A partir de mayo de 2010, la deuda se convirtió en un tema crucial en Grecia y en el resto de la zona euro. El primer programa de 110.000 millones de euros implementado por la Troika—constituida para su elaboración y ejecución— provocó un enorme y abrupto aumento de la deuda pública griega. El mismo proceso se repitió en Irlanda (2010), Portugal (2011), Chipre (2013) y en España bajo una forma peculiar. Los programas tenían cinco objetivos fundamentales:
1.- Permitir a los bancos privados[1] recibir una ayuda pública con el fin de no pagar la factura del estallido de la burbuja de crédito privado que habían creado y evitar una nueva crisis financiera privada internacional de gran amplitud.[2]
2.- Dar a los nuevos acreedores públicos,[3] que sustituyeron a los acreedores privados, un enorme poder de coacción sobre los gobiernos y los Estados de los países periféricos con el fin de imponer una política de austeridad radical, de desregulaciones (en contra de toda una serie de conquistas sociales), de privatizaciones y de fortalecimiento de prácticas autoritarias (véase el punto 5).
3.- Preservar el perímetro de la zona euro —o sea, mantener dentro de la zona euro a Grecia y a otros países de la periferia— lo que constituye una potente herramienta en manos de las grandes empresas privadas europeas y de las economías que dominan esa zona.
4.- Hacer que la profundización de las políticas neoliberales, en particular, en Grecia, aunque también en otros países de la Periferia, sea un ejemplo y un medio de presión para el conjunto de las poblaciones europeas.
5.- Reforzar a escala europea (tanto en el ámbito de la UE como de cada Estado miembro) formas autoritarias de gobierno, sin recurrir directamente a nuevas experiencias de tipo fascista, nazi, franquista, salazarista o del régimen de los coroneles griegos (1967-1974).[4]
Debemos aprender del fracaso de la política adoptada por el gobierno de Alexis Tsipras en 2015 para romper con la austeridad. Así mismo, es necesario ser concientes de las limitaciones de la experiencia del gobierno socialista minoritario de Antonio Costa en Portugal.[5]
Una orientación alternativa y favorable a los intereses de los pueblos debe abarcar, al mismo tiempo, la austeridad, la deuda pública, los bancos privados, la zona euro y la oposición a las políticas autoritarias. El balance del periodo 2010-2016 en la zona euro es bien claro: es imposible salir de la austeridad sin aportar respuestas al menos a esos cinco problemas. Por supuesto, se necesita agregar que la alternativa debe también abordar otros problemas, como la crisis climática y ecológica, la crisis humanitaria ligada al fortalecimiento de la Europa fortaleza que cada año condena a una muerte segura en el Mediterráneo, o en otros lados, a miles de personas inmigrantes o demandantes de asilo, la crisis de Oriente Próximo. Se trata también de luchar contra la extrema derecha y el aumento del racismo. Teniendo en cuenta la victoria de Donald Trump, y después de la aparición del movimiento amplio que ha llamado a luchar en primera línea contra Trump y sus proyectos, la izquierda anticapitalista eco-socialista, los movimientos sindicales, sociales, feministas y ecológicos europeos deben construir puentes con las fuerzas que resisten en Estados Unidos.
Una gran parte de la izquierda radical con representación parlamentaria tenía, y todavía tiene, una percepción errónea de la integración europea mediante la UE y la zona euro. Para explicarlo en forma simple, esta izquierda ve en la UE y a la zona euro más ventajas que inconvenientes, y considera que tanto la UE como la zona euro son compatibles con la vuelta a políticas socialdemócratas, con un poco menos de injusticia, con cierta recuperación del keynesianismo.
