Daniel Albarracín (versión revisada de un informe más amplio realizado en Noviembre de 2014) .
El proceso de crisis inaugurado desde finales de 2007 ha contado con un actor protagonista destacado como causante: el sistema bancario privado. Uno de los factores más desestabilizadores de la economía contemporánea ha sido el lastre de una gestión bancaria de marcado carácter rentista y acaparador que, en un contexto de desregulación bancaria impulsada por las políticas neoliberales, ha contribuido a varios fenómenos que han sido decisivos en esta crisis: el endeudamiento financiero y del ámbito privado en general –financiarización- y, en la fase reciente, como su fatal desenlace, el cortocircuito del crédito. La conjunción de la sobrecarga financiera y la reducción de la tasa de beneficio media de la economía han abocado a una crisis de inversión, de niveles desconocidos desde los años 30.
El proceso subsiguiente lo hemos conocido bien, al emplear los lobbies financieros toda su influencia en diferentes gobiernos. Estos han implementado políticas de socialización de las deudas privadas –especialmente del sistema financiero- sobre la espalda del sector público, convirtiendo, mediante políticas de desfiscalización del capital y generosidad en los rescates al capital financiero e industrial, la formidable deuda empresarial privada en un creciente escenario de déficits públicos y consiguiente incremento de la deuda soberana. Justamente a la inversa de lo que el pensamiento convencional nos había relatado.
Este proceso de saneamiento de las maltrechas cuentas de los balances bancarios, se ha facturado a la ciudadanía que contribuía con sus impuestos y en detrimento de las políticas sociales y diferentes servicios públicos.
Al menos siete años de crisis y políticas de rescate financiero no han sido suficientes para que el sistema financiero mejore su situación, aún cuando el núcleo duro ha salido indemne de este ciclo, favoreciendo la oligopolización del sector a su favor. Mientras, el conjunto de la sociedad ha salido extraordinariamente mal parada, como es harto conocido. A pesar de esta enorme operación de socialización de pérdidas a día de hoy ni se han puesto en pie medidas de corrección del problema y, por el contrario, todo apunta a que los riesgos sistémicos no dejan de aumentar.
En el marco de la UE se ha procedido a medidas extraordinarias para enfrentar la crisis bancaria (autista a la crisis social y de la economía general). Una política monetaria ultraexpansiva, bajo el cauce de la flexibilidad cuantitativa, ha favorecido el intercambio de crédito exclusivamente en el marco de los mercados interbancarios, puesto que este no ha fluido al resto de la economía. Cuando lo ha hecho, ha sido bajo la operativa de fondos de inversión agresivos que únicamente han perseguido acaparar bienes raíces (energía, suelo, industria alimentaria) sin generar valor ni riqueza nueva, generando sucesivas burbujas.
Algo que, con las recientes medidas de Draghi se va a agravar. El Quantitative Easing recientemente puesto en marcha, una política monetaria fuera de lo convencional -que comprará masivamente activos de deuda en el mercado secundario, tanto privados como públicos, a gran escala de aquí a 2016- debe interpretarse como una solución a la desesperada contra la deflación que cunde en Europa y, también, como un mecanismo de zanahoria (para aquellos países que prosigan aplicando la política de austeridad) y claro chantaje de los países que no se sometan a ese esquema, en clara referencia a Grecia y su nuevo gobierno, que quedarán al margen de ese supuesto estímulo. Estímulo que, probablemente no tendrá otro efecto que las mencionadas burbujas que pueda inaugurar, porque en un contexto de trampa de la liquidez apenas tendrá grandes efectos de reactivación. En suma, una perspectiva como la que ha mantenido Japón desde los años 90.
Entre las medidas que se ha puesto sobre la mesa, a finales del año pasado, pueden observarse diferentes líneas de actuación como, por ejemplo, la unión bancaria y uno de sus instrumentos: el mecanismo único de supervisión bancaria (MUS). Junto a la conformación de grandes fondos como el MEDE –Mecanismo Europeo de Estabilidad- (que se destinan para nuevos rescates a entidades de crédito), el MUS inaugura su operativa este mes de Noviembre.
El test de resistencia realizado antes de la puesta en marcha del MUS procura justificar algunas iniciativas para enfrentar la baja solvencia del sistema bancario y establecer criterios ante una situación de crisis financiera.
¿Qué criterio plantea el MUS para casos de crisis de insolvencia?. Se seguirían las siguientes prioridades:
1) Se espera que en primer lugar se recurra a emisiones de capital.
2) Si no es así se plantea la venta de activos, o la provisión de riesgos y deducciones de capital extraordinarias (ventas de activo de carteras y venta de filiales), como medidas de desapalancamiento y reestructuración.
3) Compensaciones con beneficios no distribuidos de 2014.
4) Como última solución se recurrirá a rescates públicos.
Debe señalarse que aunque esto aparente priorizar un mayor esfuerzo al accionariado (ampliando capital o no apropiándose de dividendos) o una reducción del tamaño de las entidades, es un canto voluntarista que se abordaría además con planes banco a banco y no de carácter global. Posiblemente en más de un caso, acabará recurriéndose al MEDE, como fórmula de rescate público europeo, derivando a escala europea una operación conocida y practicada a nivel nacional, que ahora se multiplicará a escala continental.
En nuestra opinión, las medidas aplicadas tienen un triple propósito:
a) que los actores económicos de los países más fuertes determinen las condiciones de funcionamiento del resto –pues parte del sistema bancario intermedio, en especial las cajas alemanas, queda al margen de la supervisión-,
b) tratar de tranquilizar a los mercados financieros, dando condiciones de confianza para que se aporte capital a los bancos con cuentas maltrechas,
c) y legitimar un eventual macrorescate bancario europeo bajo unas condiciones ordenadas, que podría producirse si uno o varios bancos sistémicos caen, y que volverá a incidir en el sacrificio de los diferentes tesoros públicos y sobre la espalda de los y las trabajadoras y demás contribuyentes efectivos, a una mayor escala que la hasta ahora conocidas.
El test de resistencia bancario que se realizó en 2014 reconoce en gran medida las cuentas aportadas por los bancos y, aún así, detecta riesgos ciertos de insolvencia. Ante un previsible estallido financiero, que destruya gran parte del capital financiero que no tiene detrás activos con el valor que se le atribuía y con expectativas de rentabilidad acorde a lo esperado, parece que las soluciones planteadas son notablemente inapropiadas. La supuesta priorización de un autoajuste del capital privado (haciendo valer la máxima de que el mercado decida quién puede sobrevivir o no) esconde realmente un colchón público para una serie de entidades bancarias que pueden entrar en colapso próximamente si la hipertrofia financiera vuelve a desatar sus consecuencias.
A este respecto, parece necesario poner en pie alternativas mucho más profundas y alejadas de las viejas convencionalidades, tales como:
• Establecer a escala europea, una regulación del sistema bancario privado, que garantice la función social del crédito, que paute una regulación de los usos de los excedentes y limite la distribución de dividendos, que establezca garantías para los depositantes, niveles de capitalización, que regule los productos bancarios y sus respectivos tipos de interés, para propiciar la extensión del crédito sobre actividades socialmente útiles.
• Que se establezca un criterio de intervención en todas aquellas entidades, de cualquier país o tamaño, que no cumplan con dicha legislación, para que engrosen una banca pública, que podría ser europea o de carácter estatal, en suma un polo bancario público. Que dicha banca pública se encaminase a la financiación en condiciones accesibles de actividades de alta prioridad social y ecológica (energías renovables, actividades socialmente necesarias, iniciativas generadoras de empleo, etc…).
• Que establezca que, en los casos en los que las entidades públicas hayan de habilitar recursos para impedir que bancos sistémicos comprometan la economía general, que se cuente con contrapartidas claras: echar y encausar penalmente a los directivos responsables, que se traduzcan en acciones de oro para poner bajo propiedad y control públicos las entidades, y que impliquen un viraje en el modelo de gestión bancario.
• Para ello parece necesario impulsar una Reforma del Banco Central Europeo, en la que el control y supervisión bancarios pueda ser europeo, pero con el propósito de impulsar un modelo de actividad y gestión bancaria que se oriente con criterios alternativos como los señalados anteriormente. Una reforma que incluya la posibilidad de financiar directamente una banca pública, como instrumento para una política económica alternativa y que acabe con el monopolio privado del crédito.
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