1. Con el paro y la
reforma laboral nos reducen los salarios… Y ahora vienen por las pensiones…
Tras una reforma laboral durísima y una decidida política
económica destructora de empleo, que están causando una fuerte disminución de
nuestros salarios directos, el gobierno del Partido Popular, como alumno
aventajado de la Troika, persigue erosionar drásticamente el modelo de
Seguridad Social. El propósito es reducir el nivel de prestaciones de las
pensiones, tras haber devastado la educación y la sanidad pública, con el
objeto de liberar recursos para hacer frente a la deuda que, desde la reforma
constitucional de 2010, del PSOE y el PP es la prioridad absoluta de pago de nuestro
maltrecho presupuesto público. Desde el 2012 estamos intervenidos, con un
“rescate bancario” que ha supuesto un sobreendeudamiento para el Estado, a
cargo fundamentalmente de las rentas del trabajo. Estamos pagando entre todos
los desaguisados de la banca, y todo lo que va para la banca se quita de
nuestros derechos.
El gobierno ha reunido a una serie de expertos, la mayoría
cercanos a las aseguradoras, que han redactado un informe que perfila el factor
de sostenibilidad de las pensiones. Este tecnocrático informe trata de influir
en las decisiones políticas y se extralimita en sus funciones, solicitando una
reforma para 2014, tratando de avalar un cambio sobre el sistema de las
pensiones.
Proponen un ‘factor de sostenibilidad’ basado en
dos fórmulas:
1) El Factor de Revalorización Anual (FRA), es decir, la no
revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC, lo que reduce
el poder adquisitivo, afectando a los 9 millones de pensionistas actuales,
congelando automáticamente su pensión (debido a una cláusula suelo financiada
por el Fondo de Reserva);
Este
factor puede originar una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es
decir, en un periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría
perdiendo un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial.
2) y el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) que rebajaría la pensión
media al asociarla a la esperanza de vida tras la edad de jubilación,
repercutiendo sobre todo en las generaciones más jóvenes. Puede causar
disminuciones nominales de la pensión, al no contar con una cláusula suelo.
Según el INE, la esperanza de vida a los 65 años en 2012
es la siguiente: en el año 2014 es de 20,1 años y en el 2050, 24,9, casi cinco
años más, un 5% de recorte cada década. Para el año 2050 causaría un recorte
del derecho de cerca del 20%, 2 puntos del PIB. Este supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas
de mortalidad y las importantes diferencias de expectativas de calidad de vida
que existe en España entre las personas pertenecientes a distintas clases
sociales, o que el aumento de la esperanza de vida tiene más que ver con la
reducción de la mortalidad infantil que con el aumento de la longevidad.
La propuesta es procíclica, es
decir, intensifica la crisis, pues recorta las pensiones en las recesiones,
justamente cuando debieran adoptar un papel compensador, que impidiese la
profundización de la caída de la demanda. Es injusta, porque lo que se le da
generosamente a la banca privada se le quita a las clases populares. Además,
beneficia al mundo de los seguros privados que verán como se incrementa el
negocio de los fondos de pensiones, con más riesgos, pues pueden quebrar más
fácilmente (como ha sucedido en el Reino Unido) y se revalorizan muy poco,
debido a su vínculo con la marcha de la Bolsa.
2. ¿El sistema de
pensiones va bien? ¿Qué alternativa de reforma necesitan las pensiones?.
El gasto en pensiones en España representa tan sólo el
10,1% del PIB, inferior a la media de la UE-27 (11,3%) y a la de la eurozona (13,5%).
La pensión contributiva media en 2012 era de 955 euros. Ni es un sistema
generoso ni es insostenible. Entonces, ¿hay algún problema?. Sí, pero no como
nos cuentan.
- El principal es el tipo de política económica con la que se está enfrentando la crisis capitalista. La priorización constitucional del pago de la deuda, las reformas laborales, los rescates bancarios y los recortes en el sector público, generan paro, disminuyen los cotizantes, reducen los salarios y las correspondientes aportaciones a la seguridad social, inhiben la inversión pública y privada y causan mayor recesión. Esta es la causa central que genera problemas en el sistema de pensiones. Ya el año pasado causó un pequeño déficit en la Seguridad Social.
- El segundo y menor escollo, es la cuestión demográfica. Según la Universidad Autónoma de Madrid, por esta causa en 2050 el gasto público en pensiones podría alcanzar más del 13% del PIB, con el actual sistema, algo que sería completamente normal y estaría por debajo del gasto de los países del entorno incluso hoy. Es absorbible.
Los problemas están mal enfocado, porque lo importante no
es la transitoria inversión y envejecimiento de la pirámide demográfica (lo
importante es la relación entre cotizantes y niveles de cotización en relación
a pensionistas y niveles de pensión, y no la relación jóvenes/ancianos). Dentro
de varias décadas los niveles de productividad serán posiblemente mayores, y
con menos fuerza laboral podrá producirse lo mismo. En tercer lugar, el impacto
demográfico comenzará en 2025, con la incorporación de las generaciones del baby-boom en franja de edad de
jubilación, y abarcará unos 15-20 años, tras el cual las cohortes volverán a
equilibrarse. Los posibles déficits transitorios pueden suplirse con aumentos
temporales de los niveles de cotización (sobre todo de las rentas altas, cuyo
esfuerzo actual es muy inferior a las rentas bajas), complementos con fuente en
impuestos, o, dado el caso, topando las pensiones más altas en cuantías algo
menores.
Una opción de izquierdas ha de consistir en fortalecer los
ingresos, la productividad y la distribución de la renta. Por supuesto,
anticipar la edad de jubilación para facilitar el reparto del trabajo y del
empleo. De tal modo que lo decisivo es la política económica y el modelo
productivo aplicado, y no tanto la evolución del
gasto.
Si apostásemos por incrementar
los ingresos del sistema, en vez de recortar gastos, la apuesta ha de ser
incrementar las cuotas a la
Seguridad Social, eliminar los topes de cotización a las
rentas altas, o, en caso de desfase financiero transitorio, con un nuevo
régimen fiscal progresivo, complementar el sistema de seguridad social con
parte del presupuesto público. Para ser consecuentes habría que derogar o
desobedecer el principio constitucional del pago prioritario de la deuda y
declarar el impago de la deuda ilegítima que se ha basado en un régimen fiscal
que ha beneficiado a las rentas del capital, que ha sido muy generoso con el
sistema financiero privado, y que ha socializado las deudas privadas
convirtiéndolas en deudas públicas.
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