El año 2009 está fraguando tras mucho tiempo de paz social una nueva etapa en la relación entre patronal y sindicatos. Estamos asistiendo a la quiebra del diálogo social, vemos cómo la negociación colectiva sobre salarios fracasa y el conflicto laboral por la crisis sólo empieza a descollar, de manera tardía y poco firme. Mientras, los pagaderos siguen siendo los y las trabajadoras con más desempleo y congelaciones salariales en muchos casos.
La actual situación de profunda crisis económica coincide con el cambio de pauta en las organizaciones patronales y sindicales con reconocimiento institucional para operar en el diálogo social. CEOE ha cambiado de director de orquesta. Díaz Ferrán representa sin pudor a las grandes compañías, al gran capital en primer lugar, sin las más mínimas consideraciones diplomáticas que, por lo menos en alguna medida, su antecesor Cuevas sostenía. La CEOE ya no representa a todo el tejido empresarial español, y si bien nunca lo hizo, ahora ni lo intenta. En el contexto de crisis, las pequeñas empresas pierden espacio, y, naturalmente, las grandes empresas lo ocupan y son las principales beneficiarias.
Mientras la UGT actúa cómplice de las políticas socialiberales del PSOE, conformándose con alguna medida compasiva y declaraciones que luego en muy poco se cumplen (reforma fiscal, por ejemplo), CCOO se ha resituado en su proyecto estratégico con un nuevo equipo de dirección que se distancia de la línea socialiberal de Fidalgo, anterior secretario general. CCOO ha girado parcialmente hacia postulados simplemente socialdemócratas, pero con la necesidad de convivir, ante una victoria por la mínima en el último congreso de este año, con el modelo ideológico y el modus operandi de décadas de un sindicalismo que en aras de la negociación por la negociación, huía del combate. El sindicalismo mayoritario en este país consolidó en todo ese tiempo la transacción histórica de la Transición Política en la que se intercambiaba desmovilización por fortalecimiento organizativo y reconocimiento institucional. Sin embargo, con el cambio actual el conflicto ocupa un lugar diferente. Si con Fidalgo plantear el conflicto constituía algo anacrónico, ahora se prima el diálogo y la negociación a toda costa, y si ésta fracasa, puede abrirse camino a enfrentar el conflicto.
No es que sea lo ideal, pues lo suyo es afrontar la negociación asumiendo y encarando el conflicto, movilizando en todos los planos que eso significa, desde el inicio del mismo. La Movilización debería constituir el vehículo principal del sindicalismo de clase. Entendiendo por tal un amplio abanico de actuaciones:
- estudiar y diagnosticar adecuadamente las situaciones,
- informar cotidianamente a la afiliación, consultar las decisiones a ésta,
- plantear propuestas alternativas,
- y expresar protestar para ganar fuerza y legitimidad social así como buscar conquistas específicas como objetivos a lograr, mediante, en su caso, concentraciones, campañas públicas, manifestaciones y huelgas a todos sus niveles, de manera proporcionada a dichos fines.
El conflicto este año conviene contextualizarlo. Y tiene que ver con la crisis. La disputa aquí se sitúa principalmente en el marco de la política salarial. Desde los años ochenta, los salarios nominales han pasado a crecer igual o incluso menos que la inflación lo que ha supuesto un estancamiento de los salarios reales. El sindicalismo en todo ese tiempo estaba dispuesto a aceptar una teórica, pero mal fundamentada, transacción de moderación salarial por mantenimiento del empleo. Pero esa transacción ni se sostenía en la teoría ni en la práctica, y su traducción derivaba en el engrosamiento de los excedentes. La diferencia ahora es que, al menos en el discurso, no se admite que sigan siendo los salarios ni las políticas sociales las que sigan pagando los platos rotos causados por otros.
Con todo, a finales del año pasado, la patronal prosiguió y profundizó su línea de provocaciones y agresiones. Primero, abandonando los ya tímidos y moderados Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva, que, por otra parte, planteaban que los salarios debían crecer manteniendo el poder adquisitivo según la previsión de inflación gubernamental, mediante la activación de cláusulas de revisión a final de cada año para garantizarla, más el crecimiento de la productividad. El cumplimiento de estos acuerdos fue desigual, pero cierto, y se traducía en que al menos los y las trabajadoras cubiertos por la negociación colectiva, cuya cobertura debe estar en torno al 70% -por lo que el resto queda fuera- sostenían crecimientos salariales que aguantaban los salarios reales. Aunque las ganancias de productividad ni se calculaban ni se exigían, engrosando las masas de beneficios sin compromisos ni siquiera de reinversión. La pérdida del salario relativo, del peso de los salarios en el PIB, se debía a que la rotación del empleo suponía que los y las nuevas contratadas entraban siempre en las escalas salariales más bajas, extendiendo el fenómeno del mileurismo y, en suma, la precariedad salarial y en el empleo.
No fue suficiente, y en Julio pasado la patronal volvió a romper todos los protocolos del diálogo social, y el más mínimo respeto a un proceso leal de negociación. Y exigió, como todavía exige, reducciones en las cuotas a la seguridad social, una reducción de impuestos al capital, así como un nuevo modelo de contrato indefinido con sólo 20 días por año trabajado como indemnización, lo que supondría generalizar la precariedad absoluta en el empleo para toda la clase trabajadora.
Desde entonces los sindicatos mayoritarios titubean. Protestan, y proponen cosas diferentes, como si con propuestas técnicas se pudiese convencer a quien no entiende otra cosa que las relaciones de poder y de fuerza. Primero fue la propuesta de que, en un contexto de deflación, los salarios creciesen el 2% como se acostumbraba mediante la “previsión de inflación del gobierno”, para estimular el consumo. A falta de una respuesta más contundente, los sindicatos mayoritarios, por ejemplo CCOO, plantearon después, y vuelven a proponer ahora, un pacto salarial para todo el periodo previsto de crisis, con unos acuerdos que abarcasen 2010-2012 en virtud de los cuales se establecería un crecimiento moderado de los salarios, para que “las empresas no se asfixiasen con la crisis”, que lo serían menos moderados para los bajos salarios, a cambio de una cláusula de revisión tras esos tres años que considerase el mantenimiento del poder adquisitivo, las ganancias de productividad, y el compromiso de que en la próxima legislatura el SMI subiese a los 800 euros.
Pero es que llegados a la altura de este año nos encontramos que un gran número de convenios colectivos están bloqueados en su cumplimiento o en su negociación por parte de la patronal. Esta es otra agresión más. Se estima que hay 135 conflictos abiertos y la resolución de estos convenios afecta a 1,2 millones de personas.
Erre que erre con la vana esperanza en la negociación y el diálogo social han seguido los sindicatos mayoritarios su trabajo para, al menos, desbloquear estos convenios. Comprobado está que la movilización tiene sus frutos con el sector del metal. Es allí, donde los sindicatos se han puesto algo más firmes, por ejemplo el pasado día 28 en el sector del metal, donde se han conseguido firmar 13 convenios pendientes de hacerlo.
Pero la CEOE ahora dice que algunas organizaciones patronales, especialmente las de Andalucía y Construcción, y en parte la del Metal, bajo su manto puede que no quieran cumplir un compromiso en ese sentido, y que no puede por tanto firmar algo así. Hoy mismo CCOO y UGT anuncian sus propuestas alternativas, y ya se propone una manifestación para Diciembre contra la patronal y por el desbloqueo de los convenios.
Esas propuestas se centran en el mencionado acuerdo plurianual, con un crecimiento mientras se compensa a final del periodo de los salarios entre el 1%-2% anual, el desbloqueo de los convenios, así como en un acuerdo basado en el empleo, reducir “la temporalidad injustificada”, los salarios, y la moderación de los beneficios empresariales y los salarios de la alta dirección y los consejos de administración, orientando el excedente para aumentar la estabilidad en el empleo y la formación para los y las trabajadoras.
El inicio del conflicto directo debería haber venido desde hace tiempo, pero mejor tarde que nunca. El 12 de diciembre tendremos, en cualquier caso, una “movilización general” convocada, al menos, por CCOO y UGT. También es una pena que se renuncie a preparar una más contundente huelga general, aunque hay que trabajar por que esta opinión cambie. No obstante, dada la envergadura de la crisis y de las agresiones, es imprescindible incluir en el saco de los responsables al propio gobierno, a la política europea, y las políticas económicas que ni son capaces de superar la crisis y que además hacen soportar sobre los y las trabajadores todos los sacrificios. Parece inaceptable que, aunque entendemos que por la falta de autonomía de UGT respecto del PSOE éstos sean seguidistas, no se planteen cuestionar en toda su amplitud no sólo a la patronal, sino la propia política económica, el recurso a la crisis para justificar el ajuste sobre el empleo y sobre los salarios, y que por tanto, se enfrenten al gobierno y sus políticas, y al propio modelo capitalista que está originando este desaguisado.
Porque de lo que se trata no es sólo de que los salarios mantengan el poder adquisitivo, repartir las ganancias de productividad, para sostener su peso en la producción, o de que la negociación colectiva mantenga y mejore las condiciones laborales y se aplique, o gobernar el excedente, que sólo serían medidas de mera resistencia, si no de cuestionar las relaciones de poder y la propia relación salarial que está en el centro de las injusticias y desórdenes globales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario