándose, limitadamente, en el capítulo referido a la capacidad
financiera de las instituciones europeas, tras despejarse algunas incógnitas
para lo que puede ser un Brexit blando y con la previsible formación de un
gobierno conservador-SPD en Alemania. La formación de gobiernos de extremocentro (Alí, Tariq; 2015), que representan, con nuevas formaciones o coaliciones, el núcleo compartido de la orientación política por los partidos neoliberales y socialiberales que han venido sustentando los regímenes políticos europeos de los últimos treinta años- en un escenario de suavizamiento temporal de la crisis económica, podría conducir a la modificación de la arquitectura económica e institucional existente. Esta podría reorientar, entre otros capítulos de la gobernanza económica, los recursos de la Unión Europea, que hoy por hoy son exiguos en comparación con los que disponen los Estados Miembros, irrisorios para cualquier política fiscal significativa, y que está, por ejemplo, muy por debajo del ya modesto, en términos relativos, presupuesto público de los EEUU, hacia una política más consistente en cuanto a la capacidad de exigir medidas de ajuste estructural. En aras de afianzar las políticas de disciplina fiscal, se promoverían medios –en cualquier caso, reducidos- para la estabilización del sistema financiero que pudiesen paliar una venidera crisis bancaria. Se redirigirían viejos programas de inversión, estructurales y sociales haciendo posible una limitada actuación anticíclica en países que sufran crisis, siempre y cuando hayan acatado las reformas neoliberales en su estructura económica, presupuestaria y de gasto.
Se ha producido un debate entre las élites europeas, circunscrito a la dimensión institucional, sobre las causas de la endeble estructura y dinámica económica, que ha acompañado algunas discusiones políticas existenciales del proyecto de la UE. Mientras que la agenda neoliberal, en sus diferentes formatos, achaca la crisis a la indisciplina presupuestaria y la ausencia de reformas estructurales en países menos competitivos, hay otros que atribuyen los problemas a la crisis de inversión, la hipertrofia financiera, o la desigualdad. Independientemente del diagnóstico o la perspectiva todos partían de que una nueva crisis financiera puede poner en tela de juicio la Eurozona, y una crisis bancaria podría desencadenar una nueva y más profunda recesión. Los que son favorables a la arquitectura vigente del Sistema Euro (Husson, M.; 2012), tanto los neoliberales del extremo centro como los ordoliberales alemanes, toman la iniciativa para tratar de consolidarla, para que la UE no se desarticule y siga sirviendo a las oligarquías financieras y las corporaciones transnacionales europeas.
¿Desbloqueo institucional y gobiernos de extremo centro?
Las propuestas
faltan por ser precisadas, sin embargo, ya cuentan con una base de resoluciones
que podrían darles cobertura institucional. Lo que había sido un globo sonda se
aproxima más a una propuesta que emplaza en plazos concretos, 18 meses, a
concitar cierto consenso entre los gobiernos de los países que se han formado y
puede que se formen en breve, y que lideran el proyecto de la UE.
A las puertas de
2018, Francia cuenta con un presidente, Emmanuel Macron, que representa como
pocos el proyecto del extremo centro,
que pugna por una revisión federalista y neoliberal de la UE. Mientras,
Alemania puede haber dejado atrás el escenario de un gobierno a la Jamaica,
abriendo paso a una posible reedición de la gran coalición, con la CDU y el
SPD. Si no hay gobierno con los liberales, que se oponen a cualquier propuesta
tipo FME, esta salida, aún en su versión menos ambiciosa, se despeja[1].
Es en este contexto en el que la Comisión Europea se puede sentir respaldada
para iniciar una reforma de la arquitectura institucional y financiera de la
UE. Con ello se rescata un debate que ha latido, bajo diferentes variantes, en
los últimos dos años, y a partir de los Informes de los Cinco Presidentes,
sobre el Futuro de las Finanzas de la UE, el Informe Blanco sobre el Futuro de
la UE, en el que se pedía seguir Profundizando en la Unión Económica y
Monetaria, o en el que también se había tratado en el Parlamento Europeo sobre
la Capacidad Presupuestaria para la Eurozona.
El debate de las
élites sobre el modelo de Fondo Monetario Europeo
El debate sobre la capacidad fiscal o presupuestaria de la
eurozona lleva tiempo realizándose en las instituciones europeas, con
diferentes aproximaciones, lo que no impide que guarden numerosos vectores
comunes. El proyecto de Macron expresa una de esas vertientes, diferente al
proyecto alemán de Merkel. Tanto la vertiente
federalista-tecnocrático-neoliberal del primero, como la opción más ordoliberal
de los alemanes, optan por la “estabilidad financiera” -eufemismo para ocultar
su prioridad para proteger el sistema financiero-, dotando al presupuesto
europeo de un instrumento financiero que le daría mayor capacidad.
La diferencia sustancial entre la vertiente
federalista-tecnocrática y la que encarnaría Schauble, propuesto para estar al
frente del Bundestag, es que los federalistas neoliberales plantean establecer
mecanismos de compensación como un fondo de depósitos europeo o un sistema de
prestación de desempleo a escala de la UE, o disponer de un margen para
endeudarse, y un instrumento que promovería, supeditado a lógicas de
competitividad, la inversión. El Partido Popular Europeo se ha opuesto con
rotundidad al endeudamiento directo[2]
o a los seguros de desempleo europeo y mantendría serias dudas sobre un fondo
de depósitos, al igual que otros gobiernos centroeuropeos. La salida de
Schauble del gobierno alemán, puede haber ayudado a desbloquear, aun cuando
finalmente su línea política se ha hecho valer en lo principal. El seguro de
desempleo no se contempla en la propuesta, pero sí el fondo de depósitos. Pero
el fondo de depósitos europeo también podría decaer si los socialistas
alemanes, si acceden a gobernar o terminan apoyando a la CDU, no doblan el
brazo a los conservadores de cara a las propuestas que llevará Alemania a las
instituciones europeas.
Los conservadores alemanes estarían de acuerdo con un
instrumento que contribuya a una estabilidad fiscal en un entorno de moneda
única, sin recurrir a transferencias interiores que, en palabras del establishment, supongan algún tipo de
redistribución, pues para ellos eso originaría "riesgo moral" entre
lo que entienden, según el estereotipo centroeuropeo, son países “poco
disciplinados”.
Ese FME, de gran capacidad de apalancamiento y
financiación, hasta de 500 millones de euros, al estar respaldado por garantías
de los Estados (y quien paga, manda) tendría varias capacidades para prestar a
países en riesgo bancario sistémico, y sería capaz de disciplinarlos para
asegurar una política de austeridad acorde al espíritu del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. La lógica de este pacto, que ya formaría parte de los Tratados,
por lo que no tendría un status intergubernamental sino con mayor capacidad de
obligación legislativa, más allá de lo perjudicial de su concepción, hasta la
fecha ha sido irregular o escasamente cumplido, y ahora se intenta aplicar las
políticas de austeridad con mayor eficacia: El FME sería el mecanismo para
hacerlo cumplir.
Las
Propuestas de la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha propuesto
una “hoja de ruta para la profundización
de la Unión Económica y Monetaria”, que da desarrollo y continuidad a la agenda
del Informe de los Cinco Presidentes, para facilitar el pacto y la
concreción de medidas, aplicándolas antes de 2025. Las propuestas para reformar
la zona euro se enmarcan dentro de un programa de trabajo que culminará en la
reunión de jefes de estado y de gobierno de junio del 2018.
●
La primera propuesta y más notoria
consiste en el establecimiento de un Fondo
Monetario Europeo, que se anclaría dentro del marco legal de los Tratados y
que sería construido a partir del ya existente Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE). El FME asistirá a Estados Miembros en situación de dificultad
financiera. Sería también un mecanismo de respaldo del Fondo Único de
Resolución Bancaria, que podría dotarse de 55.000 millones de euros en 2023, y
actuaría como prestamista de último recurso para facilitar resoluciones
ordenadas de bancos insolventes. No supondrá un incremento de esfuerzos
financieros adicionales, sino que aprovecha los recursos del MEDE. Como
instrumento financiero está dotado de garantías públicas aportados por los
Estados Miembros que respaldarían la emisión de bonos con capacidad financiera
para prestar.
●
Se plantea, por tanto, que este instrumento presupuestario para la Eurozona
ha de operar para apoyar a Estados miembros en sus reformas estructurales, para
aquellos que estén en procesos de acceso al Euro, o como respaldo a la Unión
Bancaria, y como mecanismo estabilizador de las inversiones en caso de crisis
coyunturales.
●
En el paquete de reformas se
propone una reconversión parcial, al
menos un 6% a modo de reserva, de los
Fondos Europeos Estructurales y de Inversión, estableciendo reglas comunes
aplicables a los Fondos de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, El
Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural, coordinándolos para apoyar
reformas estructurales bajo el espíritu del Semestre Europeo, esto es, políticas
proclives al ajuste estructural. Se ampliará a casi 223 millones de euros el
Programa de apoyo a las reformas estructurales para 2019 y 2020, implicando
casi su duplicación.
●
La Comisión propone en este
sentido un "instrumento de
estabilización fiscal”. La idea es que con éste se pueda apoyar a países en
crisis y con apenas margen para mantener las inversiones. La idea es que este
instrumento ofrezca préstamos o
avales con fondos del presupuesto comunitario o a través del futuro
Fondo Monetario Europeo, si bien sólo para aquellos países que no superen el
consabido 3% de déficit público.
●
En los órganos de gobierno se
propone un Ministro Europeo de Economía
y Finanzas, que sería también Vicepresidente de la Comisión y presidente
del Eurogrupo, auténtico gobierno económico de Europa, ahora bajo los Tratados
Europeos.
Conclusiones y alternativas
Mediante una
reordenación de recursos e instrumentos institucionales preexistentes, la
gobernanza económica de la UE vuelve a confiarse a instrumentos financieros
sofisticados[3].El
FME es un mecanismo que supone potenciar la capacidad financiera de las
instituciones europeas, pero a cambio de imponer disciplina fiscal al tiempo
que comporta también un vehículo de socialización de deudas poderosísimo. El
FME representaría, en suma, un látigo financiero que pretende gobernarnos a
todos. Hasta hace poco, los mecanismos de desajuste de ingresos y gastos, así
como se repartía el esfuerzo fiscal o se destinaba el gasto público, habían
explicado la conversión de la enorme deuda privada en pública, ahora, como ya
se vio para el caso griego, serían las instituciones europeas las que promueven
un fondo con un mecanismo que carga a los contribuyentes efectivos el esfuerzo
y el riesgo, pues las garantías son fondos nutridos por recursos públicos. Así
se dota con recursos públicos, en forma de garantías y avales públicos, a un
instrumento que, al fin y al cabo, tienen como fin ser un cortafuegos y o
emplearse para una crisis bancaria sistémica. Vale decir, si se presta a un
Estado este fondo mediará para promover reestructuraciones del sistema bancario
-de las que se harán cargo parcialmente (un 8% del pasivo) accionistas o
acreedores, pero que posiblemente requerirán una aportación y pérdida pública
complementaria-. Si bien, el contribuyente medio (mayormente, el mundo del
trabajo) sufre por cuatro lados, porque las garantías y avales son públicos -y
se pierden en caso de operaciones fallidas- y se originan sobre todo en su
contribución fiscal; porque puede haber costes públicos de rescate-; porque las
políticas públicas a las que se obligará al país estarán bajo el signo de las
políticas de ajuste en el ámbito salarial, de los derechos sociales y políticas
públicas, privatizaciones, etcétera; y porque el Estado solicitante del préstamo
contraerá una deuda con intereses que también habrá que honrar.
Ante crisis de insolvencia bancaria la Unión Bancaria
prevé empezar por medidas de bail-in,
esto es, que la crisis de un banco se cargue a accionistas y acreedores. Esto
sucederá seguramente primero en las periferias, siendo posiblemente la banca
italiana el primer caso. El modelo previsto por las instituciones europeas
vaticina que serían situaciones puntuales. Hay fundamentos razonables a medio
plazo para pensar que pudiera ser más extenso y grave su impacto, pero este
análisis requiere de un nuevo artículo de análisis.
Este mecanismo de reestructuración bancaria en la
periferia dispondría un instrumento, en última instancia, para eventuales
crisis bancarias sistémicas de mayor envergadura. Es decir, facilita la
reestructuración bancaria en la periferia, se dota de un instrumento de
disciplina de países enteros, y estaría en condiciones de cubrir los riesgos de
una crisis de solvencia bancaria en el centro de Europa, cargada a las espaldas
de la ciudadanía. Esa es su "consabida estabilidad de la zona euro",
equivalente a la estabilidad del sistema bancario.
Una posible política
alternativa consistiría en conjugar dos mecanismos que supongan al mismo
tiempo redistribución e impulso a un plan de inversión socioecológico capaz de
hacernos transitar a un cambio de modelo productivo basado en energías
renovables y en la minimización del uso de materias primas y energías fósiles
para satisfacer adecuadamente necesidades sociales.
El primero consistiría contar con un presupuesto
alternativo, mejor dotado de ingresos, que progresivamente debiera llegar
cuanto menos al 8% del PNB comunitario –base para minimizar los enormes fallos
de una economía de mercado-, con un régimen fiscal progresivo, soportado por la
capacidad económica de los países, con aportaciones progresivas en función de
su producción, y con nuevos impuestos que se carguen principalmente sobre
beneficios empresariales y patrimonio de las grandes fortunas, o con ecotasas e
impuestos que graven las transacciones financieras a corto, y la persecución
sólida de la evasión fiscal, que conlleva el prerrequisito de un armonización
fiscal al alza, comenzando con tipos mínimos efectivos sustanciales. Esto ha de
venir acompañado de mecanismos de gasto redistributivo y una gran dotación para
la inversión orientada al cambio de modelo productivo y la creación de empleo,
priorizando tareas en relación a la transición ecológica. El segundo,
complementario (y desde luego no en primer lugar, como es lo que pretenden las
fuerzas conservadoras), un mecanismo de financiación mutualizado[4]
capaz de financiar una inversión pública en segmentos socialmente necesarios y
en actividades sostenibles medioambientalmente que también consista en un
vehículo de redistribución democrático. La duda que nos cabe es si algo así
cabe en las instituciones actuales, dada la condición de blindaje que
representa la regla de la unanimidad y la coalición de países que dominan el
Eurogrupo y el Consejo, en el marco de una institucionalidad y Tratados que
consagran las políticas de austeridad, sin visos para su modificación. .
BIBLIOGRAFÍA:
Alí, T. (2015) El extremo centro. Alianza Editorial
Husson, M. (2012)
“Economía política del “sistema euro”. Viento Sur nº125, Noviembre, págs. 5-26.
[1]Los liberales alemanes
querían aplicar una austeridad tan severa como la que el anterior Ministro de
Finanzas, Schauble, pretendía. Ahora bien, todo ello sin admitir un fondo que
comprometería a los países más fuertes a poner más dinero como garantía,
dejando rienda suelta a los mecanismos automáticos de mercado para el ajuste,
esto es, sin un mecanismo financiero macroeconómico como el FME.
[2] Si bien la disposición de avales o garantías es una
forma de asunción de potencial deuda, porque asumen el riesgo contraído al
emitir bonos que son los que dotan de capacidad financiera al fondo. Esas
garantías y avales socializarían pérdidas dando cobertura a la privatización de
beneficios de los inversores.
[3] Entre ellos estaría en Plan de Inversiones
Estratégicas, el Plan de Inversión Exterior, los múltiples Fondos Fiduciarios,
o lo que ya era el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ahora pasaría a
formar parte del Fondo Monetario Europeo. Todos ellos se fundamentan en
fórmulas de financiación que se basan en prestar en base a un fondo, que se
nutre con emisión de bonos y que son comprados por inversores privados
respaldados por garantías públicas. Este fondo, a diferencia de un presupuesto
público clásico, no se nutre con impuestos para luego disponer recursos para el
gasto o la inversión pública directa, sino como un mecanismo de préstamo.
[4]La idea de mutualizar deuda
no es nueva y la abanderó la izquierda, pero con un propósito sumamente
distinto al de socializar deudas privadas a costa de la población. En cambio,
la idea consistía en proporcionar recursos financieros para hacer frente a los
ciclos, facilitar mecanismos de redistribución, y vehicular ordenadamente el alivio
de la deuda en unos países a cargo de la solidaridad de otros, al mismo tiempo
que se dotaba de un mecanismo de financiación público de la inversión. Esa
propuesta, coherente y viable, no sólo es inadmisible dentro de los Tratados y
la arquitectura de gobernanza de la UE, sino que parece inviable por la
estructura política prevista, que implica un blindaje para cualquier reforma de
calado. Encuentra también la obstinada oposición de las élites transnacionales
y los gobiernos centroeuropeos, que, además, cuentan con la sumisión de las
clases dominantes de las semiperiferias y la mayoría de sus gobiernos.
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