La Comisión Confederal de Economía Política de Anticapitalistas ha elaborado un informe en relación a la inflación denominado "Alternativas a la escalada de precios, la devaluación salarial y las medidas del Gobierno Español". Para ver su contenido completo puede consultarse aquí
https://www.anticapitalistas.org/informes/propuestas-de-anticapitalistas-para-combatir-la-inflacion/
Destacamos aquí el último apartado de propuestas:
PROPUESTAS ANTICAPITALISTAS CONTRA LA INFLACIÓN
De manera alternativa, para el mundo
del trabajo y las clases populares, hay que abordar una política económica muy
distinta.
En primer lugar, el problema de ascenso de los costes energéticos pone
al orden del día un cambio en el modelo productivo y energético
Se requiere una planificación
democrática que ordene una transición hacia un modelo con los siguientes
rasgos:
1. - Un
cambio en el uso de fuentes de energía, basado principalmente en renovables que
deberán ver incrementadas de inmediato las subvenciones para posibilitar su
total implantación tanto en plantas como en la de generación distribuida, y el
desarrollo de infraestructuras para su aprovechamiento, aplicando regulaciones
e impuestos crecientes a las fósiles, en línea de hacerlas solo utilizables
para usos muy selectivos, temporales e insustituibles. Todo ello deberá
acompañarse de planes de ahorro y eficiencia energética de ámbito local,
autonómico y estatal, tanto en la producción como en el consumo, en las
empresas privadas y en las públicas y en la propia administración.
2. Por ello estamos en contra de bajar los impuestos a los hidrocarburos y, sin embargo, sí estamos a favor de obtener los fondos necesarios de la subida de impuestos a los grandes patrimonios y perceptores de rentas altas que permitan financiar la transición energética.
- Acabar con el sistema marginalista y oligopólico del precio de la electricidad, alineando los precios con los costes de extracción y distribución de cada energía, regulando los precios del oligopolio. Hacer público y transparente el sistema energético y la formación de costes y precios como medidas inmediatas de urgencia, si bien el objetivo estratégico es desprivatizar y socializar bajo múltiples formas de propiedad pública y social la generación de energía.
4. - Un
modelo productivo sobrio y autocontenido, y de distribución socialmente
generoso, que cubra las necesidades esenciales y no rebase la biocapacidad del
planeta. Ello implica también un modelo de reindustrialización y de agricultura
capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de forma suficiente y ambientalmente
sostenible, lo que supone un replanteamiento en profundidad de qué, cómo y para
quién producir.
5. - Un
modelo de movilidad de las personas urbano e interurbano basado en modalidades
no contaminantes (peatonal, bicicleta, etc.) y colectivas menos contaminantes
frente a los vehículos privados. Criterio también aplicable al transporte de
mercancías. Lo que en conjunto implica el impulso del tranvía y buses en las
poblaciones y del ferrocarril electrificado de cercanías, media y larga distancia
y del transporte marítimo especialmente de cabotaje, frente a la carretera y los vehículos a motor.
6- Un
esquema de desarrollo basado en vectores endógenos y menos extravertido. Esto
es, una economía al servicio de las necesidades principalmente cubierto con las
potencialidades productivas propias de cada territorio.
7. - Una
tendencia a un modelo de intercambio cooperativo y complementario, si bien
dando prioridad a la economía de proximidad, con un modelo abierto a
territorios próximos, y reduciendo el comercio a larga distancia no esencial.
En segundo lugar, la clase trabajadora necesita un cambio de 180 grados
en las políticas salariales y laborales
En concreto, abogamos por:
1. Una
política salarial que garantice, como mínimo, el poder adquisitivo,
especialmente de todos los salarios por debajo de una cantidad que podríamos
estimar en 2.000 euros mensuales. Acompañada de la aplicación de la escala
móvil de salarios para combatir la pérdida incesante de poder adquisitivo de
los ingresos por el trabajo, lo que supone que los
salarios se actualicen automáticamente mensualmente con respecto a la inflación
registrada.
2. Apostar por transporte público colectivo gratuito, para
garantizar que las necesidades de movilidad no mermen el sueldo de los
trabajadores y también para facilitar el descenso del consumo energético. Como
medida inmediata las compañías energéticas deberán proporcionar combustible
gratuitamente a las compañías públicas de transporte y a precios baratos a las
concesionarias de servicios locales, regionales o interregionales.
3. Una
política de estabilidad en el empleo, que permita dar seguridades y poder
proyectar una vida coherente y libre, castigando la celebración de contratos
temporales (mayores cotizaciones e indemnizaciones que el empleo indefinido),
causalizando el despido y aplicando indemnizaciones disuasorias.
4. La
aplicación de medidas de reducción del tiempo de trabajo y el reparto de todos
los trabajos, dentro de una política encaminada al pleno empleo. Por ello
abogamos por la jornada laboral semanal de 30 horas.
5. Una
política social desarrollada en materia de pensiones e ingresos universales
garantizados.
En tercer lugar, al servicio de los anteriores objetivos es preciso impulsar sin demora política económica e internacional diametralmente opuesta a la existente
- Una política que impulse la iniciativa e inversión pública y la cooperación con la economía social y solidaria, donde los servicios de interés general lleguen de manera universal, de manera gratuita o a precios muy asequibles como es el caso de la vivienda.
- En concreto, es estratégica la inversión y subvenciones públicas, acorde con lo anteriormente afirmado, en industrias como la ferroviaria y la naval.
- Una reforma fiscal soportada sobre las rentas de los beneficios y la gran propiedad.
- Una suspensión selectiva de las deudas que se consideren ilegítimas.
- Confrontar con cualquier salida militarista a la crisis. Ello implica a) que los Presupuestos Generales del Estado en lugar de incrementar el gasto militar –como se ha hecho- reduzcan el mismo; y b) poner coto y fin a la producción y comercialización internacional de armas, particularmente a las zonas en conflicto bélico y a los regímenes antidemocráticos. Acompañado, a su vez, de la salida de la OTAN y del cierre de las bases militares de potencias extranjeras en territorio del Estado español revocando los tratados que las amparan.
