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Daniel Albarracín 15/05/2020
En Junio, se implementará un ingreso mínimo vital cuyo perfil
definitivo aún está perfilándose, tanto en su aplicación concreta como en su
alcance social, e incluso territorial, pues se ha trasladado como propuesta a
las instituciones europeas.
Esta iniciativa brinda una oportunidad para contrastar
diferentes “vehículos de cambio”[1].
Valorar un esquema de medidas exige, al menos una doble comparación. Lo que
ofrece y mueve respecto a un determinado punto de partida. Y, especialmente,
hacia dónde nos lleva. Para poder evaluar apropiadamente. Debemos contrastar
los diferentes vehículos disponibles, para ver cómo avanzan en cada terreno, y
establecer los horizontes deseables. Sin caracterizar esos horizontes[2],
resulta muy difícil orientarnos. No se trata de llegar a ellos en un estadio
más o menos inmediato, sino, cuanto menos, concluir con un juicio cabal de si
al menos nos movemos en la dirección que buscamos.
A este respecto, este documento, primero, contrastará lo que
es el ingreso mínimo vital y su distancia con la Renta Básica Universal. Segundo,
compararemos la RBU con los conocidos Planes de Empleo Garantizado. Tercero,
compararemos ambos esquemas –en tanto que vienen asociadas a medidas que
comprometen a otras esferas de la política económica, social y laboral-, con
una solución alternativa. Aquella, en síntesis, consiste en el desarrollo de
políticas de desmercantilización, la extensión de servicios públicos universal
gratuitos, y la democratización de las relaciones laborales.
¿Es el Ingreso mínimo vital una renta básica
universal?. ¿Se podrá financiar la RBU?
El
ingreso mínimo vital es una renta reducida y condicionada para determinados
colectivos en situación de pobreza severa, por no tener apenas ingresos. La
cuantía prevista del ingreso mínimo vital, a falta de mayor precisión
regulatoria irá desde los 462 euros para alrededor de un millón de familias, o
unidades de convivencia, con muy bajos ingresos ni propiedad de vivienda por
encima de 100.000 euros de valor, aunque pueda luego elevarse en función del
número de miembros que tenga cada unidad de convivencia, o si se es familia
monoparental. Una renta condicionada y de mínimos que en nada se parece a una
Renta Básica Universal, que sería una renta general para toda la ciudadanía,
que permitiría vivir sin la obligación de trabajar para poder tener una vida
digna.
Algunos
autores, como el equipo de Arcarons, Torrens y Raventós, han ideado fórmulas
bien pergeñadas que la pueden hacer la RBU asumible financiera y fácil de
aplicar. Se financiaría a través de un incremento de los tipos del IRPF,
especialmente de las rentas más altas, pero bastaría con aplicar un tipo único
del 49%, con una ampliación del mínimo exento. Esta fórmula permite compaginar
su financiación con la redistribución. Aunque lo perciba toda la ciudadanía, el
efecto neto es que el 20% de las rentas superiores financia al 80% restante, garantizando
que todo el mundo tenga una renta básica mensual. Su coste administrativo es el
que ya se da con el trámite tributario actual, aunque naturalmente, el diseño
del IRPF se vería drásticamente modificado. Sería una medida financieramente
viable, redistributiva y además sustentada por una reforma fiscal
redistributiva justa. En base a cálculos propios siguiendo los datos del equipo de Arcarons,
para 2012, estimamos que el efecto neto de aplicar la RBU, sería del 3,5% del
PIB, al ahorrarse el pago de prestaciones sociales inferiores. El del TG sería
del 4,37% al ahorrarse el pago de prestaciones de desempleo. Ambas medidas son
perfectamente financiables equiparando la presión fiscal española a la media
europea.
Diferencias y compatibilidades entre
la RBU y los Planes de Trabajo Garantizado.
Hace
unos años Eduardo Garzón y Daniel Raventós protagonizaron un debate que parecía
plantear una oposición entre estas dos líneas de medidas. Fue útil aquel contraste,
si bien resulta importante señalar que ambas son viables, y ambas pueden llegar
a ser complementarias. Sin embargo, con eso no quiere decirse que, siendo
interesantes y aun pudiendo mejorar algo las cosas, sean las mejores soluciones
para los problemas que vivimos. Sobre todo, en cuanto a la consecución de una
superación del modelo social de producción vigente, y de la mayor parte de los
problemas que este modelo causa.
Como
apuntamos, la Renta Básica Universal conjuga medidas de reforma fiscal
redistributivas con la provisión de una renta de ciudadanía para toda persona
reconocida así. Mientras, los planes de trabajo garantizado operan como un
mecanismo de amortiguación del ciclo económico creando empleo desde el sector
público para reducir la tasa de paro, garantizando a todas las personas
desempleadas algún tipo de puesto de trabajo.
Ambas
operan en el lado de la demanda, principalmente. La RBU proporciona una renta
favorable al consumo, que sobre todo llegará a las personas con bajos ingresos
o sin propiedades, y promoverá la demanda efectiva porque la propensión al
consumo de los que tienen bajas rentas es relativamente mayor. Los planes de
trabajo garantizado se activan cuando el ciclo industrial entra en recesión
causando desempleo, generando empleo público con un esquema de salario básico.
Naturalmente,
son medidas completamente compatibles, si se desea implementarse de manera
coordinada. Es posible realizar cambios fiscales, redistributivos y de
promoción de esquemas de empleo garantizado reforzándose mutuamente.
Fijémonos
que una parte de los autores postkeynesianos, sea de una subcorriente u otra,
que puedan llegar a defender la RBU y el TG pueden coincidir en muchos aspectos
en términos de política económica. Consideran importante reactivar la demanda
efectiva a través del consumo, consideran positivas estas medidas por su
capacidad de reactivar los mercados y por ser redistributivas. Esto es,
consideran el gasto público como un factor de creador de demanda. Algunos
otros, como la TMM, también consideran que no es ni necesaria una reforma
fiscal, basta con una política monetaria apropiada de creación de dinero a
través del banco central, a cargo de los impuestos futuros del Estado. Con ello
se puede financiar empleos, aunque también rentas –mediante el reparto de
“dinero helicóptero[3]-.
La política fiscal, sólo en un grupo de estas corrientes, es de importancia,
pues no todos la consideran necesaria. Y en esto, lamentándolo mucho, tenemos
que discrepar. Aunque el gasto público o los empleos creados[4] podrán aliviar
el ciclo negativo de la economía, generando nueva recaudación a posteriori,
difícilmente retornará ese gasto si no hay medidas de inversión que los acompañe.
Y sin ingresos públicos adicionales un déficit permanente causará deuda pública
y consiguientes ajustes sociales a continuación. No se trata ni demonizar
déficits públicos o la deuda pública[5], pues
son aconsejables en tiempos de crisis o en caso de aconsejarse una política
expansiva para inversiones socialmente necesarias. Pero su permanencia y
excesiva dimensión son también un mal signo que no puede traer buenas
consecuencias.
La
previsión de que reactivará el crecimiento y la capacidad de devolución de la
deuda sobreestima la capacidad de esta política de estimular la economía y de
aumentar la recaudación, e ignora las tendencias de onda larga de la
acumulación capitalista. Nosotros dudamos que el sector público tenga la
capacidad de alterar suficientemente el ciclo económico capitalista, sin
alterar drásticamente los principios de concentración de la propiedad privada
de los medios de producción, la lógica del mercado lucrativo, y la institución
del trabajo asalariado, originadora de la explotación en la producción. Menos
aún podrá alterar a una escala y forma digna de tal nombre, el metabolismo
entre sociedad y naturaleza, porque seguiría siendo guiado el modelo de
producción por la rentabilidad y la lógica de acumulación.
A
su vez, nos preocupa que el tipo de empleos de los programas de trabajo
garantizado sean de “última instancia”, que sean pagados a un nivel muy básico,
o que sean creados únicamente cuando el ciclo es recesivo. No se trata de que
este empleo sea rentable en sí, pero sí debe ser útil socialmente, y han de
cubrirse los costes de su financiación. En este sentido, cabe preguntarse, si
son tan útiles y necesarios, como son los empleos de cuidados, de protección
medioambiental o de limpieza del entorno, porque van a ser únicamente desarrollados
en épocas de crisis y no de una manera permanente.
Desde
este punto de vista, el tipo de empleo de estos planes de trabajo garantizado están
concebidos de manera subordinada. Esto es, están subordinados al ciclo económico
capitalista. Están peor remunerados que en el mercado privado –así que
cualquier persona empleada optará por un empleo en el sector privado,
descapitalizando las iniciativas públicas de los mejores profesionales-. No se
desarrollan por su valor, tampoco por su utilidad social sino por la capacidad
de reactivar la demanda y el crecimiento, y anteponen el consumo a cualquier
priorización en el cambio del modelo productivo, en términos sostenibles. Este tipo
de trabajo, que incluye trabajos de cuidados, de protección medioambiental o civil,
no puede ser concebido en un rincón del sistema o de manera complementaria a un
tipo de producción que sería el mayoritario, que, por otra, seguiría siendo
productivista, insostenible, y dominado por la lógica del lucro, al no
enmendarse su carácter capitalista.
Claro
está que una baja tasa de desempleo mejora el punto de partida. Impide, a quien
pueda trabajar, caer en la pobreza, pero únicamente ofrece un estímulo para un
funcionamiento menos torpe del sistema capitalista, en tanto que el mercado, el
lucro, el productivismo de la acumulación seguirían siendo el vector principal
del desarrollo.
La RBU y los Planes de Empleo
Garantizado ante el modelo general de relaciones laborales y de economía de
mercado.
La
RBU no opera directamente en el mercado de trabajo. Los planes de empleo
garantizado lo hacen en la periferia, en el marco del sector público, en tanto
que subproducto cíclico animado por las crisis de la economía de mercado.
Ambas, sin embargo, influyen en las relaciones laborales generales.
La
RBU es compatible con el empleo, y provee una seguridad material que mejora las
condiciones de negociación de los y las trabajadoras. Sin embargo, no se
propone modificar dimensiones cruciales que hacen ser nuestra sociedad como es.
Ni dice nada del tipo de trabajo que tiene que haber, ni el tipo de producción
que debe realizarse. La mayor parte de cómo se empleará el trabajo queda en
manos de los agentes capitalistas. La RBU tampoco ofrece las condiciones para
superar el trabajo asalariado, aunque facilite un espacio de actividades libres
que pueden sostenerse gracias a la función redistribuidora del Estado –sin
preguntarse cuál es la naturaleza del Estado y de quién lo gobierna-.
El
Estado no es un agente neutral. Muchos de los defensores de la RBU presuponen
una situación política favorable y progresista en su gestión. Probablemente, si
algún día alguna fórmula de renta de este tipo se aplica será para sustituir la
panoplia de prestaciones públicas y derechos sociales existentes. Es también
previsible, que, con esta fórmula se acompañen fórmulas de condicionamiento
que, en la práctica sujeten el acceso a estas rentas al cumplimiento de
exigencias del Estado que, por qué no, igual contribuyen a un sistema de
servidumbre compatible con la explotación en el trabajo. Por último, la RBU no
se preocupa del funcionamiento autoritario de las empresas capitalistas. En
parte, no pretenden cambiar su orientación, sino generar un espacio adyacente
que dé más oxígeno. Mientras persista el poder del capital, la propiedad
privada de los medios estratégicos, la mercantilización de la sociedad y la
naturaleza, y la relación salarial, habrá una fuente de privilegios de clase
que se ejercerán también para influir en el Estado.
En
relación a los planes de empleo garantizado, pueden contribuir a mitigar el
desempleo, y contribuir, también, a dar unas condiciones de vida menos
desesperadas de cara a la negociación del tipo de empleo en el mercado privado.
Ahora, igualmente, no pueden aspirar a modificar de raíz la relación de fueras
del privilegio del capital, sino a una fórmula complementaria y funcional para
el mercado, en la que, en definitiva, la democracia laboral no tiene por qué
formar parte de la agenda de transformación del modelo social y productivo.
Tanto
la RBU como la TG también tendrían una incidencia en las prácticas de
reproducción social. La RBU, en las condiciones más idóneas ideadas por, por
ejemplo, Raventós, permitiría que las familias puedan contar con una renta para
los periodos de crianza y educación, y para tratar de otra manera las
necesidades de cobertura del trabajo doméstico. Gracias a la RBU, puede jugarse
bajando el tiempo de trabajo asalariado y poder dar respuesta a estas
necesidades en el marco familiar.
Sin embargo, todas estas soluciones dejan
pendientes algunos interrogantes sin contestar. Por ejemplo: ¿cuáles son las
condiciones que garantizarían el reparto del trabajo entre hombres y mujeres?
¿Seguiría siendo la mujer las que seguirían ejerciendo el trabajo de cuidados?;
¿Cómo se prevé que se ponga en pie en el ámbito comunitario o público servicios
de cuidados compartidos o universales?.
Los
planes de empleo garantizado no alteran los tipos de servicios y empleos
preexistentes, aunque generan un nuevo espacio de empleo complementario. Para
las personas desempleadas sólo ofrecen un trabajo remunerado, pero no una
liberación de la obligación de trabajar. Ahora bien, si en los planes se prevé
el desarrollo de servicios de cuidado, educación, ayuda a domicilio, podrían
mejorar la cobertura de estas necesidades en la sociedad. Sin embargo, como
decimos, son actividades que se despliegan en épocas de crisis, no de manera
permanente. Por tanto, entrañan una solución de alivio temporal, en el mejor de
los casos.
La
RBU, en su mejor formato, admite liberar al menos una parte del tiempo laboral
remunerado. Lo admite para poder cubrir mejor las propias necesidades, o
desarrollar proyectos propios, creativos, sociales o personales. Permite unas
condiciones favorables a escala individual, pero no conduce necesariamente a
ningún tipo de solución colectiva o pública. A este respecto, no dice nada
sobre la extensión y tipo de los servicios públicos, la regulación de los
bienes comunes, o como desarrollar trabajos de carácter cooperativo. Tampoco
dice nada de qué hacer con los trabajos desagradables, penosos y arriesgados,
así como respecto a los trabajos de cuidados, en relación a quién los hará, si
se repartirán o qué. Sin dar respuesta a estas cuestiones, nada modificará las
tendencias históricas a la división sexual del trabajo, a las obligaciones
diferenciadas que tienen las personas según su extracción social y desigual
lugar en la sociedad. Tampoco habrá nada que indique, pues todo parece
confiársele a la voluntad individual, sin discutirse si su agregación ofrecerá
una buena solución colectiva, qué hacer con nuestra relación con el
medioambiente.
Con
los planes de empleo garantizado, quizá se pueda introducir actividades que
respondan a necesidades sociales y medioambientales. Pero cabe recordar que las
personas en riesgo de desempleo son precisamente aquellas con una extracción y
trayectoria de clase más desfavorable de origen, de tal modo que, parece, los
empleos reservados a estos planes, posiblemente no siempre los más valorados
socialmente, acabarían desarrollándolos grupos sociales vulnerables y que cuentan
con peor capital económico, social, simbólico, cultural o relacional. En la
práctica, estos grupos, en épocas de paro, estarían obligados a hacer estos
trabajos para conservar un salario, aunque este sea público.
Por
este motivo, parece necesario abrir una nueva perspectiva que incluya un
esquema más ambicioso, complejo que se alinee con otras medidas solución y que
aborden retos referidos a la planificación de la economía, la democracia
productiva y laboral, el reparto de todos los trabajos y la reducción del
tiempo de trabajo.
Parece
claro que la RBU podría modificar la dinámica económica desde el lado de la
demanda promoviendo la capacidad adquisitiva, favoreciendo la dinámica de
mercado. Ahora bien, nada se dice con esta medida, qué se hará con los
servicios públicos. Estamos convencidos de que muchos de sus defensores son
amigos del Estado del Bienestar, pero el esquema de la RBU no refiere a esta
dimensión.
No
opera en el lado de la oferta, y promueve la actividad privada, potenciando la
capacidad adquisitiva ante el mercado. Así, serán las preferencias individuales
expresadas monetariamente en el mercado quienes indiquen qué será comprado y
qué no. Todo ello un contexto de oligopolios privado, capaces de gobernar la
demanda y determinar la oferta. En este sentido, si los oligopolios o los
consumidores optan por producir y comprar alimentos, ordenadores o
televisiones, y no bienes y servicios sociosanitarios, o productos
reabsorbibles por la biosfera, los problemas persistirán.
En
suma, tenderá a promover mercancías creadas en el ámbito privado. Tampoco
impulsará nada sobre los bienes comunes, porque es ciego a ese ámbito.
¿En qué consistiría una política de
desmercantilización, extensión de la gratuidad y de los servicios públicos?
Hay
otra línea de reflexión (Albarracín, D.: 2014)[6], representada,
por ejemplo, por intelectuales como Jorge Riechman o Michel Husson, que pone
encima de la mesa una solución que no es equivalente ni a la RBU ni al TG. Se
trata del impulso al desarrollo de una política de cambio general que apueste
por la extensión, la universalización y gratuidad de los servicios públicos, no
sólo a los ya estandarizados como la sanidad y la educación, si no a otros
campos nuevos (transporte, comedores colectivos, escuelas infantiles, atención
a las personas dependientes, cultural, etc…).
A
nuestro juicio un mejor camino consistiría en establecer una serie de cambios
en el modelo socioeconómico y laboral que pasarían por el desarrollo de una
política de desmercantilización que pusiese la gratuidad, la extensión y la universalidad
de servicios públicos, o su accesibilidad asequible, en un contexto democrático.
Naturalmente, exigiría construir una nueva institucionalidad y nuevas reglas
sociales, así como dejar atrás los privilegios de una minoría y los criterios
por los que se guía actualmente la economía.
Comenzaría
por una socialización de medios económicos estratégicos y por una profunda
reforma fiscal progresiva, capaz de financiar, en primer lugar, un plan de
inversión sociosanitario y ecológico.
Claro,
esto supone incluir los siguientes cambios en la ecuación, para ahondar en este
camino:
·
Introducir la
planificación económica de la producción estratégica, de carácter democrática y
ecosocialista.
·
Tomar las
decisiones sobre qué producir con criterios de viabilidad económica, utilidad
social y mínimo coste medioambiental, acabando con la lógica productivista y
rentabilista.
·
Proteger y
regular el desarrollo de bienes comunes, bajo un espacio de trabajo comunitario
y libre que fomente la cooperación social y la autogestión.
¿Es posible un modelo de trabajo
libre, cooperativo y emancipado libre del yugo salarial?
Como
hemos visto, la RBU o el TG, en sus mejores formatos, sólo aliviarían la
presión que ejerce la relación salarial sobre la mayoría de la población que
depende de ofrecer su fuerza de trabajo, tiempo y energía, para obtener un
ingreso. Un modelo de sociedad libre del yugo salarial exige cambios más
profundos. En particular:
- § Conquistar la democracia laboral en los espacios productivos, ahora reservada a los capitalistas y sus gestores.
- § Establecer regulaciones que reduzcan el tiempo de trabajo y repartan todos los trabajos.
Ahora,
en una sociedad ecosocialista también habría que trabajar, en tanto que
persistan necesidades que atender y problemas que arreglar, pero no bajo la
forma salarial que opone desigualmente a una minoría que dispone de medios de
producción a otra que sólo cuenta con su fuerza de trabajo, y cuyo destino es
ser explotada.
El
trabajo en esa nueva sociedad debiera ser mayormente libre, personal,
cooperativo y comunitario. Ahora bien, habrá trabajos más agradables o menos
agradables. Se trata de que los penosos, desagradables o arriesgados se
minimicen, pero habrá que hacerlos. Es más, en un contexto de descenso de
disponibilidad energética, puede que el trabajo manual ocupe más tiempo que
anteriormente. Quizá contemos con el apoyo de tecnologías ligeras, que
diferirán del modelo industrial robotizado de gran escala. También los trabajos
de cuidados, de las personas y el entorno urbano o ambiental, habrá que
realizarlos. De alguna manera tenemos que concebir una sociedad con miembros
solidarios que asuman que una parte de su tiempo será para acometer estas
tareas. Esto implicará un reparto de estos trabajos, incluyendo variables
electivas en lo posible, así como de selección en función de la edad, la
capacidad, la cualificación, la cercanía, etc… Y sólo una vez cumplidos, la
actividad libre será posible y admisible, esperamos que en forma creciente.
El
reparto del trabajo puede darse en un tramo de la biografía, por unas horas a
la semana o unos días o meses al año. Eso dependerá de la naturaleza de la
actividad o necesidad, la disponibilidad de personas y sus características, y,
especialmente, la decisión democrática y colectiva que se adopte.
Esto
es, se trata de que los espacios de actividad libre se incrementen, teniendo en
cuenta varias cosas: hay que atender socialmente a tareas necesarias que pueden
ser desagradables, difíciles o pesadas. También conviene facilitar espacios
comunitarios y cooperativos para muchas actividades sociales, porque en esas
condiciones se harán mejor. La libertad sólo será posible mediante la
cooperación y la democracia colectiva, abierta a la emancipación de todas las
personas.
[1] Los “vehículos”, entendiendo por tales una serie de
medidas a las que vienen asociadas un esquema de políticas, que vamos a evaluar
serían los tres siguientes:
La Renta Básica
Universal. Advierto: el ingreso mínimo vital no es la RBU.
Los Planes de Empleo
Garantizado.
El Desarrollo de
Servicios Públicos Universales Gratuitos y la Democracia Laboral.
[2]
Los horizontes emancipatorios a
los que nos gustaría movernos son los siguientes:
a) Emancipar al trabajo del yugo de la
relación salarial,
b)
liberar
de la mercantilización las relaciones con la naturaleza y entre las personas,
c)
promover
la libertad y proveer de una base material a todas las personas para poder
ejercerla y realizarse en un contexto de respeto y sin privilegios,
d)
proteger
los bienes comunes,
e)
desarrollar
servicios públicos en las actividades de interés general y de carácter
estratégico,
f)
superar
la sociedad capitalista.
[3]
La
política llamada de dinero helicóptero es la que se basa en la creación de
dinero desde el banco central, que agrega una cuantía a todos los ciudadanos,
gracias a una operación de política monetaria. Es una medida lineal, que es
progresiva, pero tiene varios problemas: no actúa en el lado de la oferta, de
tal modo que no garantiza que se promuevan determinados productos y servicios
necesarios a un precio razonable, como pueden ser las mascarillas,
respiradores, vacunas, la alimentación, atención médica, cuidados, enseñanza a
distancia, o servicios de transporte a domicilio, y sólo promoverá, bajo una
lógica de mercado, aquellos producciones demandadas y proporcionadas por
oligopolios privados. A su vez, esa solución, puede que con una economía amplia
fuerte, moneda propia y banco central propio, pueda tener cierto recorrido a
corto plazo. Además, es impracticable en economías periféricas, sin banco
central o sin moneda propia, y, además, a largo plazo o sus efectos se diluyen,
o pueden causar inflación o devaluación de la moneda.
[4]
El
empleo garantizado también creará valor, aunque esto no es la razón por lo que
la promueven estos autores. Los teóricos de estas escuelas no enfatizan nada
sobre este punto, como tampoco lo hacen en el capítulo fiscal. Es una
controversia particular la de si ese valor creado será mayor que en el sector
privado, e inclusive si ese valor sería superior al coste de su creación. Para
nosotros este tema no es menor. Ese trabajo ha de autofinanciarse con el valor
nuevo creado, o bien estar cubierto con algún recurso que debiera venir de
nuevos ingresos fiscales, porque si no, se hará a cargo de deuda.
[5]
Ni que decir tiene que la política de endeudamiento no ha tenido cortapisas
entre los gobiernos conservadores para fines ilegítimos como son los rescates
bancarios, las subvenciones al capital, o, en general, las políticas que
conducen a la socialización de pérdidas o la conversión de deudas privadas en
deudas públicas. Para este tipo de endeudamiento ilegítimo, como defiende Eric
Toussaint, del CADTM, sólo cabe aplicar una política socialmente justa: el impago.
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