“Números Rojos”: iniciativas ciudadanas sobre las deudas.

Daniel Albarracín, sociólogo y economista.

Recientemente, la revista de economía crítica "Números Rojos", por cierto de gran calidad, me entrevistaba Peggy Martinello sobre las Auditorías ciudadanas sobre las deudas. En el número 4, publicado el 17 de Octubre de 2012, aparece un artículo ("Tú gastas...¿yo pago?, pág. 66-69) en el que se reflejan algunos de las opiniones que les facilité dentro de un texto más largo muy recomendable. En este post os incluyo el conjunto de preguntas que me plantearon y las contestaciones que les dí. Espero que os sea de utilidad.

A- La deuda en España

 1. ¿Se puede evaluar la parte ilegítima de la deuda española? ¿De donde proviene?

Acerca de la categoría deuda odiosa hay un reconocimiento en tratados internacionales, y experiencias históricas, en la que Estados soberanos han declarado el impago de deudas contraídas en condiciones de corrupción, para finalidades de guerra que beneficiaban a los acreedores o a los dictadores que lo solicitaban, etcétera. En cambio el término deuda ilegítima no tiene un amparo legal, pero sí unas bases éticas y políticas fundadas en criterios de justicia.

La deuda ilegítima puede originarse por diferentes vías, entre las cuales pueden destacarse las siguientes, en base a diferentes dimensiones del problema:

Por qué se contrajo:

En términos de relevancia de volumen, la mayor parte de la deuda se produce por mecanismos que en la práctica conducen a una socialización masiva de pérdidas, en una conversión a gran escala de deudas de naturaleza privada en deuda pública. Principalmente:

a)      Desfiscalización de las rentas del capital y modelo fiscal regresivo. Esto conduce, más aún en combinación con la recesión, a un desplome de la recaudación fiscal, y a una caída de los ingresos públicos.

b)      Aumento del gasto público, fundamentalmente a través de subvenciones al capital o rescates bancarios (estos últimos ascendieron al 13%PIB entre 2008 y 2011). Eso no impide, es más lo explica, que las políticas de bienestar social sigan retrocediendo.

c)      La política económica escogida se inclina a aumentar la financiación de lo público a través de fórmulas de endeudamiento frente a las propias de la fiscalidad. El capital privado no se ve gravado fiscalmente como debiera, y, en cambio, encuentra una fuente de negocio en la compra de la deuda pública, que es remunerada a cada vez mayores tipos de interés.

d)     Otra fuente decisiva y que, por sí misma arreglaría los problemas de déficit público en el Estado español, es el fraude fiscal y la huida de capitales a paraísos fiscales. El fraude se estima merma los ingresos fiscales en aproximadamente 59.515 millones para 2009, con tres cuartas partes del mismo (41.582 millones) localizados en grandes empresas (Gestha,2011). A este respecto, por el contrario, se han aplicado sonrojantes e ineficaces amnistías fiscales para repatriar estos capitales.

En qué condiciones se contrajo:

El erario público ve drenar crecientemente su presupuesto, al tener que detraer recursos para la devolución del principal de la deuda y unos crecientes intereses.

-          El diseño de la Unión Europea conlleva varios problemas que conducen a mayores necesidades de financiación de los países periféricos y de sus clases populares:

a)       Primero, ante la ausencia de mecanismos de compensación, como por ejemplo podría ser un presupuesto público europeo capaz de converger las condiciones de vida y de productividad de los diferentes países, el mecanismo desigualitario de la economía de mercado, aboca a posiciones divergentes en la división internacional del trabajo y a posiciones de negociación muy desfavorables a los países más débiles.

b)      Segundo, al contar con una moneda única, que impide devaluaciones, se traduce en desequilibrios de la balanza de pagos que empujan a mayores necesidades de financiación. Con ello, además, en un entorno capitalista de competencia, los países se acogen a devaluaciones internas, de los salarios, de su fiscalidad, etcétera, que se traducen también para las clases populares en necesidades de recurso a crédito para compensar su menor capacidad de pago, y a los Estados más déficits por caída de su recaudación.

c)      Tercero, el Banco Central Europeo no se le admite prestar a los Estados directamente, instaurándose un mecanismo monopolista del crédito para el sector bancario. Esto supone tanto un negocio para la banca privada, ante los diferenciales de interés entre el crédito provisto por el BCE (ahora al 0,75%) y los tipos obtenidos por la deuda soberana de algunos países (entre el 4 y el 7%), como un encarecimiento de las posibilidades de financiación de los Estados miembros, y por tanto un crecimiento excesivo de su deuda.

d)     Cuarto, los tratados que se originan en Maastricht (Estabilidad, del Euro, Fiscal, etc…) se basan en el corsé a los déficits y endeudamientos públicos. La forma es que se ha materializado estos corsés, constitucionalizados en el caso español en 2011, han sido los recortes a las políticas sociales, privatizaciones de servicios públicos, y aumento de impuestos indirectos –que entrañan un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más bajas-. No obstante, como hemos señalado, hay que denunciar el doble rasero, porque en la práctica, el gasto público, en estos años de crisis está en niveles muy altos, y no pueden explicarse por los servicios de bienestar público, que han caído (salvo el capítulo de prestaciones a desempleo), sino por los sucesivos rescates realizados al capital privado.

- De manera indirecta, la caída de los tipos de interés reales en el Estado español, más acusada que en otros países debido a una inflación comparada algo mayor, y el manguerazo de crédito desde el BCE, se tradujo en un contexto de política monetaria expansiva completamente inaudito. Esa facilidad de crédito no fue bien orientada ni aprovechada a favor de la mayoría social. Se destinó a la burbuja inmobiliaria en gran medida. Los sucesivos gobiernos y el Banco de España en vez de regular el sistema financiero con pautas para reorientar ese flujo masivo de crédito, hizo lo contrario, fue extraordinariamente laxo, relajando todas las reglas, y sin realizar medida alguna de interés para reconducir esta financiación. En cambio, los consumidores finales de hipotecas fueron animados hasta la irresponsabilidad a pagar precios desorbitados por sus viviendas, en condiciones muy desfavorables en caso de impago, en materia de avales y garantías, cuando era conocido que el mercado inmobiliario cuando ha tenido picos de crecimiento suele volver después a su sitio y a la estabilidad.

Para qué se contrajo

Ante la renuncia del Estado a financiarse principalmente con impuestos, se ha recurrido crecientemente a la deuda. Como hemos señalado, los usos de esta financiación no fueron a parar a inversiones públicas de utilidad, a cambiar el modelo productivo en otro de naturaleza sostenible, o a crear empleo. En cambio, las administraciones públicas emprendieron proyectos faraónicos y muchas veces inútiles a precios desmedidos, que engrosaron los ingresos de grandes compañías privadas. Son los casos de aeropuertos sin actividad, grandes eventos deportivos (olimpiadas, formula 1, etc…), o AVE –cuando su uso en ciertos trayectos en menor, y cuando habría sido más interesante apostar por redes de cercanías más necesarias-. Es común también señalar los gastos militares, y las diferentes aventuras del ejército español en países lejanos en aras de fines oscuros. Hemos señalado ya, que, sin embargo, la mayor parte ha ido a salvar las cuentas privadas de bancos y sectores como el de la automoción con subvenciones y rescates sucesivos. Una parte, importante por su mala ejemplaridad pero no mayoritaria en el conjunto, acabaría en proyectos ligados a la corrupción, pero en estos casos la necesidad de pruebas impide concretar más.

2. ¿Es realista en España un escenario "a la ecuatoriana", con una anulación de la deuda ilegítima; y una renegociación de la otra parte?

Ni que decir tiene que conjuntamente a un eventual repudio de la deuda, es preciso interrumpir las políticas que encaminaron a esta situación –por tanto, estableciendo un régimen fiscal progresivo y un modelo de gasto redistributivo-, así como complementar la operación con soluciones que abarquen una transformación del modelo bancario (poniendo en el centro a una banca pública bajo control social), y de manera urgente un sistema de control de movimientos de capitales que impida su fuga.

Realista es todo aquello que es posible. Y un escenario como el que desarrollo el gobierno de Rafael Correa no sería descartable si hubiera una correlación de fuerzas favorable para ello. Ahora bien, ha habido diferentes modelos de reestructuración de las deudas y puede haber muy diferentes.

No es lo mismo declarar un impago (default) en base a una negociación entre las partes que como resultado de que la caja pública este exhausta, como fue el caso Argentino. Retrasar tanto la decisión hace más difícil una respuesta a la crisis en buenas condiciones.

No es lo mismo que la reestructuración la defina el acreedor como se realizó hace meses con el 50% de la deuda griega, o el de los años 80 en México, que se emprenda a través de la iniciativa del endeudado, como son los casos de Ecuador o Islandia. En el primer caso, simplemente se quiere prolongar el ejercicio de exprimir a esas economías, si bien en condiciones que puedan tener alguna continuidad –un país en ruina no puede devolver nada-. Si se hace a iniciativa propia, la liberación de recursos destinadas antes al pago de la deuda permitiría, por el contrario, impulsar la inversión y medidas de bienestar social prioritarias. Tampoco es igual que la operación sea producto de una demanda social ampliamente respaldada y participada por legítimos representantes al servicio de la población, que una operación pergeñada por el gobierno sin consulta alguna. Esto es sumamente importante, porque el impago puede llegar a tener consecuencias no deseables que la población debe asumir –bloqueo financiero internacional temporal, por ejemplo., para que el gobierno no se venga abajo. Además, la participación democrática de la población impediría privilegios en el diseño del proceso, con lo que el convencimiento social sería garante de la viabilidad de la solución.

Tampoco es lo mismo una moratoria –como reclamaba Siriza para Grecia- que una suspensión de pagos. Y dentro de las suspensiones de pagos, no es equivalente una reestructuración parcial o selectiva –con lo cuál hay que determinar los criterios de dicha selección-, una modificación de las condiciones (intereses, plazos, etc…) que un impago o quita total. A este respecto, parece aconsejable que la operación se realice con un amplio respaldo social y con un criterio inteligente que pueda atender a lo siguiente:

• El porcentaje de deuda que se estime ilegítima más la odiosa, para declarar un impago porcentual proporcionado y ampliamente reconocido por la población.
• La tipificación e identificación en su caso, de lo que sería “pequeño ahorrista”, lo que equivale a identificar personalmente a los tenedores de deuda y de su nivel de renta y riqueza. A este respecto, parece aconsejable salvaguardar los intereses de este colectivo, que siendo muchas personas, sin embargo, no comporta en volumen dinerario mucha proporción.
• La posible negociación con algunos acreedores, de cara a la continuidad de seguir consiguiendo flujos de financiación, del ablandamiento sustancial de las condiciones de devolución de la deuda.

B- Auditoria ciudadana como nueva forma de acción colectiva

 3. Si tuvieras que definir el proceso de las auditorias ciudadanas en 5 líneas...

Se trata de una iniciativa de grupos populares que quieren conocer las políticas y presupuestos públicos, a diferentes escalas, para determinar la orientación y uso de los recursos públicos. Su objetivo es determinar si responde o no a razones legítimas la deuda acumulada por los poderes públicos, con el propósito de denunciar cualquier abuso y comprometer pedagógicamente a la población con los asuntos públicos.

4. ¿Cúal es el alcance de las auditorías ciudadanas? ¿Pueden realmente cambiar las cosas?

En mi opinión, sí. Permite el empoderamiento de la población, devolver lo público al espacio del debate democrático participativo, y reabrir un espacio para la política abierta a la ciudadanía. Cuanta más grupos sociales se involucren más difícil lo tendrán las clases privilegiadas y los partidos políticos del régimen para orquestar sus operaciones ventajistas.

5. En tu opinión, qué tiene más alcance: ¿iniciativas atomizadas, a nivel local, pero numerosas; o una iniciativa global a nivel nacional?

En mi opinión, no es conveniente colisionan las unas con las otras. Pero sí debe entenderse que su papel, complementario, cumple una función distinta, y ha de transcurrir su acción y cometido por vías diferentes.

A escala internacional, la clave no sólo es el intercambio de experiencia comunes, sino la movilización unitaria, capaz de enfrentarse a poderes transnacionales.

A escala estatal, la información global en torno a las políticas y el manejo de los presupuestos públicos, nos da una mejor visión de conjunto y una línea argumental en torno a cambios de naturaleza política, no solamente cuestionando a los partidos del régimen, sino al propio esquema de políticas económicas y al propio sistema capitalista en sí.

A escala territorial, permite identificar prácticas fraudulentas y operaciones fácilmente visibles para el vecindario. Su vía de trabajo es la identificación de programas, proyectos y concesiones que puedan esconder estos abusos.

Dicho así, creo que cualquier grupo antes de nada debe identificar grandes argumentos que abarquen la política estatal e internacional, que se involucren en experiencias de movilización generales, y, llegado el caso, y si se tiene acceso a documentación local, mostrar dichos ejemplos como casos a denunciar. Este es un modo de articular las diferentes dimensiones, desde mi punto de vista.

6. Si mañana quiero lanzar una iniciativa de auditoría ciudadana, ¿qué hago?

Lo primero que no hay que confundir es una auditoría ciudadana con un ejercicio de contabilidad. Aunque el examen económico y contable en algunos casos puede ser aconsejable, el objetivo de las auditorías es fundamentalmente de naturaleza política. Afrontar esta operación como una operación de auditoría de empresa –aplicada en este caso a las administraciones públicas- sería limitar el alcance de la iniciativa. La crisis no se debe únicamente a estafas o corrupciones, porque ni estas son las operaciones más relevantes que explican el problema, y porque, si sólo fuera eso, parecería que simplemente se ha producido un problema de gestión sin ética de un sistema que funciona. Muy al contrario, la cuestión radica en las políticas y la lógica sistema que tienen detrás. Esto no equivale a hacer denuncias ni morales ni abstractas, porque deben señalar esas políticas concretas y esas lógicas que nos han conducido a esta situación.

Una vez me dijeron que en tal caso estamos ante un proceso de evaluación de políticas públicas, más que a una auditoría en sí. Sea cual fuera el término, me parece que es importante trascender un ejercicio de contabilidad que sólo está el acceso a especialistas que, por otra parte, van a contar con escasa documentación, salvo que se forme parte del propio aparato de las AA.PP.

Dicho de otro modo, primero hay que empezar por cualificarse con el análisis generales, difundir ejemplos y denunciar las políticas en cada entorno en el que cada uno se mueva, y sumarse a las movilizaciones generales que presionen a los responsables de esta situación, sin renunciar a secundar iniciativas de participación y control ciudadano de las propias políticas públicas, con estos criterios de debate público, democracia y a favor del interés de las mayorías.

7. ¿Cuál es el panorama de las auditorías a nivel europeo? ¿algunos países están más avanzados en su organización? ¿existe una coordinación a nivel europeo?

Quizá esta respuesta pueda realizarla mejor otras personas. Pero, por lo que conozco, empiezan a proliferar plataformas ciudadanas por la auditoría de las deudas en diferentes países, hay experiencias de intercambio, y hay organizaciones sociales que contribuyen y animan a que se produzcan (CADTM) cualificando las mismas y contribuyendo a una orientación (incluso con manuales para trabajar sobre el asunto) que permita convergencias metodológicas. Creo que las perspectivas son muy positivas al respecto.

C- Perspectivas

8. Auditorias ciudadanas, ¿y después?

Las plataformas creadas al efecto forman parte de movimientos sociales y organizaciones que deben sumar y contribuir con su experiencia a cualificar las reivindicaciones populares para no sólo reclamar un justo repudio a las deudas ilegítimas, sino también luchando por una transformación sociopolítica general.

9.¿Deberíamos temer represalias si se anula la deuda? ¿los ciudadanos podrían empobrecerse más? ¿qué alternativas tendríamos para la financiación de la economía?

Los procesos de anulación de deudas han solido venir acompañados por un periodo de bloqueo de la financiación internacional, como primera reacción. Pero este bloqueo nunca ha sido total, porque pueden buscarse otras vías de financiación internacional con países amigos (viejos o nuevos); ni permanente, porque al cabo del tiempo, especialmente si se recobra la recuperación, los capitales regresan a realizar sus inversiones, como sucedió en México, Rusia o Argentina. El capital es muy pragmático al respecto.

Es necesario recordar, que cuando se deja de pagar una deuda hay un montante de recursos que, al dejar de pagarse, pueden dedicarse al impulso interno de la economía, con lo que se cuenta, en este sentido con una autofinanciación nueva. También, en el marco de un control del movimiento de capitales, puede recurrirse a la vía principal de financiación pública por antonomasia: el régimen fiscal. Una fiscalidad progresiva y más justa, que combatiese decididamente el fraude, podría suministrar los recursos que por otra vía no se contase.

No obstante, y para ser realistas, el escenario no sería seguramente fácil, y por ello debiera tomarse consciencia que por razones ecológicas como para revertir la crisis de sobreproducción, es muy posible que debamos cultivar una cultura de la austeridad. Una austeridad fundamentalmente cargada sobre los capitalistas y sobre los sistemas productivos insostenibles medioambientalmente, combinada con el impulso a modelos de energía basados en las renovables, y con el impulso de servicios de bienestar –educación, sanidad, dependencia, escuelas infantiles, cuidado y regeneración medioambiental, etc…- a gran escala, creadores de empleo por ser intensivos en mano de obra. Producir menos pero mejor, repartiendo mejor para satisfacer adecuadamente podría ser una línea de reflexión en este sentido. Asimismo, parece completamente imprescindible pensar en soluciones internacionalistas, que recompongan las relaciones entre pueblos y sus criterios de cooperación. A este respecto, debo transmitir mi opinión, que las acciones encaminadas a construir economías y monedas locales, de comunidades de proximidad, sólo tendrán viabilidad en un marco social general propicio, porque de otro modo o serán soluciones refugio insuficientes, o estarán abocadas a la inanición.