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Daniel Albarracín 15/01/2020
1. Coalición de gobierno y metamorfosis del
tablero político.
La inestabilidad política del
sistema de partidos europeo sigue su curso y tiene un nuevo episodio singular
en el Estado español. Tras varias elecciones y sucesivos intentos fallidos
finalmente se formó un gobierno de coalición entre PSOE y Unidos Podemos. La
sucesión de elecciones ha aminorado el apoyo a ambas formaciones que, aún con
todo, han sumado, exiguamente, números para poder formar gobierno con el apoyo
o admisión de fuerzas nacionalistas y otras formaciones pequeñas cuyos votos
han sido necesarios.
El inédito gobierno de coalición
se forma desde el inicio acosado por un bloque conservador que fortalece su
flanco extremista y antidemocrático, que opta por utilizar su implantación en
el sistema judicial para condicionar el desarrollo político del país. Una
oposición que incluso amenaza con el no reconocimiento del gobierno,
caracterizándolo incluso de ilegítimo y vendepatrias, abriendo un chantaje
soterrado de carácter pre-golpista. Con esta declaración de intenciones resulta
hasta cierto punto humanamente comprensible que la sociedad española se haya
sentido aliviada. Sin embargo, no podemos abandonarnos a las emociones ni a una
perspectiva parcial, y conviene abordar el análisis de la metamorfosis que ha
sufrido el tablero político en su conjunto, y que es el responsable de la
configuración de un tipo de hegemonía política u otro.
En Europa, se han producido dos
fenómenos de cambio en las expresiones políticas, en su dimensión partidaria y
electoral. Por un lado, la fragmentación del denominado extremo centro, con
hasta cuatro expresiones: la conservadora, la ultraliberal, la social-liberal y
la eco-liberal social. Por otro, la irrupción de fuerzas de derecha extrema. El
eje de generación de legitimidades se ha desplazado a este nuevo tándem de
tensión funcional, que en la práctica sustenta la nueva agenda neoliberal
austeritaria, gestionada por unos o por otros y legitimada con una mutua
complicidad en lo sustancial, sea por la coincidencia o por la presión
consentida mutua entre ambos flancos del nuevo régimen político.
El extremo centro comporta uno de
los flancos de los nuevos regímenes políticos europeos. El síntoma de la
inestabilidad no es otra que su expresión fragmentada, como igual le sucede al
flanco que irrumpe por la derecha extrema. Fragmentación que no acabará hasta
que se estabilice el sistema político.
El vector generador de hegemonía
se ha desplazado también en el Estado español. Si antes era el tándem de
oposición complementaria conservadora-socialiberal, ahora el eje se ha movido a
una tensión equivalente entre el extremo centro y la derecha extrema. Las
fuerzas de izquierda transformadora, que jugaron desde 2015 un breve episodio antiestablishment, han cerrado un ciclo
político, para alinearse con en el flanco izquierdo del bloque del extremo
centro.
La formación del nuevo gobierno
puede interpretarse en estos términos, no porque cada formación se autodenomine
o se encuadre como tal en uno de ambos flancos, sino por los efectos prácticos
de lo que hace.
Así, el problema de los gobiernos
del nuevo régimen político postransicional es, por los términos de su programa
de gobierno y por la debilidad política con que se forman, que serán muy
susceptibles a la presión del flanco contrario, y siempre estará sujeta a las
cuestiones que la agenda de ese régimen no admite desbordar: la cuestión en
torno a la territorialidad y el poder represivo del Estado central, una
política económica basada en el equilibrio presupuestario, y la intocabilidad
de los poderes económicos y el régimen de propiedad. La polarización por la vía
antiestablishment se deja en manos
exclusivas a la derecha extrema, con el riesgo de generar mayor pasividad en
las clases trabajadoras y populares de cara a un proyecto transformador a la
altura de los problemas, dándole alas de legitimidad a opciones reaccionarias.
2. El programa de gobierno del PSOE-UP
Unidos Podemos, especialmente la
dirección de Podemos, ideó una estrategia para entrar a formar parte de
gobiernos. Al principio en solitario o liderándolos, cosa que era correcta,
finalmente aceptando ocuparlos de manera subalterna, que es algo bien distinto.
No ha planteado ser sólo dique a las derechas, que bien podría haberse
conseguido con un acuerdo de investidura con una serie de puntos programáticos,
y luego el apoyo más o menos puntual a medidas de gobierno desde el Parlamento.
Ha ido más lejos. Se arguyó que la presencia de ministros era una garantía de
aplicación de las medidas pactadas, sin asumir que también se sería
corresponsable del conjunto de la gestión gubernamental.
El propósito de garantizar el
cumplimiento del programa, en sus aspectos progresivos, está también en
entredicho. Quizá en algún capítulo la forma de aplicación pueda ser moldeada y
definida por los ministerios ocupados que, en líneas generales, han sido
descargados de competencias o comportan Secretarías de Estado elevadas a
ministerios en su denominación. Sin embargo, hay muchos factores que van a
delimitar su influencia práctica y material. Comenzaremos por los menos
relevantes, pero que de por sí van a encorsetar ya su gestión parcial de
gobierno:
·
La definición de un acuerdo de discrepancias en la que los miembros del gabinete no
podrán referirse a la labor del resto de ministerios, y el establecimiento de
la última palabra en su aplicación por el partido mayoritario en el gobierno.
En última instancia, la corresponsabilidad sobre el conjunto de la política que
se sigue en el programa de gobierno, pondrá en un serio aprieto a los miembros
de UP, cuando los o las ministras más neoliberales desempeñen su labor, o
cuando el programa de gobierno se tope con sus propios límites y
contradicciones.
·
El desgajamiento
de áreas que dejarán con competencias limitadas a los ministerios que se
ocuparán por UP. El Ministerio de Trabajo, el más importante de los que se
gestionarán, estará despojado de Seguridad Social. El de Consumo, deberá
compartir competencias con las CCAA, aunque bien es cierto que puede regular
con primacía. El de Universidades, con un defensor de la Universidad privada
como Manuel Castells, no contará con Ciencia. El ministerio de igualdad
dispondrá de recursos limitados y no sabemos aún si la vicepresidencia social,
difuminada por otras tres vicepresidencias, podrá desempeñar un papel
destacado.
Sin embargo, el principal corsé
de la gestión de gobierno, que puede caracterizarse como de gestión
socialiberal con medidas de alivio material y medidas formales de progreso en
derechos sociales y civiles, se encuentra en su propio programa de gobierno.
Comencemos, no obstante, por las
principales medidas de alivio o mejora,
las que merecerá la pena apoyar.
Sin duda alguna, las medidas de
progreso más significativas son las que recorren los capítulos de derechos civiles y de inclusión social.
Son todas aquellas que tratan la cuestión de las mujeres, las minorías sociales,
los derechos y las libertades. Ahora bien, cabe reconocer que muchos de estos
puntos en gran medida son bastante inconcretos, prácticamente como declaración
de intenciones. Se emplea un lenguaje de futuribles, y en no pocos casos se
refiere a la formación de Comisiones de Estudio. A su vez, en la mayor parte de
los casos no hay claro ni un calendario ni un presupuesto orientativo. Ni que
decir tiene que en todo esto ha debido influir una autocensura y una
incertidumbre: el punto 10.7 sobre
disciplina fiscal que garantizará la estabilidad presupuestaria y el
alineamiento con los postulados del Pacto Fiscal Europeo; y el previsible ciclo
de estancamiento económico.
Con todo esto, la mejora de algunos
marcos normativos no podrá verse acompañada de programas y dotaciones de
recursos que los puedan desarrollar y llevar a cabo.
Son también medidas a saludar y
respaldar las intenciones de mejora del salario mínimo interprofesional (60%
del salario medio, que puede rondar los 1100 euros mensuales a final de
legislatura), el fortalecimiento de la educación pública (5% del PIB) o de la
Sanidad Pública (7%). También se
establecerán medidas para topar la evolución de los alquileres de la vivienda,
y quizá medidas para paliar la pobreza energética. Son medidas de redistribución que, de materializarse, serían una mejora
significativa sobre lo existente.
La recuperación de derechos laborales y sindicales entran también en
el capítulo de medidas positivas, especialmente en lo que refiere a la
recuperación de la ultraactividad en la vigencia de los convenios, la primacía
de los convenios sectoriales sobre los de empresa, el tratamiento negociado de
los EREs y las causas de despido, o el control sobre figuras de contratación
laboral precaria, como el contrato a tiempo parcial, los falsos autónomos, la
temporalidad injustificada, contratos formativos y becas, etc…). Ahora bien,
aunque se afirma que se forjaría un nuevo estatuto de los trabajadores, las
principales medidas previstas no harían otra cosa que dar vuelta atrás dejando
sobre la mesa el marco normativo laboral que ya dejó el gobierno de Zapatero y
que abarató el despido sustancialmente. Quizá cabe la excepción de la mejora,
no menor, de limitar la subcontratación laboral a servicios especializados, o,
si acaso de la racionalización de los horarios laborales, así como la inclusión
en el régimen general de la Seguridad Social a las empleadas del hogar, que sí
supondrían un avance, pero, en cualquier caso, no definitivo.
Conviene también referirse a la reforma fiscal. Cabe la argumentación
de que una política de estabilidad presupuestaria admite una expansión de la
inversión y el gasto público si hubiese un fortalecimiento de los ingresos
públicos. Sin embargo, debemos indicar que ni se cuenta con un banco central propio,
en un contexto donde el BCE presta directamente y solo al sector privado, ni se
va a poder recurrir a un aumento de la deuda pública. Así que la fuente de
ingresos propia del régimen fiscal comporta el único recurso a considerar.
A este respecto, el pacto de
reforma fiscal ofrece elementos positivos. Si bien, a nuestro juicio,
insuficientes. Insuficientes por la escasa progresividad que añaden al sistema,
así como por, especialmente, la previsión de estancamiento económico, y la
limitada recaudación que proporcionarán. Es preciso recordar que la presión
fiscal española está seis puntos porcentuales por debajo de la media de la UE.
En este sentido, no sólo hay un recorrido por realizar en materia de mejora de
la progresividad y de reparto del esfuerzo fiscal, sino que, sin amenazar
siquiera esta referencia (que, desde luego, no es la única) para el capital
para sus inversiones, hay un largo camino para equipararnos siquiera a nuestro
entorno en cuanto a presión fiscal.
La reforma fiscal es
insignificante, casi testimonial, en materia del Impuesto sobre la renta, y
tampoco mejora la situación de las clases asalariadas en su núcleo mayoritario,
con un retoque de gravámenes con dos tramos superiores nuevos, con apenas 2 y 4
puntos porcentuales más en los tramos de más 130.000 y 300.000 euros anuales de
ingresos, que podrán ser contrarrestables por la bajada en los tramos de las
autonomías que así lo decidan.
La reducción de los tramos del
IVA para productos veterinarios y de higiene femenina son positivos, pero no
desarman un impuesto sobre el consumo altamente regresivo, y que para el PSOE
es un bastión para sostener los ingresos públicos y que, por desgracia, recae
en mayor medida relativa en las rentas más modestas, y no resuelve el alto
fraude que realizan muchas empresas.
Valoración más positiva merece la
anunciada reforma del impuesto de sociedades, con un tipo impositivo efectivo
mínimo del 15% a las grandes empresas y del 18% a la banca y corporaciones de
hidrocarburos. El tipo mínimo efectivo de estas grandes corporaciones se
encontraban en la práctica por debajo del 8%, gracias a varias deducciones,
desgravaciones y exenciones existentes, disminuyendo el grave agravio
comparativo con las PYMEs, que verán aliviado su tipo del 25 al 23% nominal.
Aún con todo, no se habrán eliminado parte de estas deducciones que favorecen
más a las grandes empresas y cuya justificación es dudosa.
Las otras batallas son las del
control del fraude fiscal, sin saber muy bien cómo lo harán, porque no lo
aclaran. Pasos positivos son los que se darán sobre el tratamiento de SICAV y
SOCIMIs, dos figuras que hacían del sistema fiscal español un refugio para las
grandes fortunas. Ambas figuras permanecerán pero no tendrán un tratamiento tan
privilegiado. Hubiera sido más práctico eliminar estas figuras.
Los impuestos sobre transacciones
financieras y la tasa Google (un 3% sobre la facturación de las grandes
tecnológicas que hacen negocio con nuestros datos privados de manera muy opaca)
son positivos, pero sus efectos son simplemente disuasorios de operaciones de
transacción financiera a corto plazo, o bien son una pequeña compensación por
los muchos beneficios que reciben las grandes tecnológicas por su negocio
global sobre nuestros datos personales y que queda muy lejos de los tipos del
impuesto de beneficios del resto.
Sin embargo, había mucho margen
de maniobra para mejorar y se ha evitado: ni se ha mejorado apenas el IRPF, ni
se ha tratado de recuperar el impuesto de patrimonio (ni mucho menos
convertirlo en impuesto sobre grandes fortunas), tampoco se han ideado figuras
novedosas como la fiscalidad sobre la propiedad de la tierra, por ejemplo.
Sin embargo, a pesar de la
enunciación de muchos capítulos que se anhela mejorar, todas estas medidas de
alivio chocarán con el corsé fundamental de la política obediente a la
arquitectura económica europea y la disciplina fiscal.
El contexto de estancamiento, o
crecimiento muy lento, será un obstáculo decisivo que, en el mejor de los
casos, llevará al “tran tran” los resultados del programa, y que es muy
probable generen una fuerte frustración, que alimentará a las derechas.
En esta previsión, muchos de los
derechos no tendrán más que un recorrido de mejoras normativas sin desarrollo
aplicado ni recursos que las hagan efectivas.
Cabe recordar que el marco
laboral previo a las reformas del PP ya era de por sí muy malo, y que portaron
en sí el modelo que extendió la precariedad laboral haciéndola una pauta
normal.
Debe también referirse a la
cacareada política de transición ecológica. Con este marco de política
económica, muy lejos estará la necesaria inversión de un 2% PIB anual durante
50 años que los expertos proponen como mínimo para hacer frente al cambio de
modelo productivo y energético. Eso sin dejar de aludir a la propuesta de promoción
del vehículo eléctrico, una vez conocido que es también un modelo de movilidad
insostenible, tanto por la escasez de litio como por la emisión de gases de
efecto invernadero que de por sí se generan simplemente en la fabricación de
las baterías.
Asimismo, la cuestión territorial
será una y otra vez arrojada sobre las cabezas del gobierno, y no parece que un
simple diálogo sin un modelo articulación fraternal, democrática e inclusiva
vaya a resolver ni las aspiraciones nacionalistas dentro del Estado ni pueda
contrarrestar la decidida campaña centralista y patriotera de las derechas.
3. Limites políticos y reconstrucción de un proyecto alternativo.
La participación de un gobierno
de esta manera acusará la subordinación al liderazgo de la fuerza principal, el
PSOE, los obstáculos de política económica del propio programa para el
desarrollo de muchos enunciados, la ausencia de capítulos importantes no
incluidos, tanto como el acoso de una derecha autoritaria y una sociedad que
tiene grandes expectativas que puede ver frustradas.
En nuestra opinión, esta
participación, en los actuales términos, es un error. Ahora bien, me referiré a
algunos puntos en descargo de ese error, y luego ahondaré a otros que pueden
convertirlo en un error muy grave.
En relación al descargo sobre el
error cabe señalar que, sin duda alguna, es completamente legítimo entrar en un
gobierno como vía. La entrada en un gobierno puede contribuir a hacer más
eficaz la parte acordada en las áreas de gobierno reservadas. También, la entrada
en el gobierno, tras varios intentos fallidos, contribuye a que el PSOE pueda
ir un poco más lejos de sus propósitos iniciales. Con todo, también debe
señalarse que la entrada en el gobierno hace corresponsable a todos sus socios
y silencia la posibilidad de crítica. Además, el programa de gobierno no sólo
no está a la altura de los problemas económicos y ecológicos, sino que hipoteca
el avance en materia social a una concepción neoliberal en materia de política
económica, aunque su voluntad sea compasiva.
También hay quien esgrime que no
ha podido irse más lejos, dados los escasos 35 diputados obtenidos, y el
retroceso y fragmentación del apoyo. O que con esto se contiene a un gobierno
de la derecha. Sin embargo, como venimos diciendo, podría haberse escogido otro
camino: un acuerdo de investidura con una serie de puntos programáticos, y
mantener la independencia, apoyando todo lo que fuese positivo, pero
sosteniendo un proyecto propio en el horizonte. El riesgo, se decía, de algo
así, es que la geometría variable podría facilitar acuerdos a derecha o
izquierda al gobierno. Pero ahora nada lo impide necesariamente.
Ocupar el flanco izquierdo del
régimen, empotrados en el aparato del Estado, permite incorporarse a la gestión
institucional, pero brinda la fuerza de oposición antiestablishment a las formaciones de derecha extrema que podrán
actuar sin cortapisas, haciendo cargar sobre las espaldas del gobierno las
frustraciones por no haber satisfecho las expectativas, o hacer la
corresponsable a UP por tener que avalar o callarse ante medidas de corte
neoliberal.
Sin duda, el camino tomado
plantea numerosas dificultades si no se quiere ver asimilado al proyecto de
gestión neoliberal compasiva del PSOE, y acabar deglutido electoralmente con
este abrazo del oso.
Los ministros y ministras de UP,
pueden también buscarse la autonomía y desarrollar nuevas iniciativas para diferenciarse
del proyecto del PSOE, más allá del programa pactado. Aunque se ha de ser
consciente que tendrán un papel meramente propagandístico, pues previsiblemente
no recogerán el apoyo parlamentario necesario. También es bueno, el poder
acceder a información del aparato del Estado que de otra manera no se contaría,
lo que puede ser un vehículo para prevenirse mejor o incluso limpiar las
cloacas que hay en su interior. Todo esto es su apartado positivo.
Ahora bien, el acuerdo va mucho
más lejos al aceptar la política de disciplina fiscal, al establecer un acuerdo
que subordina al socio menor, al abandonar la lucha y la aspiración a medidas
que desarrollen la democracia también en los espacios laborales, potencie los
bienes comunes y la internalización de servicios dentro del sector público, y
regule, intervenga, controle o incluso socialice el sector bancario que no
cumpla una función social, la socialización de otros sectores estratégicos o
que convierta en bienes comunes los servicios que proveen las grandes
tecnológicas, se aborde una auditoría de la deuda pública y sus condiciones de
devolución, y, sin duda, una política de inversión socioecológica mucho más
ambiciosa que produzca un cambio de modelo productivo y energético que ya no
sólo es que sea imprescindible, sino que es urgente. Cabe recordar, que estas
no son consignas extremistas. Son medidas simplemente a la altura de los
problemas de época que vivimos. Medidas que, además, son las únicas que pueden
erosionar el poder real del capital. Porque el poder institucional y político
no va a ser suficiente si no se les retiran a los poderes fácticos sus
privilegios. Y el acoso del poder del capital no cejará si no se le resta sus
instrumentos decisivos de influencia.
No se puede caer en el
sectarismo, y, por tanto, hay que afianzar el recorrido para que las medidas de
alivio, o en su caso de mejora, puedan llevarse a efecto. Apoyar desde fuera lo
más valioso y cuestionar lo regresivo.
Esperemos que se tenga todo esto
en cuenta, porque los próximos años van a ser muy movidos, y este gobierno va a
estar patinando sobre un hielo delgado y fino. Mientras tanto, toca construir
una alternativa de proyecto que tanto recuerde las contradicciones como los
asuntos pendientes, como pueda maniobrar con libertad, desde la construcción de
una alternativa política de futuro, para no abandonar las transformaciones
fundamentales que puedan estar a la altura de los problemas del planeta y de
las clases trabajadoras, y que esté en condiciones o en camino para superar las
contradicciones del modo de vida capitalista.
Esperemos que las fuerzas del
cambio reflexionen sobre esto. Alcanzar el gobierno no puede ser más que un
medio para un fin. Lo peor que se puede hacer es invertir el orden de
prioridades.
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