20/3/20

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANTE LA CRISIS SANITARIA, LABORAL, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CORONAVIRUS



COMISIÓN DE ECONOMÍA DE ANTICAPITALISTAS
https://www.anticapitalistas.org/comunicados/analisis-de-las-medidas-ante-la-crisis-sanitaria-laboral-social-y-economica-del-coronavirus/




19/03/2020

Análisis del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.


168 países del mundo están siendo golpeados por la extensión de la pandemia del COVID-19, causando una crisis sanitaria de una extensión y simultaneidad sin precedentes que tiene, asimismo, una enorme repercusión socioeconómica y laboral. Las restricciones a la movilidad, al derecho de reunión, y el cierre de fronteras, paraliza gran parte de la actividad económica, ante las necesidades de seguir medidas de aislamiento y cuarentena, y de atención y cuidado masivo de una oleada de personas enfermas de diferente gravedad.



La actual crisis tiene varias dimensiones


La primera, de salud pública. La rapidez de los contagios y la menguada estructura de la sanidad pública está causando un colapso de los sistemas sanitarios, generando una incapacidad de atención de todas las patologías habituales, incluso las de mayor gravedad, ante la oleada de personas enfermas que hay que atender o aislar.


El estado español, con un sistema sanitario disminuido tras una década de recortes, está cerca de colapsar, y en pocos días puede tener que enfrentarse a que los médicos deban adoptar criterios de atención propios de una situación de guerra, tal y como ya anticipa la situación sanitaria de Italia.

El gobierno ha actuado tarde, como sucedió en Italia. Urge que el gobierno español rectifique y generalice pruebas a todas las personas potencialmente contagiadas, con un sistema de detección en bola de nieve. Urge la contratación de personal adicional, incluidos personal estudiante o jubilado, de manera temporal, del ámbito de la enfermería y la medicina, así como de limpieza y celadores, para esta situación extraordinaria.


La puesta a disposición del Ministerio de Sanidad del sistema privado, de la sanidad militar y la puesta a disposición de los hoteles son medidas positivas y necesarias. Debe hacerse sin indemnización alguna, empleando todos estos recursos para el bien común.

Pero esta crisis, que se está cobrando miles de muertos, y que suma varios centenares en España, es también una crisis humanitaria, laboral y económica.


Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

El gobierno español ha puesto en marcha medidas económicas, laborales y sociales importantes en términos históricos, pero quedan lejos de un modelo que reparta justamente los esfuerzos, y también de las medidas que estarían a la altura de la crisis que atravesamos.

En primer lugar, el gobierno español ha decidido descargar al empresariado los costes de esta crisis, para hacer recaer su peso sobre el mundo del trabajo y, especialmente, sobre el gasto público. Este último se empleará como mecanismo de amortiguación, incrementando la deuda pública que lastrará el futuro de nuestra economía. La previsión de las medidas positivas del programa de coalición va a ser definitivamente frustrada. Dicho programa, estaba muy en entredicho por el compromiso del cumplimiento de las directrices europeas en materia de equilibrio presupuestario, de las que Nadia Calviño es paladín aventajada. Esas directrices son un impedimento para la financiación de proyectos concretos que puedan aplicar cualquier mejora normativa. 


Lamentablemente, las primeras medidas adoptadas en la gestión de esta crisis sanitaria descargan en la esfera reproductiva el grueso de la política de intervención. Por una parte, resulta descarado, que mientras se justifica la asistencia a los centros de trabajo (sin importar su tamaño), se pretende un control férreo del confinamiento en los hogares, así como la regulación del consumo. La necesidad de controlar la propagación del Covid-19 se queda a las puertas de las empresas. En su interior, la salud pública no parece asunto suyo.


También resulta lamentable que apenas una semana tras la jornada de lucha del 8 de marzo por los derechos de la mujer trabajadora, el gobierno español adopte unas medidas de cuarentena que refuerzan, por una parte, el aislamiento y la individualización de parte de la población, y por el otro el hecho de que se traslada la casi totalidad de la gestión los cuidados al ámbito físico del hogar, cuidados que recaen en su aplastante mayoría en las mujeres. Estos dos pilares, tan funcionales al capitalismo neoliberal, como son la individualización y el trabajo invisibilizado, junto con la continuidad en los ámbitos productivos, muestran claramente qué clase se está encargando de pagar tanto la crisis sanitaria como los primeros ecos de la crisis financiera. 


No se ha formulado ninguna medida fiscal extraordinaria que obtuviese del gran capital, de las grandes fortunas, de la banca o de los terratenientes una parte de los recursos necesarios para afrontar esta crisis. Al contrario, se ha decretado el aplazamiento de compromisos fiscales, y se han movilizado créditos financieros y avales que, combinando recursos públicos (117.000 millones de euros) y privados (83.000 millones en forma de financiación privada, con una garantía pública del 50%), que supone una movilización de recursos (no una creación de ellos, sino en forma de carga de deuda sobre la espalda de lo público) equivalente al 20% del PIB. Unos recursos que adoptan la forma de deuda hoy, para, al no modificarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, traducirse en duros recortes una vez pasada la crisis sanitaria. 


Con este tipo de intervención se vehicula la mayor parte de los recursos movilizados a las grandes empresas, como si ellos fuesen los campeones de la generación de riqueza y no los que se apropian del valor creado por las clases trabajadoras. No hay tratamiento suficientemente diferenciado entre empresas productivas e independientes, de las grandes y todo el elenco de entidades periféricas que las empresas-red han constituido para diversificar y desresponsabilizarse de sus riesgos de mercado y de sus compromisos laborales.


Una vez más, el Estado entra en socorro del capital, que libera a las empresas de sus obligaciones salariales, y socializa pérdidas, costes y deudas privadas a la espalda de lo público y de los derechos de los y las trabajadoras. El Estado protegerá de OPAs hostiles a las empresas que cotizan en bolsa, tras la fortísima caída del valor de sus acciones. Este gran esfuerzo que recaerá fundamentalmente sobre el sector público y sobre los trabajadores, esto es, una fuerte detracción de los derechos sociales y de salarios indirectos, que amortiguarán parcial y temporalmente a los y las trabajadoras afectadas y sus familias, así como de los salarios directos cubiertos por el Estado o perdidos por el paro o la falta de actividad. No es, por tanto, extraño el aplauso que estas medidas han tenido por parte del IBEX35, la CEOE y la banca. Sus críticas al Decreto son menores y sus apoyos mayúsculos.


Esta liberación de cargas salariales al empresariado se fragua en medidas que facilitan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y reducción de jornadas de hasta el 100%, con el consiguiente perjuicio salarial, para que los trabajadores puedan asumir los cuidados de personas dependientes. Incluye la cobertura de desempleo, sin detracción de periodo de derecho posterior, y la posibilidad de no pagar las cotizaciones a la seguridad social, si no se destruye empleo. No se han incluido medidas de prohibición de despidos en empresas con beneficios, y tampoco medidas siquiera, como en Alemania, Dinamarca o Italia, con la que las empresas asuman buena parte del salario, aunque la actividad se paralice. 


La recesión, fruto de la guerra comercial, el cierre de fronteras, y el nuevo paradigma de reglobalización a la americana o a la china, impedirá una situación económica que recupere el empleo perdido. Y no se han contemplado políticas de inversión pública que impulsen la economía, menos aún se podrá financiar proyectos significativos para la transición ecológica justa que necesitamos o el impulso de una industria farmacéutica y biosanitaria públicas, siendo las ayudas a la investigación –por cierto, sólo centradas en el COVID-19 como si se pudiera separar del resto de investigación básica biomédica- muy insuficientes, teniendo en cuenta el estado de abandono del que se parte. Y no tenemos información de qué costes a cargo delas arcas públicas, en caso de haberlos, puede suponer la participación de la sanidad privada o la hostelería en la lucha contra la epidemia. Como tampoco tenemos noticia de los planes de habilitación de las instalaciones públicas que pudieran ser utilizadas para albergar personas contagiadas no graves.


Las medidas del gobierno incluyen medidas humanitarias, propias de una estrategia socialiberal, que amortiguarán la situación de los casos más extremos, de manera temporal. Destinará 17.000 millones a financiar políticas a favor de los colectivos de familias y empresas más vulnerables. Habrá moratoria de créditos hipotecarios para personas vulnerables, y se garantizará el suministro de agua, luz y gas para las personas que no puedan pagarlo. Queda pendiente una moratoria del pago de la renta al colectivo de inquilinos en régimen de alquiler que acabe en paro en este periodo, precisamente el que más desahucios sufre, y no contempla las necesarias medidas contra la actuación de los fondos buitres. También quedará pendiente el cubrir a las personas sin hogar en espacios públicos vacíos, así como recurrir a pisos en desuso por largo tiempo. 


En definitiva, nos encontramos con un nuevo episodio de lo que podemos llamar neoliberalismo de Estado, un modelo de desarrollo en el que el Estado, al que contribuyen sobre todo las clases productivas y trabajadoras, en descargo relativo de los beneficios de las grandes empresas y de las grandes fortunas y capital rentista, entra al rescate del capital y socializa los costes y asume las cargas que, al final, adelgazarán la capacidad pública para emprender políticas sociales e inversiones necesarias en un futuro.

La respuesta a favor de las clases populares debiera haber sido otra

·       Una respuesta más general, temprana, de realización de pruebas, para atajar los focos de contagio, de proveer de mayores recursos al personal sanitario, movilizar recursos privados para el interés general sin indemnización. No puede ser que en algunas CCAA esto no se esté desarrollando, ni esté claro el coste de esta operación. Una respuesta, en suma, de fortalecimiento del sistema sanitario público, sus medios y de su personal. Tengamos en cuenta que la crisis del coronavirus puede ser el antecedente de otras venideras causadas por superbacterias y otros patógenos semejantes.

  • ·       Paralización de toda producción que no sea estrictamente esencial sin que conlleve una pérdida de salario a las y los trabajadores.
  • ·       Una respuesta de establecimiento de nuevos ingresos fiscales a cargo de beneficios, grandes fortunas, capital rentista, banca y rentas de la tierra, exigiendo también la devolución de los rescates bancarios.
  • ·       Una presión sobre la UE para romper con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y promover la financiación directo al sector público desde el BCE para promover grandes inversiones sociosanitarias y socioecológicas. En su defecto, saltarse sus reglas, no sólo temporalmente, sino de manera definitiva.
  • ·       Una respuesta en lo laboral que prohibiese despidos, que admitiese el cese de actividad temporal, para poder estar en casa cuidando y protegiéndose del contagio, de aquellas labores no esenciales o sin posibilidad de teletrabajo, quizá con un acuerdo de cesión parcial de vacaciones como en Dinamarca, garantizando el salario íntegro. Existe un vacío en la planificación de la prevención de la salud laboral en todos los puestos de trabajo en lo referente a la epidemia y la obligación, de que las empresas doten a sus plantillas de medidas preventivas colectivas y también de EPIs. Si ello es ya urgente en la sanidad y en los servicios de cuidados a las personas mayores, va a ser necesario para todas las personas expuestas (comercio, transporte público, etc.)
  • ·       Una suspensión en el pago de alquileres y los demás gastos esenciales para aquellas personas, asalariadas o autónomas, que sufran una pérdida de ingresos, y queden por debajo del SMI. Suspensión de alquileres para pymes.
  • ·       Suspensión del pago de la deuda.
  • ·       Una limitación de los ERTEs a las pequeñas empresas independientes.
  • ·       Y una protección a los autónomos en su protección por desempleo, que no sean profesionales liberales de grandes ingresos, equivalente al trabajo asalariado del régimen general.
  • ·       También una respuesta humanitaria para generar empleo logístico de provisión a domicilio de bienes esenciales, farmacéuticos y alimentarios para personas mayores, en riesgo, en cuarentena o enfermas.
  • ·       Poner a disposición de aquellos Ayuntamientos que lo demanden, líneas de ayuda financiera para hacer frente a los gastos extraordinarios que la gestión de la crisis está suponiendo y va a suponer, independientemente de si no tienen superávit.


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