Asistimos a la conversión de nuestro modelo laboral a uno semejante al que rige en los contextos anglosajones

Publicado en el Periódico Diagonal aquí. En papel salió una breve referencia dentro de este artículo de Pablo Elorduy.


DANIEL ALBARRACÍN (Economista y sociólogo)
Miércoles 7 de marzo de 2012. Número 169


Análisis de la reforma laboral y del concepto de "devaluación competitiva"
DIAGONAL: La reforma laboral apuntala el discurso de los sacrificios para salir de la crisis, en el caso del mercado laboral-productivo la llamada "devaluación competitiva", ¿Qué indicadores pueden tomarse para demostrar que no va a ser así?

DANIEL ALBARRACÍN: Antes de entrar a escudriñar sobre esquemas diversos de estrategias competitivas posibles, es preciso desentrañar el concepto de competitividad.

La competitividad refiere, como regla de funcionamiento económico, tanto a vectores de estímulo a la mejora –según defiende la teoría neoclásica-, como de rivalidad ineficiente por la competencia, que, por otro lado, no siempre es leal –a veces conviene más hacer que los otros funcionen peor que nosotros lo hagamos mejor-, no exenta de un asimétrico poder de mercado. Las entidades privadas al tiempo que están espoleadas por la competencia interempresarial, y la búsqueda de beneficio, también subordinan el interés universal, entran en colisión con otras unidades productivas, son incapaces de detectar otras demandas que no se expresan con solvencia económica, se basan en la jerarquía orgánica y la explotación del trabajo, y no establecen mecanismos de coordinación que anticipen necesidades sociales o fórmulas tecno-energético-productivas que minimicen los costes medioambientales de su funcionamiento. Y, en el marco capitalista, esa regla de funcionamiento, está subordinada a sucesivas crisis de rentabilidad, sobreproducción, desproporcionalidades sectoriales, financiarización, etc…

El término de competitividad difiere de otro concepto más amplio que es el de eficiencia, o, dicho de otra manera no equivale ser competitivo con ser competente. A nuestro juicio, debería apostase por el progreso de la capacidad competente de la economía en cuanto a la orientación a la eficiencia, racionalidad del proceso de producción, a la viabilidad a largo plazo económica-financiera. Y esa capacidad, como instrumento para un fin, debe orientarse, adaptándose a los límites ecológicos, a alcanzar unos objetivos de utilidad social y satisfacción equitativa de las necesidades sociales, que deben prevalecer. Esta otra aproximación no puede verse condicionada por el rivalismo de la competencia intercapitalista en el mercado, ni las prácticas entorpecedoras de oligopolios y monopolios, y habría de incluir estrategias colaborativas a este respecto, con criterios del siguiente orden:

- Viabilidad –retornos que sufraguen los costes de inversión- del tejido productivo escala global.

- Reconocimiento de todos los factores productivos de cara a su implicación en la mejora, en especial referencia a las plantillas de los y las asalariadas.

- Regulación de las posiciones dominantes de empresas en mercados oligopolísticos.

- Regulación y participación de los poderes públicos en los parámetros de calidad del servicio y eficiencia económica, la calidad del empleo y la sostenibilidad medioambiental. Prevenir los fallos del mercado y los efectos perniciosos de una rivalidad de mercado cuando sea contraproducente.

La devaluación competitiva, posiblemente, sea un esquema interpretativo dominante en el sentido común neoliberal, que diferentes actores, incluso de la izquierda, ha adoptado como propio para sus estrategias. No obstante, los diferentes actores consideran que hay diferentes maneras de aplicar dicho esquema.

Lo más importante es saber que la competitividad es una regla propia del sistema capitalista, y no es una regla necesaria. Pero para abolir esta regla sería preciso un cambio político profundo del modelo socioeconómico.

Debe señalarse que esta regla, por desgracia, está asumida por los diferentes actores con influencia económica e institucional. Y, que a su vez, plantean formas de aplicación diferentes, aún aceptándola.

Ni que decir tiene que la patronal y los gobiernos recientes han apostado y apuestan por un modelo competitivo basado en la reducción de costes, fundamentalmente laborales, y en lo que comporten las cargas sociales y fiscales.

INMOVILISMO DE LA CONCERTACIÓN

El discurso sindical mayoritario se ha vertebrado para contestar al discurso de competitividad individualista basada en los bajos costes. Responde con un esquema de competitividad diferente, sin desprenderse de la regla de juego central. Opone a éste un discurso que perseguiría una competitividad nacional basada en el valor añadido. Esta línea aspira a desarrollar un cambio de modelo productivo basado en políticas sectoriales que generasen un modelo de ventajas comparativas de la economía española en el marco internacional y que favoreciese una sustitución de empleos descualificados y, por consecuencia, vulnerables, por otros más cualificados y, supuestamente, más estables y decentes.

Este discurso, no obstante, supone admitir dos pilares del modelo vigente. Por un lado,la asunción de una perspectiva primordialmente enfocada en un solo país, subordinando la solidaridad internacional a este objetivo, y sin interrumpir la lógica de la relación capitalista.

Este argumento hace valer por igual el papel de los diferentes “factores productivos”, refiriéndose a capital y trabajo, aunque podría incluirse también al factor olvidado –la tierra-, y la asunción de que cada uno de ellos tienen una legítima remuneración que percibir (beneficios, salarios y rentas) en función de un equilibrio pautado por el mercado. Este tipo de aproximación es propia de los clásicos, en particular de Adam Smith, aunque también de los neoclásicos, que presuponen un orden económico armónico, sin conflictos. En esta concepción el sistema productivo no ocasiona problemas estructurales entre clases sociales, y cada actor aporta al conjunto según su función, sin más desajuste que posibles roces de oposición complementaria. Es una interpretación que minusvalora el papel del trabajo y sobrevalora el de los propietarios del capital.

ALTERNATIVAS

En nuestra opinión, su alternativa debiera ser, cuanto menos, otra. La referencia debería ser tratar de gobernar los mercados, regulando el comportamiento empresarial y las relaciones mercantiles para reorientar sus prácticas y fines, así como dando una línea preferente al protagonismo de las políticas públicas (regulación financiera, régimen fiscal, inversión pública, etcétera) basadas en un modelo de control de costes, orientado democráticamente a las necesidades sociales que pueda reconducir los esfuerzos humanos y recursos económicos hacia un modelo productivo avanzado. Dicho de otro modo, hay que insistir en lo que tiene de político la economía, y en lo fundamental que es que el control de la economía esté en manos de los y las de abajo, de las clases productivas y consumidores.

Hay quien insiste, incluso dentro del mundo sindical, en que un “comportamiento no moderado de los salarios” puede ocasionar un problema en el proceso de crecimiento económico y, por tanto, en el empleo. Hay quien indica que los salarios con su efecto a favor del consumo no compensarían su influencia en la demanda por la destrucción de empleo que causarían en los costes laborales. Esta interpretación que culpabiliza los salarios asume que el capital invierte en función de la estructura de costes de las inversiones y, parece deducirse, entendería que el coste laboral es el principal de todos ellos. Ignoraría que la estructura de costes es compleja y cabe incluir en ella el coste de las materias primas, de la tecnología, del inmovilizado, de los costes financieros o, inclusive, en la importancia decisiva del régimen fiscal, o de las ingentes subvenciones al capital (en formas diversas como subvenciones directas, créditos blandos, compra de activos de la banca, bonificaciones a la contratación, etc…), o, en última instancia y de manera decisiva, las expectativas de beneficio de un entorno determinado de cara a explicar las nuevas inversiones. En este sentido, este planteamiento al poner el peso de la evaluación principal de los costes en los laborales, es encasillable en un esquema muy próximo al que hace la patronal.

Incluso ni el ejecutivo financiero más agresivo aceptaría que sea el coste laboral el único a contemplar. Sí, porque hay otros factores como la cualificación de la fuerza de trabajo, la estabilidad del país y la credibilidad de los agentes garantistas de la ley, la proximidad y fiabilidad de los intercambios mercantiles, la dotación de recursos del entorno (materias primas, tecnologías, saberes, etc…), el régimen regulatorio o fiscal, etc… del entorno donde se invierte, y el coste laboral no es más que una pieza más entre otras de esta arquitectura.

Bien es cierto que puede argumentarse que el capitalismo y la competencia son globales y que las actuaciones a escala estatal pueden contrarrestar difícilmente las fuerzas del mercado a escala mundial. Pero también se podría, y debería desde un sindicato de clase internacionalista, concebir y contribuir a un modelo de construcción europea, si no es de mayor alcance, en el que se articulen mecanismos públicos de regulación e intervención democráticos, a ser posible desde abajo, que gobiernen los mercados, homogenicen unas reglas fiscales avanzadas, unos derechos sociales y laborales más dignos, que redefinan el criterio de asignación económico de inversión y remuneración que impone la lógica del beneficio privado y la desregulación del movimiento de capitales y del mercado.

El discurso de la competitividad confía prácticamente todo a dos objetivos fundamentales: mejorar las balanzas comerciales potenciando la exportación; y aumentar las masas de beneficio. Sin embargo, ignora que esta dinámica tiene varios problemas esenciales:

a) El primero que el peso de la actividad con el externo de nuestro país es muy pequeña en relación a la importancia de la demanda interna.

b) Que el modelo de potenciación de la exportación no es universalizable. Si un país exporta otro ha de importar. De modo que la devaluación competitiva sólo permite exportar de unos países a otros la crisis (como hace Alemania a otros países europeos), pero no admite una salida conjunta, que depende de la demanda interna.

c) La persecución de aumentos en la masa de beneficio, deprimiendo las rentas salariales, tienen como consecuencia una caída de la demanda y el consumo, que reducen las expectativas de rentabilidad. Un aumento del excedente no tiene porque traducirse en nuevas inversiones, menos aún en contextos recesivos, en los que la demanda privada ni la pública –con los ajustes- están en retroceso.
¿Qué definirá la estructura del mercado laboral después de la reforma?

En la práctica asistimos a la conversión de nuestro modelo laboral a uno más semejante al que rige en los contextos anglosajones, con elementos de garantía incluso más débiles.

La voladura de la negociación colectiva, y su descentralización radical al mundo de la empresa, la posibilidad de modificar las condiciones sustanciales de trabajo (art. 41.), e incluso las facilidades de inaplicación (basta con nueve meses de caída de ventas para poderse descolgar), se traducirá en la individualización de las relaciones contractuales de trabajo, en la negociación individual, y un desplome severo de los niveles salariales y de protección sociolaboral. Aquellos segmentos de trabajadores con alguna cualidad estratégica en la producción podrán negociar sus condiciones, mientras que el resto se verán sometidos a los dictados empresariales. Las posibilidades de diálogo o negociación las ha quebrado el gobierno haciendo posible que las decisiones del empresariado sean prácticamente unilaterales y sin apenas o ningún coste, de tal modo que puede preverse un incremente severo de la conflictividad.

La extensión del contrato Rajoy que es un contrato indefinido más precario que los antiguos temporales, las facilidades y abaratamiento radicales del despido, y la aparición de fórmulas contractuales extraordinariamente precarias (mini-jobs, contratos de aprendizaje y formación…) se traducirán en un primer periodo de explosión del desempleo, para luego proceder a un efecto sustitución donde personal mayor y antes caro de despedir, lo será, para ser sustituido por personal joven con condiciones indignas de empleo. La conflictividad se judicializará masivamente, y adoptará también fórmulas más violentas, pues ante la imposibilidad de dar pie a un reconocimiento o influencia de la contraparte sindical, no quedarán más fórmulas de presión que el frenado colectivo, la huelga –en muchos casos encubierta o ilegal- o, en algunos casos extremos, el sabotaje.

¿Qué puntos crees que son los más problemáticos y que deberían focalizar la atención de las protestas de los sindicatos?

Sin dejar de priorizar los puntos problemáticos, es importante señalar que no debiera aceptarse esta reforma en casi ninguno de sus contenidos –salvo el derecho individual que reconoce 20 horas para formación anual, o la prohibición de encadenamientos de contratos temporales-.

Pero los principales asuntos que habría que parar deberían estar los siguientes, de más importantes a menos importantes:

- Declarar la inconstitucionalidad de la pérdida del reconocimiento como ley de la negociación colectiva sectorial, supeditada a los convenios de empresa.

- Debería acotarse muchísimo las circunstancias que hicieran posible la inaplicación de los convenios.

- Impedir el abaratamiento y facilidades del despido. Debería causalizarse de manera menos arbitraria el despido, y debería, por el contrario, encarecerse el despido y cargas sociales de la contratación temporal, así como limitar extraordinariamente la causa de temporalidad.

- No admitir el nuevo contrato Rajoy para emprendedores, ni los nuevos contratos de formación y aprendizaje, ni los contratos a tiempo parcial que admitan horas extraordinarias, reconociendo para estos últimos la voluntariedad de poder convertirlos a tiempo completo.

- Debería reordenarse las bonificaciones a la contratación para que dicho fondo fuese encaminado a financiar el empleo público directo en áreas de utilidad social. Las bonificaciones no crean empleo, sólo hacen que el empleo existente se reparta entre unos y otros colectivos.

- Debiera fortalecerse el procedimiento de despido colectivo mediante ERE, para que estas situaciones puedan estar supervisadas por la administración e impidan el abuso de la parte empresarial, dando garantías de solución distinta al despido al proceso.