Al final la CEOE planteó una contrapropuesta desleal con el proceso de negociación con medidas radicales de corte neoliberal, con el propósito deliberado de sabotear el resultado de la mesa. Detrás de esta actitud se encuentra una intención política de deslegitimación del gobierno y de los sindicatos, hacerse pasar como víctima cuando ha sido la auténtica responsable de la ruptura, con medidas inasumibles por parte de los sindicatos y, finalmente, incluso inaceptables para el gobierno socialiberal del PSOE. Evidentemente, proponer sin tapujos el programa patronal supone una arrogancia y un ninguneo de las otras partes, que quiere dejar en mejores condiciones de negociación para la patronal, una vez la crisis siga profundizándose. Con este río revuelto, el gobierno seguirá retrocediendo por el efecto de una crisis, de la que también es incapaz de contener ni corregir, con lo cual el principal beneficiario, en estado psicológico de la opinión pública dominante, será el Partido Popular.
Se señala que al final saldrá una mejora y ampliación de los subsidios de desempleo, en una versión light. Con lo cuál no se puede estar descontentos, aún admitiendo que eso no es más que un parche y en modo alguno una solución. Basta con que la crisis siga campando a sus anchas, con unas medidas implantadas que por sí mismas favorecen a las grandes corporaciones financieras y los más importantes grupos de presión sectoriales privados, para que con el modelo laboral flexible existente, los y las sacrificadas sigan siendo las familias trabajadoras.
Pero en efecto, esto no nos puede satisfacer. La gravedad de la crisis y las medidas que la enfrentan no nos permite augurar ni una salida inmediata ni en las condiciones válidas, salvo para aquellos oligopolios y sociedades anónimas que concentran los mercados y ocupan el espacio vacío de las empresas destruidas y que se benefician del retroceso de la fuerza de negociación colectiva e individual de los y las trabajadoras, amedrentados con la amenaza y realidad del desempleo.
La(s) crisis no es identica ni sigue el mismo ritmo para todos. El empleo creado y ahora destruido no volverá a recuperarse en décadas. La calidad del empleo padecerá las agresiones de las políticas de ajuste y reestructuración, con lo que las condiciones de vida, en medio de políticas contra los servicios públicos y derechos sociales, seguirán deteriorándose.
A la clase trabajadora, y a sus organizaciones más conscientes y combativas no les queda otra salida que responder con una movilización sostenida, propuestas a la ofensiva, y una lucha por los derechos y por conquistar espacios de poder popular con políticas económicas y sociales favorables para los y las trabajadoras, desde ellos mismos.
Las contradicciones sistémicas son en extremo intensas y complejas, y para su resolución ya no hay margen para negociaciones. Los próximos años serán años de conflicto manifiesto, de luchas sociales y políticas de primera magnitud. Organizarnos para enfrentar esta batalla, desde la izquierda, se antoja completamente imprescindible.
Artículo publicado el 24/07/2009 Ultima reactualización 24/07/2009 15:34 TU
Cientos de coches de lujo estacionados en el puerto de Río de Janeiro. La crisis económica provocó una caída en la venta de automóviles, despidos y merma en los créditos para adquirirlos. Foto: Reuters
Las principales plazas bursátiles del mundo como Londres, Nueva York o Tokio han recuperado la senda del crecimiento que perdieron con la aparición de la crisis en 2007. En Estados Unidos, el índice Nasdaq, termómetro de los valores tecnológicos, ha ganado cerca de 25% desde enero pasado, mientras que varios bancos reportan ganancias calificadas de sorprendentes.
¿Quiere decir esto que el espectro de la crisis quedó superado?
Entrevistado: Daniel Albarracín, Economista y Sociólogo, y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
El pasado viernes 10 de Julio de 2009 el Gobierno aprobó la Ley de Comercio Interior, o ley de bases estatal, transponiendo la Directiva de Servicios. Se trata de una reforma que se inhibe de dar forma al cómo transponer la Directiva al sector de comercio, y traslada dicha responsabilidad a las Comunidades Autónomas que, según el ordenamiento competencial son las que ostentan las principales competencias.
La reforma se inhibe también de establecer una definición en el articulado de lo que entiende por gran establecimiento comercial, para que sean las CCAA quienes las definan. Las presiones de unos y de otros han impuesto un redactado bastante vacío de contenido para dejar contentos a todos. La desaparición de esta definición (inicialmente planteada para que las autorizaciones tuvieran lugar sólo ante instalaciones de superficies comerciales de un tamaño superior a 2500m2, justificadas en razones imperiosas de interés general) facilita que algunas CCAA puedan disminuir el tamaño de superficie a partir del cual establecer un procedimiento de autorización, siendo las CCAA también responsables de asumir las sanciones que puedan causar su regulación ante la Unión Europea. Si bien ante esta opción se establece un vacío que rehuye una posible armonización a escala del estado de algunos criterios para regular el proceso de autorización, que, por otro lado, se plantea en la ley como un proceso excepcional, en línea con el espíritu liberalizador de la Directiva, y que también niega la posibilidad de establecer criterios económicos para determinar la autorización.
Asimismo, insta a que el proceso de autorización se simplifique en una única licencia, y que sea cada CCAA en cuestión quien determine si la concede la Comunidad Autónoma o cada Ayuntamiento.
Asimismo, consideramos que es una oportunidad perdida, porque no tiene la audacia de establecer un marco regulador de referencia en los procesos de autorización ante nuevas aperturas comerciales con una orientación armonizadora que establezca los mínimos de contenidos, informes, criterios e indicadores en base a las razones imperiosas de interés general considerando factores de desarrollo territorial, urbanístico y medioambiental sostenible, así como de calidad de servicio y protección a los consumidores donde la calidad del empleo sea un indicador primordial. Así, no establece un auténtico ordenamiento del modelo de comercio, con lo que en el reino de la libertad serán los más fuertes y grandes quienes impongan su ley. En nuestra opinión, el modelo de comercio que nuestro país necesita, basado en el comercio de proximidad (sea gran o pequeña superficie) y las economías de escala y diversidad (preferentemente con modelos urbanísticos basados en los centros comerciales abiertos, los mercados municipales; y en edificios con arquitectura sostenibles), y que se base en la profesionalidad y en la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, ha perdido el tren con esta (falta de) iniciativa.
En curso se encuentra el proceso de diálogo social entre gobierno y agentes sociales en la que se había planteado un preacuerdo por parte del Gobierno, del que damos somero análisis a continuación. A fecha de hoy, 3 de Julio, la patronal ha planteado cinco medidas más (el contrato único con indemnización intermedia entre el contrato temporal e indefinida; una reducción de cotizaciones a la seguridad social entre 3 y 5 puntos; una bonificación a los EREs del 100% durante un año y no del 50% durante nueve meses; aumentar la liquidez del ICO, y hacer exento de cotización el periodo de baja por incapacidad laboral entre los días cuatro y quince). Esto supone que los sindicatos CCOO y UGT han roto las negociaciones, especialmente, tras la actitud comprensiva del Gobierno ante las nuevas propuestas e, incluso, según el periodista Carlos Sánchez, se amenaza con la Huelga General.
No obstante, los contenidos del propio preacuerdo merecen una valoración en sí para entablar discusión de fondo más adelante sobre ellas. Los sindicatos ya habían mostrado disconformidad con dos puntos del preacuerdo, que a continuación se examina, especialmente la reducción de cotizaciones a la seguridad social en 0,5 puntos, y la propuesta que haría posible entrar a las ETTs en sectores de riesgo. Sin embargo, sólo un incremento de propuestas regresivas patronales les ha hecho levantarse de la mesa de diálogo social. CCOO mantendrá el próximo 22 de Julio una reunión del Consejo Confederal para tratar el nuevo escenario.
2. Los contenidos del preacuerdo
Los contenidos del preacuerdo del 25 de Junio incluyen, las siguientes medidas, que hemos ordenado por su nivel de relevancia. Nuestro análisis parte de la siguiente base argumental: el modelo político determina la política económica. La política económica es la que orienta el modelo de relaciones de producción vigente, y ambas determinan el desarrollo de la acumulación, la creación y destrucción de empleo, el tipo de organización productiva dominante, etc… A continuación las políticas de empleo y laborales regulan las condiciones de empleo de la fuerza de trabajo del empleo creado. Las políticas sociales son fundamentales para la configuración de un tipo u otro de reproducción social. Otras actuaciones como son las de supervisión, evaluación, etcétera, fijan la atención en la aplicación de medidas establecidas anteriormente, y por tanto no alteran la naturaleza de la reforma, sino su eficacia.
¿Pero cuáles son las medidas de este preacuerdo y qué decir al respecto desde una óptica crítica?:
Reformas de Política Económica:
A) Medidas de reforma fiscal.
a) Impuesto de sociedades. Se plantea reducir en 5 puntos el Impuesto durante 3 años a PYMES con menos de 25 trabajadores y con menos de 5 millones de euros de ventas anuales, que no destruyan empleo en 2009 y 2010; y una reducción equivalente en el IRPF para autónomos que empleen personal a su cargo. Coste estimado: 1000 M€ anuales. Esta medida igualmente no creará empleo, y sólo premiará a las empresas más competitivas o que casi lo sean dentro de un mercado en regresión. La creación de empleo depende de las expectativas de beneficio. Sólo conseguirá mantener empleo en una pequeña fracción de empresas que estuviesen en situación de beneficios (cuando se paga el impuesto) y en la frontera de, por la crisis, realizar pequeños ajustes de empleo. En empresas con pérdidas no repercutirá en absoluto y no impedirá el recorte de empleos. Se trata de una medida regresiva.
b) Deducción sobre vivienda. Se propone eliminar la deducción por inversión en vivienda adquirida a partir del 1 de enero de 2011. Pretende reequilibrar los incentivos fiscales para el alquiler y la compra de vivienda, mejorando la deducción por alquiler y mejorar los incentivos fiscales para el arrendador. Estas medidas no son negativas en sí mismas, porque incentiva el alquiler, si bien las deducciones en esta materia de cualquier tipo han demostrado en la práctica no hacer otra cosa que aumentar los precios y las rentas, pues se trata de un mercado en que el oferente tiene capacidad de imponer precios. Las actuaciones en esta materia debería ser fiscalizar el mal o nulo uso de las viviendas o locales, derivar las viviendas vacías hacia un gran mercado de alquiler, la intermediación pública, y regulaciones que pautasen límites en la renta, garantías de cobro, y calidad de las viviendas, así como retirar cualquier incentivo fiscal a la compra.
B) Medidas de financiación al sector privado.
a) Se agilizarán y flexibilizarán las líneas de financiación ICO, para mejorar la eficiencia y fluidez de los fondos ICO en la financiación de las empresas. Es una medida de gestión que racionaliza y hace más fácil el uso de los fondos.
b) Se habilita un Fondo ICO para “financiación para Economía sostenible en el ámbito empresarial”, que, en teoría, faciliten una transición hacia un desarrollo económico sostenible, hacia el sector privado de 20.000M€ (la mitad a través del ICO y el resto por instituciones financieras privadas). No se trata qué se entiende por “desarrollo sostenible” y cuáles son las condiciones de financiación. Sin más, es una subvención al capital sin clarificar las condiciones para que las inversiones merezcan esa financiación blanda.
C) Medidas de inversión, con financiación pública y gestión privada:
c) Se propone un Fondo de Inversión Local, en continuidad con el existente, para obras de mejora de productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de sistema de atención a la dependencia. 5000 M€ para empresas a asignar por parte de entidades locales.
Política laboral:
A) Reducción de costes laborales:
a) Se prevé una reducción de las cotizaciones a la seguridad social por contingencias profesionales de 0,5 puntos, lo que supone 1.600M€ de ahorro empresarial. Aunque la medida se justifica en un superávit de dicha partida, se reedita la costumbre de abaratar costes laborales a las empresas sin garantizar el destino de dichos fondos a actividades o fines de utilidad comprobable. Se trata, sin más de una transferencia de rentas de la masa salarial indirecta a los beneficios empresariales, erosionando los fondos de la Seguridad Social, aunque al día de hoy goce de buena salud. El preacuerdo afirma que es para incentivar el empleo, pero esto se basa en un postulado ideológico que, además, es falso. La creación de empleo en un entorno capitalista depende de las expectativas de beneficios de la nueva inversión, tasa de rentabilidad que está retrocediendo en el actual contexto de crisis. Los ahorros en costes laborales se traducen en disminución de pérdidas o aumento de beneficios, pero no modifican las decisiones de inversión, y por tanto no se creará empleo en el actual contexto, porque las tasas de rentabilidad dependen de medidas que contribuyan a salir de la crisis. Está más que comprobado que la crisis actual tiene un origen sistémico y financiero –la financiarización-, que coincide también con una crisis de superproducción, y una tendencia actual a la caída de la tasa de beneficios. Atacar a los salarios indirectos es injusto, antiredistributivo e injustificado, sobre todo porque pone énfasis en la responsabilidad de la evolución de la masa salarial en la crisis, cosa que no se corresponde con la realidad, y que además, no comporta solución para la grave crisis que padecemos.
B) Medidas de intermediación laboral.
a) Se evaluará y potenciará el programa de orientación laboral con un coste de 52M€, pudiéndose ampliar la plantilla existente de 1500 orientadores. Esta medida parte de la débil idea de que el problema de desempleo se base en que los individuos no sepan buscar empleo o planificar su formación. Siendo este tipo de planes de interés, son sólo una medida parcial. Desde luego, la razón principal del desempleo no radica en la torpeza de las personas para buscar empleo sino en que este no se crea, o que las medidas de acceso generan obstáculos de discriminación entre grupos sociales.
b) Se pretenden suprimir los límites de actuación a las ETTs (los sindicatos están disconformes con esto) y podrán actuar en cualquier sector (inclusive AAPP y construcción). Esta es una medida regresiva donde las haya. La gestión de la temporalidad sin límite en cualquier profesión profundizará la contradicción de que se provea trabajadores de paso para empleos que requieren cualificación y carrera profesional acumulada en el tiempo, con unas condiciones de protección sindical prácticamente nulas. Sectores peligrosos que requieren profesionalización garantizada y estabilidad, como por ejemplo la construcción, no pueden abordarse por trabajadores desprotegidos, que se sienten de paso y sin horizonte, o descualificados. Además, eso supone generalizar el uso externo y temporal de empleos considerados no estratégicos para la empresa, sin garantías que la ETTs no haga otra cosa más que cesión laboral de trabajadores. La única posibilidad admisible de la existencia de ETTs sería, si acaso, la especialización de éstas en profesionales cualificadas de utilidad transversal y permanente, pero de empleo temporal en las empresas de un sector. Las ETTs deberían especializarse en la formación permanente de estos profesionales, dar asistencia técnica y de recursos específicos a éstos, y obligárseles a dar empleo estable. Pero la medida parece que va en sentido contrario.
C) Medidas de control del absentismo:
a) Entre las medidas (no contestadas por los sindicatos) está el mayor control del absentismo, mediante la mejora del sistema de comunicación INSS-Mutuas, convenios entre INSS y CCAA para garantizar el seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de baja (¿algo así como oficializar el médico-policía?), o el establecimiento de convenios para disminuir los costes merced a mejoras en las condiciones de trabajo e instrumentos de control. Estas medidas suponen una desconfianza de trato a los trabajadores, especialmente si no se concretan las medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de empleo que reduzcan los riesgos profesionales para la salud y mejoren la motivación para el trabajo. Ni que decir tiene que puede suponer una ingerencia en la vida personal el seguimiento de un estado de salud que ya ha sido certificado por un médico.
D) Medidas sobre negociación colectiva
Se plantea una revisión de la NC con medidas tan preocupantes como “facilitar la utilización de cláusulas de descuelgue”, sin definir con qué límites; y sin concretar las fórmulas preferentes de “flexibilidad interna a nivel de empresa” -aquellas medidas que se proponen dentro de la empresa antes de tomar decisiones de despido-.
Medidas de política sociolaboral:
a) Se constituye un programa temporal de inserción de desempleados que hayan acabado el período de prestaciones, ligado al desarrollo de formación a través de las CCAA, que aportará un subsidio de 420 euros/mes durante 6 meses. El coste estimado será de 453 M€. El programa se prevé tendrá una duración de unos dos años (2009 y 2010) a cargo del Fondo Social Europeo.
Se trata de una medida compasiva dentro del importante paquete de medidas neoliberales de este preacuerdo de reforma. Sería la única medida valorable, si bien el bajísimo ingreso no permitirá salir de la pobreza a las personas desempleadas, lo que recrudecerá la presión a aceptar cualquier empleo sean cuales sean sus condiciones. A este respecto, la formación que provee el programa también es una acción valorable, si bien parte de la hipótesis falsa de que la persona desempleada no encuentra empleo por su inadecuada cualificación y no por una dinámica económica y unas políticas laborales que son la causa del desempleo.
b) Pacto de Toledo. El Gobierno se compromete a materializar la separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes.
Está medida en sí no es negativa dentro de la racionalización de la gestión actual. Pero el problema de fondo radica en el mismo modelo en sí del Pacto de Toledo que parte de la aceptación de que las pensiones y otras prestaciones deben adecuarse en función de la evolución de los fondos de la seguridad social. Una hipótesis que ha magnificado los efectos de la II Transición Demográfica (el envejecimiento de la población como si fuese un fenómeno perdurable en el tiempo, y no una etapa a reequilibrarse en un periodo de unos 20 años). En efecto, la II Transición Demográfica es un fenómeno sociológico de los países del Norte que se originó con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad que conllevará un periodo en el que las pirámides poblacionales se invierten, con lo cuál los ratios de personas en edad laboral y en edad inactiva se reducen significativamente. Esta nueva transición tendrá un impacto cierto en lo que puede estimarse unos 15-20 años. Este fenómeno se agotará una vez las cohortes de edad avanzada fallezcan y la pirámide vuelva a cobrar una forma más equilibrada; fenómeno que a su vez se va a ver aliviado sustancialmente por las migraciones del sur al norte. El impacto del envejecimiento temporal de las poblaciones occidentales puede atenderse de manera viable en países ricos, que han gozado de un crecimiento económico sostenido, sin mayor problema simplemente recurriendo a un cambio de prioridades del régimen fiscal y de las políticas de gasto público. Esto es, en caso de que la Seguridad Social tuviese déficit puede perfectamente cubrirse con la financiación de impuestos, o la transferencia de recursos de unas partidas de gasto a las de pensiones. Y sería un fenómeno, como decimos, transitorio. En suma, todo lo que no sea incorporar esta reflexión y reforma en el modelo de pensiones de nuestro país se traduce en que hay una apuesta política por desatender a las personas mayores a favor de partidas como son las subvenciones al capital, la inversión militar, etc…
c) Medidas para potenciar la formación, su reconocimiento, y su vínculo con el mercado de trabajo.
El preacuerdo dedica diferentes apartados a la formación profesional y para el empleo. En términos generales, cabe decir, que parece que estas medidas se basan en la errónea hipótesis de que la formación crea empleo o al menos combate el desempleo, y de que es una inversión (en capital humano) que es responsabilidad del individuo, y que basta con que institucionalmente se le facilite este recurso para resolver el problema. Se ha comprobado que más y mejor formación puede contribuir a no reducir la eficiencia y a la mejora de la productividad del trabajo. En caso de que un colectivo está más adecuadamente formado tendrá más opciones ante cierto empleo disponible que otro que no lo esté. Pero la formación no crea empleo. Si se generaliza la formación para un sector o profesión sólo incrementará la competencia entre los trabajadores del sector, la formación más que un valor sería un prerequisito de mínimos para cada persona, lo que puede ir detrimento de su capacidad de negociación individual. La formación en su caso, puede ayudar a transiciones de reestructuración sectorial, para hacer pasar un colectivo de trabajadores de un sector a otro en menos tiempo. La formación es una medida importante, pero, como decimos, no crea empleo. Por tanto, no basta por sí misma para atajar la problemática del empleo. ¿Cuáles son las medidas de este capítulo?:
• Dentro del Pacto por la Educación se quiere aumentar la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, mediante el programa Educa3. La medida no parece respaldarse con compromisos ciertos y concretos. En caso de ser así, sería una medida positiva. • Modernización de la Formación Profesional y del reconocimiento de la cualificación. • Se pretende extender, con 1000 centros, la Red de Centros Integrados de FP, para que los centros de FP reglada puedan realizar formación para el empleo. Es una medida positiva; • Se pondrá en marcha una red de Centros de Referencia nacional para el desarrollo en la definición de familias profesionales; • Se pondrá en marcha un sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Esta medida desde hace tiempo que debería haberse puesto en marcha, pero el corsé de produce en la nula colaboración y reconocimiento de las empresas • Se pondrá en marcha una Plataforma Virtual para realizar a distancia módulos formativos para obtener títulos o certificados de profesionalidad. • Vinculación de la FP con el empleo y la Universidad. La vinculación, en nuestra opinión, aún siendo en algunos casos una medida de interés, cuando hay necesidades del mercado de trabajo por cubrir tratar de formar a personal que puedan satisfacerla, creemos que en líneas generales parte de una concepción equivocada. La formación profesional y universitaria no puede someterse a los caprichos de la oferta y de la demanda del mercado de trabajo, sino que debe desarrollarse en el marco de planes de desarrollo ciudadano, social y productivo orientados a generar sectores de actividad de futuro para atender necesidades sociales, y no sólo atender las necesidades de un mercado ávido de rentabilidad.
Medidas de evaluación de reformas anteriores:
a) Se evaluarán los resultados de las medidas laborales realizadas desde 2006.
b) Se evaluarán los resultados de la Ley Concursal.
Conclusiones finales: unas palabras para estimular el debate y propuestas alternativas.
Este informe de urgencia trata de dar cuenta de esta dinámica del diálogo social en varias perspectivas. La primera, dar cuenta de la posibilidad de fricciones entre las diferentes partes. La segunda, tratar de reflexionar sobre las medidas que se han puesto encima de la mesa. La tercera, observar que hay algunos puntos asumidos por todas las partes a los que no se entra en discusión y que marca un consenso implícito que, a nuestro juicio, merece la pena debatirse.
Las medidas del preacuerdo, de las que salvo dos, más todas las añadidas en última instancia por la patronal, no se ha entrado en discrepancia por parte de los sindicatos señalan una línea de actuación que no suponen cambios drásticos en el modelo económico y laboral, y en el contexto de grave crisis eso ya supone una enorme irresponsabilidad e incapacidad de actuación. Pero más decepcionante si cabe es su orientación porque la continuación y, con estas medidas, profundización en el modelo económico y laboral presente significa sujetarse a un barco que se está hundiendo.
Las propuestas son en su conjunto de carácter neoliberal, más bien, de cierto liberalismo compasivo miserabilista. Sigue confiando en que para superar la crisis hay que dar mejores condiciones de recuperación rentable a los mercados y no tanto en regular su orientación, gobernándolos. Las políticas de subsidiación son ridículas, y el énfasis en la formación individual y en la orientación sociolaboral personal es un brindis al sol que sólo contribuirá a distraer del problema. Las políticas de recorte fiscal y de reducción de cotización a la seguridad social serán ineficaces para la creación de empleo y no constituyen otra cosa que una transferencia de rentas al capital, del mismo modo que las líneas de inversión y financiación pública tal y como están concebidas. Las medidas que pretenden racionalizar algunos desequilibrios, como en el tema de la vivienda, serán ineficaces y con efectos no queridos (porque no se han contemplado por los autores del texto. Y, por último, muchas de las medidas planteadas en el preacuerdo son meramente una enunciación sin concreción. En suma, se trata de un preacuerdo decepcionante.
Ahora bien, con la ruptura del diálogo por parte de los sindicatos, ante la arrogancia empresarial y la complicidad gubernamental, puede abrirse una oportunidad para discutir estos y otros puntos, y recuperar una línea completamente necesaria, ante una crisis que dejada a su inercia y en el marco de un modelo laboral superflexible causará estragos. Es decir, que no basta con no aceptar nuevas reformas neoliberales, sino que, simplemente para mantener las condiciones de vida y trabajo son necesarias reformas progresistas a la ofensiva, a favor de los y las trabajadoras.
Esa línea necesaria es abordar una reforma de la política económica orientada a potenciar la inversión pública bajo control social y público, regular el sistema financiero y recuperar la banca pública; y una reforma laboral a la ofensiva que castigue severamente la contratación temporal (con elevación de cotizaciones a la seguridad social y con indemnizaciones por despido más elevadas al contrato indefinido, que causalice la temporalidad y los despidos bajo parámetros objetivos mejor definidos), que prohíba los despidos en empresas con beneficios, que acabe con las bonificaciones y subvenciones a la contratación para reconvertir esos fondos en creación de empleo público directo, que regule los derechos sindicales y posibilite la representación legal de los trabajadores conjunta en empresas-red transnacionales y en pymes en territorios definidos (polígonos empresariales, zonas turísticas, centros comerciales, parques industriales, localidades específicas, etc…), que defina la responsabilidad personal del accionariado sobre las empresas y su personal empleado, y que se oriente a una política de pleno empleo y de reducción y reparto de todo el trabajo con plenos derechos sociolaborales de carácter garantista.
(Este texto es un extracto que forma parte de la tesis doctoral del autor, y ya anticipa las tendencias en litigio actuales sobre el marco de las relaciones laborales. Ante los próximos conflictos encuadrados en un debate semejante, lo rescatamos aquí, en continuación, también, del anterior artículo publicado. Proximamente analizaremos una valoración de los contenidos y el conflicto en el marco institucional del diálogo social en curso.)
Tras la crisis estructural originada en los años 70, y la instauración del Estatuto de los trabajadores en 1980, se han modificado las relaciones de empleo en España siempre orientadas a abrir un mayor abanico de condiciones de contratación flexible, lo cual ha facilitado el crecimiento de tasas de temporalidad importantes. De manera, que los principales conflictos laborales —por ejemplo, la huelga general de 1988— se han producido en torno a la introducción de medidas y fórmulas de flexibilización de la contratación (y la ampliación de causas de despido, así como su abaratamiento), casi siempre tratando de justificarse en la inserción laboral de los jóvenes.
Es habitual, especialmente tras la transición política en este país tratar el problema de la precariedad como si se tratase de un fenómeno que afectase a unos segmentos sociales particulares. Jóvenes, mujeres, inmigrantes, minusválidos, mayores de 50 años, etcétera, que han sido usados como verdadero pretexto para modificar las relaciones de empleo que afectarían al conjunto de la clase trabajadora. Bien es cierto que la evolución del denominado 'mercado de trabajo' ha mostrado su cara más feroz sobre algunos segmentos sociales que han devenido excluidos. Así las tasas de temporalidad, se han mantenido muy superiores entre colectivos como mujeres y, especialmente jóvenes.
Así, parece constatarse que la contratación temporal supone una forma de la condición salarial que afecta mayormente a las mujeres que a los varones. Todo ello en un contexto de extensión de la relación salarial[1], la formación de una fuerza de trabajo global, y la duplicidad de tareas para la mujer entre el trabajo doméstico y el asalariado, y la necesidad de un complemento ante la moderación salarial de las familias y, muchas menos veces, la independencia de la mujer como persona. Ahora bien, parece que la temporalidad, como fenómeno singular, afecta en un grado muy superior a toda una generación joven observándose una dinámica decreciente según el segmento de edad más avanzado.
Sin embargo, parece ser conveniente, al tratar el fenómeno, no sólo atender a segmentos particulares sino a las condiciones y relaciones sociales que afectan a toda una clase social de trabajadores asalariados[2]. Entre los años 75-85 se padeció una crisis económica que, tratada mediante severas reestructuraciones, arrojó al desempleo a un conjunto importantísimo de la clase trabajadora. Con la instauración del estatuto de los trabajadores en 1980 y sus subsiguientes reformas se ha desarrollado una transformación de la condición salarial muy profunda. Desde la imposición en los Pactos de la Moncloa de una indización de los salarios en función de la evolución de los precios previstos, como moderación radical de los salarios reales, la transformación de la organización del trabajo hacia fórmulas, sobre todo, neotayloristas —multitarea rutinaria y polivalencia simple—, el cambio del sistema educativo que socializaba a la población en la formación como fuerza de trabajo[3] —empleabilidad—, o la extensión lógica de la cultura del consumo dirigido, hasta llegar a la modificación de las relaciones normativas de empleo —hacia la flexibilidad empresarial de la gestión de la mano de obra— se ha atravesado un cambio profundo en nuestras sociedades para hacer más disponible y aprovechable a la clase trabajadora. Posteriormente, las tasas de paro, que aún se sostenían elevadísimas, incluso para el entorno europeo, han dado lugar a un singular discurso en virtud del cual se aceptaba, desde la izquierda y la derecha de una hegemonía, un intercambio entre desempleo por trabajo temporal, en el discurso casi único de la 'creación de empleo', culpabilizando a la condición protegida y 'cara' del asalariado con contrato "para toda la vida". Así, mientras hubo un gobierno de denominación socialista se prometió este intercambio, que con la excusa de insertar a nuevos colectivos excluidos, transformó toda la condición salarial, degradándola, y sin obtener tampoco resultados en la reducción de las tasas de paro debido a la sangría, promovida desde la política económica gubernamental, de grandes sectores productivos. Una promesa análoga, a la que se realizó al producirse la reconversión industrial, mediante la idea de compensar la pérdida de empleos, con la creación de empleos en el sector servicios. Sin embargo, más tarde, con una etapa de prosperidad cíclica (1996-2000), la modificación de los criterios estadísticos, y la paz social en un periodo de gobierno del PP, el pleno empleo empezó a circular como discurso, esta vez convirtiéndose en una eficaz arma para alcanzar la disponibilidad, la empleabilidad y el empleo pleno de la fuerza de trabajo. De manera que los discursos críticos pasaron de denunciar el desajuste del paro para criticar la precariedad[4] en los empleos, quizá, como suele pasar, a destiempo. Los últimos años, desde 1996 y la entrada del gobierno Popular, han desplazado, de esta manera el problema del paro en España como debate, hacia otro sobre el tipo de crecimiento del empleo y el problema de su calidad —aunque más bien enfocado exclusivamente sobre la baja calidad de los contratos a término fijo—.
De manera que se fijó la atención sobre las desproporcionadas tasas de temporalidad que en contraste con la UE eran muy elevadas. En cambio, parece observarse que también la propia condición de contrato indefinido, e incluso el contrato “fijo” del funcionariado público, ha visto deteriorar su estatuto laboral en lo que se refiere a derechos laborales directos e indirectos, y que además la política de 'externalizar' ha hecho aumentar las tasas de temporalidad en el sector público a un ritmo superior que en el privado —aunque manteniendo niveles inferiores—. Parece que en las Administraciones públicas, también se observa una evolución de las tasas de temporalidad creciente, aunque sus niveles son siempre inferiores al sector privado, mientras que en el sector privado es decreciente, lo que permite decir que la temporalidad general crece por una política gubernamental que ataca en primer lugar la condición salarial en el sector público, para luego trasladarse, como ejemplo a seguir, al conjunto de asalariados.
Sea como fuere, los asalariados del sector público aun son menos y por eso su contribución a las tasas globales no es significativa estadísticamente, pero sí lo es sociohistóricamente.
La mayor parte de los asalariados/as en España lo son en plazo indefinido, dado que ya no es segura su prolongación, esto es, ya no significan un empleo estable y mucho menos a lo largo de toda la vida. Ahora bien, por número de contratos sólo representan[5] para el mes de Junio de 2001 un 9,47% del total, siendo los temporales un 90,53% lo que nos puede indicar una rotación en el empleo muy elevada entre los empleados a término fijo. Dentro de las formulas de contratación indefinida hay subtipos como puede tratarse del modelo de contratación fijo-discontinua destinada a empleos estacionales de carácter menos inestable, y luego fórmulas de contratación indefinida con condiciones más flexibles y costes indirectos menores destinada a ciertos colectivos como los mayores de 45 años, casos especiales para mujeres desempleadas, tipos particulares de desempleados, y una fórmula nueva llamada, también con menores costes indirectos y con una bonificación[6] disponible a la empresa empleadora, llamado Contrato para el fomento de la contratación indefinida (para conversión de temporal a indefinido tras marzo de 2001). Entre medias están los contratos a tiempo parcial, distinguiéndose del tiempo completo —siempre y cuando duren menos del tiempo de trabajo anual de un contrato a tiempo completo—.
Desde un punto de vista histórico, como hemos apuntado, el problema de la inestabilidad en el empleo es un fenómeno que parece eclosionar tras la transformación profunda de las relaciones de empleo desde los años 70 y la visibilidad del paro, y sin embargo la precariedad es condición sine qua non de la condición del salariado. El proceso de inestabilidad no puede reducirse únicamente, por tanto, a las crecientes tasas de temporalidad en España, en el que su evolución ha sido especialmente notable en un largo proceso. La reforma sucesiva del marco normativo laboral ha afectado a todos los tipos de contratos. Junto con la ampliación del abanico de tipos de contratos[7], con diversas fórmulas de contratación temporal, se ha producido una desnaturalización del contrato 'fordista' a lo largo de la vida clásico de las décadas 50-70 en España, periodo en el que fue posible un pleno empleo virtual (unas 1.300.000 personas eran inmigrantes) de la fuerza de trabajo masculina debido a que la fase de acumulación expansiva, en una sociedad burguesa, así lo exigía para su puesta en funcionamiento en mercados rentables. De manera, que el denominado contrato “fijo”, que realmente sólo pervive entre el funcionariado público, ha pasado a llamarme “indefinido” al no conocerse el final de su existencia, pero tampoco aporta una seguridad en el empleo substantivamente superior[8]. La diferencia entre un contrato temporal y el contrato indefinido remite al coste del despido y algunas garantías que se derivan de una mayor “estancia en el puesto de trabajo” debido a que el 'despido libre' se ha implantado progresivamente en la práctica en la legislación. El contrato temporal ha sido expresado en las empresas como mecanismo de ‘promoción’ en los nuevos contratados, formando así un “periodo de prueba”[9] tras el cual decidir la continuación y paso a indefinido de los nuevos trabajadores, generalmente jóvenes. Aparte, el contrato temporal se ha justificado como mecanismo flexible de contratación complementario al clásico, mientras se deterioraba la condición de indefinido así como se abordaban colosales medidas de reestructuración, prejubilación, y sustitución de un modelo laboral fordista por otro dual y principalmente neotaylorista, mediando, de esta manera, con la más amplia generación de jóvenes existente en la historia, que, hasta ahora, resultaba víctima de unas condiciones laborales pésimas, baratas, y que, tras haberse cualificado enormemente, entregaba buena parte de su biografía. Por ende, el periodo de concertación y paz social, así como de amnesia dirigida, les apartaba de cualquier experiencia, no sólo por entrar tarde al mundo laboral, en sus niveles personales y colectivos, sino sobre todo sindicales y políticos.
El abaratamiento en el despido, la ampliación de causas para el mismo, la apertura de un abanico de fórmulas contractuales dependientes (sin olvidar las condiciones desprotegidas del trabajador con contrato a puesta a disposición —ETTs que contratan a un 0,8% de los asalariados[10]—, las semiirregulares del becario, el extendido trabajador autónomo, el informal, el inmigrante sin papeles, etc...), las subvenciones, o el incremento de bonificaciones y reducciones en la contratación indefinida, mediadas por los llamados fomentos de la contratación indefinida, han producido una situación en la que dichas ayudas perviven a lo largo de dos años, a partir de tal fecha puede ofrecerse como barato, sobre todo en tareas y puestos de carácter reemplazable, e invitar a cambiar de trabajador. Sin embargo, esta situación todavía no se ha hecho evidente puesto que hasta ahora se ha producido un fuerte incremento del empleo y hasta que el periodo recesivo marque la pauta en la destrucción de empleo parece que dicho fenómeno no será visible. No obstante, ya no hay figuras estables, y como mucho lo son semiestables. No puede tampoco olvidarse que la estabilidad en el empleo depende no sólo del tipo de contrato, sino también en qué tipo de empresa se encuentra, de si se trata de la empresa principal, en mercados oligopólicos o monopólicos, o de una auxiliar, sea filial o subcontrata. De manera que un contrato indefinido en una pequeña empresa que tiene como vida media entre 5 y 10 años es menos estable que otros.
Es difícil prever la evolución, pero parece que se ha producido un pacto en los últimos años en los que se ha tolerado un intercambio para evitar la contratación temporal, haciendo más flexible la contratación indefinida, en particular con las reformas laborales de 1994, 1997 y 2001, tras haberse implantado otras reformas anteriores que abrían el abanico de formas contractuales eventuales. De manera que es posible que, en el medio plazo, se pueda pasar a una reducción de la contratación temporal en proporción a la indefinida. Esto será posible porque en fases recesivas el empleo que se pierde es especialmente el temporal, quedando especialmente el más 'protegido'. Por otra parte, entre los trabajadores del núcleo estratégico de las empresas, por el efecto simbólico de seguridad, puede extenderse la contratación indefinida para conseguir comprometerlos y que no se marchen a otras empresas, en un efecto semejante a los llamados “salarios de eficiencia” que R. Solow desarrolló en su obra (Solow, 1992) aunque su vínculo, como se ve, cada vez es más simbólico. Por otra parte, la presión sindical apunta a, por ejemplo, medidas como el aumento de las cuotas a la seguridad social de los temporales, o por ejemplo la instauración de la indemnización, que en marzo pasado pasó a ser de 8 días por año. De manera que, tendencialmente, puede producirse una relativa convergencia hacia una inestabilidad moderada media de una buena parte de los asalariados, renunciando a cualquier seguridad relevante en el empleo, siquiera como sistema de integración social duradera.
Desde otro punto de vista, además, la situación permanente de crisis de ramas productivas enteras, entrega a muchos colectivos de trabajadores ante el abandono de sus conocimientos laborales para adquirir otros. Este es otro rasgo de inestabilidad que aboca en comportamientos psicológicos de inseguridad. Inseguridad que se liga a toda una forma de existencia, al problema de la vivienda, de la formación de proyectos vitales propios y colectivos, etc... Esto es, a toda una experiencia de subordinación y miserabilización.
No es de extrañar, por tanto, que la generación que algunos llamaron "X", una vez agotado su ciclo en el manto del núcleo familiar, que tras duras reestructuraciones y prejubilaciones agotan sus recursos a repartir, aparezca en el mundo laboral desconcertada. Agotado el ciclo de trabajar muy barato, con el único horizonte del consumo del fin de semana —que renunciaba a poder entrar en el disfrute de bienes duraderos como la vivienda, por inalcanzable—, al tener que abordar dichas necesidades, es posible que se estén planteando una coherencia en su biografía personal. Coherencia que hasta la fecha se satisfacía por la promesa de la meritocracia y la posible promoción. Horizonte personal también agotado ante la experiencia de un mundo laboral arriesgado y subordinante. De manera, que se produce un caldo de cultivo para imaginar horizontes colectivos, que "otro mundo es posible", de lo que dan cuenta las nuevas bases sociales de resistencia al capitalismo y la relación salarial en el norte del mundo[11].
En suma, aunque resulta difícil arriesgarse, en las últimas décadas se ha podido producir una transición, mediando con una nueva generación joven de trabajadores más formados y con una inexperiencia laboral, y en general más dóciles y baratos, de un modelo laboral fordista a otro dualizado entre postfordista y principalmente neotaylorista, en el que la condición de inestable sobre todo es recogida en el segundo. Un modelo laboral actual que quiebra el viejo modelo fordista de trabajo a lo largo de la vida y el pleno empleo, para pasar, posiblemente, a un modelo dual de inestabilidad media pero generalizada en las relaciones de empleo, aunque definitivamente dual en la organización del trabajo, y en la norma de consumo, donde los trabajadores cualificados y estratégicos se mantienen en las empresas matrices y los más inestables en empresas auxiliares o trabajos reemplazables. Una dinámica cada vez más dependiente de una división internacional del trabajo en la que la sociedad española ocupa una semiperiferia dependiente dentro de la UE en medio de una larga crisis económica y social, imposible de resolver sin encararla políticamente.
[1] Entre el año 1987 hasta el II Trimestre de 2001 se ha pasado de una tasa de salarización (Asalariados/Ocupados) del 70,62% al 79,51%. Elaboración propia a partir del INE. EPA.
[2] Conviene asumir que una pequeña capa de gestión y dirección, la tecnostructura de Galbraith, puede disfrutar de un salario sin ser este su ingreso o recurso principal, con la característica añadida de su control sobre los medios de producción o directamente su propiedad. Estos no forman parte de la clase subordinada.
[3] Ni que decir tiene que las personas, los colectivos sociales, no son sólo fuerza de trabajo-mercancía, sino que son propietarios de la misma. Su cualificación como mano de obra supone una reducción de su realización completa que como ser humano entraña, o puede hacerlo, en todas sus facetas, orientando su socialización y formación hacia la aprovechabilidad de su fuerza de trabajo potencial y su conversión en trabajo efectivo rentable.
[4] Concepto demasiado amplio a veces. No es fácil distinguir si alude a la miseria de salarios, a las condiciones de trabajo o a las de empleo —contratación—. De igual manera, denunciar así la precariedad sin tener en cuenta, por ejemplo, los diversos itinerarios y trayectorias de clase pueden hacer confundir a un joven con importante capital relacional, en los términos de Bordieu, que es contratado temporalmente para luego pasar a formar parte de la tecnostructura empresarial, con expectativas muy diferentes a las de otros trabajadores.
[5] Elaboración propia a partir del INE, Contratos registrados en el INEM.
[6] En general con una bonificación del 25 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los veinticuatro meses siguientes al inicio de la vigencia del nuevo contrato, cualquiera que sea la fecha de su celebración.
[7]En España se pueden distinguir entre un abanico abierto de formas de contratación temporal que se pueden resumir de la siguiente forma: Contrato de Formación para no titulados; Contratos en Prácticas para titulados; Contrato de obra o servicio determinado; Contrato eventual por circunstancias de la producción; Contrato de interinidad; Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación; Contrato de relevo; Contratos de inserción, nueva figura incluida en la Reforma Laboral de Marzo de 2001; Contrato de puesta a disposición (ETTs)
[8] Según el periódico El País, de 10-11-01, “las empresas y las administraciones públicas españolas tienen un 39,8% de trabajadores con más de 10 años de antigüedad en el mismo centro de trabajo, una cota inferior al promedio de los países desarrollados, que es del 41%, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).”
[9] La tasa de rotación en España resulta muy alta, especialmente entre los jóvenes españoles. El 91,21% de los contratos son temporales, por ejemplo, en el II Trimestre de 2001.
[10] Fuente: Elaboración propia a partir de INE, EPA, II Trimestre 2001.
[11] Reivindicando la reducción de la jornada laboral y el reparto de todo el trabajo, el salario universal garantizado, la transformación de las relaciones de poder formando espacios de democracia comunicativa, la solidaridad internacional, la planificación socialista descentralizada y con mercado regulado, etc...
