22/6/22

Mandel, precursor de la democratización ecosocialista y autogestionaria del trabajo con rostro humano.

Daniel Albarracín Sánchez, Marzo de 2022.

El texto que prosigue incluye la introducción que realizo al libro de Ernest Mandel Autogestión, Planificación y Democracia Socialista, que reúne varias conferencias del economista belga, y que reedita Sylone. 


 https://vientosur.info/mandel-precursor-de-la-democratizacion-ecosocialista-y-autogestionaria-del-trabajo-con-rostro-humano/




Decía Fredereric Jameson que en esta sociedad resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo. Diríamos nosotros, no es posible imaginar una sociedad que supere el capitalismo sin desarrollar una política que libere al trabajo del yugo de la relación salarial y que le democratice. Eso requiere poner en marcha un tipo de trabajo dotado de características democráticas, emancipadoras y de cooperación social -productivas y de cuidados-, alineadas con fórmulas de planificación democrática de la economía -al menos en sus actividades estratégicas-. Esta planificación[1], para evitar la degradación de nuestro planeta, ha de basarse en criterios de transición ecológica a largo plazo atentos a la cuestión de clase, haciendo de ésta una herramienta de transición ecosocialista y democrática. Se trata, por tanto, de poner en pie un modelo de trabajo bajo una forma social nueva, de y para una sociedad de personas productoras y cuidadoras, libres y asociadas, que se cuidan en común y que respetan la madre Tierra. Ernst Mandel, en este trabajo[2], que ahora se reedita, y que reúne las líneas de varias de sus conferencias, sienta las bases de este proyecto.

 

1.       La alienación, ¿una condena antropológica inevitable?

 

Según Hegel, en una sociedad organizada los individuos ceden parte de sus derechos individuales mediante un contrato social, viendo aquí una alienación de todo individuo respecto del Estado. Asimismo, la dialéctica entre la necesidad y el trabajo conduce, a su juicio, a la imposibilidad de satisfacer plenamente las necesidades humanas por la organización del trabajo, causando el fenómeno de la alienación en el ámbito laboral (Mandel, 78:16 y 18). Para Hegel, a su vez, la enajenación está asociada a la naturaleza del ser humano, debido a la distancia entre lo que produce en la práctica y la idea que proyectaba en su mente antes de iniciar su labor (Mandel, 78:18). De esta manera, presenta como ineludible este fenómeno, más aún cuando el ser humano se separa, inevitablemente, del fruto de su trabajo.

Marx señala que la auténtica alienación obedece a la forma social del trabajo, no al trabajo en sí mismo necesariamente. Marx considera que, en una sociedad donde los individuos parten de condiciones dispares respecto a las relaciones de propiedad, esa cesión de derechos al Estado, de la que habla Hegel, es un fenómeno de alienación que afecta principalmente a los que no la poseen, al perder derechos entregados a una institución hostil con ellos (Mandel, 78:16), pero no respecto a los propietarios entendido como clase.

Así, Marx se desprende de la concepción idealista hegeliana. Ni las necesidades humanas son ilimitadas ni el producto del trabajo colectivo está abocado a no poder colmarlas; depende de la situación histórica (Mandel, 78:19) y no de una razón antropológica intrínseca y perenne. La opresión no es fruto de la enajenación frente a una idea, sino de una forma de sociedad organizada en torno a la producción de mercancías, en un contexto histórico donde predomina la economía capitalista. De tal modo, que, contra la resignación, es concebible y posible liberarse de dichos condicionamientos.

1/6/22

Para un diálogo con Raúl Sánchez Cedillo en torno a su libro Lo absoluto de la democracia

26/04/2022. Este material sirvió de base para mi intervención en la charla celebrada en la Universidad Pablo de Olavide el pasado 26 de Abril de 2022, en el que, moderado e introducidos por Eduardo Molina, participamos Raúl Sánchez, Pilar Cruz, Rafael Rodríguez y yo mismo, a propósito del libro de Raúl Sánchez Cedillo Lo absoluto de la democracia y el balance del 15-M.

Preguntas de Eduardo Molina (EM). Respuestas de Daniel Albarracín Sánchez (DAS) 

1
  
E.M.: El título del libro (de Raúl Sánchez Cedillo) tiene por nombre: Lo absoluto de la democracia. Es sabido que dicho concepto proviene del filósofo Baruch Spinoza. Un filósofo materialista algo difícil de digerir. ¿Podrías explicarnos el significado de dicho concepto de democracia y por qué sigue teniendo actualidad?

DAS:

Spinoza es, posiblemente, uno de los filósofos racionalistas más interesantes del siglo XVII. Parte de Descartes y Hobbes, dándoles la vuelta, y es precursor de Rousseau, siendo un impulsor de las ideas favorables a un Estado liberal-demócrata. Propone un pacto racional entre los hombres, pacto sustentado en su utilidad y en el conocimiento, como guía para las acciones virtuosas y no dejarse llevar sin más por las pasiones.

Parte del derecho natural. Entiende que es legítima toda acción que mueve al hombre basado en su poder para poder satisfacer su supervivencia, siempre que se guíe por la virtud y en la razón.

Ese pacto puede consistir o bien en una monarquía con fuertes contrapesos de control y la “propiedad común del suelo”; una aristocracia controlada por el pueblo; o, mejor aún, una democracia que promueva la plena libertad de los hombres fundada en un pacto racional entre ellos.

Dicho esto, señalar algunas observaciones e interrogantes.

Primero, Spinoza, fue un ilustrado liberal. Defendía que no debía limitarse el poder del hombre cuando busca satisfacer sus necesidades, solo debe guiarse por la razón. No cuestionaba la propiedad. Podemos admitir, con aquellos ilustrados, que la propiedad originada en el trabajo propio pueda ser legítima, así como disponer de bienes para satisfacer las necesidades también lo es. Spinoza fue consecuente con estas ideas.

23/5/22

Mutaciones de la precariedad laboral: ni mucho más empleo ni menos estabilidad

Daniel Albarracín 11/05/2022. Economista y sociólogo. Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Miembro del Consejo Asesor de la Revista Viento Sur.

https://vientosur.info/mutaciones-de-la-precariedad-laboral-ni-mucho-mas-empleo-ni-menos-estabilidad/

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/59765/mutaciones-de-la-precariedad-laboral-ni-mucho-mas-empleo-ni-menos-estabilidad/

Se están anunciando resultados espectaculares de la reforma laboral, afirmándose que la reforma está creando empleo y está reduciendo la temporalidad. Sin embargo, ni la política de empleo puede causar por sí sola nuevo empleo -salvo que modifique la jornada laboral máxima con el consiguiente reparto del trabajo- ni la caída estadística de temporalidad conduce necesariamente a una mayor estabilidad en el empleo. Por el contrario, dejando incólume los preceptos de las anteriores reformas va a causar una mutación en las formas de precariedad laboral y no impide la generalización de la inestabilidad en las relaciones laborales establecida con Zapatero y Rajoy.

18/5/22

Los derechos pendientes de las personas con diversidad funcional en Andalucía: una conquista para todas y todos

Daniel Albarracín 18/05/2022

 

La discapacidad, frecuentemente en situaciones de diversidad funcional, esto, de presencia conjunta de capacidades y discapacidades, comporta un fenómeno limitante que condiciona las destrezas de las personas, y que condiciona para determinados asuntos su plena autonomía. En España, el 9,49% de la población, para 2020, tiene algún tipo de discapacidad, según el INE. Comporta un fenómeno no solo extendido, sino transversal, en tanto que, en media, todas las personas pasarán a lo largo de su vida unos 8 años con algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, el reconocimiento del grado de discapacidad que se traduce en derechos está bastante por debajo de las estadísticas que dan cuenta del fenómeno. En Andalucía, solo se reconoce al 6,94% de la población que tenga el grado del 33% de discapacidad correspondiente. En edad laboral hay 380.100 personas en Andalucía con discapacidad, para 2020. El número de personas con discapacidad reconocidas ha decrecido entre 2020 y 2021, pasando de 587.744 personas en 2020 a 578.509 en 2021, según la Junta de Andalucía (SISS).

El fenómeno de la diversidad funcional tiene varios orígenes: genético, sobrevenido -fruto de enfermedades o accidentes-, y debido al envejecimiento, por una mayor esperanza de vida (salvo para 2020 en el que la esperanza de vida de la población andaluza disminuyó a causa de la pandemia, pasando de 82,2 a 81,5 años entre 2019 y 2020), siendo estos dos últimos factores los que tienen una incidencia creciente en las últimas décadas.


Los tipos de discapacidad pueden consistir en carencias sensoriales (visión, audición, etc…), físicos -frecuentemente ligados a la movilidad y otros problemas orgánicos-, y que incluyen discapacidades de carácter intelectual o, de manera diferenciada, a problemas de salud mental (con una frecuencia de que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno, transitorio o permanente, a lo largo de su vida -un fenómeno extraordinariamente invisibilizado y poco reconocido, y que da pie a categorizaciones tipo cajón desastre que agrupan indebidamente a la discapacidad intelectual y a los trastornos de salud mental como “discapacidad psíquica”-).

La discapacidad no es una enfermedad ni una patología, sino un condicionante para el desarrollo de la autonomía o el pleno desarrollo de la capacidad profesional en consideración a algunas actividades. La discapacidad puede tener otras causas y manifestaciones, aparte de las físicas u orgánicas. Y la discapacidad no es una patología, sino un condicionante o limitación, que puede tener origen patológico o no. Una persona con síndrome de Down, o con enanismo, o con otro tipo de diversidad funcional, por ejemplo, no tiene por qué estar enferma, aunque pueda tener, o no, una limitación o condicionante de cara al pleno desarrollo de alguna destreza, o que pueda comprometer su salud en un futuro. Enfermedad, patología o discapacidad no son equivalentes.

Los profesionales de los centros de valoración están habitualmente presionados para determinar si procede o no el reconocimiento del grado de discapacidad que da pie a la concesión de derechos. La presión de estos profesionales es doble, pues se encuentran en la tesitura de tomar una decisión que influye en los derechos y la vida de las personas que los solicitan, y tienen que dar respuesta a las orientaciones de las instituciones, restrictivas, en las que trabajan, que suelen contar con recursos limitados en un contexto de políticas de austeridad.

El tratamiento de la discapacidad no acaba ahí. Una política universalista de derechos no puede conformarse en proveer derechos discrecionales, que también. Tiene que implicar una panoplia de políticas de integración social, laboral, y en cualquier ámbito de la vida, que redunde en la obtención de mayores grados de autonomía y participación a todas las personas. Es por esto, que parece apropiado recordar diferentes medidas convenientes para lograr una vida independiente y plenamente integrada, sin discriminaciones. Medidas, que, por otro lado, son de beneficio universal porque también ayudan con su existencia a todas las personas, o en el momento, o cuando se produzca una limitación. Las adaptaciones del medio urbano, de los edificios, de los espacios laborales y de los medios de comunicación a las diferentes discapacidades, la inclusión en escuelas, el empleo con apoyo y las cuotas de reserva en las organizaciones laborales, o el acceso a servicios, fórmulas de asistencia según la necesidad o instrumentos específicos que reduzcan la dependencia, son medidas propias de un Estado del bienestar que deben plasmarse en las políticas públicas y las regulaciones.


14/5/22

Una opinión personal sobre política de bilingüismo en España.

Daniel Albarracín

Varias reflexiones personales, sin ser especialista, a la luz de reflexiones expertas consultadas sobre la materia, me gustaría compartir.

La sociedad española debate qué política de bilingüismo seguir en su inserción en un mundo donde las habilidades y competencias idiomáticas comportan un instrumento necesario de carácter profesional y una oportunidad de apertura para sostener una relación fructífera e integrada en un mundo globalizado e intercultural.


En España se están aplicando planes de bilingüismo en el ámbito educativo. El punto de partida es el bajo conocimiento de la sociedad y del profesorado de segundas o terceras lenguas. En los años 80 se inició un cambio haciendo que el inglés constituya la referencia internacional para España, dejando al francés en un lugar desplazado.

Han sido diferentes los intentos en España de ampliar el dominio del inglés. Estamos en un país donde se cuenta con una de las lenguas de mayor implantación en el mundo, siendo la segunda o tercera lengua a escala mundial. Además, el desarrollo, desde etapas anteriores a la Transición, de la industria de doblaje, había alejado a la población de los idiomas extranjeros.

Los intentos de mejorar nuestros niveles de inglés han sido varios.

Cabe mencionar sistemas educativos de otros países, la experiencia de las Escuelas Europeas -de las instituciones de la UE (radicadas en Bruselas, Francfort, Munich, La Haya, Varese, Luxemburgo, Dublín, Alicante, etc…) que cuentan con secciones nacionales y un programa reforzado de segunda y tercera lengua para un total de 20.000 alumnos, o el programa basado en los convenios entre Ministerio de Educación y el British Council, como experiencias de referencia fundamental y de enorme utilidad que incluyen algunas buenas prácticas. Este último fue una experiencia positiva que ha tenido su desarrollo principal el mundo rural, aunque no exclusivamente, como experiencia piloto, que comienza desde la educación infantil, y que articula el currículo educativo británico con el español, y que contaba con asesores lingüísticos cualificados. Si bien, su extensión ha sido muy reducida y, como apuntamos, la figura del asesor lingüístico ha visto degradadas sus condiciones laborales, posiblemente por la retirada de recursos.

Varias CCAA han extendido un modelo diferente. Un modelo de extensión de centros bilingües, con la introducción de la impartición en inglés en edades no tempranas -cuando el cerebro ya se va cerrando al fácil aprendizaje de estructuras lingüísticas no maternas-, acompañados de auxiliares de conversación sin cualificación pedagógica y que tienen un estatuto comparable al de un becario -cobrando 700 euros al mes-. Todo ello en un contexto donde el profesorado español tiene un dominio del inglés insuficiente, especialmente en el acento, a veces a pronunciación, en referencia al idioma original británico. Abusamos de estructuras latinas ajenas a la expresión inglesa cotidiana-. En la impartición en un segundo idioma, se persiste en centrarse en la gramática y situaciones comunicacionales abstractas, cuando es la conversación la forma natural de introducirse a un idioma. El resultado no es otro que un avance deficiente en el dominio de segundos y terceros idiomas. Otro resultado más grave aún, se compromete la calidad de aprendizaje de asignaturas troncales, causando retraso en su adquisición, o generando paradojas en varias materias, en las que el alumnado conoce un vocabulario en inglés, que luego apenas usará, y que ignora en castellano. Un tercer resultado es la extensión de academias privadas, en detrimento del aprendizaje en el espacio escolar y las escuelas oficiales de idiomas.

En mi opinión algunos criterios a seguir podrían ser los siguientes:

  • ·       La introducción de un segundo idioma extranjero convendría iniciarse en la etapa de educación infantil y primaria, incluyéndola de manera temprana para la adquisición natural de estructuras y prácticas lingüísticas, primando en ese momento las experiencias de escucha, comprensión, de pronunciación y conversacionales, así como primeras lecturas en primaria, dejando para etapas superiores, como secundaria y bachillerato, el dominio de la gramática, la escritura o el habla formal, tal y como se hace en el ámbito educativo británico.
  • ·       La necesidad de potenciar el aprendizaje del idioma inglés para un porcentaje muy superior del profesorado de infantil y primaria, con niveles mínimos de C1 (avanzado), fase decisiva de asimilación.
  • ·       No desarrollar el currículo de materias troncales en segundos idiomas de manera exclusiva, menos aún con profesorado con niveles de inglés más bajos del C1, para prevenir el retraso, las malas calificaciones o la deformación de la adquisición del currículo educativo más importante, o incluso la deformación en el uso del propio idioma inglés -y el abuso del “spanglish”-. Es mejor impartir en español cuando no se alcanza el nivel del idioma suficiente.
  • ·       Contar con asesores lingüísticos, y no auxiliares de conversación, con cualificación pedagógica -lectoescritura, métodos de enseñanza, currículum británico-, y con empleos reconocidos, que permitan dar estabilidad profesional y prevenir el fenómeno de renuncias tan frecuente.
  • ·       Desarrollar experiencias de intercambio internacional en muchísima mayor medida, entre el alumnado, así como de inmersión lingüística para el profesorado.
  • ·       Hacer llegar a todos los barrios y centros escolares públicos estas oportunidades, para no concentrar esta oferta educativa en una selección de territorios o grupos sociales que acceden a esta educación gracias a la oferta de mercado, lo que supone una barrera de entrada en función del poder adquisitivo. 

 

19/4/22

Alternativas a la escalada de precios

La Comisión Confederal de Economía Política de Anticapitalistas ha elaborado un informe en relación a la inflación denominado "Alternativas a la escalada de precios, la devaluación salarial y las medidas del Gobierno Español". Para ver su contenido completo puede consultarse aquí

https://www.anticapitalistas.org/informes/propuestas-de-anticapitalistas-para-combatir-la-inflacion/

Destacamos aquí el último apartado de propuestas:


PROPUESTAS ANTICAPITALISTAS CONTRA LA INFLACIÓN

De manera alternativa, para el mundo del trabajo y las clases populares, hay que abordar una política económica muy distinta.

En primer lugar, el problema de ascenso de los costes energéticos pone al orden del día un cambio en el modelo productivo y energético

Se requiere una planificación democrática que ordene una transición hacia un modelo con los siguientes rasgos:

1. - Un cambio en el uso de fuentes de energía, basado principalmente en renovables que deberán ver incrementadas de inmediato las subvenciones para posibilitar su total implantación tanto en plantas como en la de generación distribuida, y el desarrollo de infraestructuras para su aprovechamiento, aplicando regulaciones e impuestos crecientes a las fósiles, en línea de hacerlas solo utilizables para usos muy selectivos, temporales e insustituibles. Todo ello deberá acompañarse de planes de ahorro y eficiencia energética de ámbito local, autonómico y estatal, tanto en la producción como en el consumo, en las empresas privadas y en las públicas y en la propia administración.

2.       Por ello estamos en contra de bajar los impuestos a los hidrocarburos y, sin embargo, sí estamos a favor de obtener los fondos necesarios de la subida de impuestos a los grandes patrimonios y perceptores de rentas altas que permitan financiar la transición energética.

-    Acabar con el sistema marginalista y oligopólico del precio de la electricidad, alineando los precios con los costes de extracción y distribución de cada energía, regulando los precios del oligopolio. Hacer público y transparente el sistema energético y la formación de costes y precios como medidas inmediatas de urgencia, si bien el objetivo estratégico es desprivatizar y socializar bajo múltiples formas de propiedad pública y social la generación de energía.

4. - Un modelo productivo sobrio y autocontenido, y de distribución socialmente generoso, que cubra las necesidades esenciales y no rebase la biocapacidad del planeta. Ello implica también un modelo de reindustrialización y de agricultura capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de forma suficiente y ambientalmente sostenible, lo que supone un replanteamiento en profundidad de qué, cómo y para quién producir.

5.  -  Un modelo de movilidad de las personas urbano e interurbano basado en modalidades no contaminantes (peatonal, bicicleta, etc.) y colectivas menos contaminantes frente a los vehículos privados. Criterio también aplicable al transporte de mercancías. Lo que en conjunto implica el impulso del tranvía y buses en las poblaciones y del ferrocarril electrificado de cercanías, media y larga distancia y del transporte marítimo especialmente de cabotaje,  frente a la carretera y los vehículos a motor.

6-  Un esquema de desarrollo basado en vectores endógenos y menos extravertido. Esto es, una economía al servicio de las necesidades principalmente cubierto con las potencialidades productivas propias de cada territorio.

7.  -  Una tendencia a un modelo de intercambio cooperativo y complementario, si bien dando prioridad a la economía de proximidad, con un modelo abierto a territorios próximos, y reduciendo el comercio a larga distancia no esencial.

En segundo lugar, la clase trabajadora necesita un cambio de 180 grados en las políticas salariales y laborales

En concreto, abogamos por:

1.       Una política salarial que garantice, como mínimo, el poder adquisitivo, especialmente de todos los salarios por debajo de una cantidad que podríamos estimar en 2.000 euros mensuales. Acompañada de la aplicación de la escala móvil de salarios para combatir la pérdida incesante de poder adquisitivo de los ingresos por el trabajo, lo que supone que los salarios se actualicen automáticamente mensualmente con respecto a la inflación registrada.

2.       Apostar por transporte público colectivo gratuito, para garantizar que las necesidades de movilidad no mermen el sueldo de los trabajadores y también para facilitar el descenso del consumo energético. Como medida inmediata las compañías energéticas deberán proporcionar combustible gratuitamente a las compañías públicas de transporte y a precios baratos a las concesionarias de servicios locales, regionales o interregionales.

3.       Una política de estabilidad en el empleo, que permita dar seguridades y poder proyectar una vida coherente y libre, castigando la celebración de contratos temporales (mayores cotizaciones e indemnizaciones que el empleo indefinido), causalizando el despido y aplicando indemnizaciones disuasorias.

4.       La aplicación de medidas de reducción del tiempo de trabajo y el reparto de todos los trabajos, dentro de una política encaminada al pleno empleo. Por ello abogamos por la jornada laboral semanal de 30 horas.

5.       Una política social desarrollada en materia de pensiones e ingresos universales garantizados.

En tercer lugar, al servicio de los anteriores objetivos es preciso impulsar sin demora política económica e internacional diametralmente opuesta a la existente

- Una política que impulse la iniciativa e inversión pública y la cooperación con la economía social y solidaria, donde los servicios de interés general lleguen de manera universal, de manera gratuita o a precios muy asequibles como es el caso de la vivienda.

- En concreto, es estratégica la inversión y subvenciones públicas, acorde con lo anteriormente afirmado, en industrias como la ferroviaria y la naval.

- Una reforma fiscal soportada sobre las rentas de los beneficios y la gran propiedad.

- Una suspensión selectiva de las deudas que se consideren ilegítimas.

- Confrontar con cualquier salida militarista a la crisis. Ello implica a) que los Presupuestos Generales del Estado en lugar de incrementar el gasto militar –como se ha hecho- reduzcan el mismo; y b) poner coto y fin a la producción y comercialización internacional de armas, particularmente a las zonas en conflicto bélico y a los regímenes antidemocráticos. Acompañado, a su vez, de la salida de la OTAN y del cierre de las bases militares de potencias extranjeras en territorio del Estado español revocando los tratados que las amparan.

 


5/4/22

¿Qué ha pasado con la Reforma laboral 2022?

 


En este video puede seguirse la charla dada entre Beatriu Cardona i Prats y Daniel Albarracín sobre lo que significa la reforma laboral, realizada el pasado mes de Marzo de 2022. La intervención en castellano puede seguirse desde el minuto 2:30 al minuto 31:40.

Para seguirla, PINCHAR AQUÍ.



20/3/22

Reforma laboral a lo “Zapajoy”: ni pequeño avance, ni en dirección contraria

Daniel Albarracín. Enero de 2022.

https://cdn.vientosur.info/VScompletos/vs_0180.pdf

https://vientosur.info/reforma-laboral-a-lo-zapajoy-ni-pequeno-avance-ni-en-direccion-contraria/

Págs. 107-115

La formación del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos generó expectativas tanto por su carácter inédito como porque su programa de coalición planteaba propuestas que incluían alguna recuperación de derechos. De todas ellas, la que despertó más interés, desde un enfoque progresista material, fue la nueva regulación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 del PP. Con todo, suponía una fuerte moderación respecto a las aspiraciones de derogación de aquella norma, porque las expectativas de los movimientos y las demandas de los sindicatos iban más lejos[i].

En aquel programa se acordaba la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, primar el convenio sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación, acotar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa, la revisión de las causas de despido, y la reordenación de las modalidades de contrato para limitar la temporalidad. En los primeros meses de gobierno se derogó el despido por absentismo por baja por enfermedad y sólo en 2022 ha visto la luz una reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, que contrasta mucho con lo prometido y con lo acordado en el programa de coalición.

Como herramienta política, la regulación laboral se centra en la definición de la calidad de las relaciones de empleo; fundamentalmente, los derechos y costes asociados, la arquitectura de la negociación colectiva y la regulación del tiempo de trabajo. Ahora bien, política de empleo y economía política aplicada deben estudiarse conjuntamente, dado que la creación de empleo depende de la inversión, la rentabilidad, y las medidas de política económica. Solo las medidas referidas a la regulación del tiempo de trabajo, que corresponden al marco de la política laboral, afectan al empleo. Algo que, por cierto, ni se contempla por este gobierno.

El gobierno de coalición se ha limitado a cambios menores en la política fiscal y ha confiado su política expansiva[ii] a los fondos Next Generation (Albarracín y Moreno; 2021)[iii].  Los fondos, al margen de sus dudosos contenidos y de sus beneficiarios particulares, van a tener serias consecuencias macroeconómicas, laborales y sociales. A medio plazo, cuando se retome el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido por la depresión pandémica, debido a la necesaria devolución de la deuda acumulada, que tras 2023 supondrá fuertes recortes. Y en lo inmediato, por la aplicación de los compromisos con la Comisión Europea, para poder recibir los diferentes tramos de los Fondos Next Generation, entre los que se encuentran la implementación de lo que va a ser una lesiva reforma del sistema de pensiones y la exigencia de adecuar el marco laboral. Su objetivo: compatibilizar la moderación de la tasa de temporalidad y la garantía de flexibilidad de la gestión laboral a bajo coste para el empresariado. Es en este contexto que hay que analizar la reforma laboral consensuada entre gobierno, patronal y sindicatos.

 

1.       Criterios para evaluar la reforma

La ministra de trabajo, Yolanda Diaz, y UP, socio menor en el gobierno, han consentido y admitido las condiciones que han maniatado su labor: han hecho propios los compromisos aceptables por la Comisión Europea, han respetado los intereses de la patronal y han visto interferida su labor por la acción de la vicepresidenta económica y el presidente del gobierno, en un contexto de competencias limitadas de por sí para esta cartera.