EL ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE EL GOBIERNO Y UNIDOS PODEMOS: ¿CORRECCIÓN
SOCIAL DE UN GOBIERNO NEOLIBERAL Y OBEDIENTE CON LA UE?.
https://vientosur.info/spip.php?article14268
Daniel Albarracín
17/10/2018
Unidos Podemos y el gobierno han alcanzado un
acuerdo para poder apoyar las cuentas para el año 2019. Sólo el PNV ha mostrado
su apoyo (aunque no gratis) hasta el momento, y aún faltan cinco diputados más
al menos para superar los 166 del bloque conservador. Mientras, PdCat se
mantiene ambiguo y ERC en contra. A día de hoy los números no salen, lo que
podría conducir a que el gobierno adopte los presupuestos del PP como propios.
Veremos.
En relación al acuerdo, el perfil macroeconómico global del
presupuesto resultante es restrictivo. Lleva la impronta de los límites
establecidos por Bruselas, su adaptación a la senda de déficit, que se fija con
un 1,8% del PIB, menos que años anteriores, pero tampoco es un presupuesto del
viejo gobierno del PP. Desde el lado del gasto público, los presupuestos son contractivos
(descenderá al 40,9% del PIB en 2019 desde el 41,2% del PIB de 2018). En su
composición interna dejan la inversión pública, cuyos efectos multiplicadores
son mayores que el resto del gasto, en un raquítico 1,9% del PIB (para poder dar
espacio a la mejora de algunos capítulos sociales). En el lado de los ingresos,
también prevé elevar la presión fiscal en seis décimas, pasando del 34,93% al
35,54% del PIB, con algunas mejoras progresivas del régimen fiscal. Según
cálculos de Podemos, con las medidas acordadas podría elevarse los ingresos
públicos en torno a los 7000 millones y los gastos en unos 4500 millones de
euros. En balance todo ello permite el control del déficit, más que incluso los
gobiernos del PP, para adecuarse a los parámetros del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.
A este respecto, en la negociación han caído
no pocas cosas de lo que Unidos Podemos ya planteaba, en principio ya de manera
autocontenida. Muchos de los puntos inicialmente propuestos se han vaciado o
sustituido por una promesa de puesta a discusión. Los capítulos sobre
regulación del sistema financiero han sido aplazados. Sin embargo, hay aspectos
de corrección social que dispondrá el potencial presupuesto en cuanto a sus
contenidos que, incluso a pesar de la moderación sufrida en el proceso de
negociación, no son desdeñables. Era el pacto posible en el marco de una
negociación política a alto nivel que no ha disfrutado de una ola de
movilizaciones, ni se ha organizado tal cosa, que le permitiera ir más lejos. En
conclusión, tenemos un acuerdo que, de aprobarse, comportaría una corrección
social a un presupuesto de rumbo social-liberal. Un pacto que, al gobierno, le
deja en buen lugar. Compromete a soberanistas si no se aprueban, ata a Unidos
Podemos a la narrativa del control del déficit y al horizonte acotado, y no
sabemos si realista, de aspirante a socio de gobierno, y le permite al gobierno
volver a marcar agenda política.
En suma, lo juicioso es contener la euforia sobre
el acuerdo, sin dejar de apreciar algunas medidas positivas para las clases populares
que, de alguna manera también van más lejos del presupuesto. Al mismo tiempo
que exige indicar los límites, y la restricción de los horizontes políticos de
transformación a los que se verán condicionadas las fuerzas del cambio.
INGRESOS
El tipo mínimo efectivo será un 15% para el
impuesto de sociedades para grandísimas empresas. El tipo efectivo actual sobre el resultado
contable que pagan los grandes grupos empresariales es del 6,14%, lejos del 25%
nominal. El Gobierno pretende que las grandes empresas paguen un mínimo del 15%
sobre la base imponible, para las empresas que facturen más de 20 millones de
euros, y no sobre el resultado contable, algo que limita el impacto
recaudatorio a 1.800 millones anuales y no los 4000 millones previstos. Se
hubiera resuelto mejor con una retención mínima obligatoria del 15%, que además
hubiera servido de cortafuegos a la evasión y elusión fiscal) supone un buen
avance, así como el incremento del tipo mínimo efectivo al 18% para las
entidades de crédito e hidrocarburos. Se reduce, por el contrario el tipo
nominal del 25% al 23% a las pequeñas empresas. A este respecto, hay que hacer
notar que cada vez más pequeñas empresas forman parte de un espacio satélite de
los grandes grupos y empresas red, en forma de subcontratas, franquiciados o
filiales, y habría que ver hasta qué punto los grandes grupos de empresas van a
proseguir externalizando formalmente su red de empresas, para fragmentarlas y
entrar en los umbrales fiscales más favorables.
El alcance del impuesto sobre patrimonio será
también muy limitado. Aunque el tipo de un un 1% para las fortunas de más de 10
millones, es razonable, al ser el impuesto competencia de las comunidades
autónomas, el Gobierno lo podrá aplicar a los no residentes. Realmente el
impuesto de patrimonio tendría mejor función como competencia estatal como fórmula
de registro de propiedad actualizada, como instrumento de identificación de
beneficiarios reales de la potencial evasión fiscal, aunque luego se le aplicara
un mínimo exento elevado. Pero nada de esto ha estado en discusión.
La implantación de un impuesto de
transacciones financieras para las empresas cotizadas también es positiva, al
menos puede comportar un pequeño cortafuegos a la especulación diaria.
En relación a la imposición de la economía
digital, la propuesta no se diferencia en nada de la discusión que se están
produciendo en la UE. La aplicación de un 3% en la facturación es un mecanismo
no negativo pero inadecuado e insuficiente para grabar a las grandes empresas
digitales (Amazon, facebook, etc...), y que sólo puede encontrar una solución
apropiada con el impulso de una armonización y cooperación fiscal de los tipos
impositivos del impuesto de sociedades en Europa, con mecanismos consistentes
en la armonización de las bases imponibles, e yendo más allá del CCCTB
discutido en la UE, con la aplicación de un tipo mínimo efectivo en los
impuestos de los países europeos (o incluso a mayor escala), y el
establecimiento de una retención fiscal equivalente a dicho tipo mínimo
efectivo.
La reforma del IRPF para gravar un poco más a
las rentas muy altas, un 2% más a aquellos que ganen más de 130.000 euros
anuales y un 4% a los que superen los 300.000, es para saludar, pero comportará
no muchos ingresos adicionales, dada la pequeña fracción de población en dichos
umbrales. La reducción de los tipos del IVA, como impuesto indirecto, también
son saludables, sin embargo distan de una reforma más ambiciosa. El esquema
idoneo habría de haber sido otro: un impuesto sobre las grandes fortunas, un
impuesto de patrimonio estatal con propósito de registro de propietarios y
beneficiarios reales, un aumento mayor de los tramos superiores del IRPF para
rentas mayores a 50.000 euros, una bajada generalizada del IVA o su conversión
a ecotasa gravando la emisión de gases de efecto invernadero.
En relación a la lucha contra los paraísos
fiscales no se especifica qué estándares mínimos son los que caracterizarán una
guarida fiscal (a nuestro juicio, un tipo impositivo muy bajo, falta de
cooperación e intercambio de información fiscal, o la permanencia de mecanismos
opacos para indagar en la evasión fiscal y el lavado de dinero). De hecho, la
asunción de los tipos de listas adoptados en el marco internacional no es
ninguna novedad ni ningún avance, porque España ya los adopta y dichos marcos
son extraordinariamente laxos y permisivos. Puede también observarse algunos
avances en la lucha contra el fraude que, aunque no incluye algo tan decisivo
como potenciar la inspección fiscal y las sanciones disuasorias, deben
valorarse positivamente.
GASTOS
En este capítulo el detalle es mucho más
rico, y dentro de un volumen de presupuesto restrictivo en relación al PIB (que
todavía crece), y se incluyen medidas progresistas reseñables.
Para el mundo del trabajo asalariado se va a
notar, pudiendo afectar indirectamente en torno a un 40% de personas
trabajadoras, el incremento a 900 euros (brutos) del SMI, que tiene un efecto
directo en el 12% de personas asalariadas que ganan incluso menos de esa cifra.
Va a haber mejoras tangibles un el segmento de la clase asalariada con salarios
bajos, y representan un porcentaje importante, en los próximos tres años,
aunque está por ver su traducción en el nivel de cotizaciones. El avance en
este capítulo, si no se agua con el tiempo, sería un salto fuerte que no se
daba desde hace 40 años.
En materia de pensiones, se incluyen
condiciones no sólo para mantener el derecho de nuestros mayores, también hay
mejoras reales para las pensiones más bajas, por encima del poder adquisitivo.
También el sistema va a encontrar algunas medidas, aunque no todas de las que
se esperaba, que reforzarán el capítulo de ingresos, fundamental para
fortalecer el sistema de seguridad social, así como la revisión a la baja de las
bonificaciones que no aportaban nada a la creación de empleo y fundamentalmente
abaratan los costes laborales con un simple efecto sustitución entre colectivos
a emplear.
Una medida muy positiva es la adopción de un
modelo concreto de PIINA, de permisos parentales, de aplicación graduación en
el marco de la negociación colectiva (algo que le resta efectividad y
universalidad), y aunque 16 semanas seguirá siendo insuficiente, para dentro de
tres años, una de las causas de discriminación de la mujer se puede ver aminorada,
al tener el hombre que corresponsabilizarse en las tareas de crianza y el
empresariado no poder tratar de manera tan desigual a ellas y ellos, cuanto
menos por el periodo de permiso. Harina de otro costal es cómo se aprovechen por
los varones y cómo se sigan repartiendo las tareas durante los permisos y
posteriormente. Es un paso adelante en cualquier caso.
Hay mejoras puntuales en el capítulo
educativo para favorecer al acceso a la educación pública. En el de sanidad la
universalidad o los límites a la privatización tenemos que valorarlos muy
positivamente.
El capítulo de vivienda también se nutre de buenas
noticias, protegiendo más la estabilidad del inquilino, recuperando derechos e
incluso mejorando aspectos para contener la especulación urbanística, aunque
con la desigual cooperación que pueden ofrecer las corporaciones locales. Las
viviendas asequibles o las ayudas a la rehabilitación, aunque en número y
alcance modesto, deben valorarse como una primera experiencia piloto.
La posibilidad de utilizar el superávit para
gasto social y educativo por parte de las entidades locales es positivo. Pero
seguimos sin romper el tabú del límite del déficit, y el a veces imprescindible
papel anticíclico del sector público. En Barcelona o Madrid esto puede
favorecer a segmentos de la población, mientras que en la mayor parte de
municipios no tendrá repercusión.
En materia de regulación laboral, se
recuperan algunos derechos y la parte gruesa de la discusión se le da una
patada hacia delante, quedándose en el aire. La ultraactividad no se consolida,
aunque puede que se amplíe el plazo de caducidad de los convenios, y las
garantías ante posibles reestructuraciones no se detallan. A este respecto, el
gran capítulo pendiente de esta negociación es no haber conseguido, ni siquiera
la derogación de la reforma de 2012, dando por admisible, desgraciadamente
parte de aquella y la propia del PSOE. Los llamamientos a un nuevo Estatuto de
los Trabajadores del siglo XXI fácilmente quedará en palabras, pero bienvenido
sea el debate, si es que se realiza.
En materia medioambiental hay medidas
positivas para contener los excesos de las eléctricas en la factura, y en
materia de atajar la pobreza energética, y medidas que ayudarán a las
renovables, pero que están lejos, más allá de la invocación al debate y los
grupos de trabajo sobre la materia, de medidas favorables a un cambio de modelo
productivo.
Las medidas democráticas y antirrepresivas
plantean mejoras y alivios, pero no acaban con los problemas de nuestro sistema
electoral y con el autoritarismo del sistema judicial y policial.
CONCLUSIONES POLÍTICAS
Unidos Podemos ha optado por estabilizar y,
posiblemente, legitimar el gobierno del PSOE, y a través de la negociación,
consiguiendo elementos de corrección social de un modelo que, sin embargo, no
se ve alterado en términos globales. La correlación de fuerzas sociales y
parlamentarias han facilitado este estrecho margen, que se traduce en
recuperación de derechos y sostenibilidad material para colectivos muy
golpeados hasta la fecha. Hay que verlo como una de las primeras
materializaciones de un largo ciclo político de luchas que se ha estrechado a
la negociación parlamentaria.
El problema ahora es cómo contar estas
recuperaciones de derechos para segmentos de la sociedad muy vulnerables, y de
algunas contenciones desiguales y limitadas a ciertos abusos, explicando que
están lejos de un avance social real. El gobierno va a verse legitimado por
estas medidas. Pero las fuerzas del cambio deben presentar un modelo
alternativo superador. El riesgo está en idealizar estas medidas de contención
y de recuperación de algunos derechos, sin que se ponga énfasis en que pueden
hacerse las cosas de otra manera y de ir más lejos. Por de pronto, se menciona
que los logros no son todo lo ambiciosos que se querían, pero debe advertirse
que la ambición inicial con la que se abordó la negociación tampoco era tanta.
Si no hay un ideario y propuestas que se defiendan que vayan más lejos, y una
organización de la movilización social, el escenario político puede traducirse
en una nueva subalternización, aspirante a un rincón en el gobierno, y lo que
debería ser sólo un principio convertirse en el agotamiento de un ciclo
progresivo.
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