A partir de mayo de 2010, la deuda se convirtió en un tema crucial en Grecia y en el resto de la zona euro. El primer programa de 110.000 millones de euros implementado por la Troika—constituida para su elaboración y ejecución— provocó un enorme y abrupto aumento de la deuda pública griega. El mismo proceso se repitió en Irlanda (2010), Portugal (2011), Chipre (2013) y en España bajo una forma peculiar. Los programas tenían cinco objetivos fundamentales:
1.- Permitir a los bancos privados[1] recibir una ayuda pública con el fin de no pagar la factura del estallido de la burbuja de crédito privado que habían creado y evitar una nueva crisis financiera privada internacional de gran amplitud.[2]
2.- Dar a los nuevos acreedores públicos,[3] que sustituyeron a los acreedores privados, un enorme poder de coacción sobre los gobiernos y los Estados de los países periféricos con el fin de imponer una política de austeridad radical, de desregulaciones (en contra de toda una serie de conquistas sociales), de privatizaciones y de fortalecimiento de prácticas autoritarias (véase el punto 5).
3.- Preservar el perímetro de la zona euro —o sea, mantener dentro de la zona euro a Grecia y a otros países de la periferia— lo que constituye una potente herramienta en manos de las grandes empresas privadas europeas y de las economías que dominan esa zona.
4.- Hacer que la profundización de las políticas neoliberales, en particular, en Grecia, aunque también en otros países de la Periferia, sea un ejemplo y un medio de presión para el conjunto de las poblaciones europeas.
5.- Reforzar a escala europea (tanto en el ámbito de la UE como de cada Estado miembro) formas autoritarias de gobierno, sin recurrir directamente a nuevas experiencias de tipo fascista, nazi, franquista, salazarista o del régimen de los coroneles griegos (1967-1974).[4]
Debemos aprender del fracaso de la política adoptada por el gobierno de Alexis Tsipras en 2015 para romper con la austeridad. Así mismo, es necesario ser concientes de las limitaciones de la experiencia del gobierno socialista minoritario de Antonio Costa en Portugal.[5]
Una orientación alternativa y favorable a los intereses de los pueblos debe abarcar, al mismo tiempo, la austeridad, la deuda pública, los bancos privados, la zona euro y la oposición a las políticas autoritarias. El balance del periodo 2010-2016 en la zona euro es bien claro: es imposible salir de la austeridad sin aportar respuestas al menos a esos cinco problemas. Por supuesto, se necesita agregar que la alternativa debe también abordar otros problemas, como la crisis climática y ecológica, la crisis humanitaria ligada al fortalecimiento de la Europa fortaleza que cada año condena a una muerte segura en el Mediterráneo, o en otros lados, a miles de personas inmigrantes o demandantes de asilo, la crisis de Oriente Próximo. Se trata también de luchar contra la extrema derecha y el aumento del racismo. Teniendo en cuenta la victoria de Donald Trump, y después de la aparición del movimiento amplio que ha llamado a luchar en primera línea contra Trump y sus proyectos, la izquierda anticapitalista eco-socialista, los movimientos sindicales, sociales, feministas y ecológicos europeos deben construir puentes con las fuerzas que resisten en Estados Unidos.
Una gran parte de la izquierda radical con representación parlamentaria tenía, y todavía tiene, una percepción errónea de la integración europea mediante la UE y la zona euro. Para explicarlo en forma simple, esta izquierda ve en la UE y a la zona euro más ventajas que inconvenientes, y considera que tanto la UE como la zona euro son compatibles con la vuelta a políticas socialdemócratas, con un poco menos de injusticia, con cierta recuperación del keynesianismo.
Es fundamental, basándose en la experiencia del año 2015, ampliar el campo de las fuerzas que no mantienen ilusiones con respecto a la UE y la zona euro, y que ponen por delante una auténtica perspectiva ecosocialista, de ruptura con la UE tal como ahora está constituida. Hay que partir de la constatación de que tanto la UE como la zona euro no son reformables.
En 2015, todos y todas pudieron comprobar que es imposible convencer, según la legitimidad que ofrece el sufragio democrático y por simple discusión, a la Comisión Europea, al FMI, al BCE y a los gobiernos neoliberales, en el poder en los otros países europeos, que tomen medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos así como de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio de 2015, que combatieron con el chantaje y la coacción (como el cierre de los bancos griegos 5 días antes del referéndum) no los convenció de la necesidad de hacer concesiones. Por el contrario, pisoteando los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias.
Ciertamente, en principio, se tendría que haber tomado, y se podría haber hecho, una serie de medidas en el ámbito europeo para recuperar la economía, reducir la injusticia social, volver sostenible el reembolso de la deuda y dar oxígeno a la democracia. Yanis Varoufakis, como ministro de finanzas, había realizado en febrero de 2015 propuestas que iban en ese sentido. Se trataba de cambiar la deuda griega por dos nuevos tipos de obligaciones: 1. obligaciones indexadas al crecimiento; 2. obligaciones llamadas «perpetuas», en el sentido de que Grecia reembolsaría únicamente los intereses pero a perpetuidad.[6] Las propuestas de Varoufakis, a pesar de ser moderadas y perfectamente factibles, no tenían, en realidad, ninguna posibilidad de ser aceptadas por las autoridades europeas.
Es el caso de toda una serie de propuestas que apuntaban a aliviar radicalmente la carga de la deuda de Grecia y de muchos otros países europeos (por medio de la mutualización de las deudas, por la emisión de eurobonos –eurobonds- etc.). Técnicamente, podrían haberse implementado pero es importante darse cuenta que en el contexto político y con la relación de fuerzas que prevalece en la UE, los países con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados, respetados y todavía menos apoyados por la Comisión Europea, el BCE o el MEDE (Mecanismo europeo de estabilidad). El BCE tiene los medios para asfixiar el sistema bancario de un Estado miembro de la zona euro cortándole el acceso a la liquidez. Como ya se mencionó, el BCE lo utilizó en Grecia en 2015. La Unión bancaria y el poder arbitrario del BCE refuerzan los medios de coacción de los que disponen las instituciones europeas para hacer fracasar una experiencia de izquierda.
Ahora, los tratados coaccionan fuertemente en materia de deuda y déficit. En términos absolutos, las autoridades europeas, incluido el consejo de ministros, podrían decidir la derogación de esos medios de coacción teniendo en cuenta la situación de crisis (y de hecho, ya lo hicieron con gobiernos que estaban de su lado)[7] pero claramente no tienen la más mínima intención. Por el contrario, tanto esas instituciones como el FMI y los gobiernos neoliberales de otros países combatieron activamente el gobierno griego a pesar de que este último se mostraba muy moderado (lo menos que podemos decir). La mayoría de los medios y numerosos dirigentes políticos europeos presentaron a Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis como rebeldes, incluso como radicales antieuropeos. La Troika combatió la experiencia que se estaba desarrollando en Grecia entre enero y julio de 2015, con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa de que no hay alternativas al modelo capitalista neoliberal.
La capitulación del primer gobierno de Alexis Tsipras no les fue suficiente, los dirigentes europeos y el FMI exigieron y obtuvieron del segundo gobierno de Tsipras la profundización de las políticas neoliberales al atacar un poco más el sistema de seguridad social, en particular el sistema de pensiones, al acelerar las privatizaciones, al imponer múltiples cambios en el ámbito jurídico y legislativo que constituyen retrocesos estructurales fundamentales a favor del gran capital y contra los bienes comunes.[8] Todas esas nuevas medidas y contrarreformas refuerzan la injusticia y la precariedad. Si los acreedores acaban por acordar una nueva reestructuración de la deuda,[9] sería a condición de proseguir con el mismo tipo de políticas. En ese caso una reducción de la deuda no constituiría ni una victoria ni un premio consuelo. Sería solamente una medida que tendría como fin garantizar la continuación de los reembolsos e intentar evitar una recuperación vigorosa de las luchas sociales. Una primera conclusión se impone: sin tomar medidas soberanas unilaterales, sobre la base de la autodefensa, las autoridades nacionales y los pueblos que las eligieron para romper con la austeridad, no podrán acabar con la violación de los derechos humanos perpetrada a demanda de los acreedores y de las grandes empresas privadas.
Algunos podrían replicar que si un gobierno de izquierda gobernase en España, podría utilizar el peso de la economía española (4ª economía de la zona euro de acuerdo a su PIB) en la negociación con los principales gobiernos de la zona y obtener concesiones que Tsipras no había podido conseguir. ¿Qué concesiones? ¿La posibilidad de una recuperación de la economía y el empleo mediante gastos públicos masivos y por lo tanto con un déficit público considerable? ¡Berlín, el BCE y al menos cinco o seis otras capitales de la zona euro se opondrían a eso! ¿Posibilidades de tomar medidas muy fuertes con respecto a los bancos? EL BCE apoyado por la Comisión rechazará esa opción.
Lo que también es seguro es que si las fuerzas de izquierda radical accedieran al gobierno de países como Portugal, Chipre, Irlanda, Eslovenia o las tres repúblicas bálticas, no podrán convencer a la Comisión ni a la dirección del BCE de permitirlas de romper fuertemente con la austeridad, con las privatizaciones,… Estos gobiernos tendran que resisitir y tomar medidas unilaterales para defender a su pueblo ¿Y si varios movimientos de izquierda subiesen al poder simultáneamente en varios países de la zona euro y exigieran conjuntamente una negociación? Por supuesto, estaría muy bien pero esa posibilidad también la tenemos que descartar aunque más no sea por el calendario electoral.
¿Podría ser que un gobierno de izquierda en el poder en París, como sería el caso si Mélenchon ganase las elecciones presidenciales de mayo de 2017, acompañado de fuerzas de la izquierda radical en las siguientes legislativas, forzara una reforma del euro? Es la hipótesis del equipo de campaña de Jean-Luc Mélenchon. Pero podemos, razonablemente, dudar de esa posibilidad. Admitamos que Mélenchon accede a la presidencia de Francia y constituye un gobierno. Así que querrá aplicar un conjunto de medidas de justicia social e intentar conseguir una reforma del euro. De todo eso, ¿qué será posible? Evidentemente, para un gobierno de izquierda en Francia será posible desobedecer los tratados y hacer respetar sus opciones, pero no podrá lograr una reforma profunda de la zona euro. Para conseguir eso, serían necesarias victorias electorales simultáneas de la izquierda, tanto en los principales países como en varios países periféricos. Dicho esto, está claro que un gobierno de la Francia insumisa, y de sus aliados, que tomara medidas unilaterales a favor de la población de Francia y de los pueblos del mundo (por ejemplo, para anular de manera unilateral las deudas de Grecia y de los países llamados en desarrollo con respecto a Francia) podría tener un papel positivo en Europa.
Aunque hagamos este análisis, no se trata de buscar una salida nacionalista a la crisis. Tanto como en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y preconizar una integración europea de los pueblos opuesta a la continuación de la integración actual, que está completamente dominada por los intereses del gran capital.
Los eslabones débiles de la cadena de dominación intraeuropea se encuentran en los países periféricos. Si Syriza hubiera adoptado una estrategia correcta, podría haber habido un cambio positivo en 2015. Pero no fue el caso. Los otros eslabones débiles de la cadena en donde la izquierda radical podría acceder al gobierno en los próximos años son, especialmente, España y Portugal. Podría ser también posible, en un futuro, en Irlanda, en Eslovenia, en Chipre, etc. Eso dependerá de muchos factores: la capacidad de la izquierda radical de aprender las lecciones del año 2015 y de avanzar propuestas anticapitalistas y democráticas que generen adhesiones… Y también dependerá, sin la menor duda, del grado de movilización popular… Si no hay presión de la calle, de los barrios, de los lugares de trabajo para cambios reales y para rechazar compromisos viciados, se tendrá un futuro sombrío.
Diez propuestas para no repetir la capitulación que se produjo en Grecia
Para evitar repetir la capitulación que se produjo en Grecia en 2015, he aquí diez propuestas para la movilización social y la acción de un gobierno realmente al servicio del pueblo, que se deben poner en marcha de forma inmediata y simultánea.
La primera propuesta es la necesidad, para un gobierno de izquierda, de desobedecer, de manera muy clara, y anunciada previamente, a la Comisión Europea. El partido que pretenda, o la coalición de partidos que pretendan gobernar y, por supuesto pensamos en España, deberán negarse a obedecer desde el comienzo, a las exigencias de austeridad, y se deberá comprometer a rechazar el equilibrio presupuestario. Será necesario decir: «No aceptaremos la obligación decretada por los tratados europeos de respetar el equilibrio presupuestario porque queremos aumentar los gastos públicos para luchar contra las medidas antisociales y de austeridad; y para emprender la transición ecológica». Por consiguiente, el primer punto es el de comprometerse de una manera clara y determinada a desobedecer. Después de la capitulación griega, es esencial abandonar la ilusión de obtener de la Comisión Europea y de los otros gobiernos europeos el respeto a la voluntad popular. Conservar esa ilusión nos conducirá al desastre. Debemos desobedecer para imponer el respecto de la voluntad popular.
Segundo punto: Comprometerse a llamar a la movilización popular. Tanto en el ámbito de cada uno de los países como en el europeo. Eso también fracasó en 2015 en Grecia y en Europa. Es evidente que los movimientos sociales europeos no estuvieron a la altura de las circunstancias en cuanto a movilizaciones se refiere, a pesar de que hubo algunas, no mostraron un nivel suficiente de solidaridad con el pueblo griego. Aunque también es cierto que la orientación estratégica de Syriza no preveía hacer un llamamiento a la movilización popular en el ámbito europeo, ni tan solo llamar a la movilización popular en Grecia. Y cuando el gobierno de Tsipras llamó a la movilización para el referéndum del 5 de julio de 2015, fue solo para no respetar, después, la voluntad popular del 61, 5 % de los griegos y griegas que se negaron a obedecer a las exigencias de los acreedores y rechazaron sus propuestas.
Recordemos que a partir de fines de febrero de 2015 y hasta junio del mismo año, Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras hicieron declaraciones que iban en la dirección de convencer a la opinión pública que un acuerdo era posible y que la situación se arreglaría. Imaginemos que después de cada negociación importante, por el contrario, hubieran explicado todos los entresijos, mediante comunicados públicos, por declaraciones orales a los medios, tomando la palabra en los espacios públicos, ante la sede de las instituciones europeas, en Bruselas y otros lados. Imaginemos que hubieran desvelado lo que se tramaba, eso habría desembocado en concentraciones de miles o de decenas de miles de personas, y las redes sociales habrían difundido ese discurso alternativo a centenares de miles o millones de personas.
Tercer punto: Comprometerse a organizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana. Las situaciones en los 28 países de la Unión Europea son diferentes, incluso dentro de la zona euro. Hay países europeos en los que la suspensión del reembolso de la deuda es una necesidad absoluta y prioritaria, como es el caso de Grecia para poder responder ante todo a las necesidades sociales y garantizar los derechos humanos fundamentales. Es también un elemento clave de una estrategia de autodefensa. En España, Portugal, Chipre, Irlanda, depende de la relación de fuerzas y de la coyuntura. En otros países, es posible realizar primero una auditoría y luego decidir sobre la suspensión de los reembolsos. Estas medidas deben implementarse teniendo en cuenta la situación específica de cada país.
Cuarta medida: Poner en marcha un control de movimiento de capitales. Y saber muy bien lo que eso significa. Aclarar perfectamente que la idea no es prohibir a los ciudadanos y ciudadanas transferir algunos cientos de euros al extranjero. Porque, es evidente, que las transacciones internacionales estarán autorizadas hasta un cierto monto. Por el contrario, se trata de implantar un control estricto sobre el movimiento de capitales por encima de esa suma.
Quinta medida: Socializar el sector financiero y el sector de la energía. Socializar el sector financiero no consiste solamente en desarrollar un polo bancario público. Se trata de decretar un monopolio público sobre el sector financiero, o sea, sobre los bancos y las compañías de seguros. Debe ser una socialización del sector financiero bajo control ciudadano. Por consiguiente, transformar el sector financiero en un servicio público.[10] En el marco de la transición ecológica, por supuesto, la socialización del sector de la energía es también una medida prioritaria. No puede haber transición ecológica sin monopolio público del sector de la energía, tanto en el nivel de la producción como de la distribución.
Sexta propuesta: Creación de una moneda complementaria, no convertible y el inevitable debate sobre el euro.
Ya sea en el caso de una salida del euro o de mantenerse en la zona euro, es necesario crear una moneda complementaria no convertible. En otras palabras, una moneda que sirva, en los circuitos cortos, a los intercambios en el interior de un país. Por ejemplo, para el pago del aumento de las pensiones, del aumento de los salarios a los funcionarios, para el pago de impuestos, para el pago de los servicios públicos… Utilizar una moneda complementaria permite apartarse y salir parcialmente de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo.
Por supuesto, es inevitable el debate sobre la zona euro. En varios países, la salida de la zona euro es también una opción que debe ser defendida por los partidos, los sindicatos, y los movimientos sociales. Algunos países de la zona euro no podrán realmente romper con la austeridad y emprender una transición ecosocialista sin abandonar la zona euro. En el caso de una salida de la zona euro, habría que: o poner en marcha una reforma monetaria redistributiva,[11] o aplicar un impuesto excepcional progresivo para más de 200.000 euros. Esta propuesta solo concierne al patrimonio líquido, por lo tanto, no concierne al patrimonio inmobiliario (casa, etc).
Séptima medida: una reforma radical de la fiscalidad. Suprimir el IVA sobre los bienes y los servicios de consumo básicos, como la alimentación, la electricidad, el agua (hasta un cierto consumo por individuo),[12] y otros bienes de primera necesidad. Por el contrario, un aumento del IVA sobre los bienes y productos de lujo, etc. Necesitaremos también un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas privadas y de los ingresos por encima de una determinada cantidad. Dicho de otro modo, un impuesto progresivo sobre los ingresos y sobre el patrimonio. La vivienda habitual debería estar exonerada del impuesto por debajo de un cierto monto que variaría en función de la composición de las personas que habitan en la casa. La reforma de la fiscalidad debe producir efectos inmediatos: una reducción muy sensible de los impuestos indirectos y directos para la mayoría de la población y un aumento muy sensible para el 10 % más rico y para las grandes empresas.
Octava medida: Desprivatizaciones, «recomprar» las empresas privatizadas por un euro simbólico. Desde este punto de vista, utilizar el euro podría verse hasta simpático, al pagar un euro simbólico a aquellos y aquellas que se hubieran beneficiado de las privatizaciones. Y reforzar y extender los servicios públicos bajo control ciudadano.
Novena medida. La puesta en marcha de un amplio plan de urgencia para la creación de empleo socialmente útil y para la justicia. Reducir el tiempo de trabajo con el mantenimiento de los salarios. Abrogar las leyes antisociales y adoptar leyes para remediar la situación producida por una deuda hipotecaria abusiva, que concierne prioritariamente a países como España, Irlanda, Grecia… Eso se podría resolverse muy bien mediante una ley, evitando procesos judiciales (ya que hay muchos procesos por deudas hipotecarias en los que las familias se tienen que enfrentar a los bancos). Un Parlamento podría decretar por ley la anulación de las deudas hipotecarias menores a 150.000 euros por ejemplo. Eso permitiría evitar ir a juicio. Se trata también de implementar un amplio programa de gastos públicos con el fin de relanzar el empleo y la actividad socialmente útil, favoreciendo los circuitos cortos.
Décima medida: Emprender un verdadero proceso constituyente. No se trata de cambios constitucionales en el marco de las instituciones parlamentarias actuales. Se trataría de disolver el parlamento y de convocar una elección por sufragio directo de una Asamblea constituyente. Por supuesto, se tendrá que tener en cuenta las cuestiones de nacionalidades, etc. pero se trata de abrir un verdadero proceso constituyente, ya sea con respecto a las nacionalidades o al Estado como tal. Y de buscar insertar ese proceso en otros procesos constituyentes europeos.
Estas son diez propuestas de base para someter a debate. Pero una cosa es cierta, las medidas que se deben tomar, tienen que ir a la raíz de los problemas y aplicarse simultáneamente puesto que se necesita un programa coherente. En ausencia de la puesta en marcha de medidas radicales anunciadas desde el comienzo, no habrá ruptura con las políticas de austeridad. No hay margen de maniobra para romper con las políticas de austeridad sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que eso se puede evitar, son «liantes» que no podrán obtener avances reales concretos. En el ámbito europeo, dada la arquitectura europea y como la crisis del capitalismo es de tal extensión, no hay un espacio real para políticas productivistas neokeynesianas. El ecosocialismo no debe quedar al margen sino estar en el centro del debate, de donde deben venir las propuestas inmediatas y concretas. Es necesario llevar a cabo la lucha contra la austeridad y emprender el camino del anticapitalismo… La transición ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.
ALEMANIA Angela Klein, revista SOZ AUSTRIA Christian Zeller, profesor de geografía económica, Universidad de SalzburgoBOSNIA Y HERZEGOVINA Tijana Okic, filósofaBÉLGICA Olivier Bonfond, economista, miembro de la Comisión para la verdad sobre la deuda griegaJean-Claude Deroubaix, sociólogo en la Universidad de MonsMauro Gasparini, LCR/SAPCorinne Gobin, politóloga en la ULBHerman Michiel, editor de Ander EuropaChristine Pagnoulle, profesora honoraria de la Universidad de Lieja, presidenta ATTAC-LiejaÉric Toussaint, portavoz de CADTM internacional, coordinador científico de la Comisión para la verdad sobre la deuda griega CHIPRE Stavros Tombazos, Chipre, economista, miembro de la Comisión para la verdad sobre la deuda griega DINAMARCA Soren Sondergaard, diputado ESLOVENIA Maja Breznik, investigadora Rastko Močnik, sociólogo, profesor universitario ESTADO ESPAÑOL Daniel Albarracín, economista y sociólogo, Podemos, miembro de la Comisión para la verdad sobre la deuda griega
Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
Yago Álvarez, activista, miembro PACD
Josep Maria Antentas, profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Rommy Arce, concejala del Ayuntamiento de Madrid, Ahora Madrid y Podemos
Raúl Camargo, secretario político de Podemos Comunidad de Madrid y diputado autonómico. Militante de Anticapitalistas.
Sergi Cutillas, economista de Ekona. Miembro del Grupo Impulsor de Un País En Comú, Catalunya, miembro de la Comisión para la verdad sobre la deuda griega.
Jérôme Duval, miembro del CADTM y de la PACD
Manolo Gari (economista, activista ecosocialista, militante de Anticapitalistas y miembro de Podemos)
Fátima Martín, periodista, CADTM y PACD
Teresa Rodríguez, diputada, exeurodiputada y portavoz de Podemos Andalucía
Carlos Sanchez Mato, concejal de Economía y Hacienda de Madrid, responsable Economía Izquierda Unida
Miguel Urbán, eurodiputado Podemos
FRANCIA Olivier Besancenot, portavoz NPAJeanne Chevalier, Parti de Gauche (suscribe las 10 propuestas pero no la introducción)
Eric Coquerel, coordinador político del Parti de Gauche (suscribe las 10 propuestas pero no la introducción)
Pierre Cours-Salies, profesor de Sociología Universidad París 8, Ensemble !Léon Crémieux, NPAAlexis Cukier - Ensemble ! EReNSEP Pascal Franchet, presidente CADTM FranciaPierre Khalfa, copresidente de la Fundación CopernicDjordje Kuzmanovic, Parti de Gauche (suscribe las 10 propuestas pero no la introducción)
Jan Malewski, redactor de la revista InprecorMyriam Martin, portavoz de Ensemble !
Corinne Morel Darleux, Parti de Gauche (suscribe las 10 propuestas pero no la introducción)
Jean-François Pellissier, portavoz de Ensemble !
Christine Poupin, portavoz NPACatherine Samary, economista, ATTAC Francia Patrick Saurin, sindicalista SUD, miembrodel CADTM y de la Comisión para la verdad sobre la deuda griega GRECIA Tassos Anastassiadis, sociólogo y periodista (Antarsya)Aris Chatzistefanou (director de los documentales Debtocracy y Catastroika)Nikos Chountis, eurodiputado, Unidad Popular (Grecia)Zoe Konstantopoulou, expresidenta del Parlamento griego, fundadora del movimiento político Plefsi Eleftherias (suscribe las 10 propuestas pero no la introducción) Stathis Kouvelakis, King’s College London, Unidad Popular Costas Lapavitsas, SOAS University of London, EReNSEPSpyros Marchetos, Universidad Aristote de Tesalónica, miembro de Antarsya y de la Comisión para la verdad sobre la deuda griegaYorgos Mitralias, Greeks for Bernie's Mass Movement - CADTM Grecia ; miembro de la Comisión para la verdad sobre la deuda griegaAntonis Ntavanelos, RedNetwork, Unidad PopularLeonidas Vatikiotis, periodista (Antarsya), miembro de la Comisión por la verdad sobre la deuda griega
HUNGRÍAJudit Morva, economista, redactora de la revista BALMIX ITALIA Checchino Antonini, director de la revista "L'Anticapitalista" Gigi Malabarba, obrero de RiMaflow, fábrica en autogestion - Fuorimercato, ex-senador, Communia NetworkLuxemburgoJustin Turpel, exdiputado déi Lénk – la GaucheDavid Wagner, diputado déi Lénk – la Gauche POLONIA Zbigniew Marcin Kowalewski, periodista Dariusz Zalega, periodista
PORTUGAL Francisco Louça, economista, Bloco de Esquerda, exdiputado. Emite ciertas reservas sobre algunos aspectos técnicos de las 10 propuestas.Alda Sousa, Universidad de Oporto, exeurodiputada, Bloco de EsquerdaRui Viana Pereira, diseñador sonoro, miembro del CADPP (Portugal) REINO UNIDO Penelope Duggan, editora de la revista International Viewpoint
Susan Pashkoff, Left Unity, Economic Policy CommissionAlan Thornett, Socialist Resistance in Britain SERBIAAndreja Zivkovic, investigadorSUIZAJean Batou, diputado Solidarités Genève, profesor de la Universidad de Lausana
[1] En el caso de Grecia se trataba de bancos griegos, franceses, alemanes, belgas y holandeses principalmente (unos quince grandes bancos privados para dar una idea aproximada). Para un análisis detallado véase el Informe preliminar del Comité para la verdad de la deuda pública griega, junio de 2015, capítulos 1 y 2 en http://www.cadtm.org/Informe-
[2] En ese momento, las actividades de varios de los grandes bancos franceses, alemanes, holandeses, belgas, etc., con intereses en Grecia, estaban fuertemente ligadas a los mercados financieros de Estados Unidos y a los mayores bancos estadounidenses y británicos. Además esos bancos europeos tenían acceso a una importante línea de crédito ofrecida por la Reserva Federal de Estados Unidos, así que era lógico el interés del gobierno de Barack Obama en la crisis griega e irlandesa, y en forma más general en la crisis bancaria europea.
[3] En el caso de Grecia, se trataba de 14 Estados de la zona euro «representados» por la Comisión Europea, el FEEF, —Fondo Europeo de Estabilidad Financiera— (sustituido por el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad), el BCE y el FMI.
[4] Este último aspecto no es suficientemente considerado puesto que se resaltan los aspectos económicos y sociales. La tendencia autoritaria en el interior de la UE y de la zona euro es, sin embargo, una cuestión central y un objetivo perseguido deliberadamente por la Comisión Europea y el gran capital. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento del poder ejecutivo, el recurso a procedimientos expeditivos de voto, la violación o limitaciones de una serie de derechos, el no respeto de las opciones votadas por los electores, el aumento de la represión de la protesta social…
[5] Las fuerzas de izquierda obtuvieron la mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas del 4 de octubre de 2015: el Partido Socialista como segunda fuerza con el 32,4 % de los votos y 86 diputados; el Bloco de Esquerda en tercera posición, con el 10,3 % de los votos y 19 diputados (8 en 2011), el Partido Comunista Portugués ganó un escaño y tiene 15 diputados y el Partido Verde, permanece igual con dos diputados. Un acuerdo de gobierno fue firmado en noviembre de 2015: el Partido Socialista gobierna solo y los dos otros partidos más radicales (BE y PCP), rechazaron entrar en el gobierno, y apoyan en el Parlamento las decisiones de los socialistas cuando les resulta conveniente.
[7] Para citar solo algunos ejemplos: La Francia de Nicolas Sarkozy y la Alemania de Angela Merkel no fueron sancionados a pesar de no respetar sus obligaciones en materia de déficit, y más recientemente, la Comisión también se ha mostrado laxista con respecto al gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y 2016.
[8] Modificación de la legislación con el objetivo que en caso de quiebra de una empresa, los bancos acreedores pasen por delante de los asalariados y jubilados, de la empresa, (verano de 2015); marginación completa de los poderes públicos en el accionariado de los bancos (diciembre de 2915); poder creciente del organismo independiente de la recaudación de impuestos, nuevos retrocesos en el régimen de jubilaciones, nuevos retrocesos en el código del trabajo; instauración de un mecanismo automático de recortes presupuestarios, en el caso de desviación de los objetivos de excedentes presupuestarios, gravados a fuego en el 3º memorando, También se constata un agravamiento en la situación de endeudamiento de las familias. Y por lo tanto, se refuerzan los medios coercitivos a disposición de las instituciones europeas para hacer fracasar una experiencia de izquierda.
[9] La deuda ya fue reestructurada en 2012. Las autoridades europeas habían anunciado una reducción del 50 % de la deuda griega. En realidad, recomenzó rápidamente a aumentar después de la reestructuración. Las medidas anunciadas en diciembre de 2016 constituyen una verdadera comedia (véase Michel Husson http://www.cadtm.org/Grece-
[10] Para una explicación sobre la socialización de los bancos, véase http://www.cadtm.org/Que-
[11] Al aplicar un tipo de cambio progresivo en el paso del euro a la nueva moneda, se disminuiría el líquido en posesión del 1 % más rico y redistribuiría la riqueza en efectivo de las familias.
[12] Esto podría combinarse con medidas de gratuidad sobre el consumo de agua, electricidad, gas, etc. por individuo, hasta un cierto grado de consumo.
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