La ruptura de la relación salarial y su superación: una nueva relación social para el trabajo y el ingreso universal garantizado.

Daniel Albarracín
Abril de 2009

La relación salarial constituye la relación social central en la sociedad capitalista. Esta relación se basa en la configuración de una dependencia general de la clase trabajadora a los propietarios y gerentes del capital. Esta relación salarial, cuya conformación institucional ha tomado forma de diferente modo en las sucesivas fases del desarrollo capitalista, cobra cuerpo en diferentes dimensiones:

a) las formas sociales de reproducción social (formas de familia, sistemas educativos y formativos, sistema sanitario y de salud pública, ideología y cultura, o incluso de representación política, etc…);
b) de regulación del empleo de la fuerza de trabajo (dinámicas institucionales de diálogo social, y especialmente derecho laboral –contratación-, y mecanismos de retribución salarial directa y prestaciones sociales y servicios públicos diversos);
c) y de la propia organización del trabajo en el marco del sistema productivo.

La relación salarial forma parte de las formas institucionales básicas de la sociedad capitalista, como son el sistema de propiedad privada de los medios de producción, o la regulación mercantil – especialmente el derecho mercantil, financiero y societario –en cuanto a las reglas de juego jurídicas del sistema de acumulación y competencia capitalista-. Todas estas instituciones son las que una iniciativa de superación capitalista debe transformar de cara a un cambio sustantivo y favorable para el conjunto de la clase trabajadora y otras clases subalternas, y en suma, para la mayoría social. Pero quizá la relación salarial es la articuladora de todas las demás, la más visible, la más central de todas ellas y sobre la que debemos centrar nuestros esfuerzos de cara a su subversión.

Tradicionalmente la socialdemocracia se ha limitado a tratar de actuar sobre esta relación salarial simplemente aliviando el grado de dominación y explotación que es connatural a la propia relación salarial. Para ello les bastaba con mejorar los niveles de retribución salarial –a nivel sindical- o, desde lo público, mediante la política fiscal –con impuestos directos y progresivos- o de política de gasto público mediante de prestaciones y servicios sociales, actuando en el plano distributivo. Sin ser objetivos desdeñables, una opción rupturista no puede conformarse con esto.

Debe plantear una ruptura con la relación salarial en sí, en cada uno de sus planos, porque el objetivo no es mitigar una desigualdad, y mucho menos buscar el mal menor, sino que debe superarla, pues constituye el cimiento del conflicto y la contradicción principal de nuestra sociedad contemporánea. Se trata de cambiar dicha relación para transformarla en otro tipo de vínculo social, basado en parámetros de igualdad, de participación socialista de las clases productivas en la configuración y orientación de la economía hacia las necesidades sociales. Se trata de plantear también una alternativa socioeconómica consistente en vínculos completamente alejados de la relación salarial capitalista y coherentes con la conformación de una sociedad socialista plenamente democrática.

Para ello la configuración de una alternativa a la relación salarial no puede basarse en la dependencia y en el chantaje dominador de una transacción asimétrica en la que el capital explota la fuerza de trabajo de las clases dominadas, en la que la mayoría social ha de alquilar su fuerza de trabajo, y movilizar toda su vida para hacerla disponible, empleable, adaptable y rentable, a cambio de un salario. No puede basarse la fijación del salario en la regla de retribución basada en el pago equivalente a las condiciones de reproducción social de la fuerza de trabajo de determinado tipo en el contexto y correspondiente mercado capitalista en el que puede emplearse.

Una sociedad socialista debe movilizar los recursos productivos de manera racional y basándose en la capacidad de sus medios, articulándolos y planeando su diseño y orientación hacia las necesidades sociales establecidas democráticamente. Todo ello de manera consciente respecto a los límites productivos (disponibilidad de recursos materiales y personales, saberes y tecnologías) de la sociedad en dicho momento, las prioridades sociales (nivel de consumo y de ahorro y reinversión asumidos, y sus contenidos), y los propios límites de los ciclos ecológicos.

Debe seguirse en la medida de lo posible la máxima, sugerida por Marx, de solicitar de cada uno según su capacidad para cada cuál darle en función de su necesidad.

Las propuestas de superación de la relación salarial, integradas entre sí, también deben articularse conjuntamente en el proceso constituyente de una sociedad socialista que articule una orientación económica basada en la planificación democrática y pública de la economía en sus sectores estratégicos, y la configuración de mercados regulados no capitalistas en sectores secundarios donde perviva la escasez. Una economía basada en la minimización de costes sociales, la maximización de la eficiencia, la orientación a las necesidades sociales conscientes de los ciclos de reproducción y regeneración medioambiental, el ahorro de materiales y de energía, la minimización de residuos, el empleo de tecnologías sostenibles desde su diseño y su uso, etcétera.

La superación de la relación salarial no puede confiar su superación a algunas propuestas, ya manidas, que pueden suscitar confusión o, lo que es peor, su integración en un marco revisado de la relación salarial que no altera su naturaleza capitalista. A este respecto la satisfacción de las necesidades sociales y personales que una sociedad socialista debería desarrollar no pueden ni confundirse con un salario de beneficencia ni de caridad –siempre insuficiente para mantener un nivel y calidad de vida dignos en el marco social, y que sólo constituye una medida paternalista que reedita e intensifica la dependencia, el favor arbitrario del poderoso-, ni a la regla capitalista en función de la cual se remunera a la fuerza de trabajo para su reproducción social. Ni tampoco a la vieja idea proudhoniana de remunerar en función del trabajo realizado, basada en la equivocada propuesta de David Ricardo , que ya desmontó por su incoherencia el propio Marx en La miseria de la filosofía, y que es difícilmente distinguible de las propuestas de gestión neoliberal de remunerar mediante salarios variables en función de la productividad.

[Ricardo, y Proudhon, de los que luego tomó la idea el propio Stalin (de cada uno según su capacidad, para cada uno según su trabajo) aspiraba a que la remuneración del trabajo equivaliese al valor aportado, coincidiendo su retribución en función de las horas dedicadas a la fabricación de la mercancía correspondiente. Marx ya advirtió que esto era inconsistente y, además, injusto, aunque en primera apariencia no lo sea. En efecto, si el valor de una mercancía consiste en el tiempo de trabajo socialmente medio invertido en ella, remunerar a un individuo por el tiempo dedicado a la fabricación de la misma, podría conllevar el absurdo de remunerar a una persona el doble por su baja productividad. Por ejemplo, si esta persona ha dedicado cuatro horas a fabricar una silla cuando en la sociedad se fabrica, en las condiciones técnicas del momento, en media en sólo dos, Proudhon estaría dispuesta a asignarle un salario justamente el doble del valor socialmente medio de las sillas. La consecuencia sería ineficiente socialmente así como injusta]

En este sentido, los debates sobre la renta básica han sido muy importantes para obtener algunas conclusiones. Ahora bien, dentro de este debate ha habido muchas concepciones, algunas divergentes, de lo que debe significar y caracterizar la renta básica. De todos ellos las mejores conclusiones y características de una política de generalización de la renta básica, entendida en su inclusión en una política de transformación socialista son las siguientes:

• La renta básica debe entenderse como un derecho garantizado, personal y universal, en base al pleno reconocimiento de la condición de ciudadanía de toda persona.
• No debe limitarse a satisfacer necesidades sociales entendidas estrechamente en su forma primaria y material sino que debe garantizar la plena integración en la sociedad en la condición que garantice el pleno desarrollo libre de la persona en su medio social.
• Entendida de esta manera y por emplear un término que no se confunda con el salario ni con la renta capitalista, sería preferible denominarla ingreso universal garantizado.
• El ingreso universal garantizado sería una combinación de retribución dineraria y de servicios públicos equivalentes para todas las personas, pero no por ello ni uniformes ni homogéneos. En una sociedad socialista, los ingresos se distribuirían principalmente para la consecución de los medios de vida que facilitarían la integración social y la participación libre en la sociedad, con lo que los ingresos y servicios obtenidos se adecuarían a las necesidades de un entorno social y de cada persona. Deberían ser equivalente pero no estrictamente los mismos.

No obstante, el ingreso universal garantizado no puede ser una medida aislada sino que debe venir acompañada de otras políticas y medidas, en el marco de nuevas formas sociales y vínculo social en el marco productivo y distributivo. Todas ellas serían:

• El ingreso universal garantizado, del que ya hemos tratado.

• La promoción de una cultura de responsabilidad social de las personas favorable a aportar a la sociedad mediante su participación, formación, atención, consciencia y trabajo de cara a colaborar en la aportación y obtención necesaria de los recursos a los que la sociedad aspira o necesita, y que sea expresado pública, racional y democráticamente. Es decir, una cultura a favor de un modelo de trabajo democrático, en el que una parte de nuestro tiempo se destine a tareas socialmente requeridas dentro de un plan social democrático, movilizando las capacidades de la fuerza de trabajo social y personal, y orientados por criterios de máxima eficiencia, autogestión colectiva, y mínimo coste social y medioambiental.

• En este sentido, esto no sería incompatible con un sistema de retribución alternativa, que tampoco puede confundirse con un abanico nulo de prestaciones. Es decir, habría ciertas ocupaciones que, por su vital responsabilidad, importancia, esfuerzo o riesgo, no podrían retribuirse igual que otras, y que deberían remunerarse en mayor medida.

• No obstante, en una sociedad socialista, el mecanismo fundamental de incentivo para el trabajo socialmente útil y necesario debería ser el prestigio y el reconocimiento simbólico, conjuntamente con la disponibilidad de mayor y mejor tiempo libre.

• La política laboral se debería orientar a la reducción de la jornada laboral, que permita en las condiciones sociales, organizativas y técnicas, liberar el máximo de tiempo libre para la mejora del bienestar social y personal, responder a las necesidades personales y familiares, el desarrollo de las facultades de cada persona, las actividades libres, participativas, creativas y de esparcimiento que así se decidan por cada uno.

• Y, sobre todo, habría que fomentar el reparto de todo el trabajo de carácter social, tanto de naturaleza pública o privada, doméstico o profesional, productivo o reproductivo.

• Por consiguiente, en coherencia con lo anterior y con una mínima norma igualitaria, habría de remunerarse de manera igual todo trabajo y empleo de valor equivalente. Como está bien comprobado por diferentes estudios, las diferencias salariales entre hombre y mujer por el desarrollo de un mismo puesto de trabajo explican sólo un pequeño porcentaje de su desigualdad salarial. A este respecto, se debe tomar en cuenta que la desigualdad de remuneración en la sociedad capitalista, por ejemplo, entre hombres y mujeres, se basa principalmente: en primer lugar, a la división sexual del trabajo que atribuye a la mujer en mayor medida la responsabilidad y cometido de las tareas domésticas y de crianza –reproductivas- y que les dificulta su desarrollo en el ámbito de su empleo en el ámbito no privado; en segundo lugar, en la segregación horizontal –la ocupación en determinados sectores y ocupaciones atribuyendo a hombres y mujeres un rol social y profesional diferenciado en base a estereotipos y propios de una cultura patriarcal- con el consiguiente y desigual reconocimiento simbólico y material de estas profesiones; y en tercer lugar, a la segregación vertical, o, dicho de otro modo, los obstáculos a la promoción y la atribución de responsabilidades y poder de decisión a las mujeres, y la consiguiente, también, diferencia de retribución.

Manifestación Día de la Tierra

S.O.S.: Salvemos el planeta del capitalismo

Cambio climático: un reto social inminente

( grupo de ecosocialismo de IA de Madrid)

El cambio climático es, con toda probabilidad, el problema ambiental más grave que enfrenta la humanidad, pero no es sólo un problema de ámbito ambiental sino también económico y social.

El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) (organismo de Naciones Unidas creado para estudiar el cambio climático y asesorar a los gobiernos sobre el tema), fechado en 2007 es concluyente al respecto. Once de los doce años más cálidos desde 1850 están entre 1995 y 2006. La temperatura media global ha aumentado 0,74ºC de 1906 a 2005. Al tiempo que la tendencia al aumento de la temperatura de los últimos cincuenta años prácticamente dobla la de los cien anteriores. El incremento de “gases invernadero” (GI), como el dióxido de carbono (CO ) y el metano (CH), lejos de reducirse sigue creciendo y lo hace a velocidad mayor de la prevista.

Pero esto no es ni mucho menos un informe alarmista, sino el informe de conclusión redactado para lograr el consenso científico. Muchísimos especialistas, entre los que se cuentan los más prestigiosos expertos, tienen una percepción aún más pesimista. Aumenta también el consenso sobre que es preciso empezar a reducir las emisiones mundiales en el próximo decenio y hacerlo de forma rápida, si se quiere evitar que la temperatura no aumente más de 2ºC, cifra a partir de la cual pueden desencadenarse fenómenos catastróficos irreversibles.

La comunidad científica internacional lleva tiempo constatando el origen humano del cambio climático por la emisión descontrolada a la atmósfera de los denominados “gases invernadero” (GI), causada fundamentalmente por el modelo socioeconómico actual de capitalismo globalizado. Los modos actuales de producción, consumo, transporte, generación de energía, gestión del territorio etc se traducen en la quema masiva de combustibles fósiles. Dichos gases invernadero atrapan la radiación solar en la atmósfera de la tierra provocando su calentamiento progresivo.

Como señala también la Organización Meterológica Mundial (OMM), por primera vez en la historia seis ciclones tropicales con nombre llegaron a tierra en los Estados Unidos de forma consecutiva y, también por primera vez en la historia, tres huracanes de gran intensidad asolaron Cuba.

Del mismo modo, se ha hecho patente la aceleración del deshielo del Ártico. La OMM señala en la misma nota de prensa que el 14 de septiembre de 2008, durante la temporada anual de fusión y formación, el hielo marino del Ártico alcanzó su nivel mínimo, que era además el segundo nivel más bajo observado desde que empezaran a efectuarse mediciones por satélite en 1979

A principios de marzo de 2009, el Congreso Científico Internacional sobre Cambio Climático de Copenhague advirtió de que los glaciares, así como las masas de hielo de Groenlandia y la Antártida, se están derritiendo a mayor ritmo del esperado, además de que los océanos continúan calentándose y expandiéndose, como señaló el profesor John Church, del Centro australiano para la Investigación del Clima y del Tiempo. Las observaciones por satélite y terrestres más recientes muestran que el nivel del mar sigue subiendo tres milímetros al año, una cifra bien por encima de la media del siglo XX, comentó Church.

Como dato más escalofriante y revelador, el pasado 17 de febrero, se desprendió una plataforma de hielo de la Antártida del tamaño de la isla de Hawai.

El cambio climático es también un grave problema de índole social, los cambios que genera sobre el medio ambiente afectan y afectarán todos los aspectos de nuestras vidas: el suministro de agua y comida, las zonas de influencia y los patrones de las enfermedades, las esferas productivas y los modos de subsistencia y empleo (para empezar aquellas economías estrechamente ligadas a recursos sensibles al clima como agricultura, piscicultura, turismo se verán alteradas y en algunos casos estarán en riesgo).

El último informe del IPCC establece que “los costos y beneficios del cambio climático en la industria, los asentamientos humanos y la sociedad variarán ampliamente según la localización y la escala. Sin embargo, en general, los efectos globales tenderán a ser más negativos cuanto mayor sea el cambio en el clima”.

Los países difieren tanto en su contribución al cambio climático como en la vulnerabilidad frente a sus impactos. Irónicamente, muchos de los países que tienen menor responsabilidad por el crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre serán los que probablemente sufran los impactos más serios del cambio climático. En todos los escenarios analizados, África, Medio Oriente, India y el Sudeste Asiático son los que sufrirán los impactos más fuertes.

El IPCC confirma que los impactos del cambio climático se pueden mitigar estabilizando los gases de efecto invernadero, de modo que no se superen los dos grados de incremento de la temperatura global respecto a la época preindustrial. Sin embargo, por otra parte, el IPCC coincide en que no nos queda demasiado tiempo para estabilizar dichas emisiones.

Y es que para limitar los efectos del cambio climático es preciso cambios profundos en los mecanismos de producción y transformación de energía lo que a su vez lleva aparejado la necesidad de cambios profundos en importantes áreas de poder económico. Más allá de parches cosméticos limitar los efectos del cambio climático obliga a transformaciones políticas y económicas profundas.

Estos cambios de modelo energético y producción ponen en cuestionamiento el modelo actual capitalista, asentado en una lógica productivista, consumista y contaminante a unos ritmos inasumibles para a la naturaleza y dentro de un mundo con recursos limitados.

La necesaria transición del modelo productivo actual no resultará fácil pero es inevitable para la supervivencia por ello es necesario que cuente con una amplia participación social. Los nuevos cambios que se den deben no sólo afrontar la cuestión medioambiental pero dar una respuesta a la realidad social en la que nos encontramos. Por ello, creemos que el actual sistema capitalista no puede regular, y mucho menos superar, las crisis que ha desatado. Es necesario plantear políticas y medidas anticapitalistas basadas en lógicas que busquen la justicia y el bienestar social, y sean medioambientalmente sostenibles.

Las continuas cumbres internacionales para resolver este problema han arrojado un magro resultado. Es poco discutible que los acuerdos son insuficientes y que abundan los trucos para hacerlos menos incómodos(tales como el comercio de emisiones, la contabilización de los sumideros o los mecanismo de desarrollo limpio). También lo es que los esquemas liberales han dejado su impronta más allá de lo razonable en la importancia concedida a los mecanismos de mercado en el interior de la UE.

Pero 2009 es un año clave en la lucha contra el cambio climático. Durante la Cumbre de las Naciones Unidas de Cambio Climático que tendrá lugar en Diciembre en Copenhague, se decidirán los detalles del acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kioto, una vez que éste haya expirado su periodo de vida a finales de 2012.

Huelga explicar aquí que cuanto más se extienda la protesta ciudadana a favor de la reducción de las emisiones de GI y de un mundo más justo y sostenible, más presionados estarán los gobiernos de todo el mundo a asumir de una vez compromisos firmes y decididos, en lugar de eludir sus responsabilidades para continuar cediendo ante los poderes económicos. Y no nos queda demasiado tiempo para invertir esta situación.

En nuestra visión, la crisis ecológica y la crisis de deterioro social están profundamente interrelacionadas. Es por ello que la movilización ciudadana resulta decisiva para crear una situación política distinta en la que el cambio climático deje de ser un problema lejano que se abordará cuando se hayan resuelto otros más importantes o un asunto del que se habla mucho y se hace poco.

Desde Izquierda Aniticapitista nos sumaremos a las movilizaciones que se lancen y trabajaremos por otro modelo socialmente justo y medioambientalmente sostenible que no puede darse en el modelo actual que es la causa de donde estamos. La siguiente jornada de lucha la tendremos durante la semana de la tierra del próximo mes de abril, que culminará en una manifestación el día 25 de abril. Desde Izquierda Anticapitalista, vamos a estar presentes en las movilizaciones porque ante el CAMBIO CLIMÁTICO: COMIENZA LA CUENTA ATRÁS. CAPITALISMO CULPABLE.

¿Qué paradigma económico te convence más?

Marzo de 2009. Daniel Albarracín

La economía es una ciencia social que interpreta y trata de orientar el modelo de producción, distribución y asignación de los recursos de diferente modo según el paradigma que se escoja y maneje.

De manera sintética, los paradigmas más ampliamente aceptados encierran diferentes concepciones en cuanto a parámetros determinantes que, básicamente, responden a las preguntas “qué producir, cómo producir y para quién producir”. En suma:

a) Cada uno de ellos considera y atribuye el origen del valor, o inclusive en su caso la fuente de la riqueza –visto más a largo plazo-, a un factor o conjuntos de variables dado;

b) plantean un vector estimulador de la economía, identificando dos planos: el cómo funciona el sistema vigente y cuál debiera ser la referencia, si es que se entiende así, en un sistema alternativo;

c) considera condiciones de desarrollo sobre las que partir y qué suponen ciertos límites;

d) y parte de una concepción determinada de la naturaleza social del modelo económico que plantea una serie de interrogantes para dar respuesta a unos objetivos que responderían a determinados intereses.

Como bien es sabido, en la sociedad contemporánea hay paradigmas dominantes y otros minoritarios o alternativos, en tanto que las relaciones de poder económico e influencia sociopolítica premian la presencia, extensión y legitimidad de unos sobre otros. No obstante, el reconocimiento del poder de algunos de estos paradigmas sobre otros no es sinónimo de su capacidad de interpretar la realidad adecuadamente ni mucho menos de la justicia o eficiencia de los mismos.

La interpretación neoliberal, basada en escuelas neoclásicas de diferente generación, fundamentalmente entiende que el origen del valor radica en la iniciativa innovadora de los emprendedores (con medidas financieras, productivas o comerciales, de innovación de producto o proceso tecnológico, etcétera) y en el riesgo asumido por los capitalistas en sus inversiones, con cuya acción movilizarían y organizarían los diferentes recursos productivos (maquinaria, tierra y trabajo) generando riqueza y empleo. El vector estimulador no es otro que la maximización de las rentas que persiguen los diferentes factores productivos que, en última instancia, deben plegarse a la óptima asignación que el capital promueve. Las condiciones de desarrollo son ilimitadas y son mediadas en el mercado que asigna idóneamente de los recursos, recurriendo a las fuerzas en equilibrio de la oferta y la demanda y al estímulo selectivo de la competencia. La naturaleza social del modelo responde a una élite social cuyas propiedades bien empleadas en el ejercicio de la libertad de empresa les conceden el mérito de su enriquecimiento, en virtud del cual el resto de la sociedad también progresa siguiendo su estela. Las organizaciones menos eficientes desaparecerán, y si el sistema no funciona como lo esperado se deberá a que organizaciones conflictivas, como los sindicatos, o a que los gobiernos interponen regulaciones rígidas que impiden la flexibilidad, la libertad de inversión, o que exigen salarios o impuestos que alteran el equilibrio de los precios de los factores que el mercado marca.

Por otro lado, la interpretación socialiberal, de moda últimamente, se basa en un liberalismo compasivo o corregido, que ya una vez en el siglo XIX fundó John Stuart Mill. Se trataría de una línea basada en la síntesis neoclásica, el paradigma keynesiano de posguerra, y entiende que al mismo tiempo que el mercado y el capital son las instituciones y actores protagonistas y promotores del desarrollo, es posible identificar fallos en el mercado y problemas de equidad que exigen políticamente la implantación de políticas sociales y salariales de mínimos para evitar la exclusión de ciertos segmentos sociales en riesgo. Este planteamiento considera que las corporaciones capitalistas son los actores que en mejor condición están para seguir una asignación eficiente de los recursos económicos en un mundo globalizado y que la inversión es la fuente de la riqueza al emplear una combinación adecuada de medios de producción y factor trabajo (los “factores productivos”) a los cuáles hay que remunerar en función de los mercados competitivos de capital y trabajo. Las condiciones de desarrollo no siempre se despliegan en un régimen de competencia perfecta, y se plantean situaciones de desequilibrio transitorio en cuya situación el Estado puede venir en su socorro y corrección. Las políticas sociales, en condiciones de crecimiento del excedente del capital y suficiencia presupuestaria pública, una vez garantizado el funcionamiento capitalista de desarrollo, deben procurar la mayor cohesión social posible para mitigar el conflicto social combinando la promoción de un crecimiento económico y la rentabilidad del capital con unas tasas de paro soportables. La iniciativa privada realizaría una asignación de los recursos adecuada, y las políticas públicas sostendrían las infraestructuras de aquellas áreas que el interés privado y el mercado no atienden. La desigualdad es un subproducto de la jerarquía social necesaria que la competitividad y meritocracia exigen. La competitividad es el motor fundamentalmente estimulador, cuyos beneficios son superiores a las situaciones de exclusión que pueda ocasionar, y sus peores efectos pueden ser amortiguados con rentas de inserción asistenciales. Una clase de líderes técnicamente preparados han de tomar las mejores decisiones, teniendo en cuenta que la ley debe garantizar una igualdad de oportunidades de partida, y que los grupos desfavorecidos que el sistema excluye deben tener un respaldo para poder sobrevivir. En este sentido, el papel de los sindicatos es consultivo, deben contribuir a engrasar el funcionamiento de las instituciones y de la movilización de los recursos, y el pacto social ha de ser la vía de su estrategia, confiando que la fortaleza de la acumulación capitalista genere prosperidad y, con ella, se genere empleo y margen para políticas sociales.

Sin embargo, cabe identificar otros paradigmas, minoritarios en su apoyo social al día de hoy, pero que brindan opciones desde cierta izquierda moderada a otra más avanzada y radical.

En primer lugar, cabe reflejar la opción socialdemócrata, caracterizable de defensiva o de resistencia. Según esta interpretación el capital cumple una función social, y debe ser responsable como tal, en tanto que empleador, inversor y emprendedor. El capital es un factor productivo que debe movilizar pero también reconocer al factor trabajo por su aportación clave a la producción y al consumo. En este sentido, considera que el vector estimulador del beneficio explica la evolución de la economía, pero encierra algunas contradicciones y falta de equidad si no se plantean regulaciones, preferentemente desde lo público y sindical, que garanticen un conjunto de derechos sociales, políticos y laborales para los y las trabajadoras. Estado y mercado sólo pueden comportar un crecimiento productivo, un beneficio económico y bienestar social si se sostienen regulaciones democráticas que reequilibren el papel y reconocimiento simbólico y material de los dos factores clave: capital y trabajo. No se trata, en suma, de romper con las relaciones sociales productivas dominantes que, bajo ciertas condiciones, pueden articularse armónicamente, sino de reequilibrar el reparto del producto social con una mejora de los sistemas de distribución, pasando por la política de rentas (política fiscal y de gasto público) y salarial, sin amenazar una tasa de rentabilidad suficientemente estimuladora de la inversión y la creación de empleo. El sector público debe garantizar un Estado del Bienestar y un conjunto de servicios públicos (educación, sanidad, pensiones, etc…) y cubrir los espacios de inversión que la iniciativa privada no aborda, con estándares de bienestar ampliados para toda la ciudadanía laboral. Los sindicatos deben procurar las condiciones de empleo estable y trabajo decente al tiempo que agitar el conflicto social en aquellas circunstancias de abuso, cuando el diálogo social quiebra, sin amenazar innecesariamente las condiciones de paz y certidumbre para que el capital público y privado puedan reeditar nuevas inversiones productivas de valor añadido competitivas a escala internacional, frecuentemente pensadas en el marco del Estado-Nación o de un bloque internacional determinado (UE, TLC, ASEAN, etc…). El reequilibro entre las clases sociales y entre lo público y lo privado, en definitiva, dependen del diálogo y el pacto social a nivel político, o la negociación colectiva, a escala laboral, en la que la disputa entre clases sociales se produce en situaciones de desajuste y abuso y ha de enfrentarse a éstos con un conflicto temporal hasta alcanzar el reajuste de la eficiencia del sistema compensada con una equidad socialmente aceptable.

Cabe identificar una última opción , de manera simplificada porque habría muchas modalidades dentro de ésta, que podríamos caracterizar de alternativa rupturista. Esta interpretación estima, por el contrario, que el origen del valor parte del trabajo realizado, y que este valor se materializa en el tiempo en el saber, la tecnología y el capital productivo; y que la fuente de la riqueza radica en la naturaleza. El sistema de asignación y vector estimulador se orienta por la tasa de rentabilidad que resulta de un modelo económico de dominación y explotación social. El modelo se basa en la extracción y apropiación de parte del valor producido por la fuerza de trabajo en su empleo. El capital es una relación social desigual en la que una minoría social, propietarios de los medios de producción y gestores del Estado y las empresas, aprovecha su posición de poder, haciendo dependientes a la mayoría social de un ingreso o salario –la relación salarial-, se apropian de gran parte del valor producido por los y las productoras directas, orientan la combinación de capital y trabajo para maximizar sus beneficios, subordinando la satisfacción de las necesidades sociales o el respeto medioambiental a este criterio. El sistema de acumulación de capital y producción económica se muestra dependiente de la tasa de beneficio, principal animador de la inversión, cuya trayectoria dibuja oscilaciones en el largo y corto plazo contradictorias que abocan a crisis endógenas que sólo pueden contrarrestarse por factores socioeconómicos e históricos no automáticos (conflicto de clases, conflagraciones bélicas, aparición de nuevos mercados, etcétera…). El sistema no sólo es injusto sino que conduce a crisis recurrentes cada vez más severas, que afectan especialmente a la clase trabajadora y los países del Sur, y su sistema insostenible de producción y de consumo se traducen en la destrucción de los ciclos y riqueza natural, amenazando la habitabilidad saludable del planeta.

Esta alternativa rupturista no persigue por tanto aliviar o mejorar las relaciones entre clases sociales, sino romper con las reglas y privilegios que ocasionan la injusticia, la insostenibilidad ecológica, la ineficiencia y destrucción que el sistema socioeconómico causan en condiciones de vida, culturas, entorno ambiental y relaciones humanas. Para ello desarrolla iniciativas que tratan de cuestionar el sistema establecido, propone alternativas legítimas de cambio, extiende sus planteamientos a las clases subordinadas, defiende modelos y medidas que satisfacen necesidades sociales y que son comprensibles para la población, e interrumpen, dificultan o alteran las normas de funcionamiento económico y político del sistema capitalista. Planteará la defensa y mejora de las condiciones sociales y de empleo al tiempo que exige y desarrolla reformas de las normas sociales para avanzar hacia otro modelo social superador del existente. En última instancia, cuestionará las relaciones de poder político-económicas, aspira y programa nuevas formas de relación social sistémica que responde de otro modo y da contenido superador a los criterios de qué, cómo producir y para quién hacerlo. No lo hará sin ser conscientes del conflicto social que, en primer lugar, se origina en la violencia sistémica de la clase dominante privilegiada y sus adláteres sobre el resto de la sociedad y la naturaleza; en segundo lugar, la tensión, y la fuerza sociopolítica necesaria, que supone tratar de cambiar las reglas de juego, al enfrentar a clases con intereses opuestos, tratando de emancipar a las clases subordinadas; y las dificultades de transición a un nuevo modelo sociopolítico que conduzca de manera alternativa y democrática la economía al servicio de las necesidades sociales dentro de un modelo ecológico y humanamente sustentable.

Aunque las respuestas y criterios pueden ser diversos para ese futuro emancipado de las viejas cadenas hoy en pleno vigor (pero en el que aparecerán otros problemas, porque siempre los habrá, si bien se espera que de una tensión de otra índole), y muchos deberán ser desarrollados y afinados, dentro de éste último y abierto horizonte con miles de escenarios de futuro, no por ello nos encontramos con un vacío de posibles respuestas que no puedan no sólo idearse para el futuro sino también anticiparse para el presente. Así, para acercarse a ese futuro, la economía debería cambiar para estar lo más posible bajo la toma de decisiones democrática participada políticamente por el conjunto de la población, sin privilegio alguno. Las áreas sociales y económicas básicas y estratégicas (energía, sistema financiero, suelo, alimentación, transporte, comunicaciones, sanidad, educación, protección social, seguridad, etcétera) deben irse gestionando, regulándose o controlándose bajo un poder social público. Estas áreas deberían estar cada vez más orientadas por una planificación democrática indicativa que dimensionase el nivel y contenido general de la inversión de cada actividad una vez decidido el nivel y tipo de consumo asumible de la población, y la economía orientada estaría combinada, en contextos de escasez y bienes no imprescindibles para unas condiciones de vida entendidas como básicas, con sistemas de mercado regulado no capitalistas para el resto de bienes y servicios. Los sistemas empresariales se desarrollarían bajo la orientación del excedente (hacia la reinversión, la innovación tecnológica y empleo de procesos, materias primas, productos y servicios; la formación, la transferencia de excedente a otros sectores prioritarios, etcétera) y se gestionarán no por el máximo beneficio sino por seguir criterios de máxima eficiencia, solvencia y mínimo coste social, en el marco de la autogestión de los y las trabajadoras y el control público, democrático y transparente.

¿Y a ti qué es lo que más te convence?.

La empresa red y la subcontratación.

Daniel Albarracín Noviembre 2008.

El siglo XX ha asistido a dos procesos que, aunque aparentemente contradictorios, forman parte de una paradoja explicable: un proceso intenso de concentración del capital, en términos de concentración del poder, control y propiedad en subgrupos sociales cada vez más concretos; y un proceso, al menos desarrollado en las últimas décadas, de descentralización de los procesos productivos en redes de empresas proliferando un gran abanico de diversas tipologías y tamaños organizativos, que mantienen, no obstante, una jerarquía entre sí. La empresa es cada vez menos la unidad operativa completa de un proceso de producción, sino simplemente una pieza de un gran engranaje que tiene forma de red. Los grupos empresariales y las constelaciones de compañías que conforman a su alrededor se caracterizan por recurrir a procedimientos legales para flexibilizar sus relaciones, difuminando la responsabilidad de las empresas principales respecto a las empresas dependientes, entre las que están las subcontratadas, aun cuando forman parte del mismo proceso y buena parte de su destino está concebido desde un núcleo empresarial, a veces transnacional, dado.

Cierto núcleo del capital, en una fase menos próspera como el que se inaugura tras la década de los 70, blinda el corazón de sus propiedades generando un cinturón muy amplio de empresas, divididas formalmente pero relacionadas productiva, mercantil y financieramente, que asumen los principales riesgos de mercados cada vez más volátiles. Serán estas empresas-satélite, las de ciclo vital más corto, las que colonizan el espacio de las viejas empresas independientes en retroceso.

Los sindicatos han conseguido en los últimos treinta años consolidar la participación y representación de los y las trabajadoras organizándose y obteniendo un papel destacable en el diseño del marco institucional de relaciones laborales en este país. Sin embargo, aunque mediante la negociación colectiva y el diálogo social se ha consolidado una protección jurídica, social y laboral para la inmensa de trabajadores y trabajadoras asalariadas, con una cobertura muy elevada, las condiciones de esta protección y su aplicación es francamente desigual, en especial en algunos sectores, segmentos de empresas y de sus plantillas. Nos encontramos con un entramado empresarial, avalado con la legislación actual, que permite otro foco de dualización. Nos referimos a las llamadas empresas auxiliares y subcontratas, en la periferia del tejido productivo, y, por consiguiente, en la periferia de los derechos laborales y sindicales. Naturalmente, en el centro o en el núcleo están aquellas empresas que se caracterizan por situarse en la zona de los mercados más estable, segura y rentable. Estas tienen capacidad de determinar muchas condiciones de su sector, y controlar la toma de decisiones hasta el punto de instrumentalizar a un gran conjunto de empresas que dependen de su capital, sus pedidos o su suministro.

Al día de hoy, precisamente cuando la interrelación de la producción de bienes y servicios es más tupida, y donde hay claros entramados de concentración del control de la toma de decisiones y de los beneficios que causan, se produce un profundo proceso de diferenciación jurídica de entidades económicas, con el claro propósito de conformar un mapa de distribución de los riesgos y privilegios totalmente asimétrico y desigual. Naturalmente, en primera instancia y de manera más superficial, entre diferentes empresas. Y, en segundo lugar, pero de manera más profunda e importante, entre diferentes segmentos de la población asalariada.

Nos encontramos con una legión de entidades subalternas de cierto núcleo transnacional y oligopólico del capital. El formato puede adoptar la forma de filial, concesionario, o simplemente proveedoras o distribuidoras –como las franquicias-. Los y las trabajadoras en ellas empleados –abarcando incluso a veces hasta su gerencia, que bien pudo ser en su día un técnico interno de la principal-, sea cual sea su forma de contratación, se encuentran en una situación comparable más vulnerable que los de las grandes empresas. Así, un importante y creciente porcentaje de entidades, la mayoría PYMES, constituyen las denominadas redes de subcontratación, siendo el caso extremo aquellos trabajadores que son empleados como autónomos económicamente dependientes, falseando la condición de asalariado. Muchas de estas empresas se originan en procesos de externalización y subcontratación sucesivos originados en antiguos departamentos de las clásicas compañías fordistas. Este proceso es el que explica, en buena parte, el crecimiento estadístico del mal llamado sector servicios, cuando anteriormente las funciones de estas empresas formaban parte del proceso industrial.

Los casos más evidentes y conocidos son los de la construcción y la industria. En el caso de la hostelería y el comercio, se comportarían de manera afín concesionarios o franquicias, o proveedores y distribuidores “en exclusiva”; también son habituales en otros sectores, como el caso del sector financiero, el sector de la limpieza o la ayuda a domicilio, entre otros, donde las variopintas empresas de servicios están más presentes.

Coincide este proceso con un desdibujamiento de los derechos, tutelas y de la eficacia de la autorepresentación y defensa de los y las trabajadoras en dicho marco, bajo formas que no dejan de sorprender. Uno de estos fenómenos, el del mal uso de la subcontratación, es causa de mayor atomización de la población trabajadora. Y esto se debe a cómo la regulación mercantil y sus usos abren paso a nuevas formas de empresa, corriendo en paralelo y complementariamente al proceso de implantación de una regulación laboral flexible (para las empresas, y rígida para las condiciones de vida y trabajo de los y las trabajadoras). Esta situación ocasiona que la cartografía de la tutela, derechos y protección legal para los y las trabajadoras esté llena de agujeros, especialmente si nos referimos tanto al cumplimiento de la normativa sociolaboral o la negociación colectiva, como por la posibilidad de intervención sindical, o para los márgenes de representación efectiva, dejando pocas opciones de participación sustantiva de los y las trabajadoras en parte de nuestro tejido productivo.

Hasta la fecha los sindicatos se habían preocupado por consecuencias extremas de este fenómeno creciente. En particular, por la situación de riesgo en materia de salud laboral y de cierta falta de definición de la responsabilidad del empleador en actividades peligrosas y penosas. Con la insistencia en este capítulo, que incluyen una recogida de unas 600.000 firmas para una ILP, se consiguieron avances en la regulación de la subcontratación –en normativas o convenios colectivos- en sectores como el de la construcción (Ley de 2006) o el de químicas (convenio 2007). Avances que no impiden que se aspire a seguir acortando la brecha de la desigualdad aún presente.

La salud laboral es algo muy básico, y, sin embargo, no es lo único que causa inquietud. En efecto, el fenómeno de la subcontratación atañe a otras tendencias que, a nuestro juicio, deterioran la calidad del empleo e incluso los modelos de gestión laboral. La subcontratación impide la participación consciente del trabajador como colectivo en el proceso de producción y en la organización del trabajo, pues se parcela a las plantillas y casi todo está determinado externamente; y crea un mayor riesgo de pérdida o precariedad del empleo, porque las empresas principales derivan los riesgos a entidades sólo formalmente externas. El fenómeno de la subcontratación encubre un proceso de disolución de la responsabilidad del capital en cuanto a su función social de empleador.

Los sindicatos han sido relativamente activos en este punto, y se les ha reconocido legalmente que no tiene justa razón de ser que se conformen empresas de servicios cuyo único propósito es proveer mano de obra sin mayor valor añadido organizacional. De este modo, se ha reconocido que la simple actividad empresarial consistente en la provisión de trabajadores en estas condiciones se entienda ilegal. Las únicas empresas que se admite que realicen este cometido son las Empresas de Trabajo Temporal, en el marco de unas garantías y condiciones establecidas. Sin embargo, la evidencia y algunos usos empresariales parecen desbordar el espíritu las leyes, y los escasos controles que las hacen cumplir. Y eso inquieta.

El desfiladero es pronunciado cuando las entidades tienen como principal cometido proveer mano de obra en tiempo y forma, con una aportación o valor añadido como organización difícil de probar. Mientras resulta complicado denunciarles por cesión ilegal (contemplada en la reforma de 2006), parece comprobarse fehacientemente que sus condiciones laborales son más baratas y de mayor dureza en estas “empresas de servicios” que cuando se cuenta con personal interno.

La reforma de 2006 produce, no obstante, un relativo avance en este terreno –no en todos, ni globalmente-, ofreciendo un recorrido para aprovechar sindicalmente. Las empresas principales que recurran a contratas o subcontratas y compartan centro de trabajo deberán disponer de un libro de registro, identificando las empresas citadas, a disposición de los representantes legales de los trabajadores. Esto será un instrumento para la acción sindical y para identificar responsables ante cualquier trasgresión de la legislación o los convenios colectivos. Los y las trabajadoras de las empresas contratistas y subcontratistas, si no tienen representación legal, tendrán derecho a formular a los o las delegadas de la principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, cuando compartan centro. Y si la tienen, pueden coordinarse una RLT con la otra, disponiendo de un local adecuado y emplear medios para comunicarse con toda la plantilla. Este avance no impide valorar que se puede y se debe ir más allá, tanto en el uso de esta posibilidad, como en una regulación más exigente.

El fenómeno de la subcontratación, causa, al menos, una triple dependencia de la plantilla de la contrata: a la economía y la marcha del mercado, al cliente o empresa principal, y al empresariado de la propia empresa. Sólo esto, si no se incurre en las subcontrataciones en cadena. Esto concuerda con la inestabilidad contractual, mucho mayor en las contratas. Situación que inculca docilidad en sus plantillas o un fenómeno, también percibido por las empresas, que consideran pernicioso: la falta de fidelidad y compromiso de sus recursos humanos.

Los y las trabajadoras de las empresas de servicios, o contratas, se hallan desprotegidos porque padecen unos convenios menos garantistas y con peores condiciones, asignados a sectores muy diferentes de las actividades en las que realmente se aporta, o incluso conformando sectores de “nueva creación” –a nuestro juicio, una actitud oportunista y ventajista-. Un problema específico es el de las empresas multiservicio, pues pueden escoger el convenio sectorial que más pueda convenirlas. Así se dificulta, en aspectos importantes, una cooperación entre plantillas de principal y auxiliar, o se fomenta su rivalidad. Objetivamente estos y estas trabajadoras se encuadran en un colectivo empleado en medio de relaciones muy individualizadas con convenios que rebajan las condiciones anteriormente conquistadas.

En los convenios encontramos alusiones a la regulación de la subcontratación, respecto de las empresas principales, ahora bien, su tratamiento tiene aún un contenido poco consistente y está por desarrollar. En general, las referencias a esta regulación residen en los convenios sectoriales, sean estatales o provinciales, y son escasos a nivel de empresa. Hay que poner énfasis el tratamiento del seguimiento y control de la subcontratación.

Si bien lo habitual es una simple referencia al Estatuto de los Trabajadores cuando se incluye esta materia en los convenios colectivos, con el objeto de evitar la pérdida de derechos por la descentralización, se suele delimitar conceptualmente qué tipo de subcontratación es aceptable, qué responsabilidad del empresario se desprende de ella, el derecho a la información de los representantes sindicales, se regula la prevención de riesgos laborales y los supuestos de subrogación empresarial (para mantener el empleo en lo posible) y cuando tiene cierto desarrollo, se refieren a los siguientes puntos:

· Supuestos de exclusión y delimitación del recurso a la subcontratación a ciertas actividades, como en el caso de Sony.
· Supuestos de restricción defensiva en el que se previene de una reducción de plantilla en la empresa principal por el recurso a una empresa contratista.
· Cláusulas que tratan de proteger a los trabajadores de las subcontratas. Hay cláusulas que, como en el Convenio Colectivo Autonómico de Hostelería de Baleares, reclaman la igualdad de condiciones laborales entre trabajadores de la principal y la contrata. Posiblemente, al exceder el ámbito de la negociación, resultan problemáticas jurídicamente.
· En materia de responsabilidad empresarial, en el sector de la construcción, es habitual la asignación al empresario de la principal de asumir la indemnización no salarial por muerte o incapacidad absoluta por accidente o enfermedad profesional. Sea como fuere, la seguridad e higiene es responsabilidad jurídica de la empresa principal consagrada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Quizá los únicos sectores que desarrollan esta dimensión más allá son la construcción y el sector petroquímico. Asuntos como la protección y formación igual, en materia de prevención, sí tienen más presencia en los convenios de empresa, que, en todo caso tiene (Empresa Petroquímica Española, S.A, o Repsol, por ejemplo) un papel más garantista que otros de orden superior.
· En el convenio de Químicas ahora en vigor, de 2007, se afirma que se velará por la responsabilidad social de las empresas de servicios, comprobando que estén al corriente de una serie de derechos laborales, así como que mantengan un porcentaje de empleo indefinido; que no se podrá emplear plantilla subcontratada para cubrir horas extras en fin de semana o festivos; y la empresa proporcionará una información amplia sobre supuestos subcontratación a los comités de empresa.
· Hay mayor atención a los procesos de subrogación cuando hay sucesión de empresas subcontratadas. El Estatuto de los Trabajadores garantiza la subrogación de derechos y deberes laborales y de Seguridad Social si hay transmisión patrimonial de una empresa a otra, aunque algunos convenios sectoriales pueden establecerlo en más casos. En cuanto a la garantía de continuidad del empleo las reglas son muy diversas de convenio a convenio. En general, cuando existen, refieren a los empleos con vocación de continuidad y que se ejecutan en las instalaciones de la empresa destinataria de la obra o servicio, fijándose también en la antigüedad (unos 3 meses), la permanencia mínima, la modalidad contractual, el centro de trabajo, tareas o categoría profesional de los empleos a mantener. Estos empleos han de ser asumidos, habitualmente, por la nueva contrata.

En suma, en las últimas décadas, una mala concepción y mal uso del derecho mercantil está desbaratando el papel del derecho laboral, limitando su eficacia protectora y de la acción sindical. Las empresas han encontrado una enorme oportunidad en el uso y abuso del derecho mercantil, que invade, de manera indirecta pero real, el espacio y competencias naturales y específicas del derecho laboral.

Los salarios en el centro de la escena

Los salarios en el centro de la escena: ¿cuál es su papel?.
Daniel Albarracín
Enero de 2009

1. Los salarios y su interpretación: ¿cómo influyen en la economía?.

Los salarios han sido una de las piedras angulares dentro del capítulo de política de rentas. Ha recibido argumentaciones y valoraciones dispares en función del paradigma económico y los intereses a los que respondían los respectivos actores y autores que razonaban.