El cuestionamiento de las deudas: Ingrediente para un plan alternativo en Europa.

Daniel Albarracín. 2016

En estos meses y en los venideros la agenda política de las fuerzas transformadoras se marca el reto de encontrar medidas para romper con la austeridad para las mayorías sociales, construyendo un plan alternativo. Seguramente dicho plan exija plantear un conjunto de medidas que refieran a la regulación bancaria y la intervención en este ámbito, la armonización fiscal y laboral progresivas, o la necesidad de un plan de inversiones europeos que no reconozca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas medidas, sean tratadas a escala nacional o mejor aún a escala supranacional o incluso paneuropea, inevitablemente colisionarán con la arquitectura de la actual UE. Sin duda, entre ellas ha de encontrarse el cuestionamiento de las deudas públicas (y también las hipotecarias), para hacer cargar a los privilegiados el coste de la crisis que crearon por sus prácticas rentistas.

La deuda surge fruto de las políticas de financiarización desarrolladas especialmente en las dos últimas décadas. Se pusieron en marcha una serie de políticas orientadas a estimular una economía maltrecha a partir de los años 70 que corría el riesgo de hundirse con las políticas de recortes de los años 80. En los 90, se extendieron políticas monetarias cada vez más expansivas (con un diseño favorable al sector financiero privado); de desregulación financiera, propiciando la creación de deuda y dinero por la banca privada; la promoción de la titularización de activos de todo tipo o, más recientemente, la expansión de instrumentos de apalancamiento para financiar inversiones públicas y privadas en los mercados financieros, han conformado un nuevo marco donde los grupos sociales privilegiados se apropian del excedente sin el riesgo propio del accionista -siendo más cómoda la posición de acreedor o tomador de bonos-.

La deuda pública no es más que un síntoma de un problema que viene de otro sitio. De hecho hemos asistido a un proceso orquestado políticamente de conversión de las deudas privadas en públicas. Mientras se reclamaba la austeridad en materia de inversión pública, políticas sociales o derechos laborales, las cuentas públicas se adelgazaban por el proceso de desfiscalización sobre los beneficios o el patrimonio, abriendo la mano en la práctica a la evasión fiscal. Por el lado del gasto, se efectuaban políticas abiertamente generosas inyectando capital a bancos en bancarrota, o subvencionando a grandes empresas.

Los sucesivos déficits fiscales crecieron y se normalizaron. La deuda pública se incrementó, sobre todo cuando en el marco del Sistema Euro se consagró un espacio económico en el que los superávits permanentes de los países centroeuropeos ocasionaban como contrapartida los déficits sucesivos en las periferias europeas.

Hay quien dice que hablar de la ilegitimidad de las deudas resulta impropio e inmoral. Hay también quien advierte que tampoco es una prioridad o que podría absorberse con el tiempo. Ni lo primeros se acuerdan de la responsabilidad de los gobiernos ni de los acreedores en la hipertrofia financiera creada, ni los segundos toman en serio suficientemente la envergadura (401% de deuda global en España en 2014) y relevancia de lo que significan la relación de dominio financiero que entraña la deuda.

Según el Instituto McKinsey Global la deuda ha pasado de constituir el 269% a alcanzar el 286% del PIB global, entre 2007 y 2014. Hasta un 80% de los países han elevado su nivel de deuda. Ningún componente de la deuda ha dejado de crecer. Mientras la deuda privada empresarial (financiera o no financiera) creció unos 25 puntos del PIB, la pública ascendió un 26% del PIB más, y la de los hogares un 7% más. Los procesos de desendeudamiento han sido excepcionales a escala mundial. El proceso de endeudamiento global sigue implacable. En el ámbito europeo, se intensificó en mayor medida en países como Irlanda (aumentado un 172% del PIB más en 2014 a su ya acumulado 390% en 2007), Grecia (creciendo un 103% a partir de su 317% de inicio), Portugal (un 100% más a partir del 358% original). 

También en España (que creció un 72% más hasta 2014 a partir de su 313% de 2007), a pesar de haber sido uno de los casos excepcionales donde entre 2007 y 2014 la deuda de las corporaciones privadas, financieras o no, cayó un 2% y un 14% respectivamente. Precisamente uno de los países con políticas de conversión de deuda privada en pública más fuertes. Si seguimos, datos facilitados por el Banco de España, en 2015 se observa cierto desapalancamiento. Con su metodología, el acumulado de deuda global en España se habría dado en 2014 (322% PIB) y en 2015 habría descendido al 304,1%, principalmente por el desendeudamiento producido en el sector privado y en los hogares en un contexto de crecimiento, como efecto rebote tras un ciclo duro de ajuste y posiblemente de recorrido nada largo, y de políticas públicas que han protegido al sector empresarial.

El FMI actualizó, con otra metodología, el cómputo para 2016. La deuda global la estimaba en un 225% del PIB mundial, siendo dos terceras partes deuda privada, confirmando la tendencia creciente de los últimos 15 años.
  

Hay quien opina que una política extensiva de reestructuraciones de deuda no es urgente. Alegan que los tipos de interés están por los suelos, que si se crece se puede pagar. Optarían por solicitar una flexibilidad en los techos de déficit para emprender reformas fiscales progresivas, que generen ingresos públicos, inversión y creación de empleo. Pero debido a la onda larga declinante a largo plazo, se obstaculiza la absorción de los niveles de deuda de manera sostenida en el tiempo, dado que el excedente creado se dedica a honrar estos compromisos y no a la inversión y con ello el crecimiento se bloquea. Ignoran que la política de flexibilidad cuantitativa del BCE, prolongada merced a la desesperación existente en el sistema bancario, algún día puede acabarse. Seguramente entremos poco después en una nueva recesión. Además, la concesión de Bruselas al incumplimiento de los techos del déficit está reservada a gobiernos afines a las élites, pero aun así en España se van a aplicar fuertes recortes. Además, la aplicación del Informe de los 5 presidentes impedirá reformas fiscales progresivas o incrementos de presupuesto.

Este mismo Informe introducirá en los Tratados Europeos el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, ya aplicado en los casos irlandés, chipriota, español y griego, a modo de un nuevo Fondo Monetario Europeo, de un tamaño equivalente a la mitad del presupuesto europeo. El MEDE equivale a un tanque financiero capaz de derrocar gobiernos y políticas que no cupiesen en el esquema austeritario. El mecanismo de deuda no es neutral; dejar intactas las ventajas garantizadas a la parte acreedora, que aseguran su excedente, no hará otra cosa que intensificar la desigualdad social.

Para ello el desarrollo de auditorías ciudadanas parece aconsejable. Son oportunas para identificar la parte de las deudas ilegítimas, odiosas, ilegales e socialmente insostenibles. Estas habrán de ser devueltas en otros plazos, reducidas en el principal. Servirán para atribuir responsabilidades políticas, penales o para exigir la devolución de beneficios onerosos, al mismo tiempo que se proteja a pequeños ahorradores, proveedores, fondos de pensiones y de la seguridad social.

Sin reestructurar las deudas en contra de los grandes rentistas, no tendremos una economía sana, democrática ni justa. Pero haciéndolo nos abrirá caminos a una sociedad mejor.