23/9/16

El sistema bancario español: el emperador está desnudo, ¿quién y cómo lo vestirá?.

Este artículo ha sido publicado en la revista Viento Sur


Daniel Albarracín. 22 de Septiembre 2016.

Un relato de legitimidad que ha de ponerse en entredicho.
En las últimas décadas se nos había venido insistiendo en que el neoliberalismo consistía en una doctrina que idolatraba la eficiencia prácticamente automática del mercado. Se afirmaba que esta institución de intercambio facilitaba una asignación apropiada de los recursos, que era el canal mediante el cual era posible el crecimiento de la renta, la creación de empleo y de la riqueza de las naciones. Durante mucho tiempo, se nos aseguró que el capitalismo funcionaba gracias a la iniciativa innovadora y emprendedora (Schumpeter, 1942)[1], virtud sólo al alcance de capitanes de industria, que revigorizaba cada ciclo de negocio con su arrojo y asunción del riesgo, por lo cual recababan un merecido beneficio. En su defecto, la concentración de capital en grandes colosos transnacionales acumularía economías de escala y diversidad que promoverían el desarrollo. Primero desde focos de creación, después diseminando sus logros a todos aquellos que tomaran las mejores prácticas de eficiencia en términos competitivos (Rostow, 1963)[2]. No queda más que un borrón en el texto de aquellas apelaciones a la competencia para permitir escoger a los mejores. Básicamente porque nadie se cree que la economía capitalista funcione así, ni pueda hacerlo. Ha quedado muy lejos la consideración de que el Estado era un monstruo que encorsetaba el margen de maniobra y la asignación apropiada que realizan las grandes corporaciones en un marco de economía de mercado. 

En el nuevo contexto, se ha modificado, sorprendentemente y sin que apenas nadie lo advierta, el paradigma de legitimación del régimen socioeconómico vigente. Ahora, dicen, el pilar de la economía radica en el sistema financiero, pilar del crédito y la liquidez, y combustible de la posible inversión. Y el Estado ha de desempeñar un papel crucial, empleando todo su andamiaje político e institucional[3] para garantizar que la banca se sostenga, porque de otro modo, la economía seguirá embarrancada. 

En todo este relato encontramos numerosas fallas. La primera de todas es que este relato no se corresponde con la realidad. La segunda, es que, ni que decir tiene, ni siquiera su funcionamiento, si se diera en esos términos, beneficia a la mayoría social. Todo este andamiaje sesga la interpretación de lo que sucede para prestigiar lo inaceptable, dándole méritos a quien expropia el esfuerzo y el saber de millones de trabajadoras y trabajadores. Además, cabe decir, que los intereses conjuntos de la banca y la industria cada vez se confunden más entre sí, intercambiando consejeros en uno y otro sector, y contando con estrechos privilegios compartidos para sostener lo que no puede llamarse de otra manera que un sistema organizado de explotación del mundo del trabajo y de apropiación del sector público. Sea bien para su privatización, sea para su instrumentalización y poner en marcha políticas a su favor.

Cabe señalar, además, que, constituyendo el sistema financiero, en efecto, un sector estratégico de la economía, en el que el Estado ha de garantizar su funcionamiento en última instancia, resulta un contrasentido que la banca esté en manos privadas. La banca privada siempre está dispuesta a acaparar beneficios, sin reparos en operar arriesgadamente, porque sabe que contará con el colchón del sector público llegado el momento, socializando pérdidas, al erigirse en el actor fundamental que determina la política monetaria de un país (incluso más allá que el propio banco central, dada la capacidad real de creación de dinero mediante el mecanismo de la deuda). Esta situación de riesgo moral ha de poner en el centro de la escena la necesidad de una regulación del sistema financiero más intensa, y la urgencia de que el núcleo del sistema bancario se encuentre en manos públicas bajo criterios de gestión solvente y a favor del interés general.

La situación de crisis persiste entre la banca española

La banca española en los últimos años ha sufrido la mayor metamorfosis de su historia. Se erigió en el agente que facilitó la extensión de crédito, y medió en la multiplicación de capital ficticio. Su sobredimensionamiento y exceso de protagonismo han sido consecuencia de las políticas (monetaria, desregulación financiera, etc..) que trataron de contrarrestar las políticas de ajuste, de carácter recesivo, que dieron respuesta a la crisis de los 70. En ese nuevo contexto, su peso en la economía le hace el actor clave de la hipertrofia financiera que agravará la crisis tras 2007, añadiendo un problema de provisión de crédito y de sobreendeudamiento a la crisis de acumulación. 

En un contexto de crisis, como la que se dio a partir de 2008, que deriva ahora en estancamiento, hemos comprobado como las tasas de rentabilidad (ROE) del sector bancario han descendido notablemente. Estas se encontraban en torno al 12,1% medio en el periodo 2000-2008, para a partir de entonces declinar, con pérdidas fuertes en 2012, y luego recuperarse, pero lejos de alcanzar los niveles iniciales de periodos previos. Esa recuperación pronto se ve cortada y vuelve la tendencia a la reducción en 2015, según Afi y Banco de España. El Banco de España calcula en el 5,1% el ROE de las entidades financieras españolas en 2015. Según Goldman Sachs[4] esta tendencia al deterioro de la rentabilidad persiste hasta este mismo año. 


                                       Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España. Datos para diciembre de cada año.

Los niveles de solvencia de la banca española entre tanto se ven dañados (10,7% según el ratio CET 1 según Goldman Sachs), y a pesar del fuerte desapalancamiento, aún no ha conseguido superar sus problemas. La reactivación del negocio es débil, y el riesgo de morosidad aún es alto (9,39%, 2016, al nivel de 2012, según Reuters[5]). Esta estabilización paupérrima de los indicadores de resultados y de solvencia[6] se ha abordado con un ajuste formidable del sector financiero, inimaginable antes del periodo de crisis.

Se ha producido la mayor concentración bancaria a la que hayamos asistido en el Estado español. Entre 2008 y 2014, según la Afi, los cinco mayores bancos pasaron de acaparar el 42% de la cuota de mercado a hacerlo en un 58%, un porcentaje sensiblemente superior a los casos francés, italiano, alemán y británico. En esta operación, no puede dejarse de recordar que la mitad del sistema financiero español, las cajas de ahorros, prácticamente han caído en brazos del sistema privado, mediante absorciones y compras muchas veces con la ayuda del sector público. Proceso que fue inaugurado ya con el gobierno de Zapatero en 2011, tengámoslo en cuenta.

Se han destruido, según la Afi y BCE, entre 2008 y 2014 un 27% del empleo en el sector (se pasó de 276.000 empleados a 202.000), un 31% de las oficinas han cerrado, y han desaparecido el 15% de las entidades financieras. El impacto fue importante en otros países, pero España multiplica varias veces el ajuste si lo comparamos con Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. El activo total del sistema financiero español, para 2014, comportaba el 338% del PIB, por encima de Francia (337%) o Alemania (242%), y sólo superado (con creces) por el Reino Unido (548%), un peso en la economía del país claramente sobredimensionado.

La banca española ha sufrido un achique de su mercado y del volumen real de su activo, en un contexto de bajos tipos de interés, y estrecho margen financiero para este periodo, que la somete a un dilema permanente: hay que ganarle mercado al competidor, pero no hay a quien darle préstamos que puedan ser devueltos con seguridad. Sin embargo, sigue con un activo sobredimensionado y niveles de solvencia frágiles a pesar de la fuerte reestructuración. 

Se nos dijo, aunque de manera elíptica, que los rescates no costarían un euro al contribuyente y que se devolvería todo ese dinero a la UE. Lo segundo fue cierto, pero lo primero en modo alguno. Además, se afirmó también que eso se haría con el propósito de hacer más sostenible financieramente la banca española. En nuestra opinión, esta operación no ha contribuido principalmente tanto a eso, aunque sin duda mantuvo vivas numerosas entidades condenadas a la quiebra, sino más bien a facilitar un proceso de reordenación y concentración bancaria, en virtud del cual la inmensa mayor parte del sector de cajas de ahorros español ha pasado a manos privadas, mediante fuertes operaciones de saneamiento con dinero público, esto es, subvenciones. Operación no culminada del todo aún al quedar todavía pendiente la posible privatización de Bankia y Mare Nostrum, tras una formidable socialización de pérdidas.

Así, entre 2008 y 2015 la banca recibió 51.303 millones de euros, dejando aparte las aportaciones al SAREB y al FROB, de los que apenas se ha recuperado un 5% del total. Cuanto menos 38.012 millones limpiaron balances de cajas quebradas, a cargo de contribuyentes y clientes bancarios, que se han empleado para sanear las cuentas y vender las entidades a precios simbólicos a la gran banca privada. Gran parte de la inyección de capital provisto por el sector público se estima irrecuperable. Eso sin contar que está pendiente la venta de Bankia, cuyo rescate comportó 22.424 millones, de la cual se espera un deterioro de su valor muy notable. También la creación de un banco malo, el Sareb, ha sido nefasta para el balance de las cuentas públicas.

¿Qué podría haberse hecho y que debería hacerse?.

Cabe decir que la banca española ha gozado del favor político del régimen partitocrático existente, y de la complicidad del sector industrial. Su predominio e influencia financiera sobre los partidos del régimen ha logrado algo que ningún otro sector, salvo el energético, podría soñar. Seguimos contando con un sector sobredimensionado, que no garantiza la función social del crédito y cuya rentabilidad se ha obtenido a cambio de un sostén económico público y un ajuste laboral extraordinario. El sector bancario privado sigue disfrutando de crédito regalado por parte del BCE, de compras de activos discrecionales, y, por si no fuera poco, ha disfrutado, de un rescate público que hubiera podido ser utilizado para el impulso de algún tipo de inversión pública socioecológica que, bien ideada, podría haber creado efectos multiplicadores en la creación de empleo y en la mejora de la economía española.

Esta operación de relegitimación del sistema bancario privado, cuando jamás había gozado de reglas tan laxas y de un comportamiento más ineficiente, irresponsable y especialmente injusto, resulta completamente inaceptable. Estos movimientos no han contribuido más que a concentrar la riqueza y el poder en menos manos. Los fabulosos rescates realizados coincidían en el tiempo con gravísimos recortes colosales en materia de derechos y servicios públicos cuanto menos desde 2010. Mientras, la crisis se ha enquistado y los problemas no dejan de engordar.

Nosotros (2016)[7] ya hemos venido planteando que este sector necesita ser reformado en términos drásticos, orientado hacia su socialización, por su carácter estratégico y no dejar que siga comportándose como un lastre debido a su naturaleza actual. Entre los cambios que precisa este sector, por razones económicas, pero fundamentalmente democráticas, se han de plantear diferentes intervenciones. 

En primer lugar, urge la exigencia de devolución de las cuantías de los rescates, sea en forma de tasa bancaria de solidaridad como plantea Podemos, o de intervención directa en los consejos de administración de la banca privada que se benefició (en cualquier momento del proceso) de estas operaciones de socialización de pérdidas (singularmente, la gran banca española). También implica necesariamente oponerse a la reprivatización de Bankia y Mare Nostrum.

En segundo lugar, en el marco de una política económica alternativa -lo que se traduce en cambios a escala española como de la UE[8]-, lo más importante pasa por la definición de un nuevo marco regulatorio para el sector financiero, que conduzca a una reducción de su dimensionamiento a cargo de accionariado y acreedores junior. Una regulación que conduzca a ponerle condiciones al privilegio de la creación de dinero de la que disfruta la banca privada, para que pueda orientarse a favor de la inversión en áreas socialmente preferentes. Una nueva ley que conduzca el patrimonio de los bancos que no la acaten a formar parte de un nuevo polo bancario público. Debe recordarse que incluso entidades tan poco sospechosas como el Banco Mundial desde 2012[9] vienen recomendando la recuperación y el papel contracíclico de la banca pública. 

Parece preciso, no obstante, ir más allá. Dicho polo bancario público, por otro lado, ha de regirse por buenos criterios de gestión solvente, buen servicio, cobertura de costes, garantía de provisión de crédito en aquellas actividades consideradas preferentes para responder a la naturaleza de la crisis. De igual modo, este polo ha de seguir una buena gestión de sus activos, algo que tiene que tener una implicación práctica en la gestión de inmuebles del Sareb, convirtiéndola en el principal recurso para una potente política de vivienda con un régimen de alquiler social. 

La banca pública que requerimos ha de estar bajo control social y democrático, con un esquema de participación social que se vacune contra los intereses creados, corporativos o clientelares de las viejas cajas de ahorros, mediante fórmulas de control mutuo, balances transparentes y rotación de los actores decisores.
Necesitamos, por tanto, un nuevo modelo de banca. Fundamentalmente, un núcleo público, con segmentos de banca especializada, que conviva con otras entidades bancarias sociales y éticas de menor tamaño próxima a las comunidades y territorios y sus necesidades. Un sector económica y socialmente tan estratégico de esta importancia no puede seguir rigiéndose por el beneficio y los intereses particulares.


[1] Schumpeter, J.A. (1942) Capitalismo, socialismo y democracia.
[2] Rostow, W.w. (1993) Las etapas del crecimiento económico : un manifiesto no comunista.
[3] A escala europea, el proceso impulsado denominado Unión Bancaria traslada a escala continental un problema que, sin duda, trasciende las realidades nacionales. No nos ocupamos de este punto aquí, al querer centrarnos en el caso español, pero sin duda hay que tener en cuenta que la crisis financiera afecta a toda la economía occidental, y que gran parte de las reformas de la UE se están acometiendo para hacer frente a la crisis bancaria que recorre Europa, desde países en su semiperiferia (Italia) hasta su centro (Alemania).
[4] Goldman Sachs (2016) “Spain: Banks. The local picture: Key messages post 1Q16 results”. Equity Research.
[6] De hecho, los dos principales bancos, Banco de Santander (10,3%) y BBVA (10,5%) tienen un nivel de solvencia inferior a la media de la banca española (10,7%) y coincide que los bancos con algún nivel mayor de solvencia gozan de tasas de rentabilidad menores (Popular, CaixaBank).
[7] “¿Qué podemos hacer con los bancos?”. Toussaint et al. (2016) http://www.cadtm.org/Que-podemos-hacer-con-los-bancos
[8] No nos detenemos en este artículo a hablar del modelo de política monetaria necesario, al exceder de los objetivos propuestos en este artículo.
[9] José de Luna-Martínez, Carlos Leonardo Vicente (2012). “Global Survey of Development Banks”. Policy Research Working Paper 5969

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