Daniel Albarracín 9 de Abril de 2010 1. Una crisis del Euro a los diez años de su inauguración.
El contexto de crisis global se ha materializado en una crisis fiscal sin apenas precedentes por su magnitud. Esta crisis, ya descrita reiteradamente, además se encuentra en un contexto de crisis institucional y violencia monetaria en la UE.
Diversos actores –bancos y compañías de seguros, principalmente- que actúan y dominan los mercados financieros, beneficiarios de las políticas públicas de rescate financiero, créditos a bajo interés del Banco Central Europeo, y estímulos fiscales estatales de diferente índole, aprovecharon con avidez este contexto. Ahora sus instrumentos y sociedades de inversión se están aliando contra el Euro, merced a la vulnerabilidad de economías periféricas como la griega especulando con el descrédito de la deuda pública de diferentes países. Estos actores no son de otro mundo, sino que muchos de ellos están radicados en la City londinense y operando desde diferentes Paraísos fiscales, y realizan diferentes encuentros y reuniones físicas en ciudades como Nueva York.
La Unión Europea, hecha a la medida de países como Alemania y Francia, y adaptada como un traje tomando lo que le conviene y dejando lo que no en cuanto al Reino Unido, no está construida para hacer frente a estas vulnerabilidades. El presupuesto de la Unión Europea es muy bajo, siquiera para ordenar mínimamente los mercados de un área continental, y mucho más si se aspira a realizar políticas de integración, cohesión, compensación territorial o, ni que decir tiene, la construcción de un Estado del Bienestar digno de tal nombre. Por otra parte, según las normas europeas no puede superar el 1,27% del PIB, algo sencillamente ridículo comparado con el peso de cualquier sector público en cualquier país moderno, superando el 40%. El Banco Central Europeo desarrolla una política de control de la inflación favorable a Alemania, que no prima el estímulo al empleo. Aunque en los últimos años, ante una crisis muy profunda, no ha podido más que realizar una política expansiva para no deprimir más aún la inversión. El experimento del Euro, inaugurado en 2000, suponía la primera ocasión que un macromercado con moneda única no venía soportado por unas instituciones públicas suficientes para hacer frente a los desequilibrios y descompensaciones sociales, económicas y regionales que causa. En aquel contexto, los países centrales consolidan su poder e influencia de mercado, y acumulan en un desarrollo desigual sin cortapisas. Generan potentes superávits de balanza de pagos que tenían en su anverso fortísimos déficits en la periferia europea, que incluye a países, en la vieja periferia, como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España, y en la nueva a los recién incorporados desde el Este, algunos literalmente en bancarrota. Por cierto, estos últimos sometidos a criterios de convergencia para entrar en el euro de ajuste estructural más severos que los que se establecieron en Maastricht, con una clara orientación neoliberal y que, en la práctica no están justificados en modo alguno para brindar las condiciones idóneas de implantación de una moneda única. Se hizo la casa por el tejado, pero sirvió de magnífico pretexto para imponer las políticas neoliberales.
Alemania teme el desplome de la credibilidad y fortaleza del euro con el caso griego. Está haciendo a las víctimas de su posición hegemónica ventajista, culpables. Por un lado está exigiendo, conjuntamente con otros gobiernos cómplices, políticas de ajuste draconianas a países en dificultad para reducir sus fuertes déficits fiscales y de deuda pública en tiempo record. Al tiempo que no ha tenido más remedio que aceptar la construcción de nuevos fondos e instrumentos financieros, en las que participarán instituciones europeas y el FMI, para hacer frente a las tormentas monetarias y financieras, cada vez más difícil de controlar. Hay que pensar que el sistema de la UE es sumamente beneficioso para países con la fuerza económica exportadora de Alemania, y que prefieren que los sacrificios partan de los países más débiles, pero no puede impedir una redefinición del instrumental de la UE porque no puede hacer caer al Euro sin afectar a su propia economía. En esta situación, cada vez parece más verosímil y realista que en los próximos años se deje abandonar a algunos países el área euro, sin que ello impida que siga un vínculo con la UE, o que haya una circulación de dos monedas, con la recuperación de las antiguas u otras de nuevo cuño. Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda son serios candidatos, y resulta más difícil que países del Este al final puedan acceder.
La hegemonía neoliberal en la construcción de la UE reedita las exigencias de ajuste estructural en las que sólo asoman políticas institucionales públicas como guardianes del mercado capitalista. Son tan profundas las contradicciones de este modelo que, de no contrarrestarse con fuerza y decisión, lo más esperable es que se dictaminen políticas continuistas más severas de recorte de servicios públicosy las políticas sociales, y de su privatización, como se constata en países como el nuestro.
Por otro lado, el marco laboral supone un objetivo clásico sobre el que se quiere incidir. En poco afecta a los problemas financieros o fiscales, pero se ha decidido que hay un magnífico pretexto para seguir incidiendo en el aumento de las tasas de explotación, como mecanismos de sostenibilidad y aumento de las tasas de rentabilidad, cada vez más exprimidas por transnacionales –relocalizando y reordenando la división internacional del trabajo-, actores financieros, rentistas y especuladores, a escala globalizada.
2. Las consecuencias derivadas de la crisis económica en España y las políticas del gobierno
El gobierno se ha encontrado en un contexto que le ha resultado por completo inesperado. Su errática línea de medidas ha sido, en el mejor de los casos, inocua contra la crisis, y, por el contrario, han añadido problemas añadidos a la estructura económica española y ha hecho soportar el peso de las consecuencias sobre todo entre los y las trabajadoras, con compensaciones, cuando las ha habido, ridículas. El resultado fundamental es que se ha transferido un enorme agujero del sector privado a las cuentas públicas, y ha crecido de manera extraordinaria la tasa de paro, en una economía enormemente lastrada por un déficit de balanza de pagos, dentro de una economía auxiliar de otras potencias europeas, y dependiente de los motores de la construcción y el turismo, ahora embarrancados.
El gobierno, una vez ha reconocido la crisis se ha encontrado con una situación muy difícil de enderezar. Al subir a los cargos de responsabilidad un conjunto de tecnócratas en las áreas vinculadas a la política económica, no han aplicado otra cosa que lo que aprendieron en las convencionales y conservadoras facultades de nuestra universidad. Esto es, una ingeniería neoliberal y una cirugía, con el único considerando de legitimarse tratando de derivar responsabilidades al diálogo social para tratar de no presentarse como los ogros de la película.
Así, han realizado una reforma fiscal regresiva, apoyada fundamentalmente en impuestos indirectos como el IVA, que caerá sobre todo en las espaldas de los y las trabajadoras a través del consumo, y subvenciones, bonificaciones y exenciones de fiscalidad y cotizaciones a la seguridad social para el capital. También se han retirado las reducciones de 400 euros en el IRPF, se van a retirar algunas desgravaciones a la compra de inmuebles, o se retirarán ayudas por hijo por esta vía, que eran regresivas y que no pueden verse como medidas negativas, aunque su intención es meramente recaudatoria. Esto no impide el desplome recaudatorio de las arcas públicas, y por tanto el contexto es muy desfavorable para un despliegue de las políticas públicas. Recientemente se ha acordado entre gobierno y CCAA recortes coordinados importantes en el gasto, con repercusiones sensibles en educación, sanidad, y que no permitirán despegar el siempre pendiente sistema de ayuda a la dependencia. Además, el gobierno ha exigido que se debata en torno al recorte de las pensiones y el retraso de la jubilación. Y es previsible que se derive en algún tipo de erosión sensible de derechos.
Por otra parte, las tímidas, sin criterio y descoordinadas políticas de inversión pública municipal, y las promesas de un cambio de modelo productivo no se han orientado a dinámicas efectivas de utilidad comprobada, de sostenibilidad medioambiental o mantenimiento en el tiempo, ni efectos multiplicadores. Las ayudas a la población desempleada de larga duración son migajas cuya amortiguación sobre el consumo es menor, y que no redundan en solución en sí, aunque pueda haber remendado alguna situación particular. También se han realizado subvenciones a la industria del automóvil –sin condiciones para modificar el sistema productivo hacia modelos más sostenibles- o del turismo –planes Renove-, se han formulado figuras desfiscalizadas para el sector inmobiliario (SOCIMI), y se han abierto líneas de crédito ICO baratas para PYMEs. En su conjunto, han podido amortiguar la crisis durante unos meses, pero una vez impuesto el programa de austeridad, no podrán acolchonar más la situación.
Ni que decir tiene, que el rescate financiero a la banca, con condiciones laxas (aunque hayan sido comparativamente menos permisivas que en otros países), no ha supuesto condicionante para la banca, y queda pendiente una regulación más allá de las palabras huecas, y la recuperación de una banca pública consecuente.
Mientras tanto la presidencia de la UE no ha supuesto más que un estímulo para ser el alumno aventajado del neoliberalismo europeo, y ha puesto en el primer punto de la agenda la lucha contra la crisis enfrentado estrictamente desde un programa de austeridad que supone un recorte de 50.000 millones de euros en cuatro años. Una auténtica monstruosidad que conmoverá pilares básicos de cohesión social en muchas esferas.
La opción ha sido refugiarse en el modelo de políticas neoliberales, al que es más fácil acomodarse, por presiones del capital, y porque es lo que el gobierno conoce mejor. La única diferencia con el PP es que ha derivado su concreción al diálogo social, para reformar el sistema de pensiones y el mercado laboral. Como puede comprobarse los datos son sencillamente alarmantes respecto al ascenso del paro.
Pero éste también va a tener enormes dificultades de encontrar un punto de consenso, a pesar de algunos ejercicios formales para buscar líneas de acuerdo. La patronal ha decidido apostar fuerte por posturas extremas, y no tiene ninguna intención de alcanzar acuerdo alguno. Lo confía todo a que el gobierno legisle y pague todo en un castigo electoral. Mientras tanto, los sindicatos mayoritarios manifiestan su disconformidad con algunos puntos de las propuestas, pero se pierden en un silencio, ante el temor de cuestionar a un “gobierno amigo”. Con lo que han perdido independencia y, ante la insuficiente movilización, fuerza y credibilidad social.
Entre tanto el miedo al futuro y el hartazgo social está empujando a la sociedad a sufrir en lo cotidiano miles de consecuencias parciales del grave conflicto general, sin facilitar oportunidades de cuestionamientos y agrupamientos de naturaleza global y progresista, salvo en el irregular y volátil espacio de movimientos sociales relativamente dispersos, únicamente rearticulados lenta y modestamente por la aparición de nuevas organizaciones rupturistas en formación dando respuesta a las contradicciones que los conmueven.
El gobierno lleva meses sentándose con sindicatos y patronal para alcanzar algún pacto ambicioso encaminado a reformar la regulación de las relaciones laborales. Es muy posible que el gobierne acabe por determinar en breve unas medidas concretas y legisle. El gobierno no quiere la patata caliente de gestionar unas medidas impopulares en una crisis gravísima, y por eso preferiría un pacto tripartito. Ahora la patronal es el único agente que lo ve con buenos ojos, y los sindicatos siguen disconformes con la ambigüedad de algunas líneas, el abaratamiento del despido y el nuevo papel para las agencias de colocación privadas en la intermediación laboral.
Pasamos a continuación a identificar y valorar sucintamente algunas medidas puestas sobre la mesa –que podrían concretarse en una línea más o menos diferente- y que pueden ser la base sobre la que ejecute medidas el gobierno finalmente.
El gobierno se mueve,inspirado en aquel manifiesto de los 100 economistas –que fue contestado por otro de 700 economistas más progresista hace unos meses-, bajo la tesis de que el tipo de regulación del mercado laboral actual representa un corsé para la creación o mantenimiento del empleo. Parte de la asunción de que hay un mercado dual donde los empleados temporales son muy precarios y los indefinidos están superprotegidos y que se requiere una convergencia de regulación. También dice apostar por la flexibilidad interna de la organización y condiciones de trabajo antes que por la flexibilidad externa (temporalidad, despidos, etc…). Por otro lado, dice que el desempleo afecta más a los jóvenes, y que por tanto conviene idear ayudas para su contratación, reordenando el sistema de bonificaciones existente para concentrarse en este segmento de población.
Cabe decir por nuestra parte, en primer lugar, que la creación o mantenimiento del empleo depende fundamentalmente de la política económica, y que la regulación laboral influye en el tipo y calidad del empleo. Si la política económica es contractiva, el empleo, en un contexto de recesión, se seguirá destruyendo.
En segundo lugar, el modelo de inestabilidad y vulnerabilidad laboral no es sólo algo que afecte a la contratación temporal. La precariedad es un fenómeno complejo que incluye factores como la remuneración, la penosidad, peligrosidad, tiempo y contenido del trabajo, y que por otra parte la inestabilidad e incertidumbre laboral es sólo gradualmente diferencial, porque la figura del contrato fijo sólo se concentra entre el funcionariado. El empleo indefinido sólo tiene un coste de despido menos bajo.
En tercer lugar, no se trata de una reforma que no altere derechos, pues la reforma opera en el modelo de contratación –desregularizando la contratación a tiempo parcial-; en las condiciones de despido –abaratándolos-; en el sistema de bonificaciones y costes laborales –reduciéndolos-; en el sistema de intermediación laboral –privatizándolo-; y en otros capítulos como los Expedientes de Regulación de Empleo.
Salen de esta posible reforma algunos aspectos anteriormente previstos. El sistema de gestión de la incapacidad temporal pasa a ser discutido en el marco del Pacto de Toledo. El gobierno invitó a alterar el modelo de relaciones internas a la organización del trabajo en la empresa (movilidad, polivalencia, formación, etc…) –finalmente serán bilateralmente sindicatos y patronales quienes acometan su negociación-. También parece declinar un posible encarecimiento del empleo eventual.
En cuarto lugar, el focalizar la reforma en el abaratamiento de los costes laborales de la contratación juvenil, ignora que reducir costes laborales no representa el factor fundamental de estímulo a la inversión y a la creación de empleo, sino que, en un contexto capitalista, el estímulo básico son las expectativas de beneficio, y que estás superen las exigencias de retorno capital financiero –reparto de dividendos esperado por el accionariado, intereses a devolver a los obligacionistas-. En un modelo de financiarización las tasas de rentabilidad para la inversión expansiva exigidas por los capitalistas financieros y grandes transnacionales son mucho mayores. En la fase de la onda larga actual lo que prima es racionalizar la producción y la fase de distribución para hacerlas más competitivas en términos rentables. Mientras el modelo económico se funde en estos parámetros, abaratar costes laborales puede aumentar la masa de beneficio del capital particular, pero no garantiza nuevas inversiones globales añadidas. Las mejoras de la tasa de rentabilidad general, también dependen de que el consumo no se deprima –y una caída salarial y de inversiones lo hará-.
En términos globales, este diseño de bonificaciones y abaratamiento del despido, supone deteriorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora, a favor de la tasa de explotación del capital.
Vayamos a las medidas planteadas (en los términos conocidos), ya más en lo concreto. Debe advertirse que no son medidas del todo precisas, y es posible que no salgan todas a la luz, ni exactamente de esta manera. Estas líneas son el marco de discusión propuesto por el gobierno a los interlocutores sociales, nada más. Pero nos sirven para poder discutir abiertamente sobre ellos, y hacernos una idea de su orientación general y algunas posibles consecuencias.
1. Cambios en las modalidades de contratación.
La propuesta habla de modificación del sistema de contratación temporal e indefinido, para reducir su dualidad, pero también de otras figuras como la contratación a tiempo parcial, el contrato de formación, etcétera. En lo concreto:
Contratación temporal:
- Se pretende concretar más las causas de las diferentes modalidades racionalizando el uso de la contratación temporal.
- El contrato de obra y servicio podría desvincular la causa de esta modalidad de la actividad habitual de la empresa y de la subcontratación, a cambio de una aceptación como causa económica de fin de contrato a la finalización de la subcontrata; o bien establecer plazos máximos de duración de este contrato.
- El contrato eventual debería desvincularse de actividades estacionales, para recurrir más al contrato fijo-discontinuo.
- Limitar más los encadenamientos de contratos temporales en la misma empresa (en diversos puestos de trabajo). La última propuesta del día 12 desdibuja y hace genérica esta posible actuación.
- Inicialmente se planteó elevar indemnización de fin de contrato y se propuso aumentar el tipo de cotización por desempleo. La propuesta gubernamental del día 12 de Abril desaconseja incrementar costes económicos a las empresas en la actual coyuntura, con lo que podrían decaer las dos anteriores recomendaciones.
- Intensificar controles de la inspección de trabajo.
- Dar más facultades a la Negociación Colectiva para el racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar la temporalidad “injustificada”.
Contratos de formación:
- Ampliación edad máxima de 21 a 24 años.
- Exención total de cotizaciones sociales, si los nuevos contratos no conllevan efecto sustitución respecto a la plantilla total.
- Exención del coste de formación teórica en empresas de menos de 50 personas, que se impartirá con medios públicos.
- Reconocimiento contingencia de desempleo.
- El salario deberá equivaler al SMI en el segundo año de vigencia.
- Exigencia de paridad por razón de género en el número total de trabajadores vinculados a esta modalidad.
Contratación indefinida:
- Mantener formalmente la opción para el contrato ordinario de 45 días por año.
- Potenciar el contrato de fomento de 33 días, ahora sólo utilizado en el 17% de los casos de contratación indefinida, aumentando los supuestos en los que procede. Por un lado, se baraja que los contratos temporales puedan convertir en contratos de fomento, o que colectivos muy afectados por la temporalidad o el desempleo puedan acogerse a esta modalidad.
- Se plantea, además, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias en esta modalidad de contrato de fomento, como ya se produce en el contrato ordinario.
- Diferenciar mejor los despidos disciplinarios y económicos, y los procedentes e improcedentes, para facilitar la modalidad más barata para el empresariado.
- Se propone avanzar en el llamado sistema austríaco de indemnizacionespor despido, en el que el trabajador porta consigo un derecho a un fondo que acumula cuando pasa de empresa a empresa. Las empresas pagan mes a mes una pequeña cuantía que va a ese fondo y si el trabajador cambia de empresa no lo pierde, facilitando la movilidad laboral y la formación a lo largo de la vida. Todas las empresas, y no sólo las que despiden lo pagan, pero lo anticipan y no supone un obstáculo a salvar cuando se decide un despido. A su vez, los nuevos contratos de fomento podrían conllevar una exención en los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para las empresas, con recurso al FOGASA para complementarlos (posiblemente un 40%). Aquí hay un abaratamiento de costes para el empresariado y que paga la Seguridad Social –en la práctica, fondo de salarios-.
- Se quiere recuperar la práctica de causalización del despido, objetivando mejor las causas de los despidos económicos, y el derecho a la tutela judicial efectiva
El gobierno ha ido degradando la pretendida orientación de convergencia de costes entre empleo temporal e indefinido, aún cuando fuera con un salto menor de nivel de costes. Las esperadas mejoras de regulación económica del contrato temporal (aumento coste de despido y aumento de cotizaciones por desempleo) pueden decaer,quedando únicamente regulaciones que acotan su uso sin que supongan coste económico alguno, lo que refuerza la valoración de que esta reforma se encamina al abaratamiento de costes de la nueva contratación indefinida, y de los costes laborales globales. Además, se quieren arbitrar todos los mecanismos para determinar la modalidad más barata de despido. Hay que desmentir la afirmación demagógica de que facilitando y abaratando el despido se favorece la creación de empleo. Aquí radica la clave de la reforma: su propósito principal es el abaratamiento del despido y la regulación flexible del mercado de trabajo.
Contratación a tiempo parcial:
- Se apuesta por su fomento.
- Se eliminaría la posibilidad de realizar horas complementarias.
- Se establecerá una primera modalidad, con incentivos al empresariado, con horario fijo y estable) para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Podría ser temporal o indefinido. Estaría bonificado el contrato indefinido, y cualquiera para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y personas en situación de exclusión social.
- Se establecerá otra modalidad, que sólo podría ser indefinido, más adaptable a las necesidades del proceso productivo, con modificaciones de horario, con un preaviso a determinar, que podría incluir de manera acordada la realización de horas extraordinarias con los límites del art. 35 del ET.
- Se mejorará la protección social de estos contratos. Se aumentaría durante un plazo el coeficiente multiplicador para causar derecho a pensión de jubilación e incapacidad permanente.
La extensión del empleo a tiempo parcial supone una generalización del desempleo a tiempo parcial, y una ficticia reducción estadística del paro. Además, es una medida muy flexible y de mayor productividad por hora –en relación al coste laboral de ese tiempo que se emplea- para sectores y empresas con actividad con puntas de trabajo como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico y la limpieza, la atención personal, etc… Por otro lado, el 80% de la ocupación con esta modalidad es femenina, con lo que comporta una vía de entrada precaria al empleo para la mujer cuando no es voluntario. Y supone aceptar el modelo de “salario y medio” familiar sin corresponsabilidad del varón en las tareas de crianza y domésticas. En este tipo de fórmulas de empleo se suele concentrar la figura del “asalariado pobre” (working poor).
2. Actuaciones en torno al empleo juvenil.
2.1. Bonificaciones a la contratación.
El gobierno admite que el sistema de bonificaciones existente ha sido poco eficaz en la creación de empleo. Pretende reordenar el conjunto de las bonificaciones existentes –de las que sólo estaba exento un segmento minoritario del mercado de trabajo- para concentrar dichos “estímulos” en determinados colectivos.
- Estas bonificaciones se centrarían en la contratación indefinida de la juventud entre 16 y 30 años y en los colectivos de parados de larga duración mayores de 45 años. La bonificación sería mayor incluso si se trata además de mujeres. Las bonificaciones estarían ligadas a la creación neta de empleo estable.
- Podrían extenderse estas bonificaciones en la conversión de contratos de formación y en prácticas en indefinidos para estos colectivos, siempre y cuando supusiese una ampliación neta de la plantilla indefinida en la empresa.
- Otras bonificaciones, a instancias del Pacto de Toledo, serían destinadas a colectivos como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, empresas de inserción y personas en situación de exclusión social, planes de sectores afectados por la globalización, trabajadores autónomos y trabajadores mayores de 59 años.
Las bonificaciones a la contratación han demostrado históricamente que su único efecto es modificar la posición en la cola del paro de unos colectivos frente a otros. Por lo expuesto anteriormente, no crean empleo, en tanto que el empresariado no valora estas bonificaciones como estímulos a la creación de empleo, que depende de las expectativas de rentabilidad, el volumen de pedidos y actividad, etcétera. Sólo representan un abaratamiento de costes laborales a posteriori, y una degradación de la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
El abaratamiento del sistema de costes laborales potenciales de unos colectivos frente a otros ocasionaría un paulatino efecto sustitución, sin crear más empleo. Y sólo situaría a la juventud al principio de la cola del paro. Además, la pretendida concentración de las bonificaciones, que suponen una gran cuantía de dinero, parece que tendrá que dispersarse una vez más, porque al final la lista de colectivos es amplísima. Resulta contradictoria con las propias afirmaciones del gobierno de que bonificaciones muy generalizadas son plenamente ineficaces. A este respecto, las evaluaciones que solicitan sobre su eficacia parecen de antemano innecesarias, porque lo van a ser.
Si de lo que se trata es de crear empleo sería mucho más eficaz emplear todos esos fondos –que se drenan de las arcas de la seguridad social- para emprender actividades y servicios públicos de necesidad utilidad social y medioambiental, con efectos multiplicadores, creando empleo público directo.
2.2. Políticas activas de empleo para la juventud
Se desarrollaría un Programa específico para 16-24 años sin título educativo o profesional a especificar. Cofinanciado y con colaboración y convenios entre Servicios Públicos de Empleo Estatales y de las CC.AA. Incluiría:
- Orientación profesional, atención personalizada, itinerarios individuales acciones de empleo-formación.
- Procesos formativos.
- Periodo de prácticas no laborales en empresas. Se recibiría una beca mensual y las empresas una compensación por colaborar.
- Se respetaría la paridad de sexos.
No se trata de medidas originales, y para evaluar su impacto deben dimensionarse los recursos para su orientación –simplemente se dice que durante dos años se mantendrá el empleo de orientadores existente, y una mención a los convenios de colaboración entre SPEs-. En cualquier caso, aunque mejoran la empleabilidad de los colectivos concernidos no crea empleo de por sí. Por otro lado, el desarrollo de prácticas no laborales sin supervisión ni regulación de los contenidos cualificantes que debería desarrollar es un riesgo de precarización e informalización del empleo.
3. Reforma del sistema de intermediación laboral
Como hemos visto, se plantean medidas ya viejas, que simplemente no se habían empleado con efectividad, en lo que concierne a la actuación de los Servicios Públicos de Empleo. Estas medidas pueden no ser malas, pero entender que el problema del paro es una cuestión individual, y no estructural, es un craso error. Además, el problema de los SPE es la carencia de recursos y de coordinación interna y entre administraciones públicas, aparte de mayor capacidad de actuación, con lo que pudiese prestigiar su operativa en el mercado laboral y superar la ridícula influencia que tiene en la gestión laboral de colocaciones (2%).
Se pretende ampliar el margen de operativa de las ETTs:
eliminando restricciones a su actuación en algunos ámbitos, previa consulta a interlocutores sociales de los sectores afectados, en el marco del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los sindicatos han manifestado en este trámite su oposición.
Se abre un periodo limitado para transponer la directiva comunitaria que afecta.
La negociación colectiva podrá identificar ocupaciones de riesgo que no puedan ser cubiertas por trabajadores cedidos, de manera excepcional.
Se condiciona la celebración de contratos de puesta a disposición siempre y cuando las ETTs cuenten con un servicio de prevención propio autorizado y auditado.
Se ha de reforzar la formación de los trabajadores cedidos para sectores o actividades peligrosas, contando con una certificación específica.
Evaluación semestral de la siniestralidad de trabajadores puestos a disposición en sectores o actividades peligrosas.
En lo que concierte a las empresas de servicios se propone realizar medidas para impedir prácticas ilegales de cesión de trabajadores o subcontratación de servicios. Se invita a regular las empresas de recolocación (outplacement) en situación de ERE. En la última propuesta del gobierno ya no se hace mención a esta línea de actuación.
Lo más preocupante es la propuesta de admitir a agencias privadas de colocación con ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad de intermediación que realizan los Servicios Públicos de Empleo. Parece como si se las quisiera subcontratar –se establecería un convenio de colaboración-, aunque dicen que “debidamente intervenidas” –autorización previa, garantías de respeto a la intimidad y dignidad de los trabajadores en sus datos, gratuidad, reservas de empleo a ciertos colectivos, etc…-. En gran medida esto supone una privatización, con todos los intereses particulares que esto comporta, y una contribución a una mayor segmentación del mercado de trabajo, con efectos no solamente selectivos sino también discriminadores, sin una mayor garantía de dinamización, transparencia y objetividad en las colocaciones.
4. Reforma de la regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Los EREs son una modalidad regulada para aliviar o pactar los efectos de situaciones de riesgo o certeza de extinción colectiva de empleo en empresas con dificultades. Es aquí donde se encuadra la propuesta de CCOO del modelo alemán, para hacer combinables reducciones de jornada con la prestación de desempleo. Los despidos por esta vía no representan más que en torno al 1,5% del total, con lo que, aunque afecta a empresas importantes, en términos de volumen no es una medida de gran envergadura. La idea del gobierno, en cualquier caso, es favorecer los EREs que apuestan por soluciones que eviten la extinción de contratos con vías intermedias, como las suspensiones temporales o las de reducción de joranda. El cambio en la regulación se propone podría tocar los siguientes aspectos:
Medidas permanentes (modelo alemán):
- Flexibilizar el umbral de jornada reducida para poder acceder a la prestación de desempleo y fijar un tope máximo a dicha reducción.
- Será compatible la reducción de jornada con la obtención de prestación de desempleo parcial reducido en el porcentaje de menor jornada trabajada, con la correlativa de generación y disminución de derechos correspondiente.
Medidas coyunturales:
- Se ampliaría la reposición de la prestación por desempleo (ahora fijada en 120 días) para los supuestos de reducción de jornada o suspensión temporal que sean seguidos de una extinción de contratos.
- Se ampliaría la bonificación de la cotización empresarial por el mantenimiento de los trabajadores afectados por el Exp. De Regulación temporal de Empleo (ahora fijada en un 50%), vinculando la ampliación a la inclusión en el plan social de medidas formativas para los trabajadores afectados en ese periodo.
- Aligerar el procedimiento para EREs suspensivos pactados en pequeñas empresas, sin Representación legal de los trabajadores.
No se trata de medidas negativas, pero su influencia será muy limitada.
4. Por una reforma laboral a la ofensiva
En definitiva, no es este el tipo de modelo que la sociedad requiere. Ni está justificado, ni es justo, ni será eficaz para crear empleo y empeorará las condiciones sociolaborales de los y las trabajadoras.
El efecto de una reforma así, de llevarse a efecto, tendría como probable balance un abaratamiento del despido de la contratación indefinida, que se trata de un modelo de empleo con una continuidad de unos 5 años. Pero, al no encarecer la contratación temporal difícilmente dejará de ser atractiva y se continuará su uso para aplicar una gestión flexible de la fuerza laboral. Los aspectos regulatorios para racionalizar su uso tendrán un efecto menor.
El resultado probable sería una nueva segmentación del mercado de trabajo.
El primer segmento respondería a la ampliación del empleo a tiempo parcial, los contratos bonificados para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, y el contrato de formación para jóvenes (ya sin formación, pero con desempleo, pero con salario más bajos) que supondría alimentar un subsegmento inferior, pero creciente, del mercado de trabajo que profundizaría la precariedad de las condiciones de empleo de jóvenes y mujeres, sin olvidar que la población trabajadora inmigrante ya padece esta situación por razones añadidas (irregularidad, bajos salarios, pocas expectativas, etc…).
Habría un segundo segmento de contratación temporal también inestable y en gran medida desprotegido, que puede que perdiese peso rápidamente a favor del ese nuevo segmento hiperprecario, dado que sería más barato.
Un poco más arriba crecería en la nueva contratación el contrato “indefinido” (porque no se sabe cuándo finalizará) de indemnización por despido más barato que iría sustituyendo lentamente –en un proceso de unos 10 años- al amplio segmento de contratados indefinidos con la modalidad de 45 días. Pero como en la asignación de tipo de despido se va a proceder a facilitar la casuística para determinar los más baratos también se desdibujaría estas distinciones.
Esta segmentación se extenderá una vez que en los procesos de selección ocupan mayor lugar las agencias de colocación privadas y las ETTs.
En conclusión, que la precarización seguiría extendiéndose en toda la clase trabajadora asalariada, con un abaratamiento de los costes laborales y un mayor control empresarial de la organización del trabajo. Resultado principal: aumento de la tasa de explotación y aumento de las masas de beneficio y relativo ascenso de la tasa de rentabilidad.
Y, sin embargo, las tasas de paro por puesto equivalente a tiempo completo no tienen porque decrecer con medidas tales, porque para alcanzar las tasas de rentabilidad requeridas para una espiral de inversiones masivas creadoras de empleo exigiría incrementos muy superiores de la tasa de explotación. Ahora bien, la extensión del empleo a tiempo parcial puede atenuar la evolución de la tasa de desempleo, aunque el empleo a tiempo parcial no voluntario es, visto desde su inversa, desempleo parcial también.
Ni que decir tiene que estas son agresiones inaceptables en un contexto en el que al capital no le queda otra que seguir agrediendo sin concesiones. Lo único que van a discutir los partidos que optan a los gobiernos es en el ritmo, la intensidad y la posibilidad de pactar por dónde empezar a hacer.
Por este motivo, la respuesta de la clase trabajadora y toda la ciudadanía debería ser contundente, organizada y sostenida en el tiempo hasta que cambie el modelo planteado.
La línea de futuro para un cambio debe pasar por un cambio político e institucional internacional, un cambio en las políticas económicas, productivas y energéticas, y un modelo laboral que exija reformas laborales a la ofensiva desde la óptica de los y las trabajadoras.Con medidas del tipo que podéis leer aquí.
Daniel Bensaid fue una de las figuras más relevantes del marxismo crítico de los últimos 30 años. Su fallecimiento el pasado 12 de enero nos dejó un gran vacío, que ahora vamos a intentar rellenar evocando su memoria y su lucha con tres actos de homenaje en Bilbao, Barcelona y Madrid. El primero será organizado por Viento Sur, el de Barcelona por Revolta Global-Esquerra Anticapitalista y el de Madrid por Izquierda Anticapitalista. Para los tres, contaremos con la presencia de Alain Krivine, compañero de siempre de Daniel y uno de los fundadores de la LCR.
Daniel Bensaïd, comunista herético
Michael Lowy
Daniel Bensaïd nos ha dejado. Es una pérdida irreparable, no solamente para nosotros, sus amigos, sus camaradas de lucha, sino para la cultura revolucionaria. Con su irreverencia, su humor, su generosidad, su imaginación, había sido un raro ejemplo de intelectual militante, en el sentido fuerte de la expresión. Recuerdo nuestras largas conversaciones, a veces discusiones, alrededor de una mesa, sobre todo a la hora entre el postre y el café, en “Le Charbon”, su restaurante preferido. No estábamos siempre de acuerdo, lejos de ello, pero ¿cómo no amar y no admirar su extraordinaria creatividad y, sobre todo, su espíritu, anti y contra todo, de resistencia a la infamia del orden establecido?
“Auguste Blanqui, comunista herético” fue el título de un artículo que Daniel Bensaïd y yo redactamos juntos en 2006 (para un libro sobre los socialistas del siglo XIX en Francia, organizado por nuestros amigos Philippe Corcuff y Alain Maillard). [1] Este concepto, “herético”, se aplica perfectamente a su propio pensamiento, obstinadamente fiel a la causa de los oprimidos, pero alérgico a toda ortodoxia.
Si los libros de Daniel se leen con tanto gusto, es porque se escribieron con la pluma acerada de un verdadero escritor, que tenía el don de la fórmula: una fórmula que podía ser asesina, irónica, furiosa o poética, pero que siempre iba derecho a su objetivo. Este estilo literario, propio de su autor e inimitable, no era gratuito pues estaba al servicio de una idea, de un mensaje, de un llamado: a no doblarse, a no renunciar, a no reconciliarse con los vencedores. La fuerza de la indignación cruza, como un soplo inspirado, todos estos escritos.
En ellos hay, también, fidelidad al fantasma del comunismo, del cual él mismo proporcionó una bella definición: es la sonrisa de los explotados que a lo lejos escuchan los disparos de fusil de los insurrectos en junio de 1848 -episodio contado por Tocqueville y reinterpretado por Toni Negri. [2] Su espíritu sobrevivirá al triunfo actual de la mundialización capitalista, de la misma forma que el espíritu del judaísmo lo hará a la destrucción del Templo y a la expulsión de España (me gusta esta comparación insólita y un poco a provocativa). El comunismo del siglo XXI era, para Daniel Bensaïd, el heredero de las luchas del pasado, de la Comuna de París, de la Revolución de Octubre, de las ideas de Marx y Lenin, y de los grandes vencidos que fueron Trotsky, Rosa Luxemburgo, el Che Guevara. Pero el comunismo también era algo nuevo, a la altura de lo que está en juego en el presente: un ecocomunismo (término que él inventó), integrando centralmente el combate ecológico contra el capital.
Para Daniel, el espíritu del comunismo era irreductible a sus falsificaciones burocráticas. Si rechazaba con la última de sus energías la tentativa de la Contra-Reforma liberal de disolver el comunismo en el estalinismo, no menos reconocía la necesidad de hacer un balance crítico de los errores que desarmaron a los revolucionarios de Octubre ante las pruebas de la historia, favoreciendo la contrarrevolución termidoriana: la confusión entre pueblo, partido y Estado; la ceguera respecto al peligro burocrático. Era necesario sacar algunas conclusiones históricas, ya resumidas por Rosa Luxemburgo en 1918: la importancia de la democracia socialista, del pluralismo político, de la separación de los poderes, de la autonomía de los movimientos sociales con relación al Estado.
Entre todas las contribuciones de Daniel Bensaïd para la renovación del marxismo, la más importante, a mis ojos, es su ruptura radical con el cientificismo, el positivismo y el determinismo que impregnó profundamente al marxismo “ortodoxo”, en particular, en Francia. Auguste Blanqui es una referencia importante en este planteamiento crítico. En el artículo mencionado más arriba, se recuerda la polémica de Blanqui contra el positivismo, ese pensamiento del progreso y del buen orden, del progreso sin revolución, esa “execrable doctrina del fatalismo histórico” erigida en religión. Para Blanqui “el engranaje de las cosas humanas no es fatal del mismo modo que el universo, es modificable en cada minuto”. Daniel Bensaïd comparaba esta fórmula con la de Walter Benjamin: cada segundo es la estrecha puerta por dónde puede colarse el Mesías, es decir, la revolución, esta irrupción efectiva de lo posible en lo real.
Su relectura de Marx [3], a la luz de Blanqui, de Walter Benjamin y de Charles Péguy, lo lleva a concebir la historia como una suerte de laberintos y bifurcaciones, un campo de posibles cuya salida es imprevisible. La lucha de clases ocupa el lugar central, pero su resultado es incierto, e implica una parte de contingencia. En La apuesta melancólica (Haya, 1997), quizá su más bello libro, retoma una fórmula de Pascal para afirmar que la acción emancipadora es “un trabajo para lo incierto”, implicando una apuesta sobre el futuro. Redescubriendo la interpretación marxista de Pascal hecha por Lucien Goldmann [4], Bensaïd define el compromiso político como una apuesta razonada sobre el devenir histórico, “con el riesgo de perderlo todo y de perderse”.
La revolución deja así de ser el producto necesario de las leyes de la historia, o de las contradicciones económicas del Capital, para volverse una hipótesis estratégica, un horizonte ético, “sin el cual la voluntad renuncia, el espíritu de resistencia capitula, la fidelidad desfallece, la tradición se pierde”. Por lo tanto, como lo explica en Fragmentos descreídos (Lignes, 2005), el revolucionario es un hombre de duda opuesto al hombre de fe, un individuo que apuesta desde las incertidumbres del siglo, y que pone una energía absoluta al servicio de certezas relativas. En resumen, alguien que intenta, incansablemente, practicar ese imperativo exigido por Walter Benjamin en su último escrito, las Tesis “sobre el concepto de historia” (1940): cepillar la historia a contra-pelo.
Notas
[1] Ver en ESSF: Auguste Blanqui, communiste hérétique. [2] Daniel Bensaïd, La sonrisa del fantasma. [3] Daniel Bensaïd, Marx intempestivo. [4] Lucien Goldmann, El hombre y lo absoluto.
El Viejo Topo: “Ni fábrica de precarios, ni escuela de elites”. En esta doble negación se encuentra contenida buena parte de la problemática referida a la crisis actual de la universidad pública. Esta crisis es, a la vez, una crisis financiera, institucional y de su tradicional función hegemónica. La transición de la universidad de masas a la universidad-empresa ha abierto un ciclo de conflictividad estudiantil transnacional sin precedentes desde los movimientos estudiantiles del 68. Esta transición está creando unas oportunidades políticas inéditas. En este libro se aborda la segunda ola de reformas derivadas del “proceso de Bolonia” resumidas en la triada neoliberal: financiación competitiva, gobernanza corporativa, transferencia de los resultados de la investigación al entorno productivo. En este proceso hacia la universidad-empresa, la dualización del mercado de trabajo se traslada a la academia. Asistimos también a un feliz renacimiento, el del despertar de la crítica de la institución universitaria al calor de las movilizaciones estudiantiles que han actuado como reveladoras de las profundas mutaciones de la universidad, de la subjetividad estudiantil y del trabajo intelectual.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Jueves, 15 Abril, 19:30 En Librería Traficantes de Sueños C/Embajadores 35, local 6
Intervendrán: Monserrat Galcerán (Universidad Nómada) Miguel Romero (Editor Viento Sur) Carlos Sevilla (Autor)
***Carlos Sevilla (Madrid, 1981) ha participado en los movimientos estudiantiles contra el informe Bricall (2000), la Ley Orgánica de Universidades (2001), la guerra de Iraq (2003) y el proceso de Bolonia (2006). Ha realizado análisis críticos de las reformas universitarias en curso y de la nueva subjetividad estudiantil en dos obras de las que es coautor, €urouniversidad. Mito y realidad del proceso de Bolonia (Icaria, 2006) y el prólogo a De la miseria estudiantil (El Viejo Topo, 2008). Es autor de numerosos artículos en periódicos y revistas como Diagonal, Foro interno. Anuario de Teoría Política, Rebelión, Corriente Alterna, La Literatura del Pobre, Erre o Viento Sur, revista de la que forma parte de la redacción.
El viernes 9 de abril será la presentación del libro Tercera Piel. Sociedad de la Imagen y Conquista del alma de Ramón Fernández Durán. En el acto, presentado por María González (ConsumeHastaMorir - Ecologistas en Acción), intervendrán Fernando Cembranos, Chusa Lamarca, Amador Fdez Savater y el autor.
Fecha: 9 de abril de 2010. Hora: 19,30h Lugar: Traficantes de sueños. C/ Embajadores 35, local 6. Madrid.
Título del libro: "Tercera Piel. Sociedad de la imagen y conquista del alma" Editado conjuntamente por Virus Editorial, Libros en Acción y Baladre. Año de Edición: 2010
"Tercera Piel" es una nueva entrega de Ramón Fernández Durán, dentro del libro que el autor está escribiendo sobre la crisis mundial y el previsible colapso civilizatorio. Este trabajo es una pieza más del análisis del siglo XX, al que se dedica una especial atención, debido a la importancia de la dimensión de la infoesfera en el actual capitalismo global.
Allí en donde muchas ocasiones no llega el agua, llega la televisión El siglo XX va a ser testigo de un cambio espectacular: la conquista de las sociedades humanas por la imagen, y la creciente supeditación a ésta del texto escrito y el sonido (voz y música), creando una verdadera realidad virtual. Esta transformación se produce en el marco de la expansión del capitalismo a escala global, posibilitada y enormemente reforzada por la creación de la llamada Tercera Piel o infoesfera (radio, televisión, Internet...). El desarrollo de la Tercera Piel favorece el desplazamiento de las preocupaciones humanas hacia el espacio de lo virtual, ocultando el deterioro del espacio construido, la Segunda Piel, y por supuesto de la degradación de la Primera Piel, o Madre Naturaleza.
Un interesantísimo documental de investigación sobre los hechos del 11S, dirigido por Franco Fracassi y Francesco Trento en 2008. Por fin doblado al castellano.
Cuenta con la participación de personalidades mundialmente conocidas del ámbito de la cultura, la política, ingenieros, arquitectos, pilotos, familiares de las victimas del wtc, testigos, etc. Aparecen en el documental entre otros, Dario Fo, Gore Vidal, Giulietto Chiesa.
La investigación se basa en todo momento en hechos probados y demostrados.
Zero ya a sido emitido en televisiones de algunos paises europeos.
Descargaoslo, y difundidlo por todas partes.
Despues de las preguntas deben venir las respuestas.
El Barómetro social de España acaba de incorporar en su edición on line los datos correspondientes a 2008, con lo que ya cubre un período de quince años (1994-2008). El presente texto ofrece una valoración de los efectos sociales de la crisis, tomando como base algunos indicadores del Barómetro, así como fuentes de información complementarias y datos de avance de 2009.
La larga etapa de expansión económica que precedió a la crisis (1994-2007) amplió la brecha existente entre las rentas del capital -financiero e inmobiliario-, que se incrementó a un ritmo más del doble que el PIB, y el nivel medio de ingresos de la clase asalariada, que a duras penas logró mantener el poder de compra. El modelo de producción de ese período disparó el consumo y la dependencia energética de España, lo que provocó que las emisiones de CO2 se incrementaran tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kyoto. Estos procesos dieron lugar a una sociedad cada vez más desigual y con un medio ambiente más nocivo para la salud general de la población, la biodiversidad o el equilibrio climático. No obstante, la creación de ocho millones de puestos de trabajo entre 1994 y 2007 y el creciente gasto público en políticas sociales –sobre todo a partir de 2001- permitieron encubrir esos efectos negativos.
Al estallar la crisis en el segundo semestre de 2007, se ha producido una contracción de la producción, el empleo y el consumo, con efectos paradójicos desde el punto de vista social. El pinchazo de las burbujas financiera e inmobiliaria ha favorecido un recorte de la distancia entre estos indicadores y la economía productiva. El decrecimiento de la economía, con una reducción del consumo de los hogares en torno al 5%, ha logrado, de pasada y sin pretenderlo, reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 como nunca antes. En particular, las emisiones del transporte por carretera se han reducido en 2008 un 4,2%, las de la electricidad un 16,2% y las de metano y óxido nitroso un 4,5%; en conjunto, en sólo un año se han ganado 10 puntos de convergencia en relación al compromiso de Kyoto.
Todos los agentes económicos se han visto afectados por la crisis, pero de manera diversa. El capital es el que ha salido mejor parado mientras que la clase asalariada, de nuevo, ha sido la más perjudicada. En cuanto al Estado, se ha desfondado de recursos como efecto combinado de una importante reducción de ingresos fiscales y del aumento de los gastos para afrontar la crisis. Sin embargo, las medidas adoptadas se han orientado básicamente a rehabilitar las mismas instituciones y modus operandi que dieron lugar a la creciente financiarización de la economía, al reparto desigual de la renta, a la insostenibilidad ambiental del modelo y, en última instancia, a la crisis.
1. El capital sale ganador de la crisis
De las cuentas del capital financiero podemos distinguir tres principales indicadores: el margen de beneficios que las empresas obtienen cada año a partir de la actividad económica, según datos de la Contabilidad Nacional de España; el valor patrimonial de las acciones empresariales, incluidas las no cotizadas en Bolsa, que elabora trimestralmente el Banco de España; y los activos financieros del conjunto de la economía, de la misma fuente. Para el capital inmobiliario, nos servimos de las estimaciones realizadas por Naredo, Carpintero y Marcos .
El gráfico 1 recoge la evolución de estos indicadores en la última década: los beneficios empresariales se incrementan constantemente, creciendo ligeramente por encima del PIB; el valor de las acciones empresariales experimenta grandes oscilaciones debido a su lógica especulativa; y los activos financieros del conjunto de la economía se expanden a un ritmo más del doble que el PIB, fiel reflejo de la financiarización de la economía. En cuanto al patrimonio inmobiliario, se revaloriza de forma desaforada hasta 2006, para ralentizarse en 2007 y bajar a partir de entonces.
Gráfico 1 Evolución del capital financiero e inmobiliario de la economía española, y de las acciones y beneficios de las empresas, en relación al PIB (1999-2009)
Fuentes: Banco de España para las acciones; Contabilidad Nacional de España, para los beneficios empresariales y el PIB; y NAREDO, CARPINTERIO y MARCOS para el patrimonio inmobiliario.
Los beneficios empresariales aumentaron el 1,5% en 2008, llegando a un total de 468.000 millones de euros. Se trata de un crecimiento moderado en relación a las ganancias obtenidas en años anteriores pero que resulta claramente ventajoso con respecto a los otros dos grandes grupos perceptores de rentas (salarios e impuestos), en un contexto de crisis económica en que el PIB retrocedió 0,6 puntos. Esta tendencia se ha mantenido en el primer semestre de 2009 en que las rentas del capital han vuelto a ganar 0,7 puntos en el reparto del PIB.
Las acciones de las empresas experimentaron en 2008 una importante bajada del 26% que, no obstante, en términos históricos se puede considerar un retroceso menor si tenemos en cuenta que en los cuatro años anteriores tales acciones se habían revalorizado un 93%. Además, el retroceso parece coyuntural, pues en 2009, en plena crisis de la economía productiva (descenso del PIB del 3,6%), ya han iniciado una nueva fase expansiva. En efecto, las acciones siguieron bajando en el primer trimestre de 2009, según el Banco de España, pero experimentaron un repunte del 7,4% en el segundo trimestre. Varios indicios apuntan a que la crisis está impulsando una nueva concentración del capital que favorece a las grandes empresas a costa de las pequeñas: el Ibex-35, agrupación de las mayores empresas del país, se ha revalorizado un 30% en 2009, mientras se estima que han cerrado en ese año unas 200.000 pequeñas empresas que, sumadas a las 240.000 que lo hicieron en 2008, suponen el 15% del censo español de autónomos y microempresas.
Los activos financieros del conjunto de la economía española han crecido más del 80% en la última década, hasta alcanzar la máxima cota de 8,9 billones de euros en el cuarto trimestre de 2007. En 2008 han perdido el 4,8% de valor, en euros constantes, y tan sólo el 1% en el primer semestre de 2009, lo que podría anunciar un pronto fin de las pérdidas. Cabe destacar que el sector de los activos financieros que más ha crecido ha sido el correspondiente a bancos y cajas de ahorros, especialmente un tipo de activos, los prestamos hipotecarios, mayoritariamente orientados a la construcción y compra de viviendas, que han crecido a un ritmo tres veces superior al PIB y superan los dos billones de euros en 2009. Estos activos han seguido creciendo en los dos años de crisis, aunque a un ritmo más lento.
El capital inmobiliario, por su parte, experimentó en 2008 un descenso del 9%, lo que representa una caída mínima después de revalorizarse más del 100% en años anteriores. En este caso, sin embargo, los avances de información correspondientes a 2009 indican que los precios de la vivienda van a seguir bajando, y por tanto el valor del patrimonio inmobiliario (-7,7% según la estimación realizada por Naredo, Carpintero y Marcos).
En definitiva, los diversos indicadores del capital han registrado resultados negativos al llegar la crisis pero el famoso pinchazo financiero-inmobiliario no les ha impedido mantener la mayor parte de los beneficios y plusvalías acumulados en años anteriores. En especial, las acciones de las grandes empresas del Ibex-35, después del importante bajón de su cotización en 2008, ya han vuelto a revalorizarse en una proporción todavía mayor en 2009. Ello se produce justamente el año con mayor bajada del PIB pero cuando las medidas adoptadas por el gobierno español y los organismos internacionales se han decantado netamente por reforzar el modelo político y económico-financiero que precedió a la crisis y les proporcionó tantos beneficios.
2. La clase asalariada, la más castigada
Después de una década de expansión del mercado laboral, con saldos anuales que rondaban los 700.000 empleos, se produce en 2008-2009 una brusca pérdida de 1,8 millones de puestos de trabajo. La destrucción de empleo ha afectado mucho más a quienes tenían contratos temporales, lo que da lugar a otro efecto paradójico de la crisis ya que la tasa de eventualidad se reduce como nunca lo había hecho antes, bajando por primera vez del 30% (en el cuarto trimestre de 2009 ya llega al 25%). Esta evolución positiva es obviamente engañosa ya que la mano de obra eventual no se convierte en fija sino que va al paro. Las nuevas fórmulas de contratación temporal, que se justificaron en los años ochenta del siglo pasado como el mejor instrumento para combatir el paro, muestran ahora que también sirven para lo contrario. España, que es el país de la Unión Europea con mayor tasa de empleo temporal, es el que más ha incrementado el desempleo al llegar la crisis. Entre marzo de 2008 y marzo de 2009, España absorbió, según Eurostat, el 68% del empleo destruido en la zona euro
Continuando la dinámica de años anteriores, se reduce en 2008 el desempleo de larga duración (más de dos años sin trabajo), lo que permite extraer la conclusión de que el modelo laboral que sale reforzado a raíz de la crisis es el del trabajador intermitente, que alterna períodos de paro y empleos de corta duración. El conjunto de personas en esta situación (paradas + eventuales) ha pasado en los últimos dos años de 7,1 a 8,2 millones, es decir, que afecta al 41% de la población activa asalariada. En el caso de la mano de obra de nacionalidad extranjera estos trabajadores “intermitentes” llegan al 73% y entre las mujeres al 43%, pero en este caso con el añadido de que las empleadas a tiempo parcial son casi cuatro veces más que entre los hombres (punta del iceberg de su dedicación mayoritaria al trabajo doméstico y de cuidados).
Gráfico 2 Evolución del paro y del empleo temporal durante la crisis (2007-2009)
Fuente: Encuesta de Población Activa.
En 2008 la población activa siguió creciendo, debido principalmente a la incorporación de mujeres y de inmigrantes, lo que se sumó a la destrucción de empleo y provocó un incremento del paro del 37%, el máximo en los 15 años recogidos en el Barómetro. Todos los años restantes la tasa de paro había disminuido, salvo en 2002 en que creció un 9%. El gráfico 2 recoge la evolución trimestral del paro y del empleo temporal desde que se inició la crisis; se puede observar que el período más crítico se sitúa en el gozne entre los años 2008 y 2009.
El incremento interanual del desempleo en 2008 fue tres veces mayor entre los hombres (58%) que entre las mujeres (20%), debido sobre todo a que el sector laboral más afectado había sido la construcción donde prevalecía la mano de obra masculina. El número de hogares donde todos sus activos se encuentran en paro, se incrementó un 52% (hasta 1,1 millones de hogares).
La tasa de cobertura de las prestaciones contributivas de desempleo se mantuvo en 2008 en el mismo nivel que en 2007 (42% en relación al paro EPA), interrumpiendo diez años de continuo crecimiento (en 1998 la tasa era del 15%). Además, se redujo sustancialmente (del 61 al 48%) la cobertura de las prestaciones asistenciales de desempleo en relación a las personas en paro sin protección contributiva. En conjunto, la proporción de personas en paro sin ninguna cobertura se incrementó del 23 al 30%. Esto significa que a comienzos de 2009 había 1,2 millones de personas desempleadas sin ninguna cobertura, ni contributiva ni asistencial.
El salario medio creció casi un punto en 2008 (+0,9%), después de la máxima subida experimentada en 2007, del 4,4%. Este incremento se debe, en parte, a la destrucción de empleos con bajas retribuciones. Debido a la reducción del número de empleos, la masa salarial se incrementó al ritmo más bajo de todo el período cubierto por el Barómetro. El salario medio había crecido en la última década el 10,9% en euros constantes, a un ritmo mucho menor que otros indicadores económicos como el PIB (39,3%), las acciones y los beneficios de las empresas (47,6 y 41,1%, respectivamente) o el patrimonio inmobiliario (104,5%). En cambio, entre 2007 y 2008 fue mejor la evolución del salario medio que la de los otros factores, excepto en el caso de los beneficios empresariales que se incrementaron el 1,5%. Sumando los ingresos salariales y los de las prestaciones de desempleo, obtenemos los ingresos medios por persona activa: estos descendieron un 1,2% en 2008 (la segunda caída de este indicador en los quince años, tras la de 2001, cuando se redujo el 1,4%).
Hasta el momento la crisis mantiene la desigualdad salarial de años anteriores, con 5,4 millones de perceptores con ingresos inferiores al SMI, en cómputo anual, y 1,5 millones con ingresos superiores a cinco veces el SMI. Llama especialmente la atención el 1% de perceptores que gana por encima de diez veces el SMI, cuyos ingresos totales superan a los del 27% de perceptores que se sitúa por debajo del SMI (ver Gráfico 3). Según la Encuesta de Estructura Salarial, del INE, la brecha salarial entre directivos y empleados aumentó un 45% entre 1995 y 2006. En el primer semestre de 2008, en plena crisis, los altos directivos de los bancos españoles que cotizan en Bolsa incrementaron sus remuneraciones un 54% en relación al primer semestre de 2007, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Gráfico 3 Desigualdad de los salarios en 2008
Fuente: Estadística de Salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los indicadores basados en la opinión de la población recogen con mayor sensibilidad los efectos sociales de la crisis económica. Así, según la Encuesta de Condiciones de Vida aplicada en 2008, la cuarta parte de los hogares había experimentado un descenso notable de sus ingresos y casi uno de cada tres llegaba con dificultades a fin de mes (+10% en relación a 2007, máximo incremento interanual desde que se aplica la Encuesta). El índice de prospectiva económica del CIS, que mide el grado de confianza de la población en el futuro de la economía a un año vista, registra en 2008 el resultado más negativo de los últimos quince años. Este pesimismo, unido a los menores ingresos de los hogares, explica que haya descendido la inversión y el correspondiente endeudamiento de los hogares (un 3,4% menos que el año anterior), y que haya aumentado el ahorro (+26,8%). No obstante, el endeudamiento de los hogares seguía siendo en 2008 diez veces superior (casi un billón de euros) a su nivel de ahorro (93.000 millones).
El mayor problema lo padecen aquellos hogares que han visto reducir sus ingresos a causa de la crisis y no pueden pagar la hipoteca pendiente de su vivienda. Los bancos y cajas de ahorros promovieron en 2008 casi 60.000 embargos, más del doble que el año anterior. Asimismo, se han intensificado los desahucios de viviendas en alquiler, cuyos precios han seguido creciendo ligeramente a pesar de la crisis económica.
El malestar de la población española se manifiesta también en una mayor desconfianza en las instituciones públicas, muy especialmente en los partidos políticos: el 72% afirmaba en 2008 no confiar en ellos (máxima tasa de los últimos 15 años, después de la registrada en 2004, del 76%) y, según los barómetros mensuales del CIS, en 2009 han pasado a ocupar la tercera posición como “principal problema del país”, después del paro y las dificultades económicas. Pese a la creciente desconfianza en el sistema judicial, que llega a su máximo registro en 2008 (dos de cada tres personas no confían en los jueces), llama la atención que la vía judicial se haya utilizado para resolver litigios por 9 millones de individuos (también máxima de los últimos quince años), lo que ha provocado la saturación de los juzgados (incremento de las tasas de pendencia y congestión judicial). Asimismo, el número de personas en prisión es el más elevado del período, 73.558 al finalizar 2008 (la cuarta parte a la espera de juicio), a pesar de que la delincuencia lleva una tendencia decreciente desde 2003. La desconfianza en las instituciones judiciales y de seguridad no se traduce, por tanto, en un menor uso de las mismas como vía de resolución individual de conflictos, a lo que hay que unir la falta de otras vías –más colectivas e independientes- de participación ciudadana.
En definitiva, la crisis ha afectado con especial crudeza a los segmentos más frágiles de la clase trabajadora, que no han contado con mecanismos redistributivos suficientes para hacerle frente (reparto del empleo, reequilibrio de niveles salariales, prestaciones de desempleo, etc.). Probablemente esta evolución tenga su reflejo en un incremento de la tasa de pobreza en 2008, dato todavía no publicado pero que se deja entrever en diversos informes que alertan sobre el grado de saturación alcanzado por los albergues, los bancos de alimentos y otros servicios de emergencia.
3. Sobreesfuerzo fiscal del Estado, que socializa las pérdidas
El conjunto de políticas sociales públicas cuyos principales capítulos son las pensiones, la educación y la sanidad, constituye el llamado “salario indirecto” de los trabajadores. Entre los años 2001 y 2007 este gasto social público se mantuvo en valores ligeramente positivos, según EUROSTAT, después de descender hasta 4 puntos del PIB en los años noventa del siglo pasado. La base principal de la ligera mejoría del gasto social entre 2001 y 2007 fue el aumento de ingresos fiscales procedente de la distribución de la renta de cada año que, según la Contabilidad Nacional de España, pasó del 9,6% al 10,4% del PIB. En euros constantes, y teniendo en cuenta el crecimiento del PIB en ese periodo, ello se tradujo en un incremento del 38% de los ingresos fiscales del Estado procedentes de la distribución de la renta (bastante por encima del PIB, que fue del 28% entre dichos años).
Aunque no se dispone todavía de datos suficientes para valorar cómo la crisis ha afectado al conjunto de las políticas sociales , los indicadores e índices disponibles de salud, educación y protección social de 2008 presentan una línea de continuidad con años anteriores. Sin embargo, la notable disminución de ingresos en las arcas públicas y el incremento de gastos a causa de la crisis puede poner en peligro la financiación de los servicios públicos y justificar una ampliación de los procesos de privatización ya iniciados en todos esos sectores.
El principal perdedor en el reparto de rentas de los dos últimos años ha sido el sector público cuyos ingresos fiscales bajaron 1,8 puntos del PIB en 2008 (veinte mil millones de euros menos) y han seguido bajando después hasta situarse en el 7,3% del PIB en el segundo semestre de 2009 (último dato publicado). Como se recoge en el Gráfico 4, el Estado ha disminuido mucho su participación en el PIB, en beneficio de los salarios y, sobre todo, de los beneficios empresariales.
Gráfico 4 Distribución del PIB entre los agentes económicos (salarios, beneficios empresariales e impuestos) en la última década
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.
En el capítulo de gastos, el gobierno ha incrementado el presupuesto para atender el creciente número de personas en paro, al mantener en 2008 la misma tasa de cobertura de prestaciones contributivas que el año anterior (42%); en cambio, como hemos señalado, se redujo la tasa de cobertura mediante prestaciones asistenciales, lo que llevó al gobierno a implementar a mediados de 2009 una ayuda mensual de 420 euros para los parados que habían agotado cualquier vía de prestación después del 1 de enero de 2009. Por otra parte, la mayoría de las medidas anticrisis se ha orientado a apoyar la actividad de las empresas aportando para ello dinero público y ventajas fiscales (ampliación de créditos ICO, Plan E a través de los Ayuntamientos, Plan Renove, privilegios fiscales que favorecen a las grandes fortunas, etc.). Mención especial merece la ratificación por el parlamento, en octubre de 2008, de un fondo de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000, a cargo del Tesoro, como medida preventiva para evitar la quiebra de bancos y cajas de ahorros. Las entidades que supuestamente eran las principales causantes de la crisis, al haber aportado créditos hipotecarios sin suficiente respaldo, obtenían así un blindaje público para sus arriesgadas operaciones privadas.
El resultado contable de estos procesos (menos ingresos y más gastos) ha sido un incremento extraordinario del déficit público que ha pasado de un superavit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit estimado del 11,4% en 2009. Las nuevas medidas impositivas adoptadas en septiembre de 2009, además de repercutir con más intensidad en la mayoría de la población trabajadora-consumidora que en las rentas del capital, tendrán un efecto muy limitado para solucionar el déficit.
Como valoración más global, se puede concluir que las medidas anticrisis que se han venido adoptando en España, en coincidencia con las del G-20 y otros organismos internacionales, se han orientado básicamente a reactivar las finanzas y el modelo de producción y consumo anterior a la crisis. Sigue abierto, por tanto, el debate público en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una economía menos especulativa y socialmente más justa, menos destructora del medio ambiente y más solidaria en el plano internacional.
Izquierda Anticapitalista / Viento Sur
