Una magnífica reflexión sobre el consumo en el mundo capitalista, el sentido de la calidad de vida, la relación entre el dinero y la felicidad, cómo aprovechamos el tiempo, y la cuestión ecológica.
Imprescindible.
Conferencia de Carlos Taibo en las II Jornadas sobre Decrecimiento de Málaga, organizadas por Ecologistas en Acción los días 3 y 4 de noviembre de 2009. Taibo considera que el decrecimiento debe ser anticapitalista, “no podemos preocuparnos en exclusiva por los dramáticos problemas medioambientales y alejarnos de la contestación económica y social tradicional al capitalismo, que es el causante del problema. Hoy en el norte desarrollado, a principios del siglo XXI, no es imaginable un proyecto anticapitalista que no sea al mismo tiempo un proyecto decrecimentalista, autogestionado y antipatriarcal”.
Recientemente algunos sectores de derecha han planteado en España la posibilidad de regular la adopción de fetos, como alternativa al aborto, cuya recurso en tanto que derecho no admiten. Creo que resulta bastante claro lo problemático ética y procedimentalmente así como lo improvisado del planteamiento. Porque esto ocasionará una nueva desigualdad ante el hecho y el derecho a la crianza y a la libertad de opción, en función de la extracción social. Posiblemente causaría más de un caso en el que indirectamente se invitaría con ello a alguna madre y, consiguientemente, a su posible vástago, a una situación penosa y desesperada, de separación. Y, lo que es socialmente más indigno, una conversión del cuerpo de personas en ser susceptibles de trato como mercancía. La derecha con esto, está diciendo que quien no tiene recursos, queda embarazada sin desearlo, o sus circunstancias no brindan las opciones (entorno favorable, preparación suficiente, etc…), deba o bien asumir una crianza que no está en condiciones de desarrollar adecuadamente o bien dar curso y fin a un embarazo y dar a su hijo o hija, si consigue culminar el proceso con vida, al Estado para que, incluso antes de nacer, lo asigne a una familia que ostente presumiblemente las condiciones para poder criar a ese nuevo ser.
La propuesta, siendo paradójica, es también retorcida, porque compartiendo que un aborto nunca es una solución satisfactoria –pues es un síntoma de que algo falló (la educación sexual, la prevención, la relación de pareja, o la escasez de recursos de todo tipo de la madre, o sencillamente la natureleza), y es en sí una tragedia dolorosa física y anímicamente-, no prevé situaciones tan extrañas y peligrosas como que la futura familia de adopción, que suele seguir trámites para ser aceptados como tales mucho más duraderos que un embarazo- puedan verse animados a estimular a la madre biológica a culminar adecuadamente su embarazo, o a que el feto previsto aborte inesperadamente y se vean en la tesitura de ser padres sin niño nacido o de ser padres de finalmente un feto que no ha nacido.
Además, no contempla que admitiendo que un aborto es una desgracia, puede ser también enormemente trágico dar en adopción –o que te arranquen de tí- a un ser con el que hay vínculo afectivo y que lo fue físico, por no poder asumir materialmente su crianza. O, lo que es peor, verse abocado a malcriar, en el sentido de cuidar y atender con penuria, o sin voluntad ni deseo, o sin conocimiento de causa, a un ser que se vería desprotegido y no suficiente o adecuadamente atendido.
En fin, más allá de estas reflexiones, hay una consideración que sí me merece un respeto y nosdebemos parar a estudiar, y, aunque resulte sorprendente, procede de algunas aportaciones de ciertos grupos católicos. Sí, porque la propuesta del Partido Popular, es una deformación estúpida de una alternativa coherente, aunque intransigente, de cierto sector cristiano. En efecto, la alternativa católica, entiendo que parcialmente progresista, defiende que, en contraposición a cualquier derecho al aborto -he aquí lo de intolerante-, hay que defender consecuentemente el derecho de la madre a contar con todo el apoyo para la crianza o en su caso propiciar la adopción. Esta nueva reflexión del catolicismo conllevaría a que la sociedad y, en su caso, el Estado en su nombre, debería de proporcionar un ingreso, recursos médicos, educación y todo lo preciso para que la mujer pueda cumplir su “función social de madre” y, se proteja a “la vida”. Esta propuesta, muy distinta a la del PP, entraña un salto cualitativo a la tradicional actitud de rechazar a las madres solteras, las madres con padre desconocido, a las madres no casadas, etcétera que se las estigmatizaba y que, muchas veces, ocasionaban abortos terribles, sin tratamiento adecuado y en secreto, con riesgo para la propia vida para evitar el San Benito. Una vieja y mala costumbre que ignoraba el papel de la sociedad, de la familia, del padre y del Estado como garante de derechos básicos, y que sólo les empujaba a una conducta reprobatoria y excluyente de aquello que consideraban "fuera del curso normal". A esta alternativa se le suma en paralelo el planteamiento intransigente respecto al derecho al aborto que para ellos es un atentado contra una ley divina. Y es aquí donde deja el planteamiento de ser progresista, para pasar a ser paternalista respecto a las mujeres.
En mi opinión, creo que la actitud contra el derecho al aborto responde a varias cosas. La primera, a la confusión del rechazo comprensible a un aborto –como un acontecimiento espantoso y duro, bien por el dolor, la pérdida involuntaria, o la pérdida voluntaria que supone tener que poner en la balanza dos o más vidas por circunstancias ajenas a uno mismo- con el derecho al aborto, como una opción legítima regulada y realizada con garantías. Responde, así, más bien y más de las veces a un sentimiento primario de rechazo a algo trágico como es el hecho de la interrupción del embarazo. Es cierto que este sentimiento se ha racionalizado con la justificación, sin demasiado fundamento científico o filosófico, de que si un cigoto, un embrión o un feto son un ser humano desde la concepción. Está muy claro que todo esto es muy discutible, porque no se sabe si un ser humano nace cuando lo dicta Dios, cuando se produce la concepción, o con el alumbramiento. Esta última disquisición queda dentro de lo opinable, discutible pero quizá también de lo irresoluble. Más si aceptamos que la vida es un continuo, y que si bien un ser humano es un ser vivo no toda forma biológica viva es un ser humano. Además, si nos ponemos a buscar puntos de partida, podríamos remontarnos a cada menstruación o cada óvulo y espermatozoide perdidos, porque fueron un potencial ser humano, pero está claro que no es esto lo que se discute.
Un ser humano no lo puede ser hasta que no está en condiciones de desplegar su potencial desarrollo de sus facultades de manera físicamente autónoma y suficientemente madura, y de asumir una relación con el mundo, con los demás y consigo mismo plenamente consciente y libre. Y un cigoto, embrión o feto no es independiente ni física ni mucho menos psicológicamente de su madre, ni tienen conciencia ni madurez para ser libres. Eso no impide que haya que proteger y cuidar la vida, pero hay que tener claro que va antes y que va después, si es que se nos obliga a elegir. El ser humano, por otro lado y de manera más filosófica, se define más como una vida con una base consciente capaz de madurar marcándose un horizonte libre desarrollando plenamente sus facultades, un camino y una meta, un proceso vivo, social, consciente y relacional de maduración que algo caracterizable a priori. Pero una vez aquí, entremos en disquisiciones que difícilmente pueden concluirse de manera definitiva.
Quede claro que el aborto, cuando deviene o se decide, es siempre una desgracia. Para cualquiera. Tengamos presente que también es una desgracia la desinformación, la falta de educación sexual, la no apuesta por la prevención ante embarazos no deseados, que hace enfrentar a las personas a dilemas sin más solución que la tragedia. También causa enormes tragedias el moralismo hipócrita intransigente de algún sector católico trasnochado, y que considera que la mujer no es más que un instrumento de Dios, una pecadora digna de castigo y penitencia, y un ser inmaduro por el cual hay que decidir en su lugar. Como decíamos, también es una tragedia tener que desprenderse dando en adopción a un ser engendrado porque no te queda más remedio por tus circunstancias personales, económicas o sociales. Pero es doble tragedia una vida con unos padres que no pueden asumir la responsabilidad de la paternidad, y un vástago que no recibe la atención debida.
Resulta perfectamente compatible defender el derecho a la vida y defender el derecho al aborto. Es más, si entendemos la vida y la dignidad como dos factores a combinar, es necesario. El derecho al aborto, entiéndase, no exige una preferencia por el aborto en todos los casos. El derecho al aborto debe permitir resolver un escenario no decidido de antemano pero devenido en la que se pone en juego muchas cosas, y en el que hay que plantear opciones y salidas. En ocasiones el dilema se plantea quién está antes, si la mujer que puede ser madre, o si el cigoto, el embrión o el feto que constituyen diferentes estadios de un ser aún no plenamente formado –aunque en cierta fase el feto podría ser viable-, que no son más que una potencia de vida humana.
Desde este punto de vista, partimos de la prevalencia del derecho de la vida digna de la madre, una persona hecha y derecha, sobre lo que no es otra cosa una potencia de vida, una potencia indisoluble de la madre hasta poco después de nacer, pues en el embarazo es una y son dos (o más), pero antes de nada es una persona (la mujer embarazada), que aún no es madre, pudiendo llegar a serlo.
Se trata de defender el derecho a una vida digna de ser vivida, que incluya el respeto a los demás y a sí misma. Lo que comporta, complementariamente, también comprender que sea necesario reconocer el derecho a una muerte digna, regulado con garantías de plena información comprensible, y constatación de diagnóstico y pronóstico inequívoco, como último capítulo de la vida de una persona. Defender la vida a toda costa, como reconocen ciertos grupos de cristianos, por entender que es Dios quien decide nuestro comienzo y final como seres humanos, aboca a aceptar situaciones físicas y de enfermedad irreversibles incompatibles con la dignidad corporal, social y ética, empujando al dolor y la humillación en situaciones innecesarias y que, a veces con conocimiento certero del pronóstico, no tienen vuelta atrás, ni siquiera admita un balance que compense el sacrificio con algún tipo de recompensa parcial o puntual.
Ahora bien, y aquí coincido en algún sentido con el planteamiento de ciertos colectivos católicos, la opción de no querer abortar también entiendo que debe plantearse como un derecho. Y, si la madre opta por ello, como un derecho preferente especialmente respaldado. La diferencia es que el colectivo católico que defiende esto lo plantea como una obligación, tanto de la madre como de la sociedad a plantear como única opción la crianza o, en su defecto, la adopción. Yo planteo que este derecho a la crianza no sea sólo formal, sino sustancial, con apoyo material suficiente y adaptado a cada caso, con apoyo psicológico y educacional. Quizá algún sector católico quiera respaldar materialmente y sinceramente a la mujer, sólo en tanto que decida ser madre, para dar salida a la vida del no nacido. Pero la mujer, antes de ser madre, que es una opción en ciertas circunstancias, es persona y debe presumirse madurez y reconocersele libertad de decisión, como a toda persona.
De modo que este derecho a la crianza debiera ser un derecho equivalente al de poder dar en adopción o el de abortar, planteados todo estos derechos dentro de una superior que sería el derecho prevalente de la madre a decidir sobre su cuerpo –admitiendo el derecho a opinar del padre, pero sólo a opinar-.
Para tomar una decisión libre, las opciones deben tener un recorrido válido y protegido en todos los casos, cuando todas ellas son legítimas. Criar, dar en adopción y abortar, son opciones legítimas, aunque, en mi opinión y sin pretender sugerir esto como criterio a universalizar, son preferibles las dos primeras. Pero debe entenderse que la última también es legítima, la de abortar, aunque presumiblemente no sea una solución feliz ni cómoda. Para que la decisión de criar sea responsable, libre y capaz requiere de dotarse a la población de educación e información, de medidas de prevención, de condiciones socioeconómicas, de un futuro (derechos de ciudadanía, empleo en su caso, protección social y servicios públicos, etcétera) y de facilitar que asuman conscientemente su libertad. Y, si no queda más remedio brindar las opciones más adecuadas al caso, las condiciones y la voluntad de las personas afectadas: de recibir apoyo para la crianza –un empleo compatible con el cuidado del o la hija, una renta de ciudadanía, etc…- ; la posibilidad de dar en adopción, si así lo estima la madre, con garantías de no convertir el cuerpo –ni de la madre ni del bebé- en mercancía, y protegiendo que la familia que adopte reúna las condiciones y actitud adecuadas; o para abortar, como último recurso, pero como decisión libre de la madre, siempre y cuando el hecho no comporte riesgo grave para la madre que no aconseje otra opción. Sólo cuando existen estas opciones, respaldadas por unos pasos coherentes dotados con recursos, la libertad es real y las decisiones serán sensatas en cualquier caso.
En mi opinión, con soluciones regulatorias que permitan articular el derecho prevalente de la madre a decidir, con el derecho material a la crianza y la posibilidad regulada de dar en adopción con garantías, o de abortar de manera libre y en la sanidad pública, se podría encontrar un amplio consenso social. ¿No creen?.
El sistema financiero español tiene con las cajas de ahorros una peculiaridad. Entre las 46 entidades que hay en España ocupan la mitad del negocio bancario. Y estas entidades cuentan con rasgos diferenciales a los bancos porque ni tienen accionistas, no reparten dividendos. Son desde el plano jurídico entidades sin ánimo de lucro y en su gobierno participan diferentes representantes de poderes públicos regionales –ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos), de agentes sociales y de los propios impositores (los depositantes que cuentan con derechos políticos en su gobierno). Desde estos puntos de vista no son estrictamente banca privada, aunque, tanto por su modelo de gestión, como por su titularidad jurídica, tampoco lo es pública, y comúnmente se les refiere como banca semipública.
Las cajas de ahorros en las últimas décadas han fortalecido su presencia en el sistema financiero español hasta el punto de superar a la banca privada, con unas cuotas de mercado más amplias y ratios de solvencia en algunas de ellas tan sólidos o más que en la banca. IberCaja, La Caixa o Caja Madrid son algunas de esas entidades con gran solidez económica y gran capacidad expansiva. Sin embargo, una parte de las cajas de ahorros se encuentran en una situación frágil dentro del sistema financiero español, como ha sido el caso de Caja Castilla-La Mancha, porque son las principales afectadas por la crisis y, en particular, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que contribuyeron decididamente no sólo los mercados financieros, la ley del suelo del PP, sino también el modelo municipal español –dependiente de la obtención de ingresos a través de la recalificación del suelo- y de manera instrumental y diferenciada las propias Cajas de Ahorro.
Los bancos y las cajas han incurrido en una deuda exterior que se estima en un 75% del PIB español con vencimientos de entorno a un 20% para 2009 y 2011, y para enfrentarlas las ayudas públicas (en forma de concesión de avales y compra de “activos no tóxicos”) comportan un volumen que sólo cubren la mitad de los mismos. En el caso de las cajas, la morosidad ha alcanzado cerca del 5%, algo por encima que en los bancos, sobre todo por la insolvencia de los promotores de viviendas, por encima del impago de hipotecados. Dicho de otro modo, si no fluye el crédito, ni hay confianza, es porque detrás de la crisis de liquidez se esconde una crisis de solvencia., fuerte, pero en cualquier caso menos acusada que en otros países del entorno. Debilidad que afecta a ambos segmentos financieros, pero algo más a una parte de las cajas. Sobre todo en las entidades expuestas a la insolvencia del sector inmobiliario.
Está claro que en su día, los favores, el clientelismo y un modelo dependiente del ladrillo puso en peligro las cuentas económicas de algunas Cajas de Ahorros. De un tiempo a esta parte, la situación crítica de éstas ha conllevado un proceso de concentración importante para tratar de sobrevivir y, para otras, alcanzar volúmenes de activos que les permitía dar un salto cualitativo en su competencia con la banca privada. Las cajas de ahorro, en su conjunto, con esta estrategia, suponen el más serio competidor del sistema financiero privado, y, también un objeto de deseo formidable.
Una mala gestión y un mal uso del capital financiero
El modelo de gestión de las cajas es semejante al de los bancos, obtener máximo excedente, mediante el negocio de la financiación, de gestionar el ahorro para orientarlo a la inversión, mediante el crédito, y ganar dinero en los márgenes de intermediación y otras fórmulas de ingreso. Algo realmente importante, más allá de ese negocio bancario en sí, es contar con la “savia” de la financiación, y diversos grupos de presión tratan de obtenerla para sus negocios privados, mediante la incidencia en los miembros de los gobiernos de las cajas. Esto es, se trata de banca semipública, con gestión interna privada, pero los intereses a los que puede responder no sólo son los de la entidad y la sociedad, sino de grupos particulares y partidistas.
Todo el sistema financiero en este país se ha orientado de manera extrema a la consecución de mayores masas de beneficio, y ganar más tamaño y más mercado, no necesariamente de máximas tasas de rentabilidad, en un contexto de márgenes de intermediación extraordinariamente bajos. Se ha perseguido aumentar la cuota de mercado, y ganar más beneficios aún a costa de los márgenes, que sólo se compensaban en parte con las comisiones cobradas. Este contexto, y aquí participa como factor el clientelismo o cálculos de oportunidad partidista que practican algunas Cajas, explican la política de arriesgarse en la concesión del crédito, aún peligrando la devolución.
En efecto, los recursos que movilizan las Cajas de ahorros para hacer fluir desde al ahorro al crédito una capacidad de financiación son muy importantes, y los criterios de su canalización no responden a las necesidades socioeconómicas básicas o generales, y en algunos casos conocidos tampoco de manera siempre prudente a criterios de solvencia o viabilidad –véase el tema inmobiliarias-. No es el futuro y función socioeconómica de la caja lo que se prima, que debería tener una orientación al interés general, sino el interés de los grupos sociales y económicos, o facciones de gobierno, a los que representan los miembros en el gobierno de las cajas.
En este sentido, la composición del gobierno de las cajas resulta decisiva para movilizar y disponer de un recurso que confiere poder económico a diferentes grupos de presión, a veces representados por los mismos partidos políticos o facciones de los mismos en los consejos rectores de las cajas. Desde este punto de vista el papel que juega la ley Aguirre es el de tratar de recomponer y reordenar la composición del gobierno de Caja Madrid para que su facción y los intereses que representa cuenten con mayor poder y recursos para sus propósitos económicos y de proyección política en la escena estatal. Al dar un mayor peso a la asamblea de Madrid sobre el ayuntamiento, y al haber planteado una dirección afín a Aguirre, se perseguía más poder. Aguirre tuvo que pactar con CCOO-Comfia e IU un mayor espacio para ellos, a cambio de que los criterios de gestión y dirección queden en manos del PP, y así al final la “supuesta oposición” ha quedado conforme. Luego el conflicto en el PP ha situado a Rodrigo Rato sobre el candidato de Aguirre, una consecuencia no esperada por la lideresa.
Gobierno de las Cajas ¿es esto democracia?.
El gobierno de las cajas de ahorro está ocupado por representantes de diferentes poderes públicos y sociales y, sin embargo, eso no es garantía de que se responda al interés universal.
Como organización de clase el control social de las cajas debería ser triple: por parte de los impositores, por parte de los y las trabajadoras de la comunidad autónoma a la que está vinculada y de la propia plantilla de la caja de ahorros, y por parte de representantes de la ciudadanía. Sin olvidar el control técnico y la supervisión del banco central y otras figuras de control público. Alguien podría pensar, ¡pero sí ya están diseñadas así!. El problema no es la formalidad sino la sustancia en este caso. Y el problema de que no se representen los intereses reales de los grupos en cuestión se debe a la propia calidad y el modelo de democracia representativa en vigor. La forma de elección, representación y control social alteran profundamente un modelo de democracia sustantivo, con demasiadas derivadas que disuelven su sentido. El problema no es sólo el modelo de democracia representativa, sino su deformación en delegativa en individuos sobre los que apenas se vigila su acción y que pocas veces rinden cuentas de manera clara, salvo a los grupos con los que se relacionan y guardan complicidades.
El modelo de gobierno democrático debería basarse en parámetros como los siguientes:
- Participación de representantes de los diferentes grupos de la sociedad (impositores, ciudadanía, sindicatos del territorio, plantilla de las cajas, etc…). - Control social cruzado. Por parte de los diferentes grupos entre sí. Control ciudadano rindiendo públicamente las cuentas e informes de gestión. - En la gestión del capital: Los y las miembro de los órganos de gobierno deben atenerse a un mandato orientado por criterios definidos a los que sujetarse, y dando cuenta transparentemente de su gestión y toma de decisiones y resultados de manera periódica. - Con una movilización del crédito basada en el interés general: solvencia y viabilidad de la caja, satisfacción de costes, definición de criterios de responsabilidad social de las inversiones, priorización de áreas de actividad, política de tipos y comisiones de carácter popular, etc… - Control técnico. Por parte del banco central.
El régimen jurídico de las Cajas: peligro de plena privatización.
No obstante, la cuestión en litigio más importante no es ni siquiera todo esto, aunque por aquí se vehiculen muchas disputas. El debate de fondo se encuentra en qué modelo se persigue para las cajas, y el peligro de que la banca privada sea un depredador al acecho. Las cajas suponen un suculento tesoro ansiado por el capital, para fortalecer el espacio del sistema financiero privado. En efecto, lo que está detrás del nuevo sistema control está el intento de privatizar definitivamente las cajas de ahorros. Para ello están en la recámara las denominadas Cuotas Participativas –una especie de acciones sin derechos políticos- que se pretende generalizar y, finalmente darle un peso así a suscriptores y tomadores en la toma de decisiones de la gestión de las cajas de ahorros, otorgándoles derechos políticos. El propósito de la derecha es convertir las cajas en bancos mediante su reconversión a sociedades anónimas.
Por el contrario nosotros debemos defender un modelo de titularidad pública, una banca pública, bajo una gestión con criterios de gestión solvente y que responda a la financiación de proyectos viables de interés general, y que esté controlada social y democráticamente por personas que se atengan a criterios técnicos de eficiencia y que persigan objetivos y prioridades políticamente definidos (obtención del ahorro minorista, crédito a la inversión con perspectivas de desarrollo endógeno e iniciativas socioeconómicas innovadoras y de redistribución social, apoyo al consumo de bienes socialmente necesarios, etcétera).
En suma, las cajas de ahorro deberían cumplir otra función socioeconómica. Facilitar el crédito al tejido productivo social y territorialmente útil, con criterios de desarrollo endógeno e interés universal, sostenibilidad, solvencia y viabilidad económica, derivando responsablemente el ahorro de los impositores hacia actividades que merezcan la pena y se decidan de manera auténticamente democrática. Su función debería garantizar la fluidificación del crédito y su orientación hacia una inversión social y económicamente responsable y útil, y un uso social del excedente, dedicando una gran parte de éste no sólo a fortalecer la solvencia de la caja sino a ampliar la obra social dirigida por criterios políticos adoptados pública, democráticamente y bajo control social.
El año 2009 está fraguando tras mucho tiempo de paz social una nueva etapa en la relación entre patronal y sindicatos. Estamos asistiendo a la quiebra del diálogo social, vemos cómo la negociación colectiva sobre salarios fracasa y el conflicto laboral por la crisis sólo empieza a descollar, de manera tardía y poco firme. Mientras, los pagaderos siguen siendo los y las trabajadoras con más desempleo y congelaciones salariales en muchos casos.
La actual situación de profunda crisis económica coincide con el cambio de pauta en las organizaciones patronales y sindicales con reconocimiento institucional para operar en el diálogo social. CEOE ha cambiado de director de orquesta. Díaz Ferrán representa sin pudor a las grandes compañías, al gran capital en primer lugar, sin las más mínimas consideraciones diplomáticas que, por lo menos en alguna medida, su antecesor Cuevas sostenía. La CEOE ya no representa a todo el tejido empresarial español, y si bien nunca lo hizo, ahora ni lo intenta. En el contexto de crisis, las pequeñas empresas pierden espacio, y, naturalmente, las grandes empresas lo ocupan y son las principales beneficiarias.
Mientras la UGT actúa cómplice de las políticas socialiberales del PSOE, conformándose con alguna medida compasiva y declaraciones que luego en muy poco se cumplen (reforma fiscal, por ejemplo), CCOO se ha resituado en su proyecto estratégico con un nuevo equipo de dirección que se distancia de la línea socialiberal de Fidalgo, anterior secretario general. CCOO ha girado parcialmente hacia postulados simplemente socialdemócratas, pero con la necesidad de convivir, ante una victoria por la mínima en el último congreso de este año, con el modelo ideológico y el modus operandi de décadas de un sindicalismo que en aras de la negociación por la negociación, huía del combate. El sindicalismo mayoritario en este país consolidó en todo ese tiempo la transacción histórica de la Transición Política en la que se intercambiaba desmovilización por fortalecimiento organizativo y reconocimiento institucional. Sin embargo, con el cambio actual el conflicto ocupa un lugar diferente. Si con Fidalgo plantear el conflicto constituía algo anacrónico, ahora se prima el diálogo y la negociación a toda costa, y si ésta fracasa, puede abrirse camino a enfrentar el conflicto.
No es que sea lo ideal, pues lo suyo es afrontar la negociación asumiendo y encarando el conflicto, movilizando en todos los planos que eso significa, desde el inicio del mismo. La Movilización debería constituir el vehículo principal del sindicalismo de clase. Entendiendo por tal un amplio abanico de actuaciones: - estudiar y diagnosticar adecuadamente las situaciones, - informar cotidianamente a la afiliación, consultar las decisiones a ésta, - plantear propuestas alternativas, - y expresar protestar para ganar fuerza y legitimidad social así como buscar conquistas específicas como objetivos a lograr, mediante, en su caso, concentraciones, campañas públicas, manifestaciones y huelgas a todos sus niveles, de manera proporcionada a dichos fines.
El conflicto este año conviene contextualizarlo. Y tiene que ver con la crisis. La disputa aquí se sitúa principalmente en el marco de la política salarial. Desde los años ochenta, los salarios nominales han pasado a crecer igual o incluso menos que la inflación lo que ha supuesto un estancamiento de los salarios reales. El sindicalismo en todo ese tiempo estaba dispuesto a aceptar una teórica, pero mal fundamentada, transacción de moderación salarial por mantenimiento del empleo. Pero esa transacción ni se sostenía en la teoría ni en la práctica, y su traducción derivaba en el engrosamiento de los excedentes. La diferencia ahora es que, al menos en el discurso, no se admite que sigan siendo los salarios ni las políticas sociales las que sigan pagando los platos rotos causados por otros.
Con todo, a finales del año pasado, la patronal prosiguió y profundizó su línea de provocaciones y agresiones. Primero, abandonando los ya tímidos y moderados Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, que, por otra parte, planteaban que los salarios debían crecer manteniendo el poder adquisitivo según la previsión de inflación gubernamental, mediante la activación de cláusulas de revisión a final de cada año para garantizarla, más el crecimiento de la productividad. El cumplimiento de estos acuerdos fue desigual, pero cierto, y se traducía en que al menos los y las trabajadoras cubiertos por la negociación colectiva, cuya cobertura debe estar en torno al 70% -por lo que el resto queda fuera- sostenían crecimientos salariales que aguantaban los salarios reales. Aunque las ganancias de productividad ni se calculaban ni se exigían, engrosando las masas de beneficios sin compromisos ni siquiera de reinversión. La pérdida del salario relativo, del peso de los salarios en el PIB, se debía a que la rotación del empleo suponía que los y las nuevas contratadas entraban siempre en las escalas salariales más bajas, extendiendo el fenómeno del mileurismo y, en suma, la precariedad salarial y en el empleo.
No fue suficiente, y en Julio pasado la patronal volvió a romper todos los protocolos del diálogo social, y el más mínimo respeto a un proceso leal de negociación. Y exigió, como todavía exige, reducciones en las cuotas a la seguridad social, una reducción de impuestos al capital, así como un nuevo modelo de contrato indefinido con sólo 20 días por año trabajado como indemnización, lo que supondría generalizar la precariedad absoluta en el empleo para toda la clase trabajadora.
Desde entonces los sindicatos mayoritarios titubean. Protestan, y proponen cosas diferentes, como si con propuestas técnicas se pudiese convencer a quien no entiende otra cosa que las relaciones de poder y de fuerza. Primero fue la propuesta de que, en un contexto de deflación, los salarios creciesen el 2% como se acostumbraba mediante la “previsión de inflación del gobierno”, para estimular el consumo. A falta de una respuesta más contundente, los sindicatos mayoritarios, por ejemplo CCOO, plantearon después, y vuelven a proponer ahora, un pacto salarial para todo el periodo previsto de crisis, con unos acuerdos que abarcasen 2010-2012 en virtud de los cuales se establecería un crecimiento moderado de los salarios, para que “las empresas no se asfixiasen con la crisis”, que lo serían menos moderados para los bajos salarios, a cambio de una cláusula de revisión tras esos tres años que considerase el mantenimiento del poder adquisitivo, las ganancias de productividad, y el compromiso de que en la próxima legislatura el SMI subiese a los 800 euros.
Pero es que llegados a la altura de este año nos encontramos que un gran número de convenios colectivos están bloqueados en su cumplimiento o en su negociación por parte de la patronal. Esta es otra agresión más. Se estima que hay 135 conflictos abiertos y la resolución de estos convenios afecta a 1,2 millones de personas.
Erre que erre con la vana esperanza en la negociación y el diálogo social han seguido los sindicatos mayoritarios su trabajo para, al menos, desbloquear estos convenios. Comprobado está que la movilización tiene sus frutos con el sector del metal. Es allí, donde los sindicatos se han puesto algo más firmes, por ejemplo el pasado día 28 en el sector del metal, donde se han conseguido firmar 13 convenios pendientes de hacerlo.
Pero la CEOE ahora dice que algunas organizaciones patronales, especialmente las de Andalucía y Construcción, y en parte la del Metal, bajo su manto puede que no quieran cumplir un compromiso en ese sentido, y que no puede por tanto firmar algo así. Hoy mismo CCOO y UGT anuncian sus propuestas alternativas, y ya se propone una manifestación para Diciembre contra la patronal y por el desbloqueo de los convenios.
Esas propuestas se centran en el mencionado acuerdo plurianual, con un crecimiento mientras se compensa a final del periodo de los salarios entre el 1%-2% anual, el desbloqueo de los convenios, así como en un acuerdo basado en el empleo, reducir “la temporalidad injustificada”, los salarios, y la moderación de los beneficios empresariales y los salarios de la alta dirección y los consejos de administración, orientando el excedente para aumentar la estabilidad en el empleo y la formación para los y las trabajadoras.
El inicio del conflicto directo debería haber venido desde hace tiempo, pero mejor tarde que nunca. El 12 de diciembre tendremos, en cualquier caso, una “movilización general” convocada, al menos, por CCOO y UGT. También es una pena que se renuncie a preparar una más contundente huelga general, aunque hay que trabajar por que esta opinión cambie. No obstante, dada la envergadura de la crisis y de las agresiones, es imprescindible incluir en el saco de los responsables al propio gobierno, a la política europea, y las políticas económicas que ni son capaces de superar la crisis y que además hacen soportar sobre los y las trabajadores todos los sacrificios. Parece inaceptable que, aunque entendemos que por la falta de autonomía de UGT respecto del PSOE éstos sean seguidistas, no se planteen cuestionar en toda su amplitud no sólo a la patronal, sino la propia política económica, el recurso a la crisis para justificar el ajuste sobre el empleo y sobre los salarios, y que por tanto, se enfrenten al gobierno y sus políticas, y al propio modelo capitalista que está originando este desaguisado.
Porque de lo que se trata no es sólo de que los salarios mantengan el poder adquisitivo, repartir las ganancias de productividad, para sostener su peso en la producción, o de que la negociación colectiva mantenga y mejore las condiciones laborales y se aplique, o gobernar el excedente, que sólo serían medidas de mera resistencia, si no de cuestionar las relaciones de poder y la propia relación salarial que está en el centro de las injusticias y desórdenes globales.
Una magnífica reflexión sobre el consumo en el mundo capitalista, el sentido de la calidad de vida, la relación entre el dinero y la felicidad, cómo aprovechamos el tiempo, y la cuestión ecológica.
