La pasada semana volvía a
saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados
con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en
paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o
Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos
procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios
“offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur.
Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca
de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve
jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas
como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá:
Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán,
Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San
Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y
Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán,
territorio federal de Malasia (Asia)
Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá
permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo
“offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca.
Los
Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de
Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia
británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la
anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas
como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de
lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación
fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores
necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos
fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal;
y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios,
políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de
Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes
y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus
obligaciones fiscales.
Appleby nos adentra en el complejo
mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las
obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y
multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados
como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la
incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una
fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos
insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La
propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios
a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que
aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos
delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y
facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con
mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que
se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva,
obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto
profesional.
Los papeles
del paraíso muestran como los bufetes implicados se dedican a crear
complejas estructuras societarias para ocultar el verdadero beneficiario
de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o incluso evadir
el pago de impuestos mediante la ocultación de patrimonio y el
movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco
por parte de multimillonarios y multinacionales. Una gestión opaca del
patrimonio posible principalmente a través de sociedades, 'trusts' y
fundaciones de interés privado, pero también del abuso de otros
vehículos para la evasión como las acciones al portador, derivados,
seguros de vida, criptomonedas, o zonas francas, ocultando la verdadera
identidad o los beneficiarios reales del patrimonio consiguiendo eludir
el pago de impuestos. De ahí que estas compañías se conozcan también
como “sociedades pantalla”, o buzón –porque no hay otra cosa en su sede
formal, radicadas en exóticos territorios de ultramar-, puesto que su
único fin es ocultar la identidad del dueño del patrimonio. La propia
oferta básica de Appleby se basa en servicios corporativos, constitución
de 'trusts' y gestión de fondos de inversión. En la comisión de
investigación del parlamento europeo sobre los papeles de Panamá desde
Podemos hemos insistido en proponer el desarrollo de Registros públicos
de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de
acceso a las autoridades fiscales, y un registro público abierto de los
acuerdos de planificación fiscal agresiva. Así como registros de
fundaciones y fideicomisos o similares reduciendo el umbral de
participación para tener la obligación de identificar el beneficiario
último o titular real.
Las
empresas offshore pueden ser legales, siempre y cuando el beneficiario
último lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside.
Ahora, en múltiples estudios se ha constatado que este tipo de empresas
pantalla son utilizadas en una abrumadora mayoría de los casos para la
evasión fiscal o para la elusión en términos equiparables a la evasión.
También coincide que los mismos vehículos de evasión utilizados, son a
los que recurren luego las tramas de corrupción, financiación del
terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, para
esconder la identidad de las personas involucradas en dichos delitos
para esconder la parte financiera de sus crímenes y no poder ser
rastreados. Esto nos debería de hacer replantear la legalidad de
empresas que se utilizan como pantalla o escudo para impedir conocer el
propietario real.
El otro
elemento destacado de los Papeles del Paraíso es la filtraciónde seis
millones de documentos procedentes de los registros mercantiles de
diecinueve jurisdicciones opacas, territorios considerados como guaridas
o paraísos fiscales en alguna de las diferentes listas internacionales
elaboradas al respecto. Aunque para España doce de ellas no son
consideradas como paraísos fiscales, habiendo siendo cinco de estas
jurisdicciones opacas retiradas de la lista española de paraísos
fiscales en los últimos años por el gobierno del PP como ya pasó con
Panamá durante el gobierno Zapatero. Estos documentos administrativos
son tan importantes porque contienen información sobre los accionistas,
administradores y representantes legales de las compañías offshore o
pantalla. Actualmente, según el economista Gabriel Zucman el diez por
ciento de la riqueza mundial se encuentra en países ‘offshore’. Estas
guaridas fiscales para multinacionales y multimillonarios son un
verdadero agujero negro para el desarrollo de millones de personas en el
mundo, constituyendo un factor clave de la actual crisis de desigualdad
global que padecemos.
Pero
no podemos señalar a Panamá o las Bermudas sin antes mirar en Europa. A
pesar de que la Unión Europea no considera paraíso fiscal a ninguno de
sus veintiocho estados miembros, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) sí incluye a dos países de la UE en su
lista de paraísos fiscales: Malta y Chipre. Aunque nosotros coincidimos
con diversos organismos internacionales y entidades sociales como Oxfam
que también incluyen a Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y, en menor
medida, Bélgica dentro del grupo de países con grandes ventajas fiscales
dentro de la UE. Recordemos el caso de Luxleaks, un entramado de
evasión fiscal que tenía en Luxemburgo su epicentro durante el mandato
del actual presidente de la comisión europea Jean Claude Junker. De
hecho, según Zucman las seis jurisdicciones europeas menos
colaboradoras (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Malta y
Chipre) desvían fondos por un total de 350.000 millones de euros cada
año (cifra algo superior al gasto contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado de España para 2017).
Uno de los grandes retos de la UE en materia fiscal es conseguir un
tipo efectivo mínimo fiscal europeo uniforme, y no sólo una armonización
de las bases imponibles, que evite una competición a la baja o “dumping
fiscal” combatiendo la planificación fiscal agresiva, así como realizar
un registro de Tax Rulings (acuerdos fiscales a medida) que garantice
una mayor cooperación e intercambio fiscal entre países miembros de la
UE. Acabando con las guaridas fiscales en el seno de Europa y
desarrollando una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas y de
alto riesgo, que a nosotros nos gustaría unificar en una lista de
jurisdicciones fiscales no comprometidas con la justicia fiscal,
incluyendo aquellas con tipos impositivos efectivos del impuesto de
sociedades menores al 25% , que además no establezcan un marco
transparente de identificación de titulares reales o no desarrollen
mecanismos de intercambio de información, estableciendo sanciones
proporcionadas y disuasorias contra los países en dichas listas.
Por último, en los papeles del Paraíso se evidencia como las
multinacionales utilizan empresas pantalla y guaridas fiscales para
evitar pagar el conjunto de sus obligaciones fiscales dejando así casi
intactos sus beneficios. A las grandes corporaciones les daña a su
imagen corporativa la aparición en estas filtraciones, y lo que vemos es
que este tipo de procesos añaden presión para que cumplan más con sus
compromisos fiscales. Sin embargo, falta mucha pedagogía para explicar
que los procesos de elusión fiscal, sobre todo los planificados para
trasladar beneficios mediante precios de transferencia a jurisdicciones
muy ventajosas, quiebran el espíritu de la ley, y son en alta proporción
equiparables a un fraude ilegal. Por ello, esta situación debería de
urgirnos a tomar medidas decididas como por ejemplo establecer
retenciones fiscales en origen para evitar la política de transferencia
de precios que permite hacer aflorar beneficios en países terceros con
condiciones fiscales favorables. Así como realizar una legislación
europea sobre el tratamiento de las sedes de las empresas en relación a
prevenir el abuso de los precios de transferencia a escala europea.
Desde hace tiempo vemos como año tras año sale a la luz una nueva
filtración de papeles que demuestran como las elites económicas y
políticas del mundo se consideran la “nueva aristocracia global” gozando
del privilegio de estar exentos de pagar impuestos. Mientras,
trabajadores y pequeños productores contribuyen con sus impuestos –y
ponen la parte que otros no han pagado-, la desigualdad en el mundo se
multiplica y la austeridad se instala en las políticas públicas con
recortes sobre nuestra educación, sanidad, sobre nuestros derechos. La
evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales,
entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro
tiempo. La lucha contra la evasión fiscal se torna hoy más que nunca en
un cuestionamiento del orden mundial imperante, un cuestionamiento del
acaparamiento del conjunto de los recursos del planeta por la minoría
del Uno por ciento.
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