3/2/10


NO A LA JUBILACIÓN A LOS 67,
POR UNAS PENSIONES DIGNAS
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS


La profunda crisis capitalista que padecemos ha sido enfrentada por el gobierno y la patronal con nuevas agresiones a los derechos y salarios de la clase trabajadora. Por eso, hoy más que nunca, afirmamos alto y claro: ¡la crisis no la han generado los y las trabajadoras!

En todo este tiempo de recesión el gobierno ha empleado ingentes recursos para salvar al sistema financiero, subvencionar –sin condición alguna- a industrias insostenibles como la de la automoción, facilitar instrumentos desfiscalizados de inversión (SOCIMI) a la construcción, o ha dilapidado recursos en planes de inversión local sin orientación razonada. Los principales actores desencadenantes de la crisis son los que reciben todo el apoyo del gobierno, mientras que la tasa de paro asciende a casi el 19% -son más de 4.300.000 los y las desempleadas- mientras que el conjunto de la clase está atemorizada por su futuro social y laboral. Así las cosas, el déficit fiscal, tras este rescate del Estado del sector empresarial privado, se ha disparado hasta cerca del 10% del PIB, cuando hace pocos años estábamos en superávit.¡Y ahora quieren que lo paguemos los y las trabajadoras!

El modelo laboral está basado deforma creciente en el trabajo precario, la moderación salarial es excesiva, los derechos no han dejado de recortarse. Desde esta realidad resultan ridículas las explicaciones de las patronales y los políticos neoliberales o socialiberales que señalan como causantes de la crisis la regulación del mercado de trabajo, los salarios o las pensiones. ¿Por qué no se pone en cuestión la política económica que pone al Estado al servicio de la ganancia privada, la irresponsabilidad, la explotación y el abuso de las grandes empresas? Empresas y empresarios que, además, practican el fraude fiscal laboral generalizados.

El gobierno se ve desenmascarado. La salida a la crisis la quiere hacer soportar sobre la espalda de los y las trabajadoras: bonificación a la contratación juvenil –que no creará empleo, pues este medida sólo modifica el lugar en la cola del paro de un colectivo frente a otro, y que sólo abarata costes a las empresas- y, lo que es más grave, una gran agresión modificando el sistema de pensiones.

Propuesta de Reforma del Gobierno sobre pensiones:

Þ Ampliación edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Gradualmente, entre 2013 y 2025. Supondrá tener más tarde y durante menos tiempo un derecho fundamental.
Þ Ampliación periodo de cómputo medio de las bases reguladoras para el cálculo de la pensión. Supondrá una reducción media de la pensión. La que realizó pasando de 8 a 15 se estima que recortó un 15% en la pensión media. Se pasa, también de 15 a 17 los años mínimos exigidos para acceder a prestación contributiva. Eso supondrá que muchos jóvenes actuales y muchas mujeres desde ya pasen a tener sólo derecho a pensiones no contributivas -esto es, hipotéticamente, pasar de obtener unos 850 euros a unos 350 euros-
Þ Modificación de la regulación de Expedientes de Regulación de Empleo para dificultar las prejubilaciones.
Þ Modificación régimen de pensiones de viudedad para limitar su compatibilidad con pensiones contributivas. Va en detrimento del derecho de mujeres a las que no se les compensará la situación económica subordinada en la familia durante su biografía.
Þ Integración regímenes de la seguridad social. Esto no es una medida nueva, ya estuvo pactada en el 2006 y no se ha cumplido aún.

Consecuencias.
- Medida innecesaria. El sistema de Seguridad Social goza de buena salud financiera. En palabras de Corbacho “El Fondo de Reserva cuenta con 60.000 millones de euros y se acaba de cerrar un ejercicio presupuestario con un superávit de más de 8.000 millones”.

- Medida injusta. Recorte de un salario indirecto y diferido. El retraso de la edad de jubilación supone tener que trabajar más, obtener la pensión más tarde. El sistema de cómputo si se amplían los años para hacer la media ocasionará una reducción sustancial de la jubilación media. El cambio de 8 a 15 años, en la anterior modificación, ya supuso una caída del 15% en la pensión media.

- Medida contra el futuro de las generaciones jóvenes, precisamente las que se encuentran con un modelo laboral y de ingresos más precario, y que con más dificultades y en peores condiciones llegarán al momento de la pensión.

- Interpretación errónea o perversa de la evolución demográfica. Durante el siglo XX, lo que se vino en llamar la I Transición Demográfica, con la caída de la mortalidad infantil y la generalización del sistema sanitario y sistemas de higiene, se produjo un aumento histórico de población. Tras 1970, el control de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, añadido a los anteriores fenómenos, generaron un envejecimiento relativo de la población. Las pirámides poblacionales se han invertido parcialmente. Pero, una vez la generación del baby boom desaparezca vegetativamente se reestablecerá el equilibrio de la pirámide poblacional. Será un período transitorio que no tendrá un impacto de más de 15-20 años. No tiene porque ser un problema en un contexto de sociedades ricas. Aunque exigirá una modificación asumible en los presupuestos públicos y régimen de ingresos fiscales. En sociedades donde abundan los recursos el problema no radica en la carestía sino en la distribución justa de los mismos, y en una asignación de las prioridades más adecuada.

- Medida interesada. El deterioro de las pensiones es un reclamo a potenciar los planes de pensiones privados, a los cuáles solo las clases medias altas pueden aportar significativamente recursos para la jubilación. Esto abre un mercado favorable a los intereses grupos de seguros y financieros privados.

¿Y los sindicatos qué?

Resulta ingenuo reclamar un simple “cambio de cultura empresarial” o seguir la letanía de queja moral rogando que no seamos “los únicos paganos de la crisis”. La actual crisis no apareció por unas malas prácticas empresariales y bancarias, sino que es producto de una relación estructural que aboca a orientar al capital a la ganancia y a la explotación del trabajo y la naturaleza. Por eso hay que levantar la bandera: “nuestras vidas valen más que sus beneficios”. Sólo un control social democrático y público del excedente y de la producción puede acabar con una asignación injusta e ineficiente de los recursos.

Entre sus propuestas prácticas no se va más allá de exigir mejoras pírricas de la protección social, el reparto del paro –“modelo alemán” para compatibilizar reducción de jornada, reducción de salario y prestación de desempleo- y una moderación salarial incomprensible –cláusulas de revisión salarial a tres años-. Su tímido e inmaduro giro keynesiano confía en un capitalismo de rostro humano, que nunca llega ni puede existir. El ansia y mitificación de un pacto social armónico con un enemigo de clase provocador y depredador con el que no caben puntos de encuentro, no puede albergar más esperanza que el retroceso en nuestras condiciones de vida y trabajo.

Es fundamental la movilización sindical y la acción política, sin confiar ni en un Pacto de Toledo atrapado por una orientación neoliberal ni mucho menos en trámites en un parlamento de derechas, con un sistema antidemocrático de representación política. Sólo la lucha paga.

Nuestras propuestas: Alternativas favorables para las y los trabajadores

A) Transformar la política económica para dar más énfasis a la inversión pública sostenible, productiva y generadora de empleo orientada a satisfacer necesidades sociales y medioambientales. Regulación del sistema financiero, orientación del excedente empresarial hacia inversión socialmente útil, y socialización del crédito en manos públicas y bajo control social.
B) Modificar las prioridades del presupuesto público para aumentar las aportaciones al sistema público de pensiones, durante el período que se requiera.
C) Reducir las ingentes subvenciones al capital dentro del capítulo de gasto público (subvenciones a las empresas, bonificaciones y subvenciones a la contratación).
D) Modificar el régimen fiscal. En general, complementar cualquier futuro déficit con impuestos progresivos y directos, y eliminar desgravaciones innecesarias, y pasar las desgravaciones en la base imponible a la cuota.
· Impuesto de sociedades. Eliminación desgravaciones y deducciones. El sistema de módulos debe tender a la extinción.
· Recuperación Impuesto Patrimonio: mayores tipos y progresividad.
· Aumentar progresividad y capacidad recaudatoria, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un mínimo exento por vivienda habitual.
· Eliminación de desgravaciones fiscales en el IRPF, aumentar tipos a rentas más altas.
E) Aumentar las cuotas y progresividad de las cotizaciones a la seguridad social Sistema progresivo de cuotas en función de la renta.
F) Eliminación topes de cotización rentas salariales más altas.
G) En su caso, desarrollar políticas de reparto del trabajo y el empleo, sin reducción salarial.

Nosotros decimos no a este cambio del sistema de pensiones. El sistema es viable, no nos dejemos engañar. Si se quiere reforzar su sostenibilidad, primero que se planteen medidas de reparto de la riqueza y freno a la explotación; y que se desarrolle un modelo económico al servicio de las necesidades sociales, de carácter democrático, con mayor peso de lo público y bajo control social.

Para ello, consideramos que es necesario profundizar en la movilización social, política y sindical, denunciando estas agresiones, planteando alternativas, exigir al poder cambios y cuestionando al gobierno, la patronal y las políticas de derecha, las haga quienes las hagan. Es imprescindible preparar los contenidos y los objetivos para movilizar a la ciudadanía y al movimiento obrero mediante un reguero de resistencias y también de luchas a la ofensiva. Es necesario preparar una movilización general. Hace falta ya una Huelga General.

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