MiguelUrbán y Daniel Albarracín. 08/03/2017
Suiza, Guarida Fiscal preferida por grandes
patrimonios y corporaciones privadas.
Puede afirmarse que Suiza es, probablemente,
el mayor paraíso fiscal mundial, cuanto menos en cuanto al peso del patrimonio
gestionado por sus centros offshores, sólo siguiéndolo de cerca Reino Unido,
las Islas del Canal más Dublín.
Suiza dispone, en 2017, de unos 266 bancos,
con dos grandes entidades: Union de Banques Suisses (UBS) y Crédit Suisse (CS).
La banca suiza se concentra en los servicios de banca privada y gestión de
patrimonio, apenas se dedica al negocio bancario minorista. Gestiona el 25% de
la cuota mundial del negocio de la gestión de fortunas privadas, más o menos el
equivalente a 6,1 billones de euros en este segmento. El 35% de los fondos
mundiales privados invertidos en entidades offshore está en Suiza, unos 2,2
billones de euros.
Algunos cantones, como el Zoug, ofrecen tipos
impositivos sobre los beneficios del 16%, y a los grupos que apenas cuentan con
un simple buzón hasta del 9%. Otros cantones como el de Obwald y Appezell
Rodes-Extérieures gravan apenas con un máximo del 13%, y otros cantones también
ofrecen un generoso 15%. No es de extrañar que decenas de miles de empresas
multinacionales escojan situar su base principal en Suiza.
¿Fin o
metamorfosis del secreto bancario?.
Según Ronen Palan, hay algunas fórmulas de
evasión fiscal más extendidas. Se habla de las empresas pantalla y los
directores de paja, los fondos fiduciarios o fideicomiso, los títulos al
portador, o las puertas que abre el tratamiento fiscal a los seguros de Impago.
Pero una de las fórmulas clásicas es la del secreto bancario. Suiza ha dicho en
varias ocasiones que ha acabado con él.
El secreto bancario en Suiza, establecido
en 1934 en la Ley Federal Suiza sobre bancos, ha mutado desde que fue concebida
en sus inicios. Primero, diversos acuerdos internacionales llevaron a que la
cuenta corriente numerada anónima se abandonara en 1991. Eso no impidió que el
secreto bancario persistiera, porque aunque el banco debía guardar los datos
del titular de la cuenta o beneficiario, las cuentas cifradas de cara a
terceros siguieron siendo un servicio a disposición de los clientes que pagaban
por abrirlas.
Suiza, dice
apostar por la transparencia fiscal y financiera. Sin embargo, debemos recordar
que Suiza sigue admitiendo la emisión de títulos al portador, que impide su
identificación, sigue sin facilitar la documentación obtenida en la filtración
de los Panama Papers, y las consultoras jurídicas no están obligados a cumplir
pautas de diligencia debida, algo que Mark Pieth, entre otros analistas, ha
venido denunciando.
Suiza
afirma ahora que reunirá los datos bancarios de clientes extranjeros en el
marco del intercambio automático de información con 38 países de la OCDE.
Sistema que comenzaría su funcionamiento en 2018. Ese intercambio automático no
incluirá compartir “listas robadas”, según afirman las autoridades suizas. De tal
manera que cabe pensar que dado que existen, su constancia prueba que hay
información fiscal que sigue sin compartirse.
Como tiempo
atrás ya hizo Bradley Birkenfeld, en 2012 Hervé Falciani, ex empleado del banco
HSBC de Ginebra, dispuso datos personales de 130.000 cuentas bancarias secretas
en la que estaban personajes tan poderosos como Patricia Botín, presidenta del
Banco de Santander. Con un alto coste personal, esta facilitación de datos
permitió recuperar hasta 6000 millones de euros evadidos en España.
Con esta
revelación se puso de manifiesto que los acuerdos tantas veces anunciados de
intercambio de información fiscal eran papel mojado. Se demostró así, tal y
como explica Juan
Hernández Vigueras, que Suiza no aplicaba la
retención tributaria obligatoria sobre las rentas de los capitales propiedad de
nacionales de países de la UE que operaran en Suiza. Una retención que se
encontraba entonces en el 35% y de la que se tenía que transferir el 75% de
dicha recaudación a las autoridades fiscales del Estado miembro donde residiese
el titular de las rentas gravadas. Son precisamente estas revelaciones las que
muestran las vergüenzas de una economía y un gobierno que dice hacer una cosa
para luego facilitar otras.
Los
ministros de Finanzas del G20 acordaron en China definir una lista de
jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal. Para no figurar en ella hay
que cumplir con dos de tres criterios: haber firmado la Convención multilateral
sobre la ayuda administrativa mutua en materia fiscal; haber superado el examen
de la fase 2 con la nota de cumplimiento completo o amplio; o haberse comprometido
al intercambio automático de información fiscal a partir de 2018.
Cabe
preguntarse si Suiza ha puesto los medios para hacer cumplir estos intercambios
o nos encontramos de nuevo con un efecto anuncio que, no sabemos hasta qué
punto comportarán mejoras en el combate de la evasión fiscal y el lavado de
dinero, o simplemente jugará una mejora de imagen para seguir atrayendo
capitales, sin perder atractivo respecto a otras jurisdicciones fiscales que
juegan en este mismo terreno. Cabe también seguir preguntándose qué voluntad
hay para hacer de la transparencia una fórmula real cuando sigue sin existir
mecanismos confiables y ordenados para facilitar datos sospechosos, bajo cuyo
procedimiento se vean protegidos los derechos de los informantes o denunciantes
de manera fidedigna y plenamente garantista.
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